\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP677-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108663 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0016 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiocho (28) de enero dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el \u00a0apoderado judicial de ERIKA ALEXANDRA ZAPATA ARBOLEDA, FLOR ESTRELLA \u00a0ARBOLEDA VILLA, LUIS ALBERTO ZAPATA POSADA \u00a0en \u00a0procura del amparo de los derechos fundamentales de las v\u00edctimas \u00a0legalmente reconocidas al interior del proceso penal 2017-00181 \u00a0presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, \u00a0el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos \u2013Antioquia-y \u00a0la Fiscal\u00eda 29 Seccional de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes de la \u00a0referida actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda y sus anexos, la Fiscal\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n present\u00f3 \u00a0escrito de acusaci\u00f3n contra Juli\u00e1n Alejandro Vel\u00e1squez \u00a0Mu\u00f1oz como \u00a0presunto autor del delito de homicidio simple, por hechos ocurridos \u00a0el 17 de junio de 2017. \u00a0El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado \u00a0Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos -Antioquia-. \u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0adelante, el 1\u00ba de enero de 2019, la Fiscal\u00eda manifest\u00f3 \u00a0que celebr\u00f3 \u00a0un \u00a0preacuerdo con el acusado. En \u00e9ste, Juli\u00e1n \u00a0Alejandro Vel\u00e1squez Mu\u00f1oz \u00a0acept\u00f3 su responsabilidad en los hechos objeto de acusaci\u00f3n \u00a0a cambio de que se le degradara su participaci\u00f3n en la \u00a0conducta punible a t\u00edtulo de c\u00f3mplice, acorde con el \u00a0contenido del art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000, pactando una \u00a0pena de 104 meses de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa misma fecha, el Despacho de conocimiento imparti\u00f3 \u00a0aprobaci\u00f3n al referido acuerdo. Inconforme con la anterior \u00a0determinaci\u00f3n el representante de v\u00edctimas la apel\u00f3 \u00a0y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia la confirm\u00f3 \u00a0el 29 de marzo de 2019. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, dicha providencia resulta violatoria de \u00a0los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de las \u00a0v\u00edctimas, dado que se desestim\u00f3 la solicitud promovida \u00a0por \u00e9stas, respecto de la calificaci\u00f3n de la conducta \u00a0punible. A la par, cuestion\u00f3 que pese a que fue prometida una \u00a0reparaci\u00f3n ello no se cumpli\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 \u00a0que se deje sin efectos el auto proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Antioquia y, en su lugar, se impruebe el aludido \u00a0preacuerdo. As\u00ed mismo, requiri\u00f3 que \u00abse \u00a0compulsen copias del proceso referente a la coautor\u00eda dentro \u00a0del homicidio y se ordene a la Fiscal\u00eda vincular al proceso a \u00a0Yefrey Tamayo Barrientos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 14 de enero de 2020, la Sala admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a las autoridades aludidas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado Promiscuo Municipal de Donmat\u00edas Antioquia, explic\u00f3 \u00a0que actu\u00f3 en calidad de Juez con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas y, a causa de ello, adelant\u00f3 las audiencias \u00a0preliminares de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n \u00a0de medida de aseguramiento. As\u00ed las cosas, indic\u00f3 que \u00a0no vulner\u00f3 las garant\u00edas alegadas por el accionante. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn \u00a0relat\u00f3 el decurso de la actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 la \u00a0legalidad de su decisi\u00f3n, remiti\u00e9ndose a los argumentos \u00a0all\u00ed expuestos. Alleg\u00f3 copia de la misma. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Sea \u00a0lo primero se\u00f1alar que la parte actora \u00a0pudo controvertir \u00a0el fallo de primera instancia a trav\u00e9s del recurso de \u00a0apelaci\u00f3n y, en caso de que no prosperara, del recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, pero no lo hizo. \u00a0Como no agot\u00f3 ese medio de defensa, la solicitud de amparo se \u00a0torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la providencia de dicha autoridad judicial cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, encuentra la Sala que aun si se pasara por \u00a0alto lo anterior, la protecci\u00f3n constitucional demandada \u00a0resulta improcedente. Para \u00a0soportar tal afirmaci\u00f3n, es necesario resaltar la postura de \u00a0la Corte en las cuales se ha privilegiado la naturaleza consensual y \u00a0finalidades de los preacuerdos, sobre las posibilidades de injerencia \u00a0del juez o las necesidades de justicia de la v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en \u00a0CSJ \u00a0SP, 20 Nov 2013, Rad. 41570, se indic\u00f3 \u00a0que la adecuaci\u00f3n t\u00edpica que la Fiscal\u00eda haga de \u00a0los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede \u00a0ser censurada ni por el juez ni por las partes. \u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0adelante, en SP13939-2014, \u00a0concluy\u00f3 que en t\u00e9rminos de legalidad o estricta \u00a0tipicidad, el Fiscal puede definir qu\u00e9 conducta imputa o \u00a0imputar una menos gravosa, pero no le est\u00e1 permitido \u00abcrear \u00a0tipos penales\u00bb. