\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP9779-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 105694 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0170 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de LIBIA ELSY CLAROS OCAMPO, LUZ CARIME y LUZ ANG\u00c9LICA \u00a0CASTILLO CLAROS contra la sentencia de tutela proferida el 15 de mayo \u00a0de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales \u00a0presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 7\u00ba Laboral del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e \u00a0intervinientes en el proceso ejecutivo laboral radicado 2016-284. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Jorge \u00a0Eli\u00e9cer Castillo Jaramillo (q.e.p.d.) promovi\u00f3 demanda \u00a0ordinaria laboral contra la Compa\u00f1\u00eda de Inversiones de \u00a0la Flota Mercante S.A., con el prop\u00f3sito de que se declarara \u00a0la ilegalidad de la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo y, en \u00a0consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo que ven\u00eda \u00a0desempe\u00f1ando en las mismas condiciones al momento de su \u00a0interrupci\u00f3n. A la par, solicit\u00f3 el pago de los \u00a0salarios y prestaciones dejadas de percibir. \u00a0<\/p>\n
El \u00a013 de marzo 2006 el Juzgado 7\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, \u00a0accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demanda y, como \u00a0tal, orden\u00f3 el restablecimiento de la relaci\u00f3n laboral \u00a0y el pago de los salarios que dej\u00f3 de recibir el demandante, \u00a0por la suma de US$245.59, desde el 25 de septiembre de 1997. \u00a0<\/p>\n
Apelada \u00a0dicha determinaci\u00f3n, el 16 de mayo de 2007 la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de esta ciudad, modific\u00f3 la parte resolutiva \u00a0y dispuso \u00abque \u00a0la condena impuesta por concepto de salarios debe hacerse con base a \u00a0la suma mensual de US$1626; y a partir del 24 de septiembre de 1998 \u00a0y, adem\u00e1s, adicion\u00f3 el fallo condenando a la demandada \u00a0a pagar a favor del actor la suma mensual de $75.148, debidamente \u00a0indexada, a partir del 24 de septiembre de 1997, y hasta cuando \u00a0restablezca la relaci\u00f3n laboral\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Recurrida \u00a0en casaci\u00f3n la anterior decisi\u00f3n, mediante sentencia \u00a0del 21 de febrero de 2012 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, de esta \u00a0Corporaci\u00f3n judicial cas\u00f3 parcialmente la sentencia de \u00a0segunda instancia \u00ab(\u2026) \u00a0en cuanto fij\u00f3 la suma a pagar al actor por concepto de \u00a0vi\u00e1ticos en $75.148.oo mensuales y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0de primera instancia que absolvi\u00f3 de las pretensiones \u00a0referentes a intereses a la cesant\u00eda, de las primas legales y \u00a0extralegales, vacaciones, prima de vacaciones y pago de aportes a la \u00a0seguridad social\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0el 30 de abril de 2014, en fallo de instancia, la Sala Laboral de \u00a0esta Corte revoc\u00f3 la sentencia de la juez de primera instancia \u00a0en cuanto neg\u00f3 las pretensiones por concepto de vi\u00e1ticos, \u00a0prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, intereses a la \u00a0cesant\u00eda y aportes a salud y pensiones. En su lugar, conden\u00f3 \u00a0a la compa\u00f1\u00eda demandada a pagar al actor los aludidos \u00a0conceptos y fij\u00f3 las sumas pertinentes por cada uno. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0efectos de hacer efectivo el aludido fallo, en 2015 la parte actora \u00a0present\u00f3 demanda ejecutiva laboral contra la Fiduciaria la \u00a0Previsora S.A., en su condici\u00f3n de vocera del Patrimonio \u00a0Aut\u00f3nomo Panflota y contra la Federaci\u00f3n Nacional de \u00a0Cafeteros de Colombia, en calidad de sucesoras procesales de la \u00a0extinta Compa\u00f1\u00eda de Inversiones de la Flota Mercante \u00a0S.A. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, en auto del 12 de septiembre de 2016, el Juzgado 7\u00ba \u00a0Laboral del Circuito libr\u00f3 mandamiento de pago contra todas \u00a0las ejecutadas, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue modificada \u00a0por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 26 de octubre de 2018, \u00a0en el sentido de excluir de la orden de pago a la Federaci\u00f3n \u00a0de Cafeteros de Colombia- Fondo Nacional del Caf\u00e9 y, en su \u00a0lugar, libr\u00f3 mandamiento de pago \u00fanicamente contra la \u00a0Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de vocera y \u00a0administradora del patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes Panflota. \u00a0<\/p>\n
