\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP1014-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0108767 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 21) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., febrero cuatro (04) de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n formulada por la Fiscal 24 \u00a0Seccional de Montel\u00edbano, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 25 de noviembre de 2019 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda que \u00a0concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada por \u00a0CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A, \u00a0frente a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de \u00a0C\u00f3rdoba, por la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho \u00a0fundamental de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de \u00a0tutela y documentos allegados al plenario, la Sala destaca los \u00a0siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que el 16 de julio de 2019 CARLOS ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A, \u00a0en su condici\u00f3n de apoderado de CARMEN CECILIA HERRERA MONTES, \u00a0radic\u00f3 una petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n Seccional \u00a0de Fiscal\u00edas de C\u00f3rdoba, solicitando la expedici\u00f3n \u00a0de copias de algunos documentos obrantes en la investigaci\u00f3n \u00a0con radicado 234666001049201800614, dentro de la cual funge como \u00a0v\u00edctima su representada. \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que a pesar del tiempo transcurrido, el ente acusador no se ha \u00a0pronunciado al respecto. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Como consecuencia de lo anterior, el promotor del amparo acude al \u00a0juez constitucional para que, en protecci\u00f3n de su garant\u00eda \u00a0fundamental invocada, ordene \u00a0a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas accionada emitir \u00a0un pronunciamiento de fondo que satisfaga su pedimento. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE PRIMERA INSTANCIA \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 12 de noviembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Monter\u00eda admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el \u00a0traslado respectivo a la autoridad mencionada. Empero, dentro del \u00a0t\u00e9rmino concedido para tal efecto, no se pronunci\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0fallo del 25 de noviembre siguiente, el tribunal a \u00a0quo \u00a0concedi\u00f3 \u00a0el amparo deprecado y orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Seccional \u00a0de Fiscal\u00edas de C\u00f3rdoba proceder a dar respuesta de \u00a0fondo, clara y concreta a la solicitud formulada por la parte actora. \u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez fue notificada la decisi\u00f3n, la Fiscal\u00eda 24 \u00a0Seccional de Montel\u00edbano impugn\u00f3 el fallo, afirmando \u00a0que desde el 5 de agosto de 2019 brind\u00f3 contestaci\u00f3n al \u00a0accionante, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico y tambi\u00e9n \u00a0enviando copia de la respuesta a la direcci\u00f3n suministrada por \u00a0\u00e9l, \u00a0inform\u00e1ndole que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Consejo \u00a0Seccional de la Judicatura de Monter\u00eda, para que all\u00ed \u00a0se dirima un conflicto negativo de competencia propuesto por el \u00a0Juzgado 42 Penal Militar de C\u00e1ceres Antioquia y la Asociaci\u00f3n \u00a0de Campesinos del Sur de C\u00f3rdoba. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para resolver la segunda instancia, por cuanto la decisi\u00f3n \u00a0sobre la que recae fue proferida por el Tribunal Superior de Distrito \u00a0Judicial de Monter\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0punto de partida, precisa la Sala que en los eventos en los cuales \u00a0los \u00a0sujetos procesales elevan peticiones dentro del proceso, \u00e9stas \u00a0no deben ser entendidas como el ejercicio del derecho fundamental de \u00a0petici\u00f3n, sino del derecho \u00a0de \u00a0postulaci\u00f3n, \u00a0el que ciertamente tiene cabida dentro de la garant\u00eda del \u00a0debido proceso y, por tanto, su ejercicio est\u00e1 regulado por \u00a0las normas procesales que determinan la oportunidad de su ejercicio. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en \u00a0el \u00e1mbito jurisdiccional, esto es, al interior de un proceso \u00a0judicial en el que el peticionario tenga la calidad de parte, sujeto \u00a0procesal, v\u00edctima, interviniente, entre otras categor\u00edas \u00a0posibles, el derecho de petici\u00f3n no tiene cabida \u00a0(C.C.S.T-377\/2002), \u00a0pues si bien dicha prerrogativa puede ejercerse ante los funcionarios \u00a0judiciales y en consecuencia \u00e9stos se encuentran en la \u00a0obligaci\u00f3n de tramitar y responder las solicitudes que se les \u00a0presenten, tambi\u00e9n es cierto que \u00a0\u00abel \u00a0juez o magistrado que conduce un proceso judicial est\u00e1 \u00a0sometido \u2013como tambi\u00e9n las partes y los intervinientes\u2013 \u00a0a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las \u00a0disposiciones legales contempladas para las actuaciones \u00a0administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el \u00a0juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que \u00a0habr\u00e1n de ser resueltos en su oportunidad procesal y con \u00a0arreglo a las normas propias de cada juicio (art\u00edculo 29 \u00a0C.P.)\u00bb \u00a0(C.C. \u00a0S.T-215A\/2011). \u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con lo anterior, en el caso concreto la queja constitucional se \u00a0contrae a determinar si se vulner\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n \u00a0de CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A, \u00a0con ocasi\u00f3n de la presunta ausencia de respuesta a su petici\u00f3n \u00a0por parte de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de \u00a0C\u00f3rdoba, a trav\u00e9s de la cual solicit\u00f3 la \u00a0expedici\u00f3n de copias de algunos documentos obrantes en la \u00a0investigaci\u00f3n con radicado 234666001049201800614, \u00a0dentro \u00a0de la cual funge como v\u00edctima CARMEN \u00a0CECILIA HERRERA MONTES, de \u00a0quien es apoderado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, una vez revisado el acervo probatorio, la Sala \u00a0advierte que, en efecto, como alega la impugnante, el 5 de agosto de \u00a02019, mediante oficio No. 033, la Fiscal\u00eda 24 Seccional de \u00a0Montel\u00edbano emiti\u00f3 respuesta al pedimento del promotor \u00a0de este amparo, manifest\u00e1ndole que con ocasi\u00f3n de un \u00a0conflicto negativo de competencia propuesto por el \u00a0Juzgado 42 Penal Militar de C\u00e1ceres Antioquia y la Asociaci\u00f3n \u00a0de Campesinos del Sur de C\u00f3rdoba, remiti\u00f3 el expediente \u00a0en cuesti\u00f3n con destino al Consejo Seccional de la Judicatura \u00a0de Monter\u00eda, para que all\u00ed sea dirimido por ese \u00a0organismo. \u00a0<\/p>\n
Esa comunicaci\u00f3n \u00a0fue remitida al correo electr\u00f3nico del aqu\u00ed accionante \u00a0(carlossanchezp79@hotmail.com) \u00a0y a su domicilio ubicado en la Calle 31 No. 4-47 de la ciudad de \u00a0Monter\u00eda, seg\u00fan se establece \u00a0de los documentos \u00a0aportados a este tr\u00e1mite por la funcionaria judicial \u00a0demandada. Adicionalmente, con ocasi\u00f3n de esta acci\u00f3n \u00a0de tutela, la Fiscal\u00eda 24 envi\u00f3 una nueva respuesta a \u00a0CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A, \u00a0mediante oficio del 4 de diciembre de 2019, poniendo en su \u00a0conocimiento el curso dado a su pedimento desde el mes de agosto \u00a0anterior y reiter\u00e1ndole las razones por las cuales no puede \u00a0suministrarle la documentaci\u00f3n que requiere. \u00a0Para la Corte dichas respuestas \u00a0se ofrecen constitucionalmente admisibles, por cuanto son de fondo, \u00a0claras, precisas y congruentes con lo solicitado. \u00a0<\/p>\n
De lo expuesto se \u00a0concluye entonces, que la conducta irregular denunciada no tuvo \u00a0lugar, ni se quebrant\u00f3 o puso en riesgo alg\u00fan derecho \u00a0en cabeza del actor. En consecuencia, lo procedente ser\u00e1 \u00a0revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, negar \u00a0la protecci\u00f3n reclamada en sede de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REVOCAR \u00a0la \u00a0sentencia del 25 \u00a0de noviembre de 2019 mediante \u00a0la cual la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0concedi\u00f3 \u00a0el amparo solicitado por CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NEGAR \u00a0la protecci\u00f3n constitucional invocada por el ciudadano CARLOS \u00a0ANDR\u00c9S S\u00c1NCHEZ PE\u00d1A, \u00a0 \u00a0conforme \u00a0 se \u00a0 precis\u00f3 \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 parte motiva de esta \u00a0providencia. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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