\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
STP9964-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 105794 \u00a0<\/p>\n
Acta 179 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de \u00a0julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el \u00a0apoderado judicial de MARLENY HERRERA DE CASTA\u00d1EDA en procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0la Sala de Responsabilidad Penal Para Adolescentes \u00a0del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculados al Juzgado 2\u00ba Penal del \u00a0Circuito para Adolescentes de Ibagu\u00e9 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento, Claudia Juliana Melo Romero en su calidad de Directora \u00a0T\u00e9cnica de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n \u00a0y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-y Ram\u00f3n \u00a0Alberto Rodr\u00edguez Andrade en su calidad de Director General de \u00a0la misma entidad, as\u00ed como las partes e intervinientes de \u00a0tr\u00e1mite constitucional 2016-00086-01 descrito en la demanda. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
En sentencia de tutela del 15 de junio de 2016, Juzgado 2\u00ba Penal \u00a0del Circuito para Adolescentes de Ibagu\u00e9 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n invocado por \u00a0MARLENY HERRERA DE CASTA\u00d1EDA y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00a0al Director General de la -UARIV- y al Director T\u00e9cnico de \u00a0Reparaci\u00f3n de la misma entidad que, dentro de las 48 \u00a0siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo proceda a \u00abi) \u00a0informar a la accionante la fecha probable de pago de la \u00a0indemnizaci\u00f3n administrativa a que tiene derecho por ser \u00a0v\u00edctima del homicidio de su hijo Miller Casta\u00f1eda \u00a0Herrera, conforme con la comunicaci\u00f3n dada por esa entidad \u00a0201472012195571 del 22 de agosto de 2014, adem\u00e1s deber\u00e1 \u00a0ii) informarle en qu\u00e9 estado se encuentra la solicitud -turno \u00a0en el que se encuentra-, si ya se dio inicio a la misma, qu\u00e9 \u00a0documentos requiere para los efectos que persigue la v\u00edctima, \u00a0realizando las gestiones administrativas seg\u00fan su \u00a0competencia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, orden\u00f3 al Director General de la -UARIV- \u00a0que, dentro del t\u00e9rmino referido con anterioridad, deber\u00e1 \u00a0\u00abiii) efectivizar el acompa\u00f1amiento en el inicio e \u00a0impulso del proceso de formulaci\u00f3n del Plan de Atenci\u00f3n \u00a0Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral -PAARI- a la accionante \u00a0dirigido a establecer e identificar las necesidades afectaciones y \u00a0capacidades de la demandante dando una calificaci\u00f3n que \u00a0determine si tiene derecho a la indemnizaci\u00f3n administrativa \u00a0en caso tal de haber lugar a ello\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Ante la inobservancia del fallo constitucional \u00a0la accionante promovi\u00f3 el incidente de desacato \u00a0y, por ello, 20 de febrero de 2019, el Juzgado 2\u00ba Penal \u00a0del Circuito para Adolescentes de Ibagu\u00e9 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento sancion\u00f3 con multa de 3 \u00a0smlmv y arresto de 3 d\u00edas a Claudia Juliana Melo Romero \u00a0en su calidad de Directora T\u00e9cnica de Reparaci\u00f3n de la \u00a0Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las \u00a0V\u00edctimas -UARIV- y a Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez \u00a0Andrade en su calidad de Director General de la misma entidad, \u00a0por la persistencia en la vulneraci\u00f3n del derecho protegido en \u00a0sede constitucional. \u00a0<\/p>\n
El 8 de mayo de 2019 la Sala de Responsabilidad \u00a0Penal Para Adolescentes del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, \u00a0tras verificar el cumplimiento de la orden de tutela, revoc\u00f3 \u00a0la providencia objeto de \u00a0consulta. \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan la parte actora, el Tribunal desconoci\u00f3 el \u00a0principio de cosa juzgada, al no valorar las pruebas aportadas que \u00a0dan cuenta de la inobservancia del fallo, pues esa \u00a0entidad \u00abno cumpli\u00f3 con la \u00a0fecha de pago ordenada en el fallo judicial\u00bb. Por \u00a0ende, estim\u00f3 que la decisi\u00f3n de revocar la sanci\u00f3n \u00a0desconoce sus derechos fundamentales a la reparaci\u00f3n integral \u00a0y al debido proceso y, por tanto, solicit\u00f3 al juez \u00a0constitucional dejar sin efectos la decisi\u00f3n consultada. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por auto del 15 de julio de 2019, la Sala \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el respectivo traslado a \u00a0los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
