\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP454-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0No. 104335 \u00a0<\/p>\n
Acta n.\u00b0 7 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020) \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por M\u00f3nica \u00a0Isabel S\u00e1nchez Andrade, por \u00a0medio de apoderado judicial, contra el fallo de tutela proferido por \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa \u00a0Marta el 8 de noviembre de 2019, \u00a0que \u00a0neg\u00f3 por improcedente el amparo constitucional interpuesto \u00a0contra la Fiscal\u00eda \u00a031 Seccional de Santa Marta y \u00a0el \u00a0Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la presente actuaci\u00f3n se vincul\u00f3 de oficio a la \u00a0Fiscal\u00eda 17 Seccional de Santa Marta, Registradur\u00eda \u00a0Nacional del Estado Civil, Juzgado 3\u00b0 de Familia de Familia de \u00a0Barranquilla, Fiscal\u00eda 26 Local de Barranquilla1, \u00a0Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Santa \u00a0Marta2 \u00a0y a las partes e intervinientes dentro de la actuaci\u00f3n penal \u00a0seguida bajo el radicado 47 001 600 1020 2018 00632. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual manera, se integr\u00f3 el contradictorio con los ciudadanos \u00a0Miladys Mar\u00eda P\u00e9rez Gamarra, Mart\u00edn Enrique \u00a0S\u00e1nchez Anaya y la adolescente M.L.L.S.3, \u00a0conforme lo dicho en providencia ATP762-2019 del 21 de mayo del \u00a0presente a\u00f1o4. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0fueron sintetizados en el fallo constitucional de primera instancia5: \u00a0<\/p>\n
2.1.1. El 3 de \u00a0febrero del 2006 el se\u00f1or ALVARO ANGEL LUNA y la se\u00f1ora \u00a0M\u00d3NICA SANCHEZ ANDRADE, registraron a la menor MARTHA LILIANA \u00a0LUNA S\u00c1NCHEZ en la Registradur\u00eda del Estado Civil de \u00a0Santa Marta, bajo el serial N\u00b039484328 \u2013 NUIP 1082873389. \u00a0<\/p>\n
2.1.2. La \u00a0se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ ANDRADE en representaci\u00f3n de la \u00a0menor MARTHA LILIANA LUNA S\u00c1NCHEZ, present\u00f3 demanda de \u00a0alimentos en la ciudad de Barranquilla contra el se\u00f1or ALVARO \u00a0ANGEL LUNA AGUIRRE, la cual se tramit\u00f3 en el Juzgado Tercero \u00a0de Familia de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
2.1.3. El se\u00f1or \u00a0ALVARO ANGEL LUNA Instaur\u00f3 denuncia penal por Fraude Procesal \u00a0contra la hoy accionante, por la existencia de doble registro civil, \u00a0ante la Fiscal\u00eda 31 seccional de Santa Marta, bajo el radicado \u00a047-001-60-01020-201800632. \u00a0<\/p>\n
2.1.4. La \u00a0Fiscal\u00eda 31 seccional de Santa Marta, requiri\u00f3 a la \u00a0accionante el d\u00eda 31 de julio de 2018 para realizar diligencia \u00a0judicial de entrevista respecto a la denuncia de Fraude Procesal. \u00a0<\/p>\n
2.1.5. \u00a0Manifest\u00f3 la se\u00f1ora S\u00c1NCHEZ ANDRADE que el \u00a0Juzgado 4\u00b0 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, \u00a0de manera perentoria orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del registro \u00a0civil de indicativo serial 39484328, NUIP 1082873389, de la menor \u00a0MARTHA LILIANA LUNA SANCHEZ, en la audiencia de restablecimiento de \u00a0derecho, con violaci\u00f3n al derecho del debido proceso, toda vez \u00a0que no existi\u00f3 notificaci\u00f3n de las partes para asistir \u00a0a mencionada audiencia. Asimismo indic\u00f3 la accionante que el \u00a0Juez no era el competente para ordenar la cancelaci\u00f3n del \u00a0Registro de indicativo serial 39484328- NUIP 1082873389. \u00a0<\/p>\n
2.1.7. \u00a0Estableci\u00f3 la accionante que las medidas cautelares existentes \u00a0dentro del proceso de alimentos instaurados ante el Juzgado tercero \u00a0de Familia de Barranquilla se levantaron con la orden de cancelaci\u00f3n \u00a0del registro civil indicativo serial 39484328. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa \u00a0Marta, mediante decisi\u00f3n adoptada el 8 de noviembre del a\u00f1o \u00a0en curso, neg\u00f3 por improcedente el amparo constitucional \u00a0impetrado por M\u00f3nica \u00a0Isabel S\u00e1nchez Andrade, por \u00a0medio de apoderado judicial, al considerar que en el caso de inter\u00e9s \u00a0no se cumplieron los requisitos generales previstos para la \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales, toda vez que no se agotaron los medios ordinarios de \u00a0defensa disponibles para el efecto, esto es, la parte recurrente no \u00a0interpuso los recursos de ley contra el auto interlocutorio de fecha \u00a029 de agosto de 2018, por el cual se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n \u00a0del registro civil de indicativo serial 39484328, NUIP 1082873389. \u00a0<\/p>\n
