\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP452-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba 108644 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0007 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por ISAAC \u00a0\u00c1VILA PI\u00d1EROS en \u00a0procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados \u00a0por la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 4\u00ba \u00a0Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso referido en \u00a0la demanda. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, el Juzgado 4\u00ba Penal \u00a0Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 conden\u00f3 \u00a0a ISAAC \u00c1VILA PI\u00d1EROS a \u00a0la pena de 36 meses de prisi\u00f3n, tras encontrarlo penalmente \u00a0responsable del delito de lesiones personales. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, \u00a0Sinai Bautista Ram\u00edrez, en calidad de v\u00edctima, inici\u00f3 \u00a0incidente de reparaci\u00f3n integral. \u00a0<\/p>\n
El 12 de abril de \u00a02019 el \u00a0Juzgado mencionado declar\u00f3 civilmente responsable al \u00a0accionante. Por tanto, lo sancion\u00f3 a pagar los perjuicios \u00a0materiales y morales, las costas procesales y las agencias en \u00a0derecho. \u00a0<\/p>\n
Inconforme con tal \u00a0determinaci\u00f3n, el demandante la impugn\u00f3 y el 5 de \u00a0noviembre de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0modific\u00f3 el valor de la condena por los perjuicios materiales \u00a0y decret\u00f3 la nulidad parcial de la decisi\u00f3n recurrida, \u00a0en lo relacionado con la condena en costas procesales para que el \u00a0despacho judicial se pronunciara sobre su procedencia y la del amparo \u00a0de pobreza requerido. \u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de \u00a0lo anterior, en prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2019 el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0aclar\u00f3 el numeral 3\u00ba de la sentencia referida, con \u00a0relaci\u00f3n al pago de las costas generadas en el proceso, de \u00a0conformidad con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
A la par, adicion\u00f3 \u00a0el numeral 3.1, a trav\u00e9s del cual neg\u00f3 el amparo de \u00a0pobreza solicitado, por no cumplir con los requisitos previstos en el \u00a0canon 151 de la precitada normatividad. Precis\u00f3 que contra esa \u00a0determinaci\u00f3n no proced\u00eda recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0demandante acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional en \u00a0busca de protecci\u00f3n \u00a0a sus derechos fundamentales. En su criterio, la \u00faltima \u00a0decisi\u00f3n incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, toda vez \u00a0que le impidi\u00f3 interponer el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0contra la denegaci\u00f3n del amparo de pobreza. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, demand\u00f3 que se le permita hacer uso de la \u00a0alzada, reavivando el t\u00e9rmino para su interposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del \u00a019 \u00a0de diciembre de 2019, \u00a0esta Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda y corri\u00f3 el respectivo traslado a las autoridades \u00a0mencionadas. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 4\u00ba \u00a0Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 y el \u00a0apoderado de la v\u00edctima se opusieron a la prosperidad del \u00a0amparo. Tras relatar el decurso de la actuaci\u00f3n, defendieron \u00a0su legalidad y la de la decisi\u00f3n adoptada e indicaron que no \u00a0se cumplen los presupuestos exigidos para cuestionar decisiones \u00a0judiciales en sede constitucional. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra a un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0ya anuncia la Sala que negar\u00e1 el derecho al debido proceso, \u00a0las razones son las siguientes: \u00a0<\/p>\n
El demandante pudo \u00a0controvertir la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 la alzada dentro \u00a0del t\u00e9rmino de su ejecutoria a trav\u00e9s del recurso de \u00a0queja, pero no lo hizo (Art. 179B de la Ley 906 de 2004). Como no \u00a0agot\u00f3 ese medio de defensa, la solicitud de amparo se torna \u00a0improcedente. (Art. 6-1 del Decreto 2591 de 1991 y Sentencia T-1217 \u00a0de 2003) \u00a0<\/p>\n
Es manifiesto, \u00a0entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 que la \u00a0determinaci\u00f3n del Juzgado accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador. (Sentencia SU \u2013 111 de 1997) \u00a0<\/p>\n
Al margen de lo \u00a0anterior, encuentra la Sala que la decisi\u00f3n cuestionada con \u00a0relaci\u00f3n a la denegaci\u00f3n del amparo de pobreza estuvo \u00a0precedida del an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa \u00a0aplicable. \u00a0<\/p>\n
El amparo de \u00a0pobreza es una instituci\u00f3n de car\u00e1cter procesal \u00a0desarrollada por el legislador para favorecer a las personas que por \u00a0su condici\u00f3n socioecon\u00f3mica no pueden sufragar los \u00a0gastos derivados de un tr\u00e1mite judicial. Ello, con el fin de \u00a0garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en \u00a0igualdad de condiciones. (Sentencia T-339\/18) \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, para \u00a0su reconocimiento se \u00a0deben cumplir dos presupuestos f\u00e1cticos esenciales. De una \u00a0parte, debe presentarse de manera personal y motivada la solicitud y, \u00a0de otra, acreditarse la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que lo \u00a0hace viable. (Art\u00edculo 151 y ss. del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso) \u00a0<\/p>\n
En ese orden de \u00a0ideas, la Sala evidencia que el accionante cont\u00f3 con los \u00a0recursos suficientes para contratar los servicios de un abogado de \u00a0confianza para que lo asistiera durante el diligenciamiento del \u00a0proceso referido, es propietario de un bien inmueble y recibe \u00a0mensualmente dos pensiones de jubilaci\u00f3n. En consecuencia, no \u00a0se cumplen los requisitos para su procedencia. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, \u00a0advierte la Sala que aunque el acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia constituye un derecho fundamental que implica la resoluci\u00f3n \u00a0de fondo, pronta, oportuna y en igualdad de condiciones de los \u00a0asuntos puestos a consideraci\u00f3n de los \u00f3rganos \u00a0jurisdiccionales, tal premisa no implica el deber de las autoridades \u00a0de acceder a instituciones jur\u00eddicas que incumplen con los \u00a0presupuestos establecidos por el legislador. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, \u00a0el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(Art. 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de tutela \u00a0inmiscuirse en providencias como la discutida, s\u00f3lo porque el \u00a0actor no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la \u00a0concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con criterio \u00a0razonable en los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la \u00a0legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, \u00a0por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0NEGAR la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por ISAAC \u00c1VILA PI\u00d1EROS \u00a0contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esa \u00a0misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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