\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS #2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATP484-2020 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0#361\/110337 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0104 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veinte (2020). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la existencia de una causal de nulidad en el \u00a0tr\u00e1mite de tutela promovido por el apoderado judicial de \u00a0ONOFRE OLAYA CHAVARRO en procura del amparo de sus derechos \u00a0fundamentales, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Soacha con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento y la Fiscal\u00eda 1\u00aa de la \u00a0Estructura de Apoyo de Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Entre los d\u00edas \u00a021, 22 y 24 de junio de 2018 se adelantaron ante el Juzgado 6\u00ba \u00a0Penal Municipal Mixto de Soacha las audiencias preliminares de \u00a0legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00a0e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento por los delitos de \u00a0concierto para delinquir y hurto calificado agravado, presuntamente \u00a0cometidos por ONOFRE OLAYA CHAVARRO. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 el \u00a0accionante que, durante dicha vista p\u00fablica, el abogado \u00c9dgar \u00a0Orlando Morales Franco le dio a conocer que si aceptaba su \u00a0responsabilidad en la comisi\u00f3n de tales conductas la Fiscal\u00eda \u00a0lo dejar\u00eda en libertad. Bajo tal panorama, admiti\u00f3 los \u00a0cargos atribuidos. \u00a0<\/p>\n
El 27 de marzo de \u00a02019 el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Soacha con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento le imparti\u00f3 legalidad al allanamiento y, a \u00a0causa de ello, emiti\u00f3 sentido de fallo condenatorio. En esta \u00a0diligencia estuvo representado por un nuevo apoderado de confianza. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 el \u00a0actor que a la fecha de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n \u00a0de tutela (27 Mar. 2020), ese despacho judicial no ha dictado \u00a0sentencia en su contra. Indic\u00f3 que program\u00f3 para el 2 \u00a0de abril del a\u00f1o pasado la lectura de la misma, la cual no se \u00a0llev\u00f3 a cabo. \u00a0<\/p>\n
Asegur\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, que la aceptaci\u00f3n de cargos efectuada no fue \u00a0libre, consciente y voluntaria, sino producto de la coacci\u00f3n \u00a0ejercida por el abogado Morales Franco y cuestion\u00f3 su labor. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00a0defensa, libertad de locomoci\u00f3n, vida, familia y trabajo \u00a0solicit\u00f3 ordenar a las autoridades competentes, en primer \u00a0lugar, definir su situaci\u00f3n jur\u00eddica o, en su defecto, \u00a0conceder su libertad inmediata y, en segundo t\u00e9rmino, cumplir \u00a0lo dispuesto en la Directiva Transitoria 000009 del 20 de marzo de \u00a02020, emitida por el Director General del Instituto Nacional \u00a0Penitenciario y Carcelario. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 27 de marzo de 2020, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y \u00a0corri\u00f3 el respectivo traslado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Soacha con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento se opuso a la acci\u00f3n de tutela. Indic\u00f3 que \u00a0el diligenciamiento se surti\u00f3 con respeto y observancia de las \u00a0garant\u00edas fundamentales del demandante. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 1\u00aa de la Estructura de Apoyo de Cundinamarca \u00a0relat\u00f3 \u00a0el transcurso de la actuaci\u00f3n procesal y defendi\u00f3 su \u00a0legalidad. Afirm\u00f3 que el peticionario estuvo debidamente \u00a0asesorado e informado respecto de las implicaciones del allanamiento. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradur\u00eda 32 Judicial II Penal pidi\u00f3 se requiriera \u00a0al Centro de Servicios Judiciales de Soacha, con el prop\u00f3sito \u00a0de que allegara copia del proceso y, especialmente, del audio de la \u00a0audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, y al Juzgado 2\u00b0 \u00a0Penal del Circuito de Soacha con Funci\u00f3n de Conocimiento, para \u00a0que, en el menor tiempo posible, profiera el respectivo fallo. \u00a0<\/p>\n