Aunado a lo \u00a0expuesto, el juez colegiado de conocimiento primigenio indic\u00f3 \u00a0que la promotora de la s\u00faplica constitucional cont\u00f3 con \u00a0la oportunidad procesal para interponer el recurso de la apelaci\u00f3n \u00a0contra el auto en cita y\/o promover petici\u00f3n de nulidad, \u00a0siendo este, el momento en que se le notific\u00f3 la determinaci\u00f3n \u00a0judicial que censura por v\u00eda de amparo constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, se\u00f1al\u00f3 la Colegiatura que en virtud de lo \u00a0previsto en el art\u00edculo 22 de la Ley 906 de 2004, la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y los jueces de la Rep\u00fablica \u00a0tienen la obligaci\u00f3n legal de adoptar todas las medidas \u00a0necesarias para hacer cesar los efectos generados por la conducta \u00a0punible investigada, en aras de restablecer los derechos \u00a0quebrantados, por lo cual, se descarta la falta de competencia del \u00a0juez de control de garant\u00edas accionado que eleva como reproche \u00a0la parte activa. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, la parte actora la impugn\u00f3 \u00a0dentro del plazo legal, \u00a0elevando como pretensi\u00f3n sustancial su revocatoria, para que \u00a0en su lugar, se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, \u00a0debida notificaci\u00f3n de las providencias judiciales, inter\u00e9s \u00a0prevalente de los derechos de los menores, derecho de defensa y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y en consecuencia, se \u00a0ordene realizar nuevamente la audiencia de restablecimiento de \u00a0derechos ante el Juzgado accionado, con la intervenci\u00f3n de la \u00a0Defensor\u00eda de Familia, la Defensor\u00eda del Pueblo y la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de la \u00a0delegada para asuntos de familia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0sustento de su recurso de impugnaci\u00f3n, el censor aleg\u00f3 \u00a0i) que el Tribunal a \u00a0quo no realiz\u00f3 \u00a0un an\u00e1lisis detallado de los hechos que soportan el presente \u00a0medio de control constitucional, desconociendo los intereses \u00a0prevalentes de los menores de edad y, ii) los medios ordinarios de \u00a0defensa procedente en contra de la decisi\u00f3n objeto de censura \u00a0por v\u00eda constitucional s\u00f3lo pod\u00edan ser \u00a0desplegados en el desarrollo de la audiencia de restablecimiento del \u00a0derecho. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conformidad con lo normado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interpuesto por M\u00f3nica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Isabel S\u00e1nchez Andrade, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio de apoderado judicial contra el fallo de tutela de primera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito Judicial de Santa Marta, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al ser su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conformidad con los t\u00e9rminos previstos en el l\u00edbelo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutelar, se tiene que el problema jur\u00eddico que convoca a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala, consiste en determinar si se quebrantaron los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos de rango constitucional invocados por la parte accionante a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0favor de la menor M.L.L.S. en la audiencia de restablecimiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos adelantada el 29 de agosto de 2018 por el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Santa Marta dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la actuaci\u00f3n penal de radicado 47 001 60 01020 2018 00632, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oportunidad en la cual se orden\u00f3 cancelar el registro civil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de indicativo serial 39484328 NUIP 1082873389 correspondiente a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adolescente en cita y, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en consecuencia, revocarse el fallo atacado para acceder al amparo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incoado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Requisitos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de tutela ante los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0garant\u00edas fundamentales, cuando por acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o por particulares en los casos expresamente previstos en la ley, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siempre que no haya otro medio de defensa judicial, o existiendo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la tutela se utilice de forma transitoria para evitar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0materializaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0precisado la Sala que las caracter\u00edsticas de subsidiariedad y \u00a0residualidad que son predicables de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0aparejan como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo \u00a0excepcional de amparo para lograr la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional en procesos en tr\u00e1mite, porque ello a m\u00e1s \u00a0de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como \u00a0la independencia y la autonom\u00eda funcionales que rigen la \u00a0actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en \u00a0el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trat\u00e1ndose de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para cuestionar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones judiciales, salvo que comporten v\u00edas de hecho, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n es improcedente, porque su finalidad no es la de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revivir oportunidades o momentos procesales culminados, reponer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las decisiones, y tampoco constituirse en el escenario donde puedan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectuarse valoraciones probatorias diferentes a la que realiz\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el juez de conocimiento, a quien corresponde hacer esa labor de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo con la competencia que le asigna la ley. