\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP2700-2021 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0114397 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta n.\u00b0 10) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se resuelve la \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Claudia \u00a0Patricia Guzm\u00e1n \u00a0contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, al m\u00ednimo \u00a0vital y a la vida en condiciones dignas. \u00a0<\/p>\n
Al presente \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la \u00a0Administradora Colombiana de Pensiones [COLPENSIONES], el Fondo de \u00a0Pensiones y Cesant\u00edas [PORVENIR S.A.], la Junta Regional de \u00a0Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca, el Juzgado 1\u00ba \u00a0Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal Superior \u00a0de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.1. Claudia \u00a0Patricia Guzm\u00e1n Baena promovi\u00f3 \u00a0proceso ordinario laboral contra PORVENIR S.A., con el fin de obtener \u00a0reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez en forma \u00a0vitalicia. \u00a0<\/p>\n
1.2. El 18 de \u00a0abril de 2016 el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Cali accedi\u00f3 \u00a0a las pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
1.3. Contra esa \u00a0determinaci\u00f3n el referido fondo interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u00a0y el 13 de diciembre de esa anualidad la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior de esa ciudad la ratific\u00f3. \u00a0<\/p>\n
1.4. Esa decisi\u00f3n \u00a0fue recurrida en casaci\u00f3n por la demandada y mediante \u00a0providencia CSJ SL4022-2020, 20 oct. 2020, rad. 77195, la Sala de \u00a0Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0de la Corte Suprema de Justicia, resolvi\u00f3 casar el fallo de \u00a0segundo grado y, en consecuencia, como Tribunal de instancia revoc\u00f3 \u00a0el fallo emitido por el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de la \u00a0capital del Valle y, en su lugar, absolvi\u00f3 a PORVENIR S.A. \u00a0<\/p>\n
1.5. Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, Guzm\u00e1n \u00a0Baena promovi\u00f3 \u00a0acci\u00f3n de tutela contra la autoridad accionada por la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos al \u00a0debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la vida en condiciones \u00a0dignas. \u00a0<\/p>\n
2. Las \u00a0respuestas \u00a0<\/p>\n
2.1. La apoderada \u00a0de PORVENIR S.A. se\u00f1al\u00f3 que la demandada no incurri\u00f3 \u00a0en causales de procedibilidad, si en cuenta se tiene que la \u00a0determinaci\u00f3n adoptada en sede de casaci\u00f3n fue producto \u00a0del an\u00e1lisis profundo de los requisitos para otorgar la \u00a0pensi\u00f3n de invalidez. \u00a0<\/p>\n
2.2. El apoderado \u00a0del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de los \u00a0Seguros Sociales [P.A.R.I.S.S.] manifest\u00f3 que no hizo parte \u00a0del proceso ordinario laboral, por lo que solicit\u00f3 despachar \u00a0en forma desfavorables las pretensiones de la demanda en lo que \u00a0respecta a esa entidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde a la \u00a0Corte determinar si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 \u00a0los derechos al \u00a0debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la vida en condiciones \u00a0dignas, dentro del proceso ordinario laboral seguido contra PORVENIR \u00a0S.A. \u00a0<\/p>\n
Para tal fin, se \u00a0verificar\u00e1n las causales de procedibilidad. \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales \u00a0<\/p>\n
En repetidas \u00a0ocasiones la jurisprudencia ha reiterado que el amparo constitucional \u00a0contra providencias judiciales es no s\u00f3lo excepcional, sino \u00a0excepcional\u00edsimo. \u00a0Ello para no afectar la seguridad jur\u00eddica y como amplio \u00a0respeto por la autonom\u00eda judicial garantizada en la Carta \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, la \u00a0Corte Constitucional, en sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T \u2013 780-2006, \u00a0dijo: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0La \u00a0eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias \u00a0judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene \u00a0connotaci\u00f3n de excepcional\u00edsima, \u00a0lo \u00a0cual significa que procede siempre \u00a0y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la \u00a0jurisprudencia se ha encargado de especificar. \u00a0[Negrillas \u00a0y subrayas fuera del original]. \u00a0<\/p>\n
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Dentro de los \u00a0primeros se encuentran: \u00a0<\/p>\n
a) Que el asunto \u00a0discutido resulte de relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b) Que se hayan \u00a0agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
c) Que se est\u00e9 \u00a0ante un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
d) Que se cumpla \u00a0con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de \u00a0un t\u00e9rmino razonable y justo. \u00a0<\/p>\n
e) Que se trate de \u00a0una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o \u00a0determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecte los \u00a0derechos fundamentales de la parte actora. \u00a0<\/p>\n
f) Que se \u00a0identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la \u00a0transgresi\u00f3n y los derechos vulnerados, y, adem\u00e1s, que \u00a0esa violaci\u00f3n haya sido alegada dentro del proceso, siempre \u00a0que hubiese sido posible. \u00a0<\/p>\n
g) Que no se trate \u00a0de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los segundos, por \u00a0su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia adolece de \u00a0alg\u00fan defecto org\u00e1nico, procedimental absoluto, \u00a0f\u00e1ctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece \u00a0por completo de motivaci\u00f3n, desconoce el precedente o viola \u00a0directamente la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concreto \u00a0<\/p>\n