La Corporaci\u00f3n \u00a0judicial de primera instancia neg\u00f3 \u00a0el amparo. Explic\u00f3 que dado el car\u00e1cter residual y \u00a0subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, no es el mecanismo \u00a0indicado para estudiar y resolver las inconformidades planteadas por \u00a0el accionante, pues corresponde a un asunto que debe alegarse y \u00a0definirse al interior del proceso. Adem\u00e1s, puede acudir a la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el fin de \u00a0solicitar agencia especial. Tampoco advirti\u00f3 transgresi\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales invocados por ONOFRE OLAYA CHAVARRO. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0abogado de ONOFRE OLAYA CHAVARRO apel\u00f3 \u00a0el fallo. En lo esencial, reiter\u00f3 los argumentos de la demanda \u00a0de tutela. Destac\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 al \u00a0fundamentarse en las respuestas de las autoridades accionadas y al \u00a0afirmar que su prohijado estaba privado de la libertad desde \u00a0diciembre de 2017, por cuanto la fecha correcta era a partir del 22 \u00a0de julio de 2018. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Corte es \u00a0competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0Sin \u00a0embargo, no es posible porque durante \u00a0el presente asunto se incurri\u00f3 en una irregularidad sustancial \u00a0que vicia la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0demanda de protecci\u00f3n constitucional se encuentra dirigida a \u00a0cuestionar, de una parte, el allanamiento a cargos realizado por \u00a0ONOFRE OLAYA CHAVARRO, en raz\u00f3n a que no se origin\u00f3 en \u00a0su decisi\u00f3n libre, consciente y voluntaria de aceptar los \u00a0cargos atribuidos sino en la presunta manipulaci\u00f3n de la que \u00a0fue v\u00edctima por parte de su anterior abogado en la actuaci\u00f3n \u00a0penal seguida en su contra. De otra, la mora judicial en la que ha \u00a0podido incurrir el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Soacha con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento y, por \u00faltimo, la indebida \u00a0aplicaci\u00f3n de la Directiva Transitoria 000009 del 20 de marzo \u00a0de 2020, emitida por el Director General del Instituto Nacional \u00a0Penitenciario y Carcelario. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal de primera instancia omiti\u00f3 vincular al \u00a0abogado \u00c9dgar Orlando Morales Franco, \u00a0al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, \u00a0y a las v\u00edctimas y su representante dentro del proceso penal \u00a011001160990712201600073, pese a que tienen inter\u00e9s en el \u00a0presente asunto, pues podr\u00edan verse afectados con las \u00a0decisiones que eventualmente se adopten al interior de \u00e9ste. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0juez de tutela, como se sabe, tiene la obligaci\u00f3n de \u00a0garantizar el debido proceso tanto a las partes involucradas en el \u00a0tr\u00e1mite como a los terceros con inter\u00e9s. Y \u00a0la indebida integraci\u00f3n del contradictorio en el tr\u00e1mite \u00a0de amparo comporta su nulidad, seg\u00fan establecen las normas \u00a0procesales y la jurisprudencia \u00a0constitucional (CC C\u2013543 de 1992, reiterada en A-065 de 2013). \u00a0<\/p>\n
Efectivamente, \u00a0el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso prev\u00e9 que las diligencias est\u00e1n viciadas de \u00a0nulidad cuando \u00abno \u00a0se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio \u00a0de la demanda a personas determinadas\u00bb. \u00a0Dicha norma es aplicable al presente asunto por remisi\u00f3n del \u00a0art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, la irregularidad detectada constituye causal de invalidez \u00a0de la actuaci\u00f3n desde el \u00a0auto admisorio de la demanda constitucional y \u00a0as\u00ed lo decretar\u00e1 \u00a0la Sala. \u00a0Se aclarar\u00e1 que las pruebas recaudadas conservan plena \u00a0validez. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas #2 de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECRETAR la \u00a0NULIDAD \u00a0de la presente actuaci\u00f3n desde \u00a0el auto del 27 de marzo de 2020 emitido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Cundinamarca. Se aclara que las pruebas \u00a0recaudadas conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DEVOLVER las \u00a0diligencias al Tribunal de origen, para lo de su cargo, una \u00a0vez se restablezca la normalidad. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c0NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO OSPITIA \u00a0GARZ\u00d2N \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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