\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP9745-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104503 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 175) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide la Sala el \u00a0recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Sebasti\u00e1n \u00a0Guerrero Lindarte, Edwin Fernando Castrill\u00f3n y V\u00edctor \u00a0Manuel Ruiz contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 26 de marzo \u00a0de 2019, que deneg\u00f3 la tutela invocada contra los Juzgados de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de \u00a0Valledupar, con ocasi\u00f3n de las decisiones mediante las cuales \u00a0le fue denegada la libertad condicional. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0recogidos en la decisi\u00f3n de primera instancia, en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos:1 \u00a0<\/p>\n
Manifiestan los accionantes que los \u00a0Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Valledupar est\u00e1n aplicando la ley 1121 de 2006 la cual es \u00a0contraria a la ley 1709 de 2014; toda vez que, mientras la primera \u00a0excluye de cualquier subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena \u00a0privativa de la libertad a las personas condenadas por el delito de \u00a0extorsi\u00f3n, la segunda por v\u00eda de excepci\u00f3n \u00a0permite la concesi\u00f3n de la libertad condicional en estos \u00a0eventos; en tal sentido, argumentan que la cl\u00e1usula contenida \u00a0en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, fue derogada \u00a0t\u00e1citamente por la Ley 1709 de 2014 y por tal motivo, debe \u00a0aplicarse en sus procesos en virtud del principio de favorabilidad en \u00a0materia penal. \u00a0<\/p>\n
3. PRETENSIONES: \u00a0<\/p>\n
Los demandantes solicitan se amparen sus \u00a0derechos fundamentales a la Libertad Personal, Debido Proceso, \u00a0Dignidad Humana y en consecuencia, se ordene a Los Juzgados de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, den \u00a0aplicaci\u00f3n a la ley 1709 del 20 de enero de 2014. (Textual). \u00a0<\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, \u00a0mediante decisi\u00f3n adoptada el 26 de marzo de 2019, deneg\u00f3 \u00a0la tutela invocada por cuanto al solicitar la informaci\u00f3n de \u00a0los procesos que se adelantan contra los accionantes, se constat\u00f3 \u00a0que las autoridades judiciales encargadas de vigilar el cumplimiento \u00a0de las condenas que les fueron impuestas a Sebasti\u00e1n Guerrero \u00a0Lindarte y V\u00edctor Manuel Ruiz no les han concedido los \u00a0beneficios y subrogados, por cuanto los delitos que cometieron se \u00a0encuentran entre aquellos que fueron excluidos en el art\u00edculo \u00a026 de la Ley 1121 de 2006. \u00a0<\/p>\n
Frente a los ciudadanos \u00a0Levin de Jes\u00fas Jaramillo Arias y Edwin Fernando Castrill\u00f3n, \u00a0el amparo fue denegado porque no hay elementos de juicio para \u00a0considerar que sus derechos fueron vulnerados, pues las autoridades \u00a0accionadas informaron que no se ha presentado alguna solicitud y los \u00a0accionantes tampoco acreditaron su dicho.2 \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
El 04 de abril de 2019, \u00a0en la diligencia de notificaci\u00f3n del fallo de tutela, los \u00a0ciudadanos Sebasti\u00e1n Guerrero Lindarte, Edwin Fernando \u00a0Castrill\u00f3n y V\u00edctor Manuel Ruiz, interpusieron recurso \u00a0de impugnaci\u00f3n sin presentar sustento adicional alguno.3 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo \u00a0previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala \u00a0es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesto por Sebasti\u00e1n Guerrero Lindarte, Edwin Fernando \u00a0Castrill\u00f3n y V\u00edctor Manuel Ruiz contra la decisi\u00f3n \u00a0proferida el 26 de marzo de 2019 por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, el problema \u00a0jur\u00eddico que convoca a la Sala consiste en establecer si \u00a0contra las presuntas decisiones mediante las cuales le fue denegada \u00a0la libertad condicional a los accionantes, se configuran los \u00a0requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales y, en consecuencia, es procedente revocar el \u00a0fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
Requisitos de \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
Como ha sido \u00a0recurrentemente reiterado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en su \u00a0planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la \u00a0propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y como \u00a0ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que hayan sido agotados todos los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate de una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que el accionante identifique de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que la decisi\u00f3n judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la cual se formula la acci\u00f3n de tutela no se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0corresponda con sentencias de tutela. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los anteriores \u00a0requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido \u00a0reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra \u00a0providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0punto de las exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la \u00a0sentencia C-590 de 2005, han sido \u00a0establecidas las que a continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
c. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
d. Defecto material o sustantivo, como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inconstitucionales4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
e. Error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
f. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00f3rbita funcional.<\/p>\n
g. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[5].<\/p>\n
