\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP3121-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 109629 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No.069 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por \u00a0MAR\u00cdA CONSUELO DE CHIQUINQUIR\u00c1 AGUIRRE L\u00d3PEZ, \u00a0contra el fallo de 15 de enero de 2020, a trav\u00e9s del cual, la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia le \u00a0neg\u00f3 el \u00a0amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00a0dignidad humana, seguridad social y m\u00ednimo vital, \u00a0presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Pereira y la Administradora de Fondo de \u00a0Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., en actuaci\u00f3n \u00a0que vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de \u00a0Pereira. \u00a0<\/p>\n
PROBLEMA \u00a0JUR\u00cdDICO A RESOLVER \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0cumplen los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia \u00a0de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, en este \u00a0caso, la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Ibagu\u00e9, en tanto a juicio de la demandante el tribunal \u00a0accionado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico por indebida \u00a0valoraci\u00f3n probatoria, denegando su derecho al reconocimiento \u00a0y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0PROCESALES \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto de 18 de diciembre de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0avoc\u00f3 \u00a0conocimiento de la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 correr \u00a0traslado a las autoridades accionadas y vinculadas, a fin de \u00a0garantizarles su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
RESULTADOS \u00a0PROBATORIOS \u00a0<\/p>\n
El \u00a0representante legal judicial de Protecci\u00f3n S.A., manifest\u00f3 \u00a0que esa administradora no puede realizar manifestaci\u00f3n alguna \u00a0frente a la decisi\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior \u00a0de Ibagu\u00e9, en tanto es deber del funcionario judicial \u00a0verificar si se cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite procesal \u00a0previsto por el legislador y si se respetaron los lineamientos que \u00a0regulan el debido proceso constitucional, por lo que considera que la \u00a0tutela no est\u00e1 llamada a prosperar en lo que respecta al fondo \u00a0de pensiones. \u00a0<\/p>\n
FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0sentencia de 15 de enero de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0neg\u00f3 el amparo deprecado, al considerar que el \u00a0tr\u00e1mite constitucional no cumple el presupuesto de inmediatez, \u00a0en atenci\u00f3n a que la demandante dej\u00f3 superar \u00a0extendidamente el termino de seis meses, sin que haya justificado de \u00a0forma alguna su inactividad. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Notificado \u00a0del contenido del fallo, la accionante lo impugn\u00f3 y se limit\u00f3 \u00a0a solicitar la revocatoria del fallo de tutela emitido por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, sin hacer \u00a0consideraciones adicionales. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con el art\u00edculo 1\u00ba numeral 2\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 44 \u00a0del Reglamento Interno de la Corte, la Sala es competente para \u00a0pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la \u00a0decisi\u00f3n adoptada por la Corte Suprema de Justicia, Sala \u00a0Laboral. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Procede \u00a0la Sala a resolver el problema jur\u00eddico como ha sido planteado \u00a0en el ac\u00e1pite inicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0demandante se\u00f1ala que la decisi\u00f3n emitida por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, es vulneradora de sus \u00a0prerrogativas constitucionales, en atenci\u00f3n a que no valor\u00f3 \u00a0de manera adecuada la prueba testimonial, lo que dio como resultado \u00a0un defecto f\u00e1ctico en la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 el \u00a0reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente con a \u00a0partir del deceso de su hijo. \u00a0<\/p>\n
Teniendo \u00a0en cuenta entonces que la pretensi\u00f3n de la demanda es dejar \u00a0sin efectos una decisi\u00f3n judicial, es necesario examinar lo \u00a0establecido frente a los requisitos generales de la procedencia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, espec\u00edficamente en lo atinente a la \u00a0inmediatez de la misma. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido y como ha sido desarrollado por la Doctrina \u00a0constitucional, la acci\u00f3n de tutela contra providencias \u00a0judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso espec\u00edfico de la inmediatez, se advierte que este \u00a0requisito general de procedibilidad, busca que la acci\u00f3n de \u00a0tutela se ejerza dentro de un t\u00e9rmino razonable desde la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental. En ese sentido, \u00a0la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de sus distintas Salas de \u00a0Revisi\u00f3n ha acogido el criterio de determinarlo con fundamento \u00a0en las caracter\u00edsticas especiales de cada caso en concreto, \u00a0por lo cual ha considerado que, \u00aben \u00a0algunos casos, \u00a0seis \u00a0(6) meses podr\u00edan resultar suficientes para declarar la tutela \u00a0improcedente; pero, en otros eventos, un t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os \u00a0se podr\u00eda considerar razonable para ejercer la acci\u00f3n \u00a0de tutela\u2026\u00bb1. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su vez estableci\u00f3 como factores a tener en cuenta para \u00a0determinar la razonabilidad del lapso los siguientes: (i) \u00a0si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los \u00a0accionantes; (ii) \u00a0si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de \u00a0los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) \u00a0si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la \u00a0acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0del interesado; (iv) \u00a0si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s \u00a0de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos \u00a0fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la \u00a0fecha de interposici\u00f3n.2 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este asunto, la \u00a0verificaci\u00f3n del requisito de inmediatez impone \u00a0que se analice, en cada caso particular, si la solicitud de amparo \u00a0fue elevada de manera razonable \u00a0y oportuna. \u00a0La \u00a0revisi\u00f3n del material probatorio incorporado al expediente \u00a0evidencia que la acci\u00f3n de tutela instaurada por MAR\u00cdA \u00a0CONSUELO DE CHIQUINQUIR\u00c1 AGUIRRE L\u00d3PEZ no \u00a0cumple dicho presupuesto, de una parte, dado el tiempo transcurrido \u00a0entre la emisi\u00f3n de la sentencia confutada (28 \u00a0de noviembre de 2017) \u00a0y la presentaci\u00f3n de la demanda de tutela (9 \u00a0de diciembre de 2019), \u00a0es decir, 2 a\u00f1os despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n \u00a0censurada. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro, de la demanda y sus anexos no se establece el motivo v\u00e1lido \u00a0que justifique la inactividad de la accionante en la presentaci\u00f3n \u00a0tard\u00eda del amparo, as\u00ed como tampoco lo refiri\u00f3 \u00a0en el escrito de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, si bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad, el \u00a0car\u00e1cter preferente, sumario e informal de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, que se encuentra regida por los principios de econom\u00eda, \u00a0celeridad y eficacia (art\u00edculos 1 y 3 del Decreto 2591 de \u00a01991), s\u00ed impone que se acuda a ella con premura, pues se \u00a0trata, nada m\u00e1s y nada menos, que de un mecanismo \u00a0constitucional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, salvo especiales situaciones, que en el presente caso, \u00a0no han sido alegadas ni demostradas, el hecho de que se deje \u00a0transcurrir un plazo razonable sin promover el amparo es indicativo \u00a0de que no existe la repulsa hacia una insoportable situaci\u00f3n \u00a0de conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, se \u00a0confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar \u00a0el \u00a0fallo recurrido, conforme a las razones expuestas en la parte motiva. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar a \u00a0las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez \u00a0ejecutoriado el presente prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CUELLAR \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-328 de 2010. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-243 de 2008 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP3121-2020 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 109629 \u00a0 Acta \u00a0No.069 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la impugnaci\u00f3n formulada por \u00a0MAR\u00cdA CONSUELO DE CHIQUINQUIR\u00c1 AGUIRRE L\u00d3PEZ, \u00a0contra el fallo de 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-51836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-29"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51836"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51836\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}