3.1. En esta \u00a0ocasi\u00f3n, la Corte estima que la accionante agot\u00f3 los \u00a0recursos ordinarios de defensa e interpuso la acci\u00f3n de tutela \u00a0en un t\u00e9rmino prudente, raz\u00f3n por la cual examinar\u00e1 \u00a0si la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba \u00a04 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0es arbitraria y constitutiva de causal de procedibilidad. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, se \u00a0considera que contrario a lo sostenido por la actora, la providencia \u00a0proferida por la autoridad accionada, es razonable y ajustada a los \u00a0par\u00e1metros legales y constitucionales. \u00a0<\/p>\n
3.2. En efecto, la \u00a0demandada concluy\u00f3 que no era procedente acceder a las \u00a0pretensiones de Claudia \u00a0Patricia Guzm\u00e1n Baena, \u00a0encaminadas a que se le reconozca y pague la pensi\u00f3n de \u00a0invalidez, debido a que no se cumplen los requisitos previstos para \u00a0ello. Al respecto, en sentencia CSJ SL4022-2020, 20 oct. 2020, rad. \u00a077195, indic\u00f3: \u00a0<\/p>\n
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La doctrina \u00a0reciente de esta sala, en efecto permite reconocer la pensi\u00f3n \u00a0de invalidez estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo la \u00a0\u00e9gida del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s \u00a0beneficiosa, a quien la reclama por considerar que re\u00fane las \u00a0exigencias de la norma anterior m\u00e1s favorable, es decir, el \u00a0art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 primigenia; sobre el \u00a0particular, las CSJ \u00a0SL2358-2017 y SL4650-2017, \u00a0precisaron \u00a0las diferentes circunstancias en las que se pod\u00eda encontrar el \u00a0afiliado frente al sistema pensional, no obstante, adem\u00e1s, \u00a0limitaron en el tiempo la aplicaci\u00f3n del aludido principio, \u00a0estableciendo que pod\u00edan diferirse los efectos de la Ley 860, \u00a0solo hasta el 26 de diciembre de 2006, as\u00ed: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Recapitulaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Recapitulando, \u00a0se debe conceder la pensi\u00f3n de invalidez, en desarrollo del \u00a0principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando se \u00a0cumplan los siguientes supuestos: \u00a0<\/p>\n
3.1 Afiliado \u00a0que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que al 26 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. \u00a0<\/p>\n
b) Que hubiese \u00a0aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre \u00a0de 2003. \u00a0<\/p>\n
c) Que la \u00a0invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de \u00a0diciembre de 2006. \u00a0<\/p>\n
d) Que al \u00a0momento de la invalidez estuviese cotizando, y \u00a0<\/p>\n
e) Que hubiese \u00a0cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Afiliado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a) Que al 26 de \u00a0diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. \u00a0<\/p>\n
b) Que hubiese \u00a0aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es \u00a0decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002. \u00a0<\/p>\n
c) Que la \u00a0invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de \u00a0diciembre de 2006. \u00a0<\/p>\n
d) Que al \u00a0momento de la invalidez no estuviese cotizando, y \u00a0<\/p>\n
e) Que hubiese \u00a0cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a su invalidez. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
De conformidad \u00a0con el marco jurisprudencial referido, en el presente asunto no puede \u00a0accederse a la pensi\u00f3n de invalidez reconocida con fundamento \u00a0en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que \u00a0opera entre el art. 1 de la Ley 860 de 2003 y el 39 de la Ley 100 de \u00a01993 primigenia, toda vez que dicha prestaci\u00f3n se estructur\u00f3 \u00a0el 2 de noviembre de 2011, es decir, por fuera del l\u00edmite \u00a0temporal del 26 de diciembre de 2006, establecido por esta \u00a0corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de su jurisprudencia. \u00a0<\/p>\n
De otra parte, \u00a0la demandante no acredit\u00f3 el requisito denominado \u00abdensidad \u00a0de cotizaciones\u00bb consagrado en el art\u00edculo 1 de la Ley \u00a0860 de 2003, que modific\u00f3 el 39 de la Ley 100 de 1993, norma \u00a0vigente al momento de estructurarse su estado de invalidez, en tanto \u00a0solo cuenta con 29.85 semanas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os \u00a0anteriores, como se colige de la historia laboral de folios 182 a \u00a0187, requiriendo 50 en ese interregno, para causar la pensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Por lo anterior, es claro que la parte accionante \u00a0busca \u00a0cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n \u00a0laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por la accionada. \u00a0<\/p>\n
Entendiendo, \u00a0como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta \u00a0jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda \u00a0pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado \u00a0plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de \u00a0procedibilidad, originadas en las determinaciones que negaron las \u00a0pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0razones se negar\u00e1 el amparo propuesto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00ba \u00a03 \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. Negar \u00a0la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia \u00a0Patricia Guzm\u00e1n. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Ordenar \u00a0que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de esta Corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
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Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Gerson \u00a0Chaverra Castro \u00a0<\/p>\n
Diego \u00a0Eugenio Corredor Beltr\u00e1n \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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