\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00ba 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP1228-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108562 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0021 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por \u00a0JULY \u00a0PAULIN HERN\u00c1NDEZ S\u00c1ENZ, \u00a0contra la sentencia de tutela proferida el 6 de noviembre de 2019 por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0que neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por la \u00a0Sala \u00a0Quinta Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox \u00a0(Bol\u00edvar) y el municipio del Pe\u00f1\u00f3n (Bol\u00edvar), \u00a0as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo \u00a0laboral bajo radicado 134683089002200900919-01. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante promovi\u00f3 \u00a0demanda ejecutiva singular contra el municipio del Pe\u00f1\u00f3n \u00a0(Bol\u00edvar), dirigida a que se librara mandamiento de pago a su \u00a0favor en cuant\u00eda equivalente a $64.459.328, por concepto de \u00a0capital, los intereses moratorios y las costas procesales. \u00a0<\/p>\n
Surtidas \u00a0las actuaciones correspondientes, el 15 de enero de 2010 el Juzgado \u00a02\u00b0 Promiscuo del Circuito de Mompox (Bol\u00edvar) aprob\u00f3 \u00a0la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por $183.605.540. Suma en la \u00a0cual se incluyeron el capital, los intereses y la sanci\u00f3n \u00a0moratoria. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, el 24 de agosto de 2017 el juzgado de conocimiento revoc\u00f3 \u00a0parcialmente dicha decisi\u00f3n y, excluy\u00f3, la sanci\u00f3n \u00a0moratoria. Lo anterior, tras argumentar que la liquidaci\u00f3n del \u00a0cr\u00e9dito se deb\u00eda ce\u00f1ir al mandamiento de pago. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con dicha determinaci\u00f3n, la accionante promovi\u00f3 los \u00a0recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El 2 de \u00a0octubre siguiente, el despacho judicial mantuvo su decisi\u00f3n y \u00a0el 18 de diciembre de 2018, la Sala Quinta Laboral del Tribunal \u00a0Superior de Cartagena declar\u00f3 la ilegalidad del mandamiento de \u00a0pago librado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, levant\u00f3 las medidas de embargo impuestas sobre \u00a0las cuentas bancarias del ejecutado y dej\u00f3 sin efecto las \u00a0dem\u00e1s actuaciones surtidas dentro de ese proceso. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la demandante, el Tribunal quebrant\u00f3 sus garant\u00edas \u00a0procesales con la decisi\u00f3n adoptada, por cuanto las piezas \u00a0procesales fueron remitidas a esa Corporaci\u00f3n judicial por el \u00a0juez de primer grado en copia simple. Ello, debido a que la \u00a0impugnaci\u00f3n se concedi\u00f3 en efecto devolutivo. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que los estados notificatorios surtidos en la alzada se realizaron de \u00a0forma irregular. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que se desconocieron \u00a0los art\u00edculos 121 y 132 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0pues se llev\u00f3 a cabo un control de legalidad sobre etapas, que \u00a0ya hab\u00edan sido objeto del mismo. \u00a0<\/p>\n
Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en busca del amparo de su \u00a0derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, requiri\u00f3 \u00a0que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del prove\u00eddo \u00a0por medio del cual se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 29 de octubre de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0relatar las principales actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, el \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox (Bol\u00edvar) solicit\u00f3 \u00a0negar la demanda. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Alcald\u00eda del Pe\u00f1\u00f3n (Bol\u00edvar) manifest\u00f3 \u00a0que la determinaci\u00f3n reprochada se dict\u00f3 con sustento \u00a0en las normas procesales y sustanciales aplicables al caso que fue \u00a0objeto de estudio. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n judicial \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Expuso \u00a0que no se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez, por cuanto \u00a0el reproche se produjo 10 meses despu\u00e9s de la emisi\u00f3n \u00a0de la providencia controvertida. A la par, consider\u00f3 que la \u00a0misma es razonable y ofreci\u00f3 una interpretaci\u00f3n \u00a0admisible sobre la normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante manifest\u00f3 su inconformidad con la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia. En esencia, reiter\u00f3 los planteamientos \u00a0expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Esta Sala es \u00a0competente para desatar la segunda instancia, de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo \u00a0de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en \u00a0armon\u00eda con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, como fue se\u00f1alado por la primera \u00a0instancia, la censura resulta inoportuna, dado que se produce 10 \u00a0meses despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la determinaci\u00f3n \u00a0controvertida -18 de diciembre de 2018-, lapso excesivo y \u00a0desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. (Sentencia \u00a0SU \u2013 961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 \u00a0309 de 2013) \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, advierte \u00a0la Sala que los \u00a0razonamientos planteados en la determinaci\u00f3n dictada el 18 de \u00a0diciembre de 2018 por la Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Cartagena, por medio de la cual declar\u00f3 la ilegalidad del \u00a0mandamiento de pago librado dentro del referido proceso, estuvo \u00a0precedida del \u00a0an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa aplicable, la \u00a0jurisprudencia y hechos probados durante la actuaci\u00f3n, \u00a0lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, se estableci\u00f3 que el motivo de apelaci\u00f3n \u00a0radicaba en determinar si en \u00a0el estado en el que se encontraba la actuaci\u00f3n resultaba \u00a0pertinente revocar parcialmente el auto que aprob\u00f3 la \u00a0liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 \u00a0que antes de examinar dicho asunto era necesario establecer, si el \u00a0documento aportado como t\u00edtulo de recaudo presta m\u00e9rito \u00a0ejecutivo y si es posible ejercer control de legalidad sobre los \u00a0requisitos del t\u00edtulo que soportan la obligaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al proceso, el \u00a0Tribunal concluy\u00f3 que teniendo en cuenta que en el tr\u00e1mite \u00a0del proceso ejecutivo los funcionarios judiciales en cualquier \u00a0momento y hasta antes de su terminaci\u00f3n, pueden ejercer el \u00a0control de legalidad al t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto el paso \u00a0del tiempo no torna en legal una actuaci\u00f3n, las resoluciones \u00a0allegadas no prestaban m\u00e9rito ejecutivo. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que \u00abni \u00a0en el haz ni en el env\u00e9s las resoluciones No. 203 y 204 \u00a0aportadas como base del recaudo del t\u00edtulo ejecutivo, plasman, \u00a0enmarcan, ni constituyen t\u00edtulo ejecutivo por cuanto no se \u00a0instituy\u00f3 que sean la primera copia original, ni que se \u00a0encuentran ejecutoriadas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, indic\u00f3 que no se pod\u00eda obviar el requisito de \u00a0la constancia de ejecutoria de aqu\u00e9llos, pues es con ese \u00a0prepuesto que se tiene certeza de la firmeza del acto administrativo, \u00a0dado que estos han podido ser recurridos y modificados por \u00a0determinaciones posteriores o revocados por la administraci\u00f3n, \u00a0en virtud de la acci\u00f3n de revocatoria directa. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, declar\u00f3 la ilegalidad del mandamiento de pago y, \u00a0en consecuencia, orden\u00f3 levantar las medidas de embargo \u00a0impuestas sobre las cuentas bancarias del municipio del Pe\u00f1\u00f3n \u00a0(Bol\u00edvar) y dejar sin efecto las dem\u00e1s actuaciones \u00a0surtidas dentro del proceso. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, el \u00a0principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de \u00a0tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida s\u00f3lo \u00a0porque la impugnante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con \u00a0criterio razonable a partir de los hechos probados y la \u00a0interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 6 de noviembre de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela interpuesta por \u00a0JULY PAULIN HERN\u00c1NDEZ S\u00c1ENZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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