\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO \u00a0BERNATE \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AP519\u2013 \u00a02021 \u00a0<\/p>\n
Radicado: 57263 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 32 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE LA DECISI\u00d2N. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0si admite o no la demanda de casaci\u00f3n presentada por el \u00a0defensor de JESSICA \u00a0ANDREA GA\u00d1AN VASCO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. HECHOS. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la sentencia de segunda instancia, los hechos ocurrieron \u00a0el 17 de septiembre de 2017, sobre las 19:20 horas, cuando agentes de \u00a0la polic\u00eda realizaban labores de patrullaje en la calle 4 con \u00a0carrera 11 A, v\u00eda p\u00fablica del Barrio San Bernardo de \u00a0Bogot\u00e1, observando a una mujer que al notar su presencia \u00a0aceler\u00f3 su marcha, siendo requerida por una de las patrulleras \u00a0quien le practic\u00f3 un registro personal, encontrando bajo su \u00a0axila izquierda un tarro met\u00e1lico con seis bolsas pl\u00e1sticas \u00a0que conten\u00edan 25 papeletas de color fucsia, con sustancia \u00a0estupefaciente, que fue sometida a prueba preliminar homologada que \u00a0arrojo positivo para coca\u00edna y sus derivados, con un peso neto \u00a0de 33 gramos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. ACTUACION \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PROCESAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a018 de \u00a0septiembre de 2017, en audiencia concentrada, la Fiscal\u00eda, una \u00a0vez legalizada la captura de la ciudadana Jessica \u00a0Andrea Ga\u00f1an Vasco, le \u00a0imput\u00f3 cargos por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n \u00a0o porte de estupefaciente, verbo rector llevar consigo, conforme con \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 376 incisos 1\u00ba y 2\u00ba del \u00a0C\u00f3digo Penal, los que no acept\u00f3. El delegado del ente \u00a0acusador, en el acto, retir\u00f3 la solicitud de medida de \u00a0aseguramiento1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a025 de octubre de 2017 se radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n2, \u00a0el que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cuarenta y Cinco \u00a0Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
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El \u00a010 de junio de 2019, se instal\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n en cuyo desarroll\u00f3 la Fiscal\u00eda \u00a0present\u00f3 el preacuerdo al que hab\u00eda llegado con la \u00a0defensa, en el que se degrad\u00f3 la participaci\u00f3n de la \u00a0procesada de autora a c\u00f3mplice del delito de imputado. En la \u00a0misma diligencia se verific\u00f3 la legalidad de la negociaci\u00f3n \u00a0y se suspendi\u00f3 la diligencia para continuar, con el traslado \u00a0del art\u00edculo 447 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00a0acto que se celebr\u00f3 el 25 de julio de 2019. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a02 de agosto de 2019, se llev\u00f3 a cabo la lectura del fallo \u00a0condenatorio, en el que impuso a la procesada la pena principal de 32 \u00a0meses de prisi\u00f3n, multa de un salario m\u00ednimo legal \u00a0mensual vigente, como c\u00f3mplice penalmente responsable del \u00a0delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0estupefacientes y la sanci\u00f3n accesoria de inhabilitaci\u00f3n \u00a0en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo \u00a0t\u00e9rmino. Le neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n \u00a0condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como la \u00a0medida sustitutiva de la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0defensa apel\u00f3 la decisi\u00f3n frente a la negativa de la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria y el Tribunal se pronunci\u00f3 el 2 de \u00a0agosto de 2019, confirmando la determinaci\u00f3n del juzgado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor interpuso y sustent\u00f3 oportunamente el recurso de \u00a0casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. DEMANDA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE CASACI\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0formula un \u00fanico cargo por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00a0del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 750 de 2002, aplicaci\u00f3n \u00a0indebida de los art\u00edculos 314 numeral 5\u00ba y 461 de la Ley \u00a0906 de 2004 y, la falta de \u00abatenci\u00f3n\u00bb \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos 42 y 44 de la Constituci\u00f3n Nacional que \u00a0regulan el caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0el recurrente que el Tribunal, por virtud de los principios de \u00a0especialidad y favorabilidad, debi\u00f3 aplicar completamente el \u00a0art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004 que no deja vac\u00edo \u00a0alguno, pues, aunque se refieren a la sustituci\u00f3n de la \u00a0detenci\u00f3n preventiva, sus efectos se extienden a la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, como se consider\u00f3 en las sentencias emitidas por \u00a0esta Sala en los radicados 31381, 31963, 30106 de 2009, en el \u00a0entendido que para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria basta \u00a0demostrar, con la prueba documental, la calidad de madre cabeza de \u00a0familia -habi\u00e9ndose \u00a0acreditado, \u00a0sin considerar aspectos de orden subjetivo como la gravedad del \u00a0delito y el peligro para la comunidad, valorados en la sentencia de \u00a0Segunda Instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere \u00a0el demandante que tambi\u00e9n el yerro consiste en la falta de \u00a0aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la ley 750 del 2002, \u00a0indicando que el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte \u00a0de estupefacientes aceptado por la procesada de manera anticipada, no \u00a0est\u00e1 exceptuada en la Ley 750 de 2002 para conceder la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, por lo tanto, el fallador de segundo deneg\u00f3 el \u00a0sustituto con base en su opini\u00f3n desconociendo la calidad de \u00a0madre cabeza de familia – \u00a0debidamente acreditada- \u00a0y asimismo, el contenido del art\u00edculo 2 \u00ba de la Ley 2\u00ba \u00a0de 1982, modificado por la Ley 1232 de 2008. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional y la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, en \u00a0atenci\u00f3n a que el imp\u00faber como cualquier otro ni\u00f1o, \u00a0tiene de derecho a permanecer a lado de sus padres, m\u00e1s a\u00fan, \u00a0cuando la procesada se ha desempe\u00f1ado social y laboral de \u00a0manera positiva, cumpli\u00e9ndose as\u00ed con el inter\u00e9s \u00a0superior del menor, no avizor\u00e1ndose peligro para la integridad \u00a0f\u00edsico o moral del menor como sucede en este caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma \u00a0que para la \u00e9poca en que se cometi\u00f3 del delito la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria no estaba supeditada a la naturaleza del \u00a0comportamiento punible o a la carencia de antecedentes y mucho menos \u00a0a la valoraci\u00f3n de componente subjetivo alguno, dada la \u00a0simpleza de lo preceptuado en la norma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, solicita casar la sentencia emitida por el Tribunal y \u00a0por ende se conceda la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0inadmitir\u00e1 la demanda, por no reunir los requisitos m\u00ednimos \u00a0de orden formal y sustancial necesarios para su an\u00e1lisis de \u00a0fondo, no cumpliendo adem\u00e1s con los presupuestos necesarios \u00a0para la realizaci\u00f3n de alguno de los fines de la casaci\u00f3n. \u00a0Por las siguientes razones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0Violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. En \u00a0primer lugar, la censura no aborda ni desarrolla ning\u00fan \u00a0criterio apropiado para configurar violaci\u00f3n directa de la ley \u00a0sustancial. Esta causal obliga a precisar si el reparo obedece a: i) \u00a0la falta de aplicacio\u0301n o exclusio\u0301n evidente, que se \u00a0produce cuando el juzgador no da aplicacio\u0301n a la norma que \u00a0regula el caso concreto, porque la ignora o la desconoce; ii) la \u00a0aplicacio\u0301n indebida, que se presenta con la errada eleccio\u0301n \u00a0por el fallador de una disposicio\u0301n que no se ajusta al caso, \u00a0con la consecuente inaplicacio\u0301n de la norma que recoge de forma \u00a0correcta el supuesto fa\u0301ctico; y, iii) la interpretacio\u0301n \u00a0erro\u0301nea, que se da cuando el funcionario judicial acierta en la \u00a0seleccio\u0301n de la norma, pero le da un alcance que no tiene, por \u00a0error al interpretarla. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0adecuado planteamiento de dicho error impone la carga no solo de \u00a0se\u00f1alar, en concreto, cu\u00e1les de las tres modalidades \u00a0son la g\u00e9nesis de la violaci\u00f3n directa de la ley, sino \u00a0que adem\u00e1s, se requiere un discurso l\u00f3gico, jur\u00eddico, \u00a0sustancial, en donde los argumentos deben plantearse de manera \u00a0puntual, concreta y guardando coherencia en sus fundamentos, para la \u00a0demostraci\u00f3n del cargo planteado. Cumpliendo as\u00ed los \u00a0presupuestos de l\u00f3gica y debida sustentaci\u00f3n \u00a0suficiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante, en forma precaria, se limit\u00f3 a enunciar el motivo \u00a0de casaci\u00f3n, al amparo de la causal primera del art\u00edculo \u00a0181 de la Ley 906 de 2004, sin motivar, el por qu\u00e9 el juzgador \u00a0dejo de aplicar la disposici\u00f3n sustancial que regulaba el \u00a0caso, o porque err\u00f3 al aplicar la norma ajena a la \u00a0controversia, o bien acertando en su escogencia, se equivoc\u00f3 \u00a0en la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n desnaturalizando \u00a0su sentido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0el recurrente equipara la cr\u00edtica de la no aplicaci\u00f3n \u00a0de la norma con la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, pasando por \u00a0alto que una y otra responden a conceptos totalmente distintos que \u00a0conllevan a consecuencias diversas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. \u00a0Se \u00a0observa, adem\u00e1s, que el casacionista no se sujeta al principio \u00a0de correccio\u0301n material que rige la casacio\u0301n, segu\u0301n \u00a0el cual los argumentos de la demanda deben coincidir con la \u00a0actuacio\u0301n procesal, al punto que tergiversa el contenido de la \u00a0sentencia de segunda instancia, con el fin de suscitar una supuesta \u00a0duda a la no aplicaci\u00f3n del art. 1\u00b0 de la Ley 750 de 2002, \u00a0en conexi\u00f3n con el art. 2\u00b0 de la Ley \u00a082 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1232 \u00a0de 2008, \u00a0con miras a sacar avante el otorgamiento del beneficio de la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0pretende hacer valer la tesis, que para la \u00e9poca de los hechos \u00a0-17 \u00a0de septiembre de 2017- la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria para \u00a0un padre o una madre cabeza de familia, proced\u00eda b\u00e1sicamente \u00a0con la verificaci\u00f3n de tal calidad, lo cual es ajeno a toda \u00a0realidad, toda vez que, la \u00a0Corte Suprema de Justicia, a partir de 2011, en la sentencia -de \u00a0casaci\u00f3n- SP jun. 22 rad. 35.943, \u00a0estableci\u00f3, en posici\u00f3n reiterada y uniforme, que los \u00a0requisitos de la prisi\u00f3n domiciliaria fijados en los incisos \u00a02\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 750\/2002, uno de \u00a0los cuales es el pron\u00f3stico \u00a0de peligro para la comunidad \u00a0en general y para los hijos menores de edad -o discapacitados- en \u00a0particular, se encontraban vigentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. \u00a0La sentencia de segunda instancia se refiri\u00f3 I) \u00a0a \u00a0la regulaci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria para madres y \u00a0padres cabeza de familia, II) \u00a0al \u00a0especial cuidado con el que el juez debe analizar el cumplimiento de \u00a0los requisitos para la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, III) \u00a0el \u00a0peligro para la comunidad como referente impeditivo para la concesi\u00f3n \u00a0de la prisi\u00f3n domiciliaria -conforme \u00a0al actual criterio jurisprudencial- . \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4. \u00a0Es por ello que la \u00a0Sala encuentra, como primera medida, que en la sentencia impugnada \u00a0fueron fijados correctamente los presupuestos exigibles para analizar \u00a0la procedencia del instituto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a las \u00a0dem\u00e1s exigencias para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0como madre cabeza de hogar, d\u00edgase que raz\u00f3n le asiste \u00a0al a quo cuando se\u00f1al\u00f3 que no obra prueba alguna que \u00a0permita acreditar que Carlos Jubal Robayo Valero, padre del menor \u00a0MDGR, no puede asumir su responsabilidad como padre. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, si \u00a0en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que el padre del menor no \u00a0participa afectiva ni econ\u00f3micamente o que no puede atenderlo \u00a0como lo alude la defensa, tambi\u00e9n lo es que no es la \u00fanica \u00a0persona que puede atenderlo, porque se sabe que el menor vive con su \u00a0abuelo paterno Jos\u00e9 Dar\u00edo Ga\u00f1an Ca\u00f1as, de \u00a0quien se alude en la historia cl\u00ednica es un hombre de 67 a\u00f1os \u00a0de edad, sin antecedentes de importancia y con diagn\u00f3stico de \u00a0obesidad e hipertensi\u00f3n, sin que se indique que su patolog\u00eda \u00a0es incompatible con el cuidado del menor y aunque se indic\u00f3 \u00a0que presenta deficiencia visual, no obra documento alguno que soporte \u00a0su incapacidad para prodigarle lo necesario al menor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0la hora de verificar si la sentenciada es mujer cabeza de familia, el \u00a0ad \u00a0quem descart\u00f3 \u00a0esta condici\u00f3n bajo el entendido que \u00a0no existe prueba alguna que permita acreditar que Carlos Jubal Robayo \u00a0Valero, padre del menor MDGR, no pod\u00eda asumir su \u00a0responsabilidad como padre, obviando la defensa, que los familiares \u00a0de los menores tiene deber de protecci\u00f3n para con estos, \u00a0siendo los primeros llamados a velar por sus cuidados ante la \u00a0ausencia de los progenitores. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0dif\u00edcilmente \u00a0puede sostenerse que el diagn\u00f3stico \u00a0de obesidad e hipertensi\u00f3n acreditado por el abuelo materno \u00a0del menor \u00a0es condici\u00f3n suficiente para predicar una absoluta incapacidad \u00a0para sostenerse, cuidarse y mantenerse a s\u00ed mismo. Ello no \u00a0implica desconocer la enfermedad ni las dificultades que pueda \u00a0padecer, sin embargo, es claro que no se re\u00fane las condiciones \u00a0de gravedad necesarias para poder considerar la calidad de mujer \u00a0cabeza de familia, en los t\u00e9rminos exigidos por la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.5. \u00a0Por \u00a0otro lado, \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0acudi\u00f3 \u00a0al art. 1\u00b0 de la Ley 750 de 2002, -en \u00a0su condici\u00f3n de norma especial para analizar la concesi\u00f3n \u00a0de la prisi\u00f3n domiciliaria- \u00a0en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala,3 \u00a0al fijar como requisitos: \u201ci) \u00a0que el condenado, hombre o mujer, tenga \u00a0la condici\u00f3n de padre o madre cabeza de familia; \u00a0ii) que su desempe\u00f1o \u00a0personal, laboral, familiar y social permita inferir que no pondr\u00e1 \u00a0en peligro a la comunidad o \u00a0a las personas a su cargo; iii) que la condena no haya sido proferida \u00a0por alguno de los delitos all\u00ed referidos4 \u00a0y iv) que la persona no tenga antecedentes penales.\u201d \u00a0<\/p>\n
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En pocas palabras, \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0es \u00a0improcedente, entre otras razones, si la misma implica un riesgo para \u00a0la comunidad, \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0deducida \u00a0al \u00a0valorar el desempe\u00f1o \u00a0personal, familiar, laboral y social del condenado, y uno de los \u00a0factores a tener en cuenta es el tipo de criminalidad en la que \u00a0estuvo involucrado el inculpado, -por \u00a0ejemplo, delincuencia organizada- que \u00a0implique la exposici\u00f3n a riesgos para los menores a cargo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para la Sala la \u00a0informaci\u00f3n aportada no es suficiente para conceder la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria a favor de la sentenciada, pues se desconoce el n\u00facleo \u00a0familiar extenso paterno del menor, quienes estar\u00edan en la \u00a0obligaci\u00f3n de asumir el cuidado y protecci\u00f3n; sumado a \u00a0ello, la convivencia de la sentenciada con el ni\u00f1o pondr\u00eda \u00a0en riesgo el inter\u00e9s superior que les asiste, dado que a \u00a0sabiendas de la