h. Violaci\u00f3n directa de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Queda entonces claro que \u00a0en atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al \u00a0respeto de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada \u00a0en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando \u00a0se dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De esta manera, cuando \u00a0se trata de actuaciones ligadas al derecho fundamental a la igualdad, \u00a0esta Sala ha indicado que corresponde a la parte accionante se\u00f1alar \u00a0al menos un caso de un ciudadano que encontr\u00e1ndose en sus \u00a0mismas condiciones, s\u00ed haya recibido por parte de las mismas \u00a0autoridades judiciales lo que ha solicitado y que en su caso fue \u00a0denegado.6 \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis del caso \u00a0concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. A partir de la revisi\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las pruebas aportadas se evidencia que los impugnantes censuran la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posici\u00f3n adoptada por las autoridades encargadas de vigilar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el cumplimiento de las penas, con jurisdicci\u00f3n en el Circuito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Judicial de Valledupar, consistente en denegar las solicitudes de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concesi\u00f3n de beneficios y subrogados en aplicaci\u00f3n del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, cuando en su criterio, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 1704 de 2004 derog\u00f3 esa prohibici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Solicitaron \u00a0que se tuviera en cuenta la decisi\u00f3n que otra autoridad \u00a0judicial, de un Circuito judicial diferente, adopt\u00f3 en \u00a0relaci\u00f3n con el caso de otro ciudadano condenado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Al revisar las respuestas aportadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por las autoridades accionadas, la Sala constata que estas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presentaron las razones por las cuales consideran que con la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expedici\u00f3n de la Ley 1709 de 2014, el art\u00edculo 26 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Ley 1121 de 2006 no fue derogado. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala avala la posici\u00f3n de las autoridades accionadas, pues en \u00a0diferentes oportunidades ha precisado que \u00ab\u2026 \u00a0el art\u00edculo 26 \u00a0de la Ley 1121 de 2005 y el 32 de la Ley 1709 de 2014 son normas \u00a0v\u00e1lidas y jur\u00eddicamente conciliables en tanto que, se \u00a0reitera, el uno establece una circunstancia espec\u00edfica que \u00a0configura la prohibici\u00f3n para acceder a la libertad \u00a0condicional \u2013que se trate de delitos de extorsi\u00f3n- y el \u00a0otro, por el contrario, establece un presupuesto de hecho de car\u00e1cter \u00a0general que se contrae a la concesi\u00f3n de la libertad \u00a0condicional, sin alterar, en absoluto, aquellos casos expresamente \u00a0exceptuados\u00bb7. \u00a0<\/p>\n
Por lo que se constata \u00a0que el sustento de la presente solicitud de amparo es la diferencia \u00a0de criterios, situaci\u00f3n que permite descartar que contra las \u00a0decisiones reprochadas se haya configurado alguno de los requisitos \u00a0espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela \u00a0contra providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Al respecto, y con ocasi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de las decisiones emitidas en relaci\u00f3n con Sebasti\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Guerrero Lindarte y V\u00edctor Manuel Ruiz, debe insistirse sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que la simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue dise\u00f1ado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0como una instancia adicional. \u00a0<\/p>\n
Dentro de la autonom\u00eda \u00a0que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est\u00e1 \u00a0la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa \u00a0labor permite que la comprensi\u00f3n que lleguen a tener distintos \u00a0jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones \u00a0sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la \u00a0argumentaci\u00f3n presentada resulta relevante al momento de hacer \u00a0la valoraci\u00f3n respectiva. \u00a0<\/p>\n
Por cuanto la \u00a0interpretaci\u00f3n de las autoridades accionadas se corresponde \u00a0con la de esta Corporaci\u00f3n, se descarta que las decisiones \u00a0censuradas sean arbitrarias o inconstitucionales, que ser\u00edan \u00a0las causas fundamentales para intervenir. \u00a0<\/p>\n
Si bien los accionantes \u00a0aportaron copia de una decisi\u00f3n en la que a otro ciudadano s\u00ed \u00a0le fue concedido el sustituto que solicit\u00f3, a partir de esa \u00a0prueba no es posible considerar que se les est\u00e1 brindando un \u00a0trato desigual injustificado porque la Sala constata que se \u00a0trata de una providencia proferida por una autoridad judicial \u00a0distinta a las que tienen a cargo la vigilancia de sus \u00a0condenas, quien aplic\u00f3 un criterio diferente al que \u00a0tiene esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Frente al impugnante Edwin Fernando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Castrill\u00f3n, la decisi\u00f3n del Tribunal se confirma \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porque en la primera instancia no se acredit\u00f3 que haya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitado la concesi\u00f3n de alg\u00fan subrogado o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustituto, y en sede de impugnaci\u00f3n tampoco aport\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ninguna prueba que as\u00ed lo demostrara. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00a0como no se advierte ninguna vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas \u00a0fundamentales de los accionantes, se confirmar\u00e1 el fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 \u00a0EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N\u00b0 1, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo de tutela impugnado.<\/p>\n
2. NOTIFICAR a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expedito.<\/p>\n
3. Env\u00edese la actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 140, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 160, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 166, cuaderno 1. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias T-462 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.\u00bb \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SCP STP13470-2017, 29 Ago 2017, Rad. 93570; STP21908-2017, 12 dic \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02017, Rad. 95432; STP4556-2018, 03 abr 2018, Rad. 97238; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP6897-2018, 22 May 2018, Rad. 98186; STP4195-2019, 02 abr 2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 103780; entre otros. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. CSJ SCP STP5995-2018, 08 may 2018, Rad. 98336. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP9745-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104503 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No. 175) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS \u00a0 Decide la Sala el \u00a0recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Sebasti\u00e1n \u00a0Guerrero Lindarte, Edwin Fernando Castrill\u00f3n y V\u00edctor \u00a0Manuel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-49670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}