\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS #2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATP619-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0#988\/110931 \u00a0<\/p>\n
Acta 141 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la existencia de una causal de nulidad en el \u00a0tr\u00e1mite de tutela promovido por MABELYS BEL\u00c9N MONTERO \u00a0MOSCOTE en procura del amparo de sus derechos fundamentales y los de \u00a0sus hijos M.L.C.M. y E.M.M., presuntamente vulnerados por la \u00a0Presidencia de la Rep\u00fablica, la Gobernaci\u00f3n del \u00a0Departamento del Cesar y la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial \u00a0para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u00a0-UARIV- y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \u00a0\u2013Familias en Acci\u00f3n-. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
MABELYS \u00a0BEL\u00c9N MONTERO MOSCOTE es madre cabeza de familia, v\u00edctima \u00a0del conflicto armado y se desempe\u00f1a como trabajadora informal \u00a0en la ciudad de Valledupar. Denunci\u00f3 que con ocasi\u00f3n a \u00a0que el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 417 de 2020 \u00a0mediante el cual orden\u00f3 el aislamiento obligatorio, no ha \u00a0podido obtener los recursos econ\u00f3micos necesarios para \u00a0garantizar su subsistencia y la de sus hijos M.L.C.M. y E.M.M. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, indic\u00f3 que pese a que se encuentra en la base del \u00a0Sistema de Identificaci\u00f3n de Potenciales Beneficiarios de \u00a0Programas Sociales \u2013Sisb\u00e9n- III con un puntaje de 14,20, \u00a0no result\u00f3 beneficiaria del programa Ingreso Solidario u otra \u00a0ayuda estatal. Dio a conocer que el 8 de abril de 2020 la Gobernaci\u00f3n \u00a0del Cesar le entreg\u00f3 un mercado peque\u00f1o, el cual no \u00a0conten\u00eda productos de aseo, leche o huevos. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0agreg\u00f3 que en su condici\u00f3n de v\u00edctima del \u00a0conflicto armado promovi\u00f3 demanda de reparaci\u00f3n \u00a0directa, a fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios \u00a0ocasionados con la muerte de su esposo en hechos ocurridos el 22 de \u00a0junio de 2002 en el Batall\u00f3n La Popa de Valledupar. Sin \u00a0embargo, dicho tr\u00e1mite se encuentra en curso. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en \u00a0nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos M.L.C.M. y \u00a0E.M.M., en \u00a0procura del amparo de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo \u00a0vital y vida en condiciones dignas y justas. Su pretensi\u00f3n es \u00a0que se ordene a las autoridades accionadas inscribirla en los \u00a0programas sociales de las autoridades nacionales, departamentales o \u00a0locales y entregarle las ayudas humanitarias a que haya lugar para \u00a0comprar los alimentos b\u00e1sicos y cumplir con el aislamiento \u00a0obligatorio. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por auto del 23 de \u00a0abril de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar \u00a0admiti\u00f3 \u00a0la tutela y corri\u00f3 traslado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Departamento Administrativo para la Prosperidad Social pidi\u00f3 \u00a0denegar el amparo constitucional respecto de esa entidad, dada su \u00a0falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 autoriz\u00f3 al \u00a0Gobierno Nacional realizar la entrega de transferencias monetarias \u00a0adicionales y extraordinarias a favor de los beneficiarios de los \u00a0programas Familias en Acci\u00f3n, J\u00f3venes en Acci\u00f3n, \u00a0Protecci\u00f3n Social al Adulto Mayor \u2013Colombia Mayor-, \u00a0Ingreso Solidario y de Compensaci\u00f3n del Impuesto sobre las \u00a0ventas \u2013IVA, con el prop\u00f3sito de mitigar los efectos \u00a0econ\u00f3micos y sociales causados con el estado de emergencia \u00a0declarado para enfrentar la pandemia por Covid-19 a la poblaci\u00f3n \u00a0m\u00e1s vulnerable. \u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0que funcionalmente s\u00f3lo tiene incidencia en los programas de \u00a0Familias y J\u00f3venes en Acci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u00a0desconoce los motivos por lo que no recibi\u00f3 las ayudas e \u00a0incentivos respecto de los dem\u00e1s proyectos gubernamentales. Se \u00a0limit\u00f3, por ende, a informar que el n\u00facleo familiar \u00a0de la demandante no est\u00e1 inscrito en el programa Familias en \u00a0Acci\u00f3n y, por ello, no cumple con las condiciones previstas \u00a0para acceder al referido beneficio. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal neg\u00f3 el amparo. Explic\u00f3 que no satisfizo el \u00a0presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la parte actora no \u00a0demostr\u00f3 acciones positivas para su inclusi\u00f3n en \u00a0cualquiera de los programas creados por las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