responsabilidad que como madre ten\u00eda no dud\u00f3 \u00a0dedicarse al expendio de estupefacientes pese a que se alude ten\u00eda \u00a0un trabajo estable, sin importar las consecuencias que pod\u00eda \u00a0traer su conducta al desarrollo del menor, de ah\u00ed que la \u00a0pretensi\u00f3n de la defensa tampoco est\u00e9 llamada a \u00a0prosperar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El Tribunal \u00a0tambi\u00e9n neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria con \u00a0fundamento en un pron\u00f3stico positivo \u00a0de peligro para la comunidad, que justifica la necesidad de que la \u00a0pena sea cumplida en establecimiento carcelario, interpretaci\u00f3n \u00a0contraria al \u00a0l\u00edmite sem\u00e1ntico e interpretativo deseado por el \u00a0abogado, en el que solo tiene cabida la demostraci\u00f3n de la \u00a0calidad de madre cabeza de familia, omitiendo en an\u00e1lisis de \u00a0otros factores, conforme con las prevenciones hechas por la Corte \u00a0Constitucional, en el estudio de exequibilidad del art\u00edculo 1 \u00a0de la Ley 750 de 2002. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.6. \u00a0Por \u00faltimo, respecto al principio de favorabilidad alegado por \u00a0el demandante \u2013los \u00a0juzgadores debieron aplicar completamente el art\u00edculo 314 -5 \u00a0de la Ley 906 de 2004- \u00a0los \u00a0art\u00edculos aludidos, han sido objeto de modificaciones y \u00a0adiciones5 \u00a0en varios periodos, el \u00faltimo de ellos en el a\u00f1o 2014 \u00a0mediante la Ley 1709. Ello armonizado con la fecha de ocurrencia de \u00a0los hechos, esa es, el 17 de septiembre de 2017 y el momento actual \u00a0en que se pide el mecanismo, indica que no existe sucesi\u00f3n de \u00a0leyes que hagan viable la aplicaci\u00f3n de otro precepto legal o \u00a0que exista una norma m\u00e1s favorable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.7. \u00a0En \u00a0conclusi\u00f3n, lo que se vislumbra de lo expuesto es que con el \u00a0recurso lo que se pretende es reabrir una nueva oportunidad procesal \u00a0para acreditar los supuestos f\u00e1cticos del instituto de la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria, al amparo de una violaci\u00f3n \u00a0directa que no se demuestra y cuya existencia tampoco se advierte. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta decisio\u0301n procede el mecanismo de insistencia, en los \u00a0te\u0301rminos sen\u0303alados en la providencia del 12 de diciembre \u00a0de 2005, proferida en el radicado 24322 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la SALA \u00a0DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0INADMITIR \u00a0la demanda de casaci\u00f3n presentada por el abogado defensor de \u00a0Jessica \u00a0Andrea Ga\u00f1an Vasco, \u00a0contra la sentencia de segunda instancia proferida el 2 de agosto de \u00a02019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0 INFORMAR \u00a0que, de conformidad con el art\u00edculo 484 de la Ley 906 de 2004, \u00a0procede el mecanismo de insistencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0ORDENAR \u00a0que las diligencias se devuelvan al Tribunal de origen, de no \u00a0presentarse o prosperar el mecanismo de insistencia- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON CHAVERRA \u00a0CASTRO \u00a0<\/p>\n
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JOSE FRANCISCO \u00a0ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO EUGENIO \u00a0CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c0NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO OSPITIA \u00a0GARZ\u00d2N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO \u00a0BERNATE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c8LLAR \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0LILIANA TRIANA SU\u00c1REZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0(E) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 7, carpeta No. 1 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 7-11, carpeta No.1 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ SP AP5029-2018. \u00a0<\/p>\n
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5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley 1142 de 2007, Ley 1453 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02011. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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