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0as\u00ed fuera, \u00a0ha dicho la Corte, el recurso de amparo, instrumento de defensa de \u00a0derechos fundamentales, trocar\u00eda en medio adverso a la \u00a0seguridad jur\u00eddica y a la estabilidad social. Por estas \u00a0razones el juez de tutela debe respetar las competencias regladas \u00a0atribuidas a otras autoridades, sin afectar su autonom\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ha sido recurrentemente recordado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expuesto la propia Corte Constitucional.6 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y \u00a0como ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n \u00a0que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y \u00a0extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona \u00a0afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate \u00a0de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene \u00a0un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y \u00a0que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial, \u00a0siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuaci\u00f3n se \u00a0relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
3. Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
4. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
5. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
6. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
7. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[8].<\/p>\n
8. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
Queda \u00a0entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. An\u00e1lisis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presente caso se encuentra que la censura constitucional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0propuesta por la parte actora se dirige contra la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adoptada el 29 de agosto de 2018 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Santa Marta en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencia preliminar de restablecimiento de derecho adelantada en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0virtud de la actuaci\u00f3n penal de radicado 47 001 60 01020 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02018 00632, en la que se orden\u00f3 cancelar el registro civil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de indicativo serial 39484328 NUIP 1082873389 correspondiente a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0menor de edad M.L.L.S., al considerar que aquella determinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judicial comporta un vicio de procedimiento y org\u00e1nico, dado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que i) la autoridad judicial carece de competencia para emitir un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronunciamiento de tal naturaleza y, ii) no haberse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizado en debida forma las notificaciones o citaciones para la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0celebraci\u00f3n de la misma, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asistir a la misma y ejercer su derecho de defensa y dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prerrogativas propias del debido proceso penal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Sobre la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa en acciones de tutela \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Previo a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abordar de fondo el estudio de la providencia judicial aqu\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0censurada, la Sala considera necesario hacer referencia a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimidad en la causa por activa en la presente acci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Corresponde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recordar que el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela puede ser promovida por la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0afectada en sus derechos fundamentales, caso en el cual est\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuar\u00e1 directamente o mediante un apoderado, o por un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0agente oficioso. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, la mentada disposici\u00f3n jur\u00eddica regul\u00f3 \u00a0el tema referente a la legitimidad e inter\u00e9s para impetrar la \u00a0acci\u00f3n de tutela, encontr\u00e1ndola satisfecha en los \u00a0siguientes eventos: i) por el ejercicio directo del afectado y en su \u00a0propio nombre; ii) por medio de representantes legales (caso de los \u00a0menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las \u00a0personas jur\u00eddicas); iii) por medio de apoderado – debe \u00a0ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado y al escrito de \u00a0acci\u00f3n se debe anexar el poder especial para el caso o en su \u00a0defecto el poder general respectivo -; \u00a0iv) por medio de agente oficioso – cuando \u00a0el titular del derecho no lo pueda realizar por encontrarse un \u00a0situaciones de debilidad manifiesta \u2013 f\u00edsica o mental – \u00a0que le piden ejercer por s\u00ed mismo su propia defensa (v. \u00a0gr. un \u00a0enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad f\u00edsica \u00a0o mental) finalmente, \u00a0v) por el defensor del pueblo o los personeros municipales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0este modo, se tiene que la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por M\u00f3nica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Isabel S\u00e1nchez Andrade, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio de apoderado judicial, en calidad de representante legal de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la menor G.C.S.P. o M.L.L.S., sin embargo, conforme lo ense\u00f1ado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por los elementos de prueba allegados al plenario, dicha calidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no puede darse por satisfecha, por cuanto, precisamente, en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adoptada el 29 de agosto de 2018 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Santa Marta, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencia preliminar de restablecimiento de derecho, se orden\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cancelar el registro civil de indicativo serial 39484328 NUIP \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01082873389, donde ten\u00eda la calidad de madre de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adolescente, por consiguiente, ante la ineficacia de los efectos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddicos del documento p\u00fablico en comento, ello \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0significa que la poderdante carece de la representaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legal de la menor de edad ante las autoridades judiciales, motivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por el cual, no tiene la aptitud legal para otorgar mandato \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judicial a favor de la titular de los derechos presuntamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conculcados. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, tambi\u00e9n es dable recordar que la legitimaci\u00f3n \u00a0en la causa en activa tambi\u00e9n puede ser cumplida por \u00a0intermedio de la denominada agencia oficiosa. As\u00ed las cosas, \u00a0en trat\u00e1ndose de tal figura jur\u00eddica para garantizar la \u00a0protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los menores de \u00a0edad, la jurisprudencia constitucional ha dicho que: \u00a0<\/p>\n
[\u2026]Particularmente, \u00a0cuando se trata de menores de edad, los padres est\u00e1n \u00a0legitimados para promover la acci\u00f3n de tutela con el fin de \u00a0proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido a \u00a0que ostentan la representaci\u00f3n judicial y extra judicial de \u00a0los descendientes mediante la patria potestad. Adem\u00e1s, el \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica, \u00a0establece que “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la \u00a0obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para \u00a0garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio \u00a0pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad \u00a0competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores.” \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00a0cualquier persona est\u00e1 legitimada para interponer acci\u00f3n \u00a0de tutela en nombre de los ni\u00f1os o ni\u00f1as, siempre y \u00a0cuando en el escrito o petici\u00f3n conste la inminencia de la \u00a0violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y\/o la \u00a0ausencia de representante legal. \u00a0Este \u00faltimo requisito se ha fijado con el fin de evitar \u00a0intervenciones ileg\u00edtimas o inconsultas. \u00a0<\/p>\n
2.1.4. \u00a0A \u00a0partir de lo expuesto y particularmente teniendo en cuenta que es \u00a0necesario contar con herramientas que permitan identificar en qu\u00e9 \u00a0casos debe el juez de tutela considerar que existe legitimidad del \u00a0agente oficioso para el caso de los menores de edad. Por ende, la \u00a0Sala considera que para el caso son aplicables las reglas siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
* De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera general y preferente, la representaci\u00f3n legal de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ni\u00f1os y ni\u00f1as corresponde a sus padres o a quien \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejerza la patria potestad. Son estas personas las llamadas a ejercer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las acciones legales pertinentes, entre ellas la acci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela, cuando resulte necesario proteger los derechos de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0menores de edad mediante la actividad de las autoridades estatales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