MABELYS \u00a0BEL\u00c9N MONTERO MOSCOTE impugn\u00f3 \u00a0el fallo sin indicar el motivo de inconformidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un tribunal superior de distrito judicial. Sin embargo, \u00a0no es posible porque durante \u00a0el presente asunto se incurri\u00f3 en una irregularidad sustancial \u00a0que vicia la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante reproch\u00f3 el hecho de que las autoridades \u00a0nacionales, departamentales y locales accionadas no hubieran \u00a0desplegado las actuaciones administrativas tendientes a garantizar \u00a0sus derechos y los de sus hijos M.L.C.M. y E.M.M. Por ende, solicita \u00a0la inscripci\u00f3n y entrega de ayudas humanitarias creadas con \u00a0ocasi\u00f3n de la pandemia Covid-19, con sustento en su condici\u00f3n \u00a0de madre cabeza de familia, v\u00edctima del conflicto armado y \u00a0trabajadora informal. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal de primera instancia corri\u00f3 traslado a los sujetos \u00a0pasivos de la acci\u00f3n y vincul\u00f3 a la Unidad \u00a0Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n \u00a0Integral a las V\u00edctimas -UARIV- y al Departamento \u00a0Administrativo para la Prosperidad Social \u2013Familias en Acci\u00f3n-. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, omiti\u00f3 convocar al contradictorio al \u00a0Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, \u00a0teniendo en cuenta que dicha entidad, acorde con el art\u00edculo \u00a01\u00b0 del Decreto 518 de 2020, es la encargada de seleccionar los \u00a0beneficiarios de la transferencia monetaria no condicionada del \u00a0Programa Ingreso Solidario. Por tanto, tiene inter\u00e9s en el \u00a0presente asunto, pues podr\u00eda verse afectada con las decisiones \u00a0que eventualmente se adopten al interior de \u00e9ste. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0juez de tutela, como se sabe, tiene la obligaci\u00f3n de \u00a0garantizar el debido proceso tanto a las partes involucradas en el \u00a0tr\u00e1mite como a los terceros con inter\u00e9s. Y la indebida \u00a0integraci\u00f3n del contradictorio en la acci\u00f3n de amparo \u00a0comporta su nulidad, seg\u00fan establecen las normas procesales y \u00a0la jurisprudencia constitucional (CC C\u2013543 de 1992, reiterada \u00a0en A-065 de 2013). \u00a0<\/p>\n
Efectivamente, \u00a0el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso prev\u00e9 que las diligencias est\u00e1n viciadas de \u00a0nulidad cuando \u00abno \u00a0se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio \u00a0de la demanda a personas determinadas\u00bb. \u00a0Dicha norma es aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba \u00a0del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0irregularidad detectada, por ende, constituye causal de nulidad, lo \u00a0que implica la invalidaci\u00f3n del presente asunto desde el \u00a0tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del prove\u00eddo del 23 de \u00a0abril de 2020 y as\u00ed lo decretar\u00e1 la Sala. En \u00a0consecuencia, se remitir\u00e1 la acci\u00f3n de tutela al \u00a0Tribunal Superior de Valledupar para que efect\u00fae la referida \u00a0vinculaci\u00f3n y las que adicionalmente advierta necesarias. Se \u00a0aclarar\u00e1 que la citada providencia, los traslados cumplidos y \u00a0las pruebas recaudadas, conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, para evitar repetir las actuaciones efectuadas en debida \u00a0forma por el Tribunal y el desgaste y congesti\u00f3n judicial que \u00a0comportar\u00eda declarar la nulidad a partir del auto admisorio. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas #2 de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0DECRETAR la \u00a0NULIDAD \u00a0de la presente actuaci\u00f3n desde \u00a0el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del auto del 23 de abril de \u00a02020, emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. \u00a0Se aclara que dicha providencia, los traslados cumplidos y las \u00a0pruebas recaudadas, conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0DEVOLVER las \u00a0diligencias al Tribunal de origen, para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0NOTIFICAR esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO \u00a0OSPITIA GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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