\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP8431-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 104932 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0153A \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide la Sala la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por Carlos \u00a0Arturo Cano Ortega contra \u00a0el fallo proferido el 11 de abril de 2019 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, \u00a0que neg\u00f3 la dispensa constitucional interpuesta en protecci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado \u00a0por las Fiscal\u00edas \u00a0Diecisiete Seccional \u00a0y la \u00a0S\u00e9ptima Delegada ante la Corporaci\u00f3n en cita, \u00a0tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a Oficina \u00a0de Instrumentos P\u00fablicos de \u00a0la mencionada ciudad. \u00a0<\/p>\n
II. HECHOS, \u00a0FUNDAMENTOS Y PRETENSIONES DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0rese\u00f1ados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cartagena en los siguientes t\u00e9rminos1: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Refiere el se\u00f1or Carlos Arturo Cano Ortega, que mediante \u00a0Resoluci\u00f3n del primero de septiembre de 2017, la Fiscal\u00eda \u00a0Seccional 17 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en \u00a0su contra por el delito de Fraude Procesal, al tiempo que orden\u00f3, \u00a0como medida de restablecimiento del derecho de la v\u00edctima \u00a0Argelida leal de Zafra sobre un inmueble ubicado en Pontezuela \u00a0jurisdicci\u00f3n del corregimiento de Bayunca, la cual consisti\u00f3 \u00a0en la revocatoria de manera provisional de la anotaci\u00f3n de la \u00a0sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de \u00a0Cartagena, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.060214365 \u00a0del 22 de marzo de 2005. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Se\u00f1ala el accionante que la decisi\u00f3n fue apelada por la \u00a0defensa, y del recurso conoci\u00f3 la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena. Ya en el tr\u00e1mite \u00a0de la acci\u00f3n, el accionante adicion\u00f3 la tutela y puso \u00a0de presente que la Fiscal\u00eda delegada hab\u00eda desatado el \u00a0recurso, decretando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal \u00a0respecto de los delitos investigados, al tiempo que orden\u00f3 el \u00a0restablecimiento de manera definitiva del derecho de la v\u00edctima \u00a0Argelida Leal de Zafra, el cual consisti\u00f3 en otorgarle el \u00a0car\u00e1cter de definitivo a la orden dada a la Oficina de \u00a0Registro de Instrumentos P\u00fablicos. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0PRETENSIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con fundamento en lo expuesto aspira el accionante que a trav\u00e9s \u00a0de la Acci\u00f3n Constitucional se ordene la cancelaci\u00f3n de \u00a0los oficios 410 y 411 dirigidos a la Oficina de Registro de \u00a0Instrumentos P\u00fablicos e IGAC, y revocar las decisiones del 3 \u00a0de enero de 2019, proferida por la Fiscal S\u00e9ptima Delegada, y \u00a0en su lugar disponer lo que en derecho corresponda para que se haga \u00a0efectiva de manera inmediata la Extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal por haber operado en su favor el fen\u00f3meno jur\u00eddico \u00a0de la Prescripci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
III. DEL FALLO \u00a0RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
El a \u00a0quo \u00a0mediante decisi\u00f3n del 11 de abril de 2019 resolvi\u00f3 \u00a0negar por improcedente, la dispensa de las garant\u00edas \u00a0superiores invocadas por Carlos \u00a0Arturo Cano Ortega, \u00a0por \u00a0subsidiariedad, puesto que se puede peticionar ante el juez de \u00a0conocimiento el respectivo control de legalidad, al tenor de lo \u00a0establecido en el canon 392 de la Ley 600 de 2000, procedimiento bajo \u00a0el cual se tramit\u00f3 el asunto fundamento de la tutela. \u00a0<\/p>\n
IV. DE LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fue presentada por \u00a0la parte demandante, quien sustent\u00f3 el disenso sobre el mismo \u00a0recuento f\u00e1ctico expuesto en la acci\u00f3n tuitiva; y \u00a0reiter\u00f3 sus argumentos con la finalidad de lograr la \u00a0protecci\u00f3n de los derechos superiores que estima vulnerados. \u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. De conformidad \u00a0con la preceptiva del art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Corporaci\u00f3n \u00a0para pronunciarse sobre la objeci\u00f3n interpuesta, en condici\u00f3n \u00a0de superior jer\u00e1rquico de la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos de esta \u00a0Colegiatura, han sido reiterativos en se\u00f1alar que, en virtud \u00a0del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos \u00a0jur\u00eddicos relacionados con los derechos fundamentales deben \u00a0ser, en principio, definidos por las v\u00edas ordinarias y \u00a0extraordinarias – administrativas o jurisdiccionales – y s\u00f3lo \u00a0ante la ausencia de dichos senderos o cuando las mismas no son \u00a0id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio \u00a0irremediable, resulta admisible acudir a la acci\u00f3n de amparo. \u00a0<\/p>\n