* El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejercicio de la agencia oficiosa por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte de personas distintas a quien ejerce la patria potestad del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0menor, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por ende, impone un deber m\u00ednimo de justificaci\u00f3n por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el agente oficioso. As\u00ed, deber\u00e1 demostrarse, incluso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de manera sumaria, que: (i) no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concurre persona que ejerza la patria potestad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o la misma est\u00e1 formal o materialmente inhabilitada para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formular las acciones judiciales o administrativas necesarias; o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) que si bien concurren los padres o guardadores, existe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0evidencia que los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mismos se han negado a formular las acciones y dicha omisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0afecta gravemente los derechos del ni\u00f1o o ni\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concernida. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En los dem\u00e1s casos, la agencia oficiosa resultar\u00eda en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una extralimitaci\u00f3n contraria a las facultades que confiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la patria potestad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
* En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0todo caso, cabe aclarar que la legitimaci\u00f3n prevalente de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0representantes legales para presentar la tutela en favor de menores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de edad, no impide que otras personas, excepcionalmente, agencien \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sus derechos. En efecto, en casos l\u00edmite en los cuales los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derechos fundamentales invocados y la gravedad de los hechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demuestren que el ni\u00f1o est\u00e1 en riesgo de sufrir un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perjuicio, es posible que otra persona, distinta de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0representantes legales, act\u00fae en calidad de agente oficioso. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, corresponde al juez de tutela determinar si en el evento \u00a0concreto las condiciones mencionadas est\u00e1n presentes. Es \u00a0importante advertir que dicha labor de escrutinio judicial, en \u00a0especial cuando se trata de casos en los que exista duda acerca de la \u00a0procedencia o no de la agencia oficiosa, deben siempre resolverse de \u00a0manera que se otorgue eficacia al mandato de prevalencia del inter\u00e9s \u00a0superior del menor, sin que el reconocimiento de los efectos de la \u00a0patria potestad pueda operar como barrera para el cumplimiento de \u00a0esta principio constitucional. (\u00c9nfasis ajeno al texto \u00a0original) (CC T \u2013 351 de 2018) \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de los derroteros jur\u00eddicos expuestos, esta Sala \u00a0considera que el abogado \u00d3scar Germ\u00e1n Zaccaro Arregoces \u00a0se encuentra legitimado para actuar en nombre de la menor de edad en \u00a0cita, a trav\u00e9s de la figura de agencia oficiosa, dado que, \u00a0seg\u00fan los medios de prueba que obran en el expediente, no se \u00a0logr\u00f3 localizar a los progenitores de la adolescente, \u00a0inscritos en registro civil de nacimiento con efectos jur\u00eddicos \u00a0vigentes y quienes ostentan la patria potestad, y menos que aquellos \u00a0hayan mostrado inter\u00e9s en acudir o emplear los recursos de \u00a0defensa en procura de la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de su descendiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la providencia del 29 de agosto de 2018 proferida por el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Santa Marta. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el caso bajo examen, a partir del marco jur\u00eddico presentado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y la revisi\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0refulge con claridad para la Sala que la solicitud de amparo, no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cumple con el siguiente requisito general de procedibilidad: \u00abque \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perjuicio iusfundamental irremediable\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siendo las razones que pasan a exponerse el fundamento de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0premisa conclusiva aqu\u00ed sostenida. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0relaci\u00f3n con lo anterior, conforme \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la literalidad del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 86 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional, la acci\u00f3n de tutela comporta un car\u00e1cter \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subsidiario o residual consistente en que \u201cEsta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0irremediable.\u201d, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tanto, en caso de no satisfacerse tal par\u00e1metro de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad la acci\u00f3n tuitiva se torna improcedente al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto 2591 de 1991 (CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-282 de 2012). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, resulta pertinente recordar que acorde con la \u00a0jurisprudencia nacional el aludido principio envuelve tres \u00a0caracter\u00edsticas importantes que llevan a su improcedencia \u00a0contra providencias judiciales, a saber: \u00ab(i) \u00a0el asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite; (ii) no se han agotado los \u00a0medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se \u00a0usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los \u00a0recursos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb \u00a0(C.C.S.T-103\/2014). \u00a0<\/p>\n
