\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada ponente \u00a0<\/p>\n
STP2092-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 108992 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado Acta No.43) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero \u00a0de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por LIDA XIMENA y ANA MILENA PINTO GONZ\u00c1LEZ contra \u00a0la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, por medio de la cual neg\u00f3 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales, supuestamente vulnerados por \u00a0el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De la actuaci\u00f3n se establece que el 05 de \u00a0octubre de 2015, el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado \u00a0de Ibagu\u00e9 conden\u00f3 a LIDA XIMENA y ANA MILENA PINTO \u00a0GONZ\u00c1LEZ la primera de ellas como autora del delito de \u00a0concierto para delinquir \u00a0y, a la segunda, la declar\u00f3 responsable del de concierto \u00a0para delinquir agravado en concurso con \u00a0tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o \u00a0porte de estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
La vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la citada ciudad. \u00a0<\/p>\n
Ante ese despacho, LIDA XIMENA PINTO solicit\u00f3 \u00a0la redosificaci\u00f3n de la pena en aplicaci\u00f3n de la Ley \u00a01826 de 2017, petici\u00f3n que el 22 de noviembre de 2019 mediante \u00a0auto 2418 el juzgado la neg\u00f3 pues el delito por el que se \u00a0encuentra condenada est\u00e1 excluido de dicho beneficio. Contra \u00a0la decisi\u00f3n no interpuso recursos. \u00a0<\/p>\n
Por su parte, ANA MILENA PINTO reclam\u00f3 la \u00a0sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria por considerarse \u00a0madre cabeza de familia. El Juzgado neg\u00f3 la sustituci\u00f3n \u00a0el 22 de noviembre de 2019 a trav\u00e9s del auto 2419 sin que \u00a0contra esa providencia se propusieran los recursos ordinarios. \u00a0<\/p>\n
En criterio de las accionantes, su proceso de \u00a0resocializaci\u00f3n ha sido \u00f3ptimo y por tanto, el Estado \u00a0deber\u00eda reconocerles la redosificaci\u00f3n de la pena y el \u00a0sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria para reencontrarse con \u00a0sus hijos. \u00a0<\/p>\n
Tras considerar vulnerados sus derechos \u00a0fundamentales, acudieron a la acci\u00f3n de tutela para demandar \u00a0que se concedan las prerrogativas antes descritas. \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La Corporaci\u00f3n judicial de primera instancia neg\u00f3 la \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional. \u00a0Encontr\u00f3, \u00a0frente a la solicitud de redosificaci\u00f3n de pena elevada por \u00a0ANA MILENA PINTO GONZ\u00c1LEZ, que el 22 de noviembre de 2019 el \u00a0Juzgado se pronunci\u00f3 al respecto. \u00a0<\/p>\n
Sobre LIDA PINTO GONZ\u00c1LEZ, indic\u00f3 que no existen \u00a0solicitudes pendientes por resolver y por tanto no existi\u00f3 \u00a0alguna vulneraci\u00f3n de sus derechos. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
ANA MILENA y LIDA XIMENA PINTO GONZ\u00c1LEZ \u00a0recurrieron el fallo de primera instancia sin expresar los motivos de \u00a0inconformidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art. 32 del Decreto 2591, la \u00a0Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n, que \u00a0se dirige contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
En primer lugar, la Corte no encuentra procedente \u00a0el amparo constitucional respecto de los autos del 22 de noviembre de \u00a02019 en los que el Juzgado accionado les neg\u00f3 la \u00a0redosificaci\u00f3n de la condena y la sustituci\u00f3n de la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria, respectivamente. \u00a0En ese sentido, no se \u00a0acat\u00f3 la condici\u00f3n de subsidiariedad en el ejercicio de \u00a0la tutela, porque las accionantes no los controvirtieron por v\u00eda \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al no agotar ese medio de defensa, la solicitud de \u00a0amparo se torna improcedente \u2013numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, \u00a0tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u2013 \u00a0T\u20131217\/03 \u2013. \u00a0<\/p>\n
Es manifiesto, entonces, que el descuido puesto de \u00a0presente permiti\u00f3 que los autos del Juzgado accionado cobraran \u00a0firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de \u00a0la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, \u00a0pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el \u00a0interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios \u00a0dispuestos por el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
No obstante lo anterior y a\u00fan si se pasara \u00a0por alto el incumplimiento del presupuesto se\u00f1alado, encuentra \u00a0la Sala que la negativa de redosificaci\u00f3n de la pena estuvo \u00a0precedida de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso \u00a0concreto. \u00a0<\/p>\n
Sobre la pretensi\u00f3n de la parte actora la \u00a0Sala, en providencia CSJ AP, 05 Dic 2018, Rad. 52535, precis\u00f3 \u00a0que la mayor rebaja conferida a quienes sean capturados en flagrancia \u00a0y acepten cargos durante la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, \u00a0s\u00f3lo resulta aplicable para las conductas enlistadas en el \u00a0art\u00edculo 534 de la Ley 906 de 20041, \u00a0dentro de las cuales no se encuentran las de concierto \u00a0para delinquir y tr\u00e1fico \u00a0de estupefacientes por las que fueron \u00a0condenadas las accionantes. \u00a0<\/p>\n
