\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP426-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108469 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de \u00a0dos mil veinte (2020) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide la Sala el recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesto por Arturo Mac\u00edas Tamayo \u00a0contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 10 de octubre de \u00a02019, que declar\u00f3 improcedente el amparo de los derechos \u00a0fundamentales invocados. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron recogidos en la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia en los siguientes t\u00e9rminos1: \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el accionante, que en su condici\u00f3n de abogado, trabaj\u00f3 \u00a0como Oficial Mayor en el Juzgado 1\u00b0 de Familia de Valledupar \u00a0hasta el 15 de enero de 2019, cuando present\u00f3 renuncia al \u00a0cargo, continuando su desempe\u00f1o profesional en esa \u00e1rea \u00a0del derecho como litigante en esta ciudad. \u00a0<\/p>\n
Debido \u00a0al reparto que ha efectuado el Centro de Servicios de los Juzgados \u00a0Civiles y de Familia de esta ciudad, 4 acciones en las que interviene \u00a0como apoderado de la parte demandante han sido asignadas al Juzgado \u00a01\u00b0 de Familia, configur\u00e1ndose la incompatibilidad \u00a0establecida en el art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007, \u00a0generando una dificultad que, a su consideraci\u00f3n, debe ser \u00a0resuelta por la titular de ese despacho. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3, \u00a0que pese a lo anterior, la se\u00f1ora Juez 1\u00aa de Familia, \u00a0quien a su vez funge como Juez Coordinadora del Centro de Servicios \u00a0de los Juzgados Civiles y de Familia, ha dispuesto ordenar a su \u00a0poderdante la sustituci\u00f3n del mandato, implicando con ello una \u00a0revocatoria t\u00e1cita de la representaci\u00f3n judicial, \u00a0situaci\u00f3n que ha limitado su ejercicio en la profesi\u00f3n \u00a0del derecho, representando con ello una especie de sanci\u00f3n, \u00a0sin haber sido sometido a proceso disciplinario alguno, cuando en \u00a0realidad el problema aqu\u00ed suscitado es de reparto de las \u00a0acciones, alterando su reputaci\u00f3n como abogado. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de lo anterior, solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Sala \u00a0Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, para \u00a0que solucione lo que considera un problema de reparto generado por el \u00a0art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007, sin que haya obtenido \u00a0respuesta hasta ahora. \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Valledupar, mediante decisi\u00f3n adoptada el 10 de \u00a0octubre de 2019, neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales \u00a0invocados por Arturo Mac\u00edas Tamayo. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior tras considerar que los derechos \u00a0fundamentales del accionante no se encuentran amenazados o \u00a0conculcados, pues el Juzgado 1\u00b0 de Familia de Valledupar ha \u00a0desarrollado la actuaci\u00f3n procesal de acuerdo a lo establecido \u00a0en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007, \u00a0as\u00ed como respecto al Consejo Seccional de la Judicatura que \u00a0dio respuesta al derecho de petici\u00f3n interpuesto por el \u00a0accionante.2 \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El 20 de noviembre de 2019, Arturo Mac\u00edas \u00a0Tamayo impugn\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
Adujo que el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 29 \u00a0de la Ley 1123 de 2007 no ordena revocar poderes que le hayan sido \u00a0otorgados cuando una demanda le corresponda al Juzgado 1\u00b0 de \u00a0Familia de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
Considera que en aquellos casos en los que el juez \u00a0de conocimiento advierta la incompatibilidad, debe tomar una decisi\u00f3n \u00a0que no atente contra sus derechos fundamentales, y mucho menos \u00a0ordenar al demandante que nombre a otro apoderado judicial, pues ello \u00a0lo expone a demandas por incumplimiento de los contratos de \u00a0prestaci\u00f3n de servicios. \u00a0<\/p>\n