3. En efecto, el \u00a0car\u00e1cter residual de este mecanismo impone al quejoso la \u00a0obligaci\u00f3n de desplegar todo su actuar dirigido a poner en \u00a0marcha los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, en aras de obtener la protecci\u00f3n de sus \u00a0garant\u00edas superiores. \u00a0<\/p>\n
4. Tal imperativo \u00a0pone de relieve que, para acudir a este excepcional dispositivo, el \u00a0interesado debe haber obrado con diligencia en los referidos \u00a0procedimientos y procesos, pero tambi\u00e9n que la falta \u00a0injustificada de agotamiento de los litigios legales deviene en la \u00a0improcedencia del instrumento establecido en el art\u00edculo 86 \u00a0Superior. \u00a0<\/p>\n
5. Sobre este \u00a0particular, ha precisado la jurisprudencia que, si existe el medio \u00a0judicial adecuado y el accionante deja de asistir a \u00e9l y, \u00a0adem\u00e1s, permite que \u00e9ste caduque, no podr\u00e1 \u00a0posteriormente acudir a la herramienta de tutela en procura de lograr \u00a0la guarda de un derecho fundamental (CC \u00a0T-480-2011). \u00a0<\/p>\n
6. Por ello el \u00a0reclamo constitucional no puede hacerse valer, ni siquiera como \u00a0dispositivo transitorio de salvaguarda, pues, tal modalidad procesal \u00a0se encuentra subordinada al ejercicio de instrumentos administrativos \u00a0o judiciales, en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente \u00a0acerca de la vulneraci\u00f3n y a la diligencia del peticionario \u00a0para hacer uso oportuno de los mismos. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0En \u00a0el sub-examine, \u00a0el problema jur\u00eddico a resolver se contrae a determinar si fue \u00a0acertada o no la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que neg\u00f3 la \u00a0dispensa constitucional interpuesta por Carlos \u00a0Arturo Cano Ortega \u00a0en protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, \u00a0presuntamente vulnerado por las Fiscal\u00edas \u00a0Diecisiete Seccional \u00a0y S\u00e9ptima \u00a0Delegada ante el Tribunal en \u00a0cita, al haber ordenado en la resoluci\u00f3n que decret\u00f3 la \u00a0prescripci\u00f3n a su favor -03 \u00a0de enero de 2019-, restablecer \u00a0de manera definitiva el derecho de Argelida Leal de Zafra, sobre el \u00a0predio en litigio. \u00a0<\/p>\n
8. En efecto, tal \u00a0y como lo indic\u00f3 el a \u00a0quo, \u00a0el tutelante cuenta con la posibilidad de acudir ante el juez de \u00a0conocimiento y solicitar el control de legalidad descrito en el \u00a0art\u00edculo 392 de la Ley 600 de 2000, cuya exequibilidad fue \u00a0analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-805 de 2002, \u00a0seg\u00fan la cual, de existir inconformidad con la decisi\u00f3n \u00a0que tome la Fiscal\u00eda en relaci\u00f3n con la afectaci\u00f3n \u00a0de bienes, puede hacer uso de este especial control. \u00a0<\/p>\n
9. Es \u00a0decir, al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el \u00a0asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela \u00a0presentada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos en \u00a0el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
10. En \u00a0el anterior contexto, se confirmar\u00e1 el fallo de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, esta Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0. 3, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO.- \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO.- \u00a0Ejecutoriada \u00a0esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TERCERO.- \u00a0Notif\u00edquese de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova \u00a0Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 122 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0segundo cuaderno de tutela. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 STP8431-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 104932 \u00a0 Acta \u00a0153A \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 \u00a0 I. \u00a0VISTOS \u00a0 Decide la Sala la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por Carlos \u00a0Arturo Cano Ortega contra \u00a0el fallo proferido el 11 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-49198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}