{"id":51110,"date":"2023-09-15T20:51:37","date_gmt":"2023-09-15T20:51:37","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/15\/stp1003-2020\/"},"modified":"2023-09-15T20:51:37","modified_gmt":"2023-09-15T20:51:37","slug":"stp1003-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/15\/stp1003-2020\/","title":{"rendered":"STP1003-2020"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n<p>Magistrada \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>STP1003-2020 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 108835 \u00a0<\/p>\n<p>Acta \u00a021 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 \u00a0D. C., cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n<p>VISTOS \u00a0<\/p>\n<p>Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por \u00c1LVARO \u00a0EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ contra \u00a0la SALA \u00a0PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1, \u00a0por \u00a0la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1 y las dem\u00e1s partes e intervinientes \u00a0del proceso penal con radicado 11001600004920121245101. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0En marzo de 2012, \u00c1LVARO EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ, quien \u00a0se desempe\u00f1aba como psic\u00f3logo en el Instituto Nacional \u00a0de Bienestar Familiar, le solicit\u00f3 diez millones de pesos a \u00a0JOS\u00c9 JEIBER ARANGO \u00c1LVAREZ para favorecerlo en el \u00a0proceso que se debat\u00eda la custodia de su hija. JOS\u00c9 \u00a0JEIBER ARANGO \u00c1LVAREZ pag\u00f3 siete millones seiscientos \u00a0cincuenta mil pesos. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El 28 de marzo de 2018, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito \u00a0de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a \u00c1LVARO EDUARDO BARRETO \u00a0S\u00c1NCHEZ a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n, multa 66.66 \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para \u00a0el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 84 meses, \u00a0tras hallarlo responsable por el delito de concusi\u00f3n. \u00a0A su vez, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena \u00a0y la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ interpuso el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0contra tal decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0El 19 de junio de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en resoluci\u00f3n del recurso \u00a0de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la sentencia condenatoria pero \u00a0modific\u00f3 la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de \u00a0derechos y funciones p\u00fablicas, tas\u00e1ndola en 80 meses. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0\u00c1LVARO EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ interpuso acci\u00f3n \u00a0de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, pues considera que incurri\u00f3 en una \u00a0v\u00eda de hecho al no tener en cuenta que, para la fecha de los \u00a0hechos (marzo de 2012), la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 68A \u00a0del C\u00f3digo Penal no inclu\u00eda los delitos contra la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, pues \u00e9stos s\u00f3lo \u00a0fueron adicionados mediante la Ley 1709 de 2014, con lo que proced\u00eda \u00a0la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria y al juez le \u00a0era obligatorio realizar el an\u00e1lisis correspondiente. \u00a0<\/p>\n<p>RESPUESTA \u00a0DE LOS DEMANDADOS \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0La Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0afirm\u00f3, en su respuesta, que la acci\u00f3n de tutela es \u00a0improcedente, en cuanto a que el accionante no interpuso el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n \u00a0controvertida. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo anterior, solicita que se niegue el amparo \u00a0invocado. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Conocimiento de \u00a0Bogot\u00e1 manifest\u00f3, en su respuesta, que, dada la \u00a0ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, el proceso se \u00a0encuentra bajo la custodia de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas \u00a0y medidas de seguridad, con lo que son aquellos quienes resultan \u00a0competentes para determinar, en este punto, la procedencia de los \u00a0subrogados penales solicitados. \u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, \u00a0expuso que resultaba imposible conceder beneficios sustitutivos, pues \u00a0ello ir\u00eda en contrav\u00eda de la norma vigente. \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0esto, considera que no se ha presentado ninguna violaci\u00f3n a \u00a0los derechos fundamentales del accionante por parte del Despacho. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0La Fiscal\u00eda 223 Seccional de Bogot\u00e1 adujo, en su \u00a0respuesta, que los aspectos cuestionados por el accionante son de \u00a0competencia exclusiva de los jueces de instancia, sin que la Fiscal\u00eda \u00a0tenga injerencia en las decisiones acerca de la concesi\u00f3n o \u00a0denegaci\u00f3n de subrogados penales. \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino \u00a0de traslado respectivo. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 19911, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es \u00a0competente para resolver la acci\u00f3n de tutela formulada contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Para el caso, \u00c1LVARO EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ cuestiona, \u00a0por v\u00eda de tutela, la decisi\u00f3n del 19 de junio de 2019 \u00a0de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la sentencia condenatoria impuesta \u00a0por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el \u00a028 de marzo de 2018, pues considera que presenta una v\u00eda de \u00a0hecho en la aplicaci\u00f3n de la ley vigente a la fecha de los \u00a0hechos, lo que vulnera su derecho al debido proceso. \u00a0<\/p>\n<p>Ahora \u00a0bien, el reclamo del accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperar \u00a0porque no cumple con la subsidiariedad \u00a0como requisito general de procedencia. \u00a0<\/p>\n<p>Esto, \u00a0debido a que, si pretend\u00eda cuestionar la interpretaci\u00f3n \u00a0de la norma o su falta de aplicaci\u00f3n en la sentencia \u00a0controvertida, el mecanismo id\u00f3neo era el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, en el que esta Corporaci\u00f3n, \u00a0como \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria, pod\u00eda \u00a0pronunciarse \u00a0sobre el reclamo del demandante y estudiar \u00a0los errores en que presuntamente incurri\u00f3 el juzgador de \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo tanto, no resulta justificado \u00a0que \u00c1LVARO EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ haya dejado de \u00a0recurrir a los mecanismos de protecci\u00f3n de sus garant\u00edas \u00a0fundamentales, establecidos en la ley. