\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP395-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108406 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0001 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por la apoderado judicial \u00a0de MARTHA CONSTANZA PI\u00d1EROS SEGURA contra la sentencia de \u00a0tutela proferida el 16 de octubre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 7\u00ba \u00a0Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana \u00a0de Pensiones Colpensiones y la Secretar\u00eda Distrital de \u00a0Movilidad de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro \u00a0del proceso ordinario laboral descrito en la demanda. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda, el \u00a06 de enero de 2017 MARTHA \u00a0CONSTANZA PI\u00d1EROS SEGURA \u00a0present\u00f3 ante Colpensiones solicitud de reconocimiento y pago \u00a0de la pensi\u00f3n de vejez, conforme a lo establecido en el \u00a0Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y, el precedente \u00a0jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional mediante \u00a0sentencias SU-769 del 16 de octubre de 2014, T-476-2013 y sentencia \u00a0T-90 de 2009, en el sentido de acumular aportes en virtud del Acuerdo \u00a0049 mencionado. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, mediante Resoluci\u00f3n \u00a0SUB \u00a0769 del 15 de marzo de 2017, la entidad accionada neg\u00f3 la \u00a0solicitud, decisi\u00f3n que fue confirmada mediante acto \u00a0administrativo DIR 6823 del 30 de mayo de 2017 y, por ello, promovi\u00f3 \u00a0proceso ordinario laboral. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0sentencia del 3 \u00a0de julio de 2018, \u00a0el Juzgado 7\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 \u00a0a las pretensiones y conden\u00f3 a la entidad al pago de la \u00a0prestaci\u00f3n econ\u00f3mica pretendida. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con esa determinaci\u00f3n, Colpensiones la apel\u00f3 pero en \u00a0sentencia del 19 \u00a0de julio del \u00a0a\u00f1o que avanza, \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad revoc\u00f3 \u00a0el fallo de primera instancia. Lo anterior, tras considerar que si \u00a0bien era cierto que la accionante alcanz\u00f3 a cotizar el n\u00famero \u00a0de semanas exigidas en el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de \u00a01990, no se pudo establecer que para el momento en que entr\u00f3 \u00a0en vigencia el mencionado decreto, estuviera afiliada al ISS hoy \u00a0Colpensiones. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, la providencia emitida en segunda \u00a0instancia condicion\u00f3 \u00a0el reconocimiento del derecho pensional, al supuesto de tener que \u00a0estar afiliada al Instituto de Seguros Sociales al momento en que \u00a0entr\u00f3 en vigencia el Acuerdo 049 de \u00a01990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en procura del amparo de \u00a0sus derechos fundamentales a la seguridad social y m\u00ednimo \u00a0vital. En consecuencia, solicit\u00f3 que tras dejar sin efectos la \u00a0referida determinaci\u00f3n, se ordene el reconocimiento y pago de \u00a0la prestaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 7 de octubre de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 7\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 \u00a0que emiti\u00f3 decisi\u00f3n en favor de la accionante y, por \u00a0ello, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones, \u00a0indic\u00f3 que \u00a0la tutela no es un mecanismo que reemplace los procesos judiciales y, \u00a0por ello, solicit\u00f3 que se declare improcedente la presente \u00a0acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Indic\u00f3 que incumple el requisito de \u00a0subsidiariedad, pues la accionante no promovi\u00f3 el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial de la accionante manifest\u00f3 su inconformidad \u00a0con la decisi\u00f3n impugnada. En esencia, reiter\u00f3 los \u00a0planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0tramitar y decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, se \u00a0destaca que si \u00a0la \u00a0accionante estaba \u00a0interesada en reprochar el quebranto de los derechos fundamentales \u00a0supuestamente irrespetados, tuvo \u00a0la posibilidad de instaurar el recurso de casaci\u00f3n, \u00a0aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de \u00a0tutela. Como omiti\u00f3 hacerlo, permiti\u00f3 \u00a0que la sentencia objeto de censura quedara en firme, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, advierte la Sala que en el presente asunto los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, la accionante afirm\u00f3 que es viable darle \u00a0aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 6\u00ba del Acuerdo 049 de 1990, \u00a0aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, el cual es \u00a0favorable a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, la Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que el art\u00edculo \u00a012 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo \u00a0a\u00f1o, establece que tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n \u00a0de vejez las personas que cumplan los siguientes requisitos: tengan \u00a055 a\u00f1os o m\u00e1s a\u00f1os de edad sin son mujeres \u00a0adem\u00e1s, un m\u00ednimo de 500 semanas de cotizaci\u00f3n \u00a0durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento \u00a0de la edad m\u00ednima o haber acreditado 1000 semanas de \u00a0cotizaci\u00f3n sufragadas en cualquier tiempo. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, precis\u00f3 \u00a0que tras contrastar la historia laboral de la accionante se \u00a0estableci\u00f3 que no cumple con las aludidas obligaciones, pues \u00a0no alcanz\u00f3 las 500 semanas durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os \u00a0anteriores al cumplimiento de la edad y tampoco acredit\u00f3 1000 \u00a0semanas en su vida laboral cotizadas exclusivamente al ISS, pues \u00a0\u00fanicamente cotiz\u00f3 235 semanas en esa administradora. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto que la decisi\u00f3n reprochada se aprecia razonable y \u00a0debidamente motivada, por lo que no estructura ninguno de los \u00a0defectos que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por ende, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 16 de octubre de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 por \u00a0improcedente la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el \u00a0apoderado judicial de MARTHA CONSTANZA PI\u00d1EROS SEGURA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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