\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP5075-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 985\/110928 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.153) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., \u00a0veintiocho (28) de julio dos mil veinte (2020) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n formulada por \u00a0MAR\u00cdA ESPERANZA AGUILAR PATARROYO, \u00a0contra el fallo de tutela del 27 de mayo de 2020, a trav\u00e9s de \u00a0la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 \u00a0el amparo de los derechos fundamentales a la libertad, trabajo, \u00a0debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia a \u00a0favor de JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MART\u00cdNEZ deprecado \u00a0en contra del JUZGADO \u00a0PRIMERO DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE \u00a0IBAGU\u00c9. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos fueron sintetizados en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u00abManifiesta \u00a0la demandante que en su calidad de defensora del interno JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MARTI\u0301NEZ, el \u00a0di\u0301a 23 de abril del an\u0303o que avanza, solicito\u0301 ante \u00a0el Juzgado Primero de Ejecucio\u0301n de \u00a0Penas de Ibague\u0301 la libertad \u00a0inmediata de su representado, requerimiento que no ha sido objeto de \u00a0pronunciamiento por parte de la autoridad accionada, pese a la \u00a0urgencia que el asunto comparta en vigencia de la pandemia generada \u00a0por el virus Covid-19.- \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, peticiona se amparen los derechos fundamentales a la \u00a0libertad, trabajo, debido proceso y pronta y cumplida administracio\u0301n \u00a0de justicia, y en consecuencia, se conceda un te\u0301rmino a la \u00a0autoridad judicial accionada para que resuelva de fondo su \u00a0requerimiento.-\u00bb \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
Mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo de \u00a0los derechos fundamentales impetrados y declar\u00f3 la carencia \u00a0actual de objeto por hecho superado. \u00a0<\/p>\n
En ese sentido, se llam\u00f3 la atenci\u00f3n \u00a0frente a la ausencia de poder especial de parte de MAR\u00cdA \u00a0ESPERANZA AGUILAR PATARROYO para ejercer a favor de los derechos \u00a0de un tercero, por lo que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n \u00a0en la causa por activa. Sin embargo, ante la respuesta del Juzgado \u00a0accionado se determin\u00f3 que mediante Oficio del 14 de mayo de \u00a02020 se brind\u00f3 respuesta a JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MARTI\u0301NEZ informando \u00a0que no ha purgado la totalidad de la condena que le fue impuesta, por \u00a0lo que deneg\u00f3 la pretensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De tal \u00a0suerte, se concluy\u00f3 que la situaci\u00f3n que generaba la \u00a0vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la parte actora \u00a0se encontraba superada, por lo que la intervenci\u00f3n \u00a0constitucional resultaba inocua. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En escrito allegado por \u00a0MAR\u00cdA ESPERANZA AGUILAR PATARROYO, \u00a0se solicit\u00f3 la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela. Para \u00a0tal efecto, adujo que la petici\u00f3n resuelta el 14 de mayo de \u00a02020 fue presentada por JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MARTI\u0301NEZ y \u00a0no correspond\u00eda a los mismos requerimientos que la solicitud \u00a0radicada por ella. Motivo por el que \u00a0rechaz\u00f3 la declaratoria de hecho superado, pues a su juicio, \u00a0la vulneraci\u00f3n de sus derechos persiste por parte de la \u00a0autoridad judicial. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el \u00a0recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por MAR\u00cdA \u00a0ESPERANZA AGUILAR PATARROYO contra el fallo de \u00a0tutela proferido el 27 de mayo de 2020, por la Sala Penal de Tribunal \u00a0Superior de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
El inciso 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, se\u00f1ala que el \u00a0juez que conozca de la impugnaci\u00f3n estudiar\u00e1 el \u00a0contenido de esta. cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con \u00a0el fallo. Si a su juicio este carece de fundamento, proceder\u00e1 \u00a0a revocarlo, mientras que si lo encuentra ajustado a derecho lo \u00a0confirmar\u00e1. \u00a0<\/p>\n