Alegaron \u00a0las sucesoras procesales del causante LIBIA ELSY CLAROS OCAMPO, LUZ \u00a0CARIME y LUZ ANG\u00c9LICA CASTILLO CLAROS que, la decisi\u00f3n \u00a0proferida por el Tribunal, va en contra de varios pronunciamientos de \u00a0la Corte Constitucional, en los que se determin\u00f3 que la \u00a0Federaci\u00f3n era responsable subsidiariamente de las \u00a0obligaciones insolutas de la extinta Compa\u00f1\u00eda de \u00a0Inversiones de la Flota Mercante. Por ende, esa autoridad judicial \u00a0incurri\u00f3 en defecto sustancial, pues dej\u00f3 de aplicar lo \u00a0dispuesto en el art\u00edculo 148 de la Ley 222 de 1995. \u00a0<\/p>\n
Acudieron \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en busca del amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y seguridad social. \u00a0Consecuente con ello, solicitaron que se revocara dicha \u00a0determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 7 de mayo de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 \u00a0que la decisi\u00f3n reprochada se dict\u00f3 con sustento en las \u00a0normas procesales y sustanciales aplicables al caso que fue objeto de \u00a0estudio. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0sustento en la sentencia de la Corte Constitucional SU-1023\/01 y en \u00a0el auto 400-0109288 emitido por la Superintendencia de Sociedades, la \u00a0Fiduprevisora solicit\u00f3 que se niegue el amparo. \u00a0<\/p>\n
La Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, \u00a0tras considerar que la providencia reprochada es razonable y est\u00e1 \u00a0debidamente sustentada en la normatividad y la jurisprudencia \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial de las accionantes manifest\u00f3 su \u00a0inconformidad con la decisi\u00f3n de primera instancia. En \u00a0esencia, reiter\u00f3 los planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0tramitar y decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n del 26 de octubre de \u00a02018, se ofrecen ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que la finalidad del proceso \u00a0de ejecuci\u00f3n era obtener la satisfacci\u00f3n de una \u00a0obligaci\u00f3n que reuniera los requisitos previstos en el \u00a0art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, \u00a0que fuera clara, expresa, actualmente exigible y proveniente del \u00a0deudor. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, tras analizar \u00edntegramente las sentencias \u00a0proferidas en el proceso declarativo que hab\u00edan sido aportadas \u00a0por la parte ejecutante como t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, \u00a0concluy\u00f3 que si bien en dichas decisiones se hab\u00eda \u00a0plasmado una obligaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas antes \u00a0enunciadas, a favor de Jorge Eli\u00e9cer Castillo Jaramillo y a \u00a0cargo de la Compa\u00f1\u00eda de Inversiones de la Flota \u00a0Mercante S.A., en liquidaci\u00f3n obligatoria, nada se expres\u00f3 \u00a0respecto de que la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros tuviese \u00a0que satisfacer dichos cr\u00e9ditos, en su condici\u00f3n de \u00a0Administradora del Fondo Nacional del Caf\u00e9. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, determin\u00f3 que no era posible para el juez de ejecuci\u00f3n, \u00a0imputar la obligaci\u00f3n de satisfacer el cr\u00e9dito a una \u00a0persona jur\u00eddica distinta de aquella contra la cual se hab\u00edan \u00a0proferido las condenas base del proceso ejecutivo, menos a\u00fan, \u00a0al amparo de una responsabilidad subsidiaria que no hab\u00eda sido \u00a0objeto de estudio ni de pronunciamiento en dichos prove\u00eddos \u00a0declarativos. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto entonces, que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal \u00a0se aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no estructura \u00a0ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, en consecuencia, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 15 \u00a0de mayo de 2019 proferido \u00a0por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0el apoderado judicial de LIBIA \u00a0ELSY CLAROS OCAMPO, LUZ CARIME y LUZ ANG\u00c9LICA CASTILLO CLAROS. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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