Respecto de la \u00a0primera hip\u00f3tesis, la Corte Constitucional en sentencia T-418 \u00a0de 2003 ha dejado por sentado lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Cuando el proceso no ha concluido y se pide la protecci\u00f3n del \u00a0juez constitucional para atacar providencias judiciales en tr\u00e1mite \u00a0en las que se alegue una v\u00eda de hecho, por la sencilla raz\u00f3n \u00a0de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado \u00a0en el tr\u00e1mite del proceso correspondiente, al no estar \u00a0culminada la actuaci\u00f3n, existen normas en el procedimiento \u00a0para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien \u00a0sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el \u00a0proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la \u00a0improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en estos casos, radica \u00a0en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio \u00a0proceso. De all\u00ed que la Corte ha se\u00f1alado que no toda \u00a0irregularidad en el tr\u00e1mite de un proceso constituye una v\u00eda \u00a0de hecho amparable a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. En la \u00a0sentencia T-296 de 2000 se dijo: \u00a0<\/p>\n
\u00abPara \u00a0analizar cada uno de estos puntos, se tomar\u00e1 como par\u00e1metro \u00a0la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la v\u00eda de \u00a0hecho. Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que cuando en la \u00a0acci\u00f3n de tutela se alega tal situaci\u00f3n en relaci\u00f3n \u00a0con las distintas etapas de un proceso, o en la propia sentencia, la \u00a0intervenci\u00f3n del juez de tutela, por ser estrictamente \u00a0excepcional, debe estar encaminada a determinar si a pesar de existir \u00a0errores o faltas en los procesos, \u00e9stos pueden ser corregidos \u00a0en el propio proceso, a trav\u00e9s de los distintos mecanismos que \u00a0prev\u00e9 la ley. Es decir, si para su correcci\u00f3n se pueden \u00a0proponer recursos, pedir nulidades, etc. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0otras palabras, no toda irregularidad en el tr\u00e1mite de un \u00a0proceso, o en la sentencia misma, constituye una v\u00eda de hecho \u00a0amparable a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Este rigor \u00a0para conceder la acci\u00f3n de tutela cuando se alegan v\u00edas \u00a0de hecho, obedece al debido entendimiento del art\u00edculo 86 de \u00a0la Constituci\u00f3n, en cuanto al car\u00e1cter excepcional de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, su procedencia Penalmente cuando no \u00a0exista para el afectado otro medio de defensa judicial y por el \u00a0respeto por la cosa juzgada por parte del juez constitucional\u00bb. \u00a0<\/p>\n
De esta manera, \u00a0valga anotar que el mentado car\u00e1cter no puede ser concebido \u00a0\u00fanicamente como un requisito formal o procesal, sino que se \u00a0consagra como una verdadera garant\u00eda constitucional dirigida a \u00a0preservar la armon\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, habida \u00a0cuenta que previene que la acci\u00f3n de tutela i) supla o \u00a0reemplace los legalmente concebidos, ii) se desnaturalice ante el uso \u00a0indiscriminado y caprichoso de los ciudadanos, iii) se convierta en \u00a0medio alternativo o facultativo que complemente los mecanismos \u00a0judiciales ordinarios de defensa, en aras de obtener un \u00a0pronunciamiento m\u00e1s \u00e1gil y expedito (CC T \u2013 471 \u00a0de 2017). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Descendiendo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al caso concreto, f\u00edjese que el fin principal de la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela se encamina a dejar sin efectos la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adoptada por el juez de garant\u00edas accionado en el marco de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencia preliminar de restablecimiento de derechos celebrada el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a029 de agosto de 2018, por cuanto ante la indebida citaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la menor de edad a la diligencia se le cercen\u00f3 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posibilidad de ejercer el derecho de defensa y dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prerrogativas propias del debido proceso penal. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa direcci\u00f3n, a la luz de lo acreditado probatoriamente \u00a0dentro del presente tr\u00e1mite se tiene que la \u00a0actuaci\u00f3n penal en la que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0que se cuestiona por esta v\u00eda supra \u00a0legal, a\u00fan \u00a0no ha llegado a la conclusi\u00f3n de la primera instancia, es \u00a0decir, no se ha producido el agotamiento de la actuaci\u00f3n del \u00a0fallador ordinario, por consiguiente, dicho escenario es el canal \u00a0ordinario de defensa judicial dentro del cual la presunta v\u00edctima \u00a0puede ejercer los mecanismos propios para la defensa de sus derechos, \u00a0como lo son: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Ante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el juez de conocimiento puede postular el restablecimiento del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0derecho que persiga de manera definitiva, postura que deviene al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0comp\u00e1s de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Ahora bien, cuando tales medidas son de car\u00e1cter provisional, \u00a0independientemente de si son personales o reales, vgr. imposici\u00f3n \u00a0de medida de aseguramiento sobre las personas; \u00a0suspensi\u00f3n del \u00a0poder dispositivo sobre bienes (arts. 83 y 85 del C.P.P.); suspensi\u00f3n \u00a0de personer\u00edas jur\u00eddicas o cierres temporales de \u00a0locales o establecimientos abiertos al p\u00fablico (art. 91 \u00a0ib\u00eddem); medidas cautelares sobre bienes (arts. 92 a 101 del \u00a0ejusdem) y suspensi\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente \u00a0(art. 101 ib.), la competencia es del juez de control de garant\u00edas; \u00a0empero, si lo que se pretende es el restablecimiento pleno del \u00a0derecho, conforme lo establece la sentencia C-060 de 2008, ya no con \u00a0car\u00e1cter provisional o transitorio, an\u00e1lisis que \u00a0comporta juicios concretos y valorativos en punto de la materialidad \u00a0de la conducta punible o del denominado tipo objetivo, lo cual puede \u00a0ocurrir en la sentencia o en una decisi\u00f3n que ponga fin al \u00a0proceso, la competencia ser\u00e1 del juez de conocimiento. (CSJ \u00a0AP, 28 nov. de 2012, rad. 40246) \u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0ante una eventual decisi\u00f3n desfavorable puede interponer el \u00a0recurso ordinario y extraordinario procedente, los cuales son \u00a0herramientas id\u00f3neas para defender de manera eficaz las \u00a0garant\u00edas que reclama como quebrantadas por este medio \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Dada la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0naturaleza provisional de la medida de restablecimiento del derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuestionada, la afectada y quiz\u00e1 posible v\u00edctima de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conducta penal que se investiga la puede controvertir en el proceso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0penal a trav\u00e9s de una solicitud ante otro funcionario de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0control de garant\u00edas, en audiencia preliminar mediante la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual se busque la revocatoria de dicha medida, siempre y cuando se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acredite que desaparecieron las causas por las cuales se dispuso o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bien que las mismas no existieron, escenario natural en que podr\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejercer de manera directa y ampl\u00eda su derecho de defensa y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contradicci\u00f3n en torno a los elementos suasorios que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustentaron la medida de protecci\u00f3n que aqu\u00ed se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reprocha. \u00a0<\/p>\n
Tesis que respeta \u00a0el esquema estructural del actual sistema penal, toda vez que, \u00a0precisamente, el juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas \u00a0fue creado para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de \u00a0todos los intervinientes en el proceso penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consiguiente, ser\u00e1 al interior de dicho proceso donde se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deber\u00e1n dirigir los esfuerzos para lograr la revocatoria de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la tesis que aqu\u00ed considera como irregular y presuntamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desconocedora de la garant\u00eda fundamental del debido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso, ya que el mismo ordenamiento procesal penal, como se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anot\u00f3, consagra las herramientas jur\u00eddicas id\u00f3neas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para cuestionar los yerros de los cuales adolezca la providencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judicial que se dicten en el curso del proceso, destac\u00e1ndose, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el escenario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y las herramientas procesales en los que podr\u00e1 insistir en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la prosperidad de su pretensi\u00f3n sustancial, m\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando en el decurso procesal pueden surgir situaciones que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0modifiquen el marco f\u00e1ctico y brinden mejores detalles al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez de conocimiento o garant\u00edas para la adopci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del asunto sometido a su criterio. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, no podr\u00eda el \u00a0juez constitucional entrometerse en los asuntos que son propios del \u00a0juez natural, pues de lo contrario, se desbordar\u00edan los \u00a0principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este tr\u00e1mite \u00a0constitucional tan exclusivo. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed que, no sea posible entrar a se\u00f1alar si es \u00a0procedente o no dejar sin efectos las decisi\u00f3n censurada, para \u00a0en su lugar abrogarse competencias propias de la justicia ordinaria, \u00a0pues, se reitera, de ser ello as\u00ed el juez constitucional se \u00a0inmiscuir\u00eda indebidamente en un asunto de competencia de los \u00a0funcionarios naturales, al interior del cual, como se indic\u00f3, \u00a0existen otros medios de defensa aptos para garantizar la protecci\u00f3n \u00a0solicitada, \u00a0ya que de admitirse una postura contraria, equivaldr\u00eda a \u00a0permitir, como regla general, que \u00a0el juez de tutela verifique la juridicidad de los tr\u00e1mites o \u00a0el acierto en la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas \u00a0o de las pruebas por los funcionarios de instancia para efectos de la \u00a0toma de decisiones, lo cual conllevar\u00eda a desconocer los \u00a0principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de \u00a0independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, previstos en los \u00a0art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, sino adem\u00e1s \u00a0los del juez natural, y las formas propias del juicio contenidos en \u00a0el art\u00edculo 29 Superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese orden de ideas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por el art\u00edculo 6 – 1 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00e1xime \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando no se aprecia probatoriamente la concurrencia de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0haga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6. Como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0colof\u00f3n, al constatar la Sala que la presente solicitud de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dicha situaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddica impide que se estudie de fondo la presencia o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0configuraci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva contra providencias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales, como a bien lo ha sostenido la jurisprudencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional bajo la siguiente f\u00f3rmula \u00abLas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condiciones generales de procedencia son aquellas cuya ocurrencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0habilita al juez de tutela para adentrarse en el contenido de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia judicial que se impugna. Dicho de otro modo, son las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condiciones\u00a0sine \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quibus non\u00a0es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posible abordar el estudio de la providencia judicial impugnada\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-012 de 2018), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tanto, las pretensiones frente a esta censura devienen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0improcedentes. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia y como a\u00fan existen mecanismos para la defensa de \u00a0los derechos de la menor agenciada, se impone confirmar el fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N\u00ba 1, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00ba \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia proferida el \u00a08 de noviembre de 2019 \u00a0por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, \u00a0por las razones \u00a0expuestas en la parte considerativa de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba \u00a0REMITIR el proceso a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a044, cuaderno de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a076, ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0133, cuaderno de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03 a 14, cuaderno de segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0257 y 258, cuaderno de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab Cfr. Sentencias T-462 de 2003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02000 y T-1031 de 2001. \u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP454-2020 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0No. 104335 \u00a0 Acta n.\u00b0 7 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020) \u00a0 Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por M\u00f3nica \u00a0Isabel S\u00e1nchez Andrade, por \u00a0medio de apoderado judicial, contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-52189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-29"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}