El Secretario del Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito para \u00a0Adolescentes de Ibagu\u00e9 con Funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0adujo que el titular del despacho est\u00e1 de permiso y, por ello, \u00a0no ofreci\u00f3 respuesta al requerimiento. \u00a0<\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino conferido para ello los dem\u00e1s \u00a0accionados y vinculados guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En el presente asunto, la parte actora reprocha el auto del 8 de mayo \u00a0de 2019, mediante el cual la Corporaci\u00f3n Judicial accionada \u00a0revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato impuesta a Claudia \u00a0Juliana Melo Romero en su calidad de Directora T\u00e9cnica de \u00a0Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n \u00a0Integral a las V\u00edctimas -UARIV-y a Ram\u00f3n Alberto \u00a0Rodr\u00edguez Andrade en su calidad de Director General de la \u00a0misma entidad. En su criterio, no puede \u00a0considerarse cumplido el fallo de tutela, toda vez que esa entidad \u00a0desconoci\u00f3 el principio de cosa juzgada, al no valorar \u00a0las pruebas aportadas, pues \u00abno \u00a0cumpli\u00f3 con la fecha de pago ordenada en el fallo judicial\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, en materia de tutela el principio de \u00a0cosa juzgada s\u00f3lo es absoluto respecto del n\u00facleo \u00a0esencial de la decisi\u00f3n (el amparo o no de un derecho \u00a0fundamental), no as\u00ed con relaci\u00f3n a las \u00f3rdenes \u00a0dictadas para proteger la garant\u00eda constitucional vulnerada o \u00a0amenazada (Cfr. CC T-086\/03). Por esa raz\u00f3n, en sede de \u00a0desacato es posible adicionar o modificar dichas \u00f3rdenes, \u00a0siempre que se garantice la protecci\u00f3n otorgada (Cfr. CC \u00a0T-482\/13). \u00a0<\/p>\n
En el presente asunto, el Tribunal accionado \u00a0consider\u00f3 innecesario confirmar la sanci\u00f3n por desacato \u00a0al fallo de tutela por cuanto acorde con el informe del 5 de marzo de \u00a02019, la -UARIV- comunic\u00f3 haber adelantado las medidas \u00a0pertinentes para garantizar el derecho a la reparaci\u00f3n de la \u00a0accionante. No obstante, precis\u00f3 que pese a que a la \u00a0accionante le fue asignado el turno GAC-1706230359, para materializar \u00a0el pago de la medida administrativa de reparaci\u00f3n, \u00e9ste \u00a0no pudo emitirse en la fecha designada, 23 de junio de 2017, por \u00a0cuanto el caso a\u00fan ten\u00eda documentos pendientes de \u00a0allegar. \u00a0<\/p>\n
Al respecto destac\u00f3 que, al margen de que \u00a0la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n requerida por la \u00a0autoridad administrativa para emitir el pago correspondiente a la \u00a0indemnizaci\u00f3n por el homicidio de Miller Casta\u00f1eda \u00a0Herrera est\u00e9 completa o no, la orden contenida en el fallo \u00a0constitucional cuyo cumplimiento se exige \u00fanicamente dispuso: \u00a0<\/p>\n
\u00abi) informar a la accionante la fecha probable de pago de la \u00a0indemnizaci\u00f3n administrativa a que tiene derecho por ser \u00a0v\u00edctima del homicidio de su hijo Miller Casta\u00f1eda \u00a0Herrera, conforme con la comunicaci\u00f3n dada por esa entidad \u00a0201472012195571 del 22 de agosto de 2014, ii) informarle en qu\u00e9 \u00a0estado se encuentra la solicitud -turno en el que se encuentra-, si \u00a0ya se dio inicio a la misma, qu\u00e9 documentos requiere para los \u00a0efectos que persigue la v\u00edctima, realizando las gestiones \u00a0administrativas seg\u00fan su competencia, iii) efectivizar el \u00a0acompa\u00f1amiento en el inicio e impulso del proceso de \u00a0formulaci\u00f3n del Plan de Atenci\u00f3n Asistencia y \u00a0Reparaci\u00f3n Integral -PAARI- a la accionante dirigido a \u00a0establecer e identificar las necesidades afectaciones y capacidades \u00a0de la demandante dando una calificaci\u00f3n que determine si tiene \u00a0derecho a la indemnizaci\u00f3n administrativa en caso tal de haber \u00a0lugar a ello\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, aclar\u00f3 que el mandat\u00f3 \u00a0proferido el 15 de junio de 2016, no se orient\u00f3 a ordenar el \u00a0pago o desembolso material del dinero correspondiente a la referida \u00a0indemnizaci\u00f3n y, por ello, tal inter\u00e9s est\u00e1 \u00a0fuera del objeto del amparo constitucional, siendo necesario revocar \u00a0la sanci\u00f3n de arresto y multa impuesta en la decisi\u00f3n \u00a0consultada. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la providencia censurada no \u00a0vulner\u00f3 el principio de cosa juzgada y, en esa medida, no \u00a0puede considerarse violatoria de las garant\u00edas \u00a0constitucionales invocadas. Por el contrario, el pronunciamiento es \u00a0razonable y justificado, en tanto se fundament\u00f3 en la efectiva \u00a0restauraci\u00f3n de los derechos de la demandante amparados en el \u00a0fallo de tutela. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque la censora no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha \u00a0determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, en consecuencia, la tutela pretendida. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0el apoderado judicial de MARLENY HERRERA DE CASTA\u00d1EDA \u00a0contra la Sala de \u00a0Responsabilidad Penal Para Adolescentes del Tribunal Superior de \u00a0Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De no \u00a0ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0 LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 STP9964-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 105794 \u00a0 Acta 179 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de \u00a0julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 VISTOS: \u00a0 Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el \u00a0apoderado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-49758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}