De otra parte, de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, y as\u00ed lo reitera el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto \u00a0la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos \u00a0fundamentales, cuando sean amenazados o vulnerados por la conducta \u00a0activa u omisiva de las autoridades o de los particulares. Se \u00a0caracteriza por ser un tr\u00e1mite subsidiario e informal que \u00a0tiene lugar ante la ausencia de otro medio de defensa o su falta de \u00a0idoneidad, o excepcionalmente para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, se ha reiterado \u00a0por parte de la jurisprudencia Constitucional que, cuando los \u00a0presupuestos f\u00e1cticos que motivan la presentaci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n de tutela var\u00edan porque cesa la acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n que gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales, la intervenci\u00f3n del juez constitucional deviene \u00a0innecesario. Al respecto se ha puntualizado: \u00a0<\/p>\n
El\u00a0hecho \u00a0superado\u00a0ocurre, particularmente, cuando una acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n de la entidad accionada logra satisfacer completamente \u00a0la pretensi\u00f3n objeto de la acci\u00f3n de tutela, y esto \u00a0ocurre entre el t\u00e9rmino de presentaci\u00f3n del amparo y el \u00a0fallo correspondiente. En estos eventos, la intervenci\u00f3n del \u00a0juez de tutela carece de sustento y hace improcedente el estudio de \u00a0fondo.\u00a0Sin embargo, el juez deber\u00e1 en su fallo demostrar \u00a0que se satisfizo plenamente la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, pues de lo contrario deber\u00e1 garantizar la plena \u00a0garant\u00eda y respeto de los derechos fundamentales\u00bb1. \u00a0<\/p>\n
En el sub judice se tiene, seg\u00fan \u00a0afirma la accionante es la apoderada de JUAN ERNESTO ALMONACID \u00a0MARTI\u0301NEZ y en su nombre present\u00f3 petici\u00f3n \u00a0ante el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE \u00a0SEGURIDAD DE IBAGU\u00c9 a fin de obtener la libertad de su \u00a0poderdante. Y que, en el mismo sentido, aunque con diferentes \u00a0pretensiones lo hizo su poderdante. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, adem\u00e1s de no obrar poder que \u00a0corrobore la legitimaci\u00f3n de la accionante conforme el \u00a0art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991-como \u00a0refiri\u00f3 el juez de primer grado-en el adoso probatorio \u00a0no se observan las solicitudes de MAR\u00cdA ESPERANZA AGUILAR \u00a0PATARROYO y su poderdante, que permitan confrontarlas y \u00a0determinar la supuesta diferencia que alega la impugnante en las \u00a0pretensiones. \u00a0<\/p>\n
Por el contrario, del expediente s\u00ed se \u00a0extrae que la petici\u00f3n elevada ante el Despacho se orient\u00f3 \u00a0a obtener la libertad de JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MARTI\u0301NEZ. Aspecto \u00a0que fue resuelto por la autoridad judicial mediante Oficio No. 412 \u00a0del 14 de mayo de 2020, aunque desfavorablemente para el privado de \u00a0libertad. Situaci\u00f3n que no implica vulneraci\u00f3n alguna \u00a0al derecho fundamental de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Bajo ese panorama, no cabe duda como fue se\u00f1alado \u00a0por la primera instancia que la situaci\u00f3n con la que se \u00a0vulneraban los derechos fundamentales de JUAN \u00a0ERNESTO ALMONACID MARTI\u0301NEZ, a \u00a0quien presuntamente representaba la accionante, ces\u00f3 con la \u00a0respuesta remitida por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCI\u00d3N \u00a0DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGU\u00c9. \u00a0<\/p>\n
De tal suerte que, el amparo constitucional \u00a0resulta inocuo. No se demostr\u00f3 que pervivan los presupuestos \u00a0f\u00e1cticos que originaron la reclamaci\u00f3n ni que haya \u00a0trasgresi\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la parte \u00a0actora. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese entendido, resulta evidente que la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia se ajusta a los presupuestos normativos y constitucionales. \u00a0En consecuencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n en su \u00a0integridad. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, LA SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL, EN SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS DE LA CORTE SUPREMA DE \u00a0JUSTICIA NO. 1, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR \u00a0la decisi\u00f3n impugnada, \u00a0por las razones consignadas en la anterior motivaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR a las partes de conformidad \u00a0con lo dispuesto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. ENVIAR las diligencias a la \u00a0Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STP4121-2020, 30 de jun. 2020. CC T-011\/2016, T-439\/2018 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-048\/2019. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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