Por otra parte, advirti\u00f3 que la primera \u00a0instancia no se pronunci\u00f3 respecto al papel de la Juez \u00a0Coordinadora del Centro de Servicios.3 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el \u00a0recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Arturo Mac\u00edas \u00a0Tamayo contra la decisi\u00f3n proferida el 10 de octubre de \u00a02019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Valledupar. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, el problema jur\u00eddico que \u00a0convoca a la Sala consiste en establecer si al accionante se le est\u00e1n \u00a0conculcando sus derechos fundamentales en raz\u00f3n a que no ha \u00a0podido ejercer su profesi\u00f3n como abogado en raz\u00f3n a que \u00a0se encuentra incurso en la causal de incompatibilidad descrita en el \u00a0numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007 ante el \u00a0Juzgado 1\u00b0 de Familia de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
A prop\u00f3sito de la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica \u00a0establece que se trata de un mecanismo concebido para la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten \u00a0amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0de las autoridades p\u00fablicas, siempre que no exista otro \u00a0recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como \u00a0mecanismo transitorio de protecci\u00f3n para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
A partir de la revisi\u00f3n \u00a0de la solicitud de amparo, de la impugnaci\u00f3n y de las pruebas \u00a0obrantes, la Sala constata que no se han vulnerado los derechos \u00a0fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
Lo anterior atendiendo que la \u00a0actuaci\u00f3n desarrollada por el Juzgado 1\u00b0 de Familia \u00a0de Valledupar se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 5\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007, el cual reza: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a029. INCOMPATIBILIDADES.\u00a0No pueden ejercer la abogac\u00eda, \u00a0aunque se hallen inscritos: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Los abogados en relaci\u00f3n con asuntos de que hubieren conocido \u00a0en desempe\u00f1o de un cargo p\u00fablico o en los cuales \u00a0hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales. Tampoco \u00a0podr\u00e1n hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, \u00a0dentro del a\u00f1o siguiente a la dejaci\u00f3n de su cargo o \u00a0funci\u00f3n y durante todo el tiempo que dure un proceso en el que \u00a0hayan intervenido. \u00a0<\/p>\n
Debe precisarse que las \u00a0inhabilidades e incompatibilidades contenidas en la Ley 1123 de 2007, \u00a0fijaron una pluralidad de medidas con miras a blindar y revestir de \u00a0la mayor transparencia el desempe\u00f1o profesional. \u00a0<\/p>\n
La Corte Constitucional4 \u00a0ha precisado que la funci\u00f3n p\u00fablica es por regla \u00a0general incompatible con el ejercicio profesional de la abogac\u00eda, \u00a0lo cual ya ha sido objeto de an\u00e1lisis en la jurisprudencia \u00a0constitucional, la cual ha se\u00f1alado que el r\u00e9gimen de \u00a0inhabilidades e incompatibilidades apunta a la realizaci\u00f3n \u00a0de varios intereses y principios de relevancia constitucional \u00a0relacionados con la transparencia en el ejercicio de la funci\u00f3n \u00a0p\u00fablica. Concluy\u00f3 que la incompatibilidad era una \u00a0regulaci\u00f3n razonable y adecuada para la realizaci\u00f3n de \u00a0los fines propuestos y que no implicaba la violaci\u00f3n de ning\u00fan \u00a0precepto constitucional.5 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala comparte la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Valledupar, pues no se advierte que se est\u00e9n conculcando \u00a0los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
Contrario a lo considerado por este \u00faltimo, \u00a0no resulta procedente que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de \u00a0tutela se ordene a la Juez 1\u00aa de Familia de Valledupar, quien \u00a0tambi\u00e9n funge como Juez Coordinadora del Centro de Servicios \u00a0de los Juzgados Civiles y de Familia, modificar el \u00a0reparto o declararse incompetente para tramitar los asuntos en los \u00a0que funge el accionante como abogado, pues ello s\u00ed vulnerar\u00eda \u00a0las normas de competencia y por lo tanto el debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE \u00a0JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N \u00a0DE ACCIONES DE TUTELA N\u00b0 1, administrando justicia, en nombre de \u00a0la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 40, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 5 a 13, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 52, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-819\/2010. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibid. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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