\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP1846-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0# 109327 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0037 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0 D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por CARLOS DANIEL ANDRADE \u00a0LOZANO contra la sentencia de tutela proferida el 21 de enero de 2020 \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Purificaci\u00f3n (Tolima) y \u00a0\u00danico Penal del Circuito de la misma ciudad con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda y sus anexos, el 8 de mayo de 2013 el \u00a0Juzgado \u00danico Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n con \u00a0Funciones de Conocimiento, conden\u00f3 a CARLOS DANIEL ANDRADE \u00a0LOZANO a 35 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el \u00a0ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso, \u00a0tras encontrarlo penalmente responsable del delito de tr\u00e1fico \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefaciente. El 28 de agosto de \u00a02019, el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9 decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la \u00a0pena. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0el accionante que se inscribi\u00f3 como candidato al Consejo de su \u00a0ciudad en las elecciones locales del pasado 27 de octubre, pero su \u00a0aspiraci\u00f3n se vio frustrada debido a que la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n y la Registradur\u00eda Nacional del \u00a0Estado Civil rechazaron su postulaci\u00f3n, por encontrarse \u00a0inhabilitado para ejercer el derecho a ser elegido. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que con ese registro en su contra, ning\u00fan partido pol\u00edtico \u00a0lo aceptar\u00e1 y, por ende, no podr\u00e1 continuar con su \u00a0aspiraci\u00f3n pol\u00edtica. Acudi\u00f3 ante el juez \u00a0constitucional en busca del amparo de sus derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, habeas data, igualdad, elegir y ser elegido. En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que cancele cualquier antecedente o \u00a0inhabilidad en su contra. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 18 de diciembre de 2019, la \u00a0Corporaci\u00f3n judicial de instancia admiti\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0la entidad accionada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que \u00a0acorde con las previsiones del art\u00edculo 174 de la Ley 734 de \u00a02002, la certificaci\u00f3n de antecedentes deber\u00e1 contener \u00a0las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco \u00a0a\u00f1os anteriores a su expedici\u00f3n y, en todo caso, \u00a0aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se \u00a0encuentren vigentes en dicho momento. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que los art\u00edculos 18 del Decreto \u2013 Ley 262 de 2000 y 6\u00ba \u00a0de la Resoluci\u00f3n 461 del 7 de octubre de 2016 establecen y \u00a0regulan el certificado especial de antecedentes, el cual se expide \u00a0exclusivamente para acreditar la ausencia de inhabilidades cuando la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las leyes lo exijan como \u00a0requisito para el ejercicio de funciones p\u00fablicas o el \u00a0desempe\u00f1o de cargos debidamente regulados por la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica. En tal virtud, adujo que la \u00a0informaci\u00f3n contenida en dicho documento es veraz y vigente y, \u00a0por ello, solicit\u00f3 se niegue la demanda. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, los Juzgados \u00danico Penal del Circuito de \u00a0Purificaci\u00f3n con Funciones de Conocimiento y 5\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, \u00a0detallaron llevada a cabo en el proceso penal y defendieron la \u00a0legalidad de sus decisiones. La \u00faltima autoridad mencionada, \u00a0destac\u00f3 que el 28 de agosto de 2019 decret\u00f3 la \u00a0extinci\u00f3n de la pena y, por ello, solicit\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite en cuanto no ha vulnerado \u00a0los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el \u00a0amparo. Estim\u00f3 \u00a0que no quebrant\u00f3 ning\u00fan derecho de \u00a0CARLOS DANIEL ANDRADE LOZANO, \u00a0en relaci\u00f3n con el cual en realidad existe inhabilidad \u00a0especial para acceder al cargo de concejal municipal. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0sustentaci\u00f3n, el demandante impugn\u00f3 el fallo. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0la segunda instancia, respecto \u00a0de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha empleado tres argumentos principales \u00a0para justificar la constitucionalidad de las inhabilidades \u00a0intemporales. En primer t\u00e9rmino, ha estimado que el objeto de \u00a0las normas que las consagran no es castigar la conducta de la persona \u00a0que resulta inhabilitada, sino asegurar la prevalencia del inter\u00e9s \u00a0colectivo y la excelencia e idoneidad del servicio p\u00fablico, \u00a0\u00abmediante \u00a0la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya \u00a0de prestarlo\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0precisado, en segundo lugar, que como en la propia Constituci\u00f3n \u00a0est\u00e1n consagradas expresamente algunas inhabilidades \u00a0intemporales, el legislador puede proceder en id\u00e9ntica forma a \u00a0establecer otras de car\u00e1cter legal, tarea para la que cuenta \u00a0con un amplio margen de discrecionalidad (Cfr. CC S-1016 de 2012). \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0explicado, en tercer lugar, que las inhabilidades son de dos clases: \u00a0inhabilidad\u2013sanci\u00f3n e inhabilidad-requisito. Las \u00a0primeras, se refieren a la potestad sancionadora de la cual es \u00a0titular el Estado y que se aplican en el campo penal, disciplinario, \u00a0contravencional y de punici\u00f3n por indignidad pol\u00edtica. \u00a0A la sanci\u00f3n principal en los diferentes asuntos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-prisi\u00f3n, destituci\u00f3n, arresto, multa, p\u00e9rdida \u00a0de investidura- le sobreviene la inhabilidad que el legislador haya \u00a0previsto. As\u00ed por ejemplo, inelegibilidad permanente, \u00a0prohibici\u00f3n para ejercer profesi\u00f3n e inhabilidad para \u00a0ocupar cargos p\u00fablicos, entre otras. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0segundo grupo, est\u00e1 conformado por aquellas que buscan \u00a0proteger el inter\u00e9s general y la realizaci\u00f3n de \u00a0principios, derechos y valores como la idoneidad, probidad, \u00a0imparcialidad, transparencia y moralidad de quien busca ingresar o ya \u00a0hace parte de la funci\u00f3n p\u00fablica. As\u00ed las cosas, \u00a0las inhabilidades que conforman esta clase, no permiten la ejecuci\u00f3n \u00a0de una serie de actividades a ciertas personas ante la posible \u00a0existencia de conflictos de inter\u00e9s que pueden generarse (Cfr. \u00a0CC S-1016 de 2012). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002 contempla el registro de \u00a0sanciones en el Sistema -SIRI-, el cual tiene como funci\u00f3n \u00a0registrar las decisiones ejecutoriadas y notificadas que sean \u00a0remitidas a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en el \u00a0formato preestablecido por las autoridades competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso examinado, el demandante pretende que a trav\u00e9s de la \u00a0acci\u00f3n constitucional, se elimine la inhabilidad intemporal \u00a0prevista en la Ley 617 de 2000 art\u00edculo 40, para acceder a \u00a0algunos cargos de la administraci\u00f3n p\u00fablica, tales como \u00a0los de elecci\u00f3n popular y, para el caso particular, el de \u00a0Concejal. Esa norma dispone: \u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a040. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El art\u00edculo 43 de \u00a0la Ley 136 de 1994 quedar\u00e1 as\u00ed: “Art\u00edculo \u00a043. Inhabilidades: No podr\u00e1 ser inscrito como candidato ni \u00a0elegido concejal municipal o distrital: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de \u00a0la libertad, excepto por delitos pol\u00edticos o culposos; o haya \u00a0perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de \u00a0la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio \u00a0de una profesi\u00f3n; o se encuentre en interdicci\u00f3n para \u00a0el ejercicio de funciones p\u00fablicas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite acreditaron \u00a0que mediante sentencia del 8 de mayo de 2013 el CARLOS DANIEL ANDRADE \u00a0LOZANO fue declarado penalmente responsable por el delito de tr\u00e1fico \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, conducta de car\u00e1cter \u00a0dolosa. A causa de ello, fue registrada la inhabilidad para el \u00a0ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, la cual es \u00a0taxativa, expresa y de interpretaci\u00f3n restrictiva. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, la anotaci\u00f3n a su nombre en el certificado de \u00a0antecedentes especial de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0no puede calificarse de violatoria de sus derechos fundamentales, por \u00a0cuanto est\u00e1 ajustada al mandato de la Ley 734 de 2002. \u00a0<\/p>\n
Claramente \u00a0se advierte, entonces, que contrario a lo afirmado por el actor, la \u00a0inhabilidad censurada, se ajusta a los par\u00e1metros legales ya \u00a0indicados, pues se trata de una consecuencia que se deriva de la \u00a0conducta que despleg\u00f3 y, por ello, no cabe pregonar la \u00a0vulneraci\u00f3n ni amenaza de ning\u00fan derecho fundamental. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por consiguiente, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas # \u00a02 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia del 21 de enero de 2020, mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por CARLOS DANIEL ANDRADE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LOZANO. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prove\u00eddo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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