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, se\u00f1al\u00f3, que el Juez de Conocimiento est\u00e1 \u00a0obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscal\u00eda, \u00a0salvo que este desconozca o quebrante las garant\u00edas \u00a0fundamentales, verifique alg\u00fan vicio en el consentimiento o \u00a0afecte el derecho de defensa. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0t\u00edtulo de ejemplo, destac\u00f3 que dichas circunstancias se \u00a0estructurar\u00edan cuando el Fiscal pasa por alto aspectos como \u00a0dos beneficios incompatibles, acceda a una rebaja superior a la \u00a0permitida o no cumpla las exigencias punitivas para acceder a alg\u00fan \u00a0subrogado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo que respecta al asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, \u00a0precis\u00f3 que la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas en \u00a0materia de \u00a0preacuerdos se ci\u00f1e a ser o\u00eddas en la negociaci\u00f3n \u00a0y en la actuaci\u00f3n procesal. Sin embargo, ese reconocimiento en \u00a0ning\u00fan momento le otorga el derecho al veto, sino simplemente \u00a0la facultad de ser o\u00edda e informada durante su tr\u00e1mite, \u00a0a efectos de que pueda estructurar una intervenci\u00f3n ante el \u00a0juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su \u00a0aprobaci\u00f3n (AP3450-2017, \u00a0Rad. 49333). \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0aludidos precedentes resultan aplicables al caso examinado, pues \u00a0acorde \u00a0con los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite, es \u00a0manifiesta la plena participaci\u00f3n del representante de las \u00a0v\u00edctimas, la madre, el padre, y hermana del occiso, quienes \u00a0fueron debidamente informados del preacuerdo suscrito entre la \u00a0Fiscal\u00eda y la defensa. Por ende, el 21 de enero de 2019 fue \u00a0verificado, sin que en dicha oportunidad, la parte actora incorporara \u00a0pretensiones de car\u00e1cter econ\u00f3mico o sustentara en \u00a0debida forma su oposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
N\u00f3tese, \u00a0que el acuerdo se circunscribi\u00f3 en la degradaci\u00f3n de la \u00a0responsabilidad de autor a c\u00f3mplice, la cual est\u00e1 \u00a0contemplada dentro de los par\u00e1metros que tiene la Fiscal\u00eda, \u00a0pues solamente reconoce una \u00fanica rebaja. En tal virtud, la \u00a0pena de 104 meses de prisi\u00f3n, es una aplicaci\u00f3n del \u00a0contenido del art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000 y, por ello, \u00a0las autoridades judiciales accionadas consideraron que el preacuerdo \u00a0estuvo ajustado a la legalidad. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0palpable entonces, que tanto las v\u00edctimas como su apoderado \u00a0fueron enterados del preacuerdo y, adem\u00e1s, estuvieron \u00a0presentes en la audiencia de verificaci\u00f3n del mismo. \u00a0Denot\u00e1ndose en sus argumentaciones, la intenci\u00f3n de \u00a0ejercer un veto respecto de lo acordado por la Fiscal\u00eda y la \u00a0defensa. \u00a0<\/p>\n
Constituye \u00a0criterio reiterado de esta Sala que cuando se advierte la ausencia de \u00a0vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales alegados, \u00a0ello torna improcedente la solicitud de amparo. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, destaca la Corte que, tras proferirse la sentencia \u00a0condenatoria, las v\u00edctimas tienen la facultad de adelantar el \u00a0incidente de reparaci\u00f3n integral. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, recuerda la Sala que acorde \u00a0con el contenido del art\u00edculo 250 de la Carta Pol\u00edtica, \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es la titular de la \u00a0acci\u00f3n penal y, por ello, es dicha entidad la que debe \u00a0determinar a qui\u00e9n vincula mediante la formulaci\u00f3n de \u00a0imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la actuaci\u00f3n conforme a la ley de los \u00a0funcionarios demandados, se negar\u00e1 la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por por el \u00a0apoderado judicial de ERIKA ALEXANDRA ZAPATA ARBOLEDA, FLOR ESTRELLA \u00a0ARBOLEDA VILLA, LUIS ALBERTO ZAPATA POSADA \u00a0en \u00a0procura del amparo de los derechos fundamentales de las v\u00edctimas \u00a0legalmente reconocidas al interior del proceso penal 2017-00181 \u00a0presuntamente vulnerados por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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