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0otro lado, la Sala no advierte que las decisiones atacadas configuren \u00a0una \u00abv\u00eda \u00a0de hecho\u00bb, \u00a0es decir, que sean una expresi\u00f3n de la judicatura sin respaldo \u00a0en el ordenamiento jur\u00eddico aplicable o que exista alg\u00fan \u00a0otro defecto espec\u00edfico que habilite el amparo invocado, \u00a0porque, en la decisi\u00f3n del 28 de marzo de 2018, el Juzgado \u00a0S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 consider\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEstablece \u00a0el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo penal, aplicable sin \u00a0modificaciones acorde con la fecha de ocurrencia del il\u00edcito, \u00a0que la pena privativa de la libertad podr\u00e1 cumplirse en el \u00a0lugar de residencia del condenado, siempre que la sentencia se \u00a0imponga por conducta punible cuya pena m\u00ednima prevista en el \u00a0ley sea de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos y que el desempe\u00f1o \u00a0personal, laboral, familiar o social del sentenciado, permita al Juez \u00a0deducir seria, fundada y motivadamente que no colocar\u00e1 en \u00a0peligro a la comunidad y que no evadir\u00e1 el cumplimiento de la \u00a0pena. \u00a0<\/p>\n<p>Acorde \u00a0con lo preceptuado por la norma, no resulta evidente la concurrencia \u00a0del primero de los requisitos establecidos en torno al monto m\u00ednimo \u00a0del punible, dado que supera en mucho los 5 a\u00f1os que prev\u00e9 \u00a0la norma y de relevo el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s \u00edtems. \u00a0<\/p>\n<p>Ahora \u00a0que si se quisiera que el an\u00e1lisis se realice a la luz del \u00a0canon 38 del C\u00f3digo Penal con las modificaciones de la Ley \u00a01709 de 2014, imperioso que la pena privativa de la libertad podr\u00e1 \u00a0cumplirse en el lugar de residencia del condenado, siempre que la \u00a0sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m\u00ednima \u00a0prevista en la ley sea de 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos y \u00a0que no se trate de uno [sic] de las conductas punibles previstas en \u00a0el art\u00edculo 68 A Inc. 2\u00ba de la ley 599, a m\u00e1s que \u00a0debe demostrarse el arraigo familiar y social del condenado. \u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0el punto y considerando los topes punitivos que la legislaci\u00f3n \u00a0trae, evidente que por el aspecto objetivo resulta posible la prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, luego pasar\u00e1 el Estrado al estudio del otro \u00a0presupuesto que demanda la norma en comento y que se corresponde a la \u00a0conducta no est\u00e9 inmersa en el listado previsto en el art\u00edculo \u00a068 A, y obs\u00e9rvese como qued\u00f3 ya analizado, si est\u00e1 \u00a0all\u00ed incluido, luego de relevo ahondar frente a la \u00a0demostraci\u00f3n del arraigo familiar y social del condenado, \u00a0debiendo se\u00f1alar como desafortunado resulta tambi\u00e9n \u00a0este estudio cuando ha sido tal el desapego de BARRETO S\u00c1NCHEZ, \u00a0que frente a las resultas del proceso no ha mostrado inter\u00e9s \u00a0alguno, denotando con ello su falta de respeto por la justicia, de \u00a0all\u00ed m\u00e1s que necesaria, la determinaci\u00f3n de que \u00a0la aflicci\u00f3n se cumpla en establecimiento carcelario, \u00a0debi\u00e9ndose oficiar al INPEC para lo de su cargo y el \u00a0cumplimiento de lo en este punto decidido\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0entonces, se observa que, pese a lo manifestado por el accionante, el \u00a0Juzgado neg\u00f3 la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0partiendo del l\u00edmite de 5 a\u00f1os \u2013o menos- de pena \u00a0de prisi\u00f3n que debe tener el delito, en virtud art\u00edculo \u00a038 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n<p>Situaci\u00f3n \u00a0distinta es que, ante la imposibilidad de proseguir el an\u00e1lisis, \u00a0el juez estudi\u00f3 la posibilidad de aplicar, por favorabilidad, \u00a0el texto incorporado en la Ley 1709 de 2014, la cual, en \u00a0el art\u00edculo 23, ampl\u00eda ese l\u00edmite a \u201cocho \u00a0(8) a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos\u201d, \u00a0pero proh\u00edbe tal mecanismo para las conductas punibles \u00a0relacionadas con la administraci\u00f3n p\u00fablica. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo anterior, dado que, de forma pac\u00edfica, la jurisprudencia de \u00a0la Sala ha descartado la posibilidad de acceder a la lex \u00a0tertia \u00a0en subrogados penales, para aplicar los criterios que resulte m\u00e1s \u00a0favorables de ambas leyes (CSJ \u00a0AP5189-2018, AP082-2018, AP8001-2017, AP8067-2017, AP7244-244-2017, \u00a0AP3358-2015, AP2880-2015, AP2173-2015, entre otras), la \u00a0Sala no advierte defecto alguno en la argumentaci\u00f3n y \u00a0fundamentaci\u00f3n con la que el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria, \u00a0lo cual fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se advierte razonable y ajustada \u00a0a derecho la decisi\u00f3n controvertida. \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0entonces, no se evidencia alg\u00fan motivo para que el juez \u00a0constitucional intervenga en este asunto, a manera de instancia \u00a0adicional, ni se advierten razones para acceder al amparo de modo \u00a0transitorio y se hace imperioso negarlo. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 2, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0NEGAR \u00a0el amparo invocado por \u00c1LVARO EDUARDO BARRETO S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0COMUNICAR \u00a0esta determinaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 16 \u00a0del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tr\u00e1mite de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnaci\u00f3n. Presentada debidamente la impugnaci\u00f3n el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0 Magistrada \u00a0Ponente \u00a0 STP1003-2020 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 108835 \u00a0 Acta \u00a021 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. 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