En aquella providencia, se descart\u00f3 la \u00a0posibilidad de extender la redosificaci\u00f3n punitiva a conductas \u00a0distintas de las taxativamente referidas en el citado art. 534, en \u00a0esencia, porque: \u00a0<\/p>\n
\u2026 el procedimiento \u00a0abreviado previsto en la Ley 1826 de 2017 fue dise\u00f1ado \u00a0excepcionalmente para servir de regulador a la investigaci\u00f3n y \u00a0juzgamiento, de las conductas punibles expresamente consagradas en \u00a0art\u00edculo 5\u00b0, que requieren querella para promover la \u00a0acci\u00f3n penal y las adicionadas en el art\u00edculo 10 (534 \u00a0de la Ley 906 de 2004), determinando expresamente que rige aun \u201cpara \u00a0todos los casos de flagrancia de los delitos contemplados en el \u00a0presente art\u00edculo\u201d, como lo indica el par\u00e1grafo \u00a0de la norma. Por tanto, no es correcto sostener que preceptos legales \u00a0coexistentes, en concreto el art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de \u00a02011 y la Ley 1826 de 2017, regulan los mismos supuestos de hecho, \u00a0pues, al contrario, es inequ\u00edvoco que en esta \u00faltima, \u00a0fue voluntad del legislador extraer del plexo normativo un listado de \u00a0conductas punibles que consider\u00f3 menos lesivas de los bienes \u00a0jur\u00eddicos, para darles un tratamiento razonablemente \u00a0preferente, diferente del que se mantuvo para delitos de mayor \u00a0gravedad (\u2026). \u00a0<\/p>\n
De ah\u00ed que, los motivos expuestos por el \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Ibagu\u00e9 para \u00a0negar la petici\u00f3n de las demandantes no sean constitutivos de \u00a0v\u00eda de hecho. \u00a0Son, por el contrario, razonables, \u00a0fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre \u00a0la materia, cuyo contraste con el caso concreto solamente permite al \u00a0juez constitucional arribar a la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda \u00a0de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo \u00a0228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas s\u00f3lo porque la impugnante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
De otro lado, tampoco es la tutela la v\u00eda \u00a0para que se le conceda la prisi\u00f3n domiciliaria a LIDA XIMENA \u00a0PINTO y la redosificaci\u00f3n de la pena a ANA MILENA PINTO. \u00a0De \u00a0nuevo, en estricto acatamiento de la condici\u00f3n de \u00a0subsidiariedad de la tutela, deber\u00e1n acudir ante el juez que \u00a0vigila la sanci\u00f3n para que se pronuncie dentro del \u00e1mbito \u00a0de sus competencias. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n se \u00a0confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, por las razones antes \u00a0expuestas. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lesiones personales a las que hacen referencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los art\u00edculos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00f3digo Penal; Actos de Discriminaci\u00f3n (C. P. Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0134A), Hostigamiento (C. P. Art\u00edculo 134B), Actos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Discriminaci\u00f3n u Hostigamiento Agravados (C. P. Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0134C), inasistencia alimentaria (C. P. art\u00edculo 233) hurto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(C. P. art\u00edculo 239); hurto calificado (C. P. art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0240); hurto agravado (C. P. art\u00edculo 241), numerales del 1 al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a010; estafa (C. P. art\u00edculo 246); abuso de confianza (C. P. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 249); corrupci\u00f3n privada (C. P. art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0250A); administraci\u00f3n desleal (C. P. art\u00edculo 250B); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abuso de condiciones de inferioridad (C. P. art\u00edculo 251); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0particulares (C. P. art\u00edculo 258); los delitos contenidos en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el T\u00edtulo VII Bis, para la protecci\u00f3n de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0informaci\u00f3n y los datos, excepto los casos en los que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de derechos morales de autor (C. P. art\u00edculo 270); violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C. P. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 271); violaci\u00f3n a los mecanismos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0protecci\u00f3n de derechos de autor (C. P. art\u00edculo 272); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0falsedad en documento privado (C. P. art\u00edculos 289 y 290); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0usurpaci\u00f3n de derechos de propiedad industrial y de derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de obtentores de variedades vegetales (C. P. art\u00edculo 306); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0uso ileg\u00edtimo de patentes (C. P. art\u00edculo 307); \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0violaci\u00f3n de reserva industrial y comercial (C. P. art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0308); ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arbitrio rent\u00edstico (C. P. art\u00edculo 312).\u00bb \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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