\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP8167-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104802 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0143 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta por \u00a0\u00c9DGAR ALEX\u00c1NDER PUERTA S\u00c1NCHEZ contra \u00a0la sentencia proferida el 24 de abril de 2019 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados \u00a0por \u00a0el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que EDGAR ALEXANDER PUERTA se \u00a0encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u00a0de Ibagu\u00e9, descontando la pena de 152 meses de prisi\u00f3n \u00a0impuesta el 18 de marzo de 2013 por el Juzgado 1\u00b0 Penal del \u00a0Circuito Especializado Adjunto de Pereira, tras declararlo penalmente \u00a0responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para \u00a0delinquir agravado con fines de narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. El \u00a0despacho no \u00a0le concedi\u00f3 la condena de ejecuci\u00f3n condicional ni la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
El \u00a014 de diciembre de 2018, el peticionario solicit\u00f3 la concesi\u00f3n \u00a0del beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, por considerar que \u00a0re\u00fane las condiciones de padre cabeza de familia. Ello, \u00a0explic\u00f3, en raz\u00f3n, a que su padre y hermano \u00a0fallecieron, circunstancia que agrav\u00f3 la salud de su madre, de \u00a073 a\u00f1os, quien, desde su reclusi\u00f3n se encuentra a cargo \u00a0de su hijo menor de edad, sin que exista otra persona. que pueda \u00a0hacerse cargo de ellos. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0auto del 7 de febrero de 2019 el Juzgado 5\u00b0de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 le neg\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n domiciliaria que requiri\u00f3. Encontr\u00f3 \u00a0que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 750 de 2002, establece que no \u00a0se puede aplicar esa normativa a personas que registren antecedentes \u00a0penales. Explic\u00f3, adicionalmente, que la gravedad de la \u00a0conducta es determinante para no conceder ese beneficio. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 \u00a0a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n. Mediante auto del \u00a013 de marzo 2019, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas resolvi\u00f3 \u00a0no reponer su providencia. Sumado a ello, advirti\u00f3 que el \u00a0accionante pudo controvertir tal decisi\u00f3n mediante el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n, pero no lo hizo. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 ante el juez de tutela para reclamar el \u00a0amparo constitucional y, consecuente con ello, que se conceda el \u00a0beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, en atenci\u00f3n a que \u00a0ostenta la calidad de padre cabeza de familia. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a011 \u00a0de abril de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo a la \u00a0autoridad judicial aludida. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 5\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0la misma ciudad relat\u00f3 el trascurso de la actuaci\u00f3n y \u00a0defendi\u00f3 la legalidad de sus decisiones. \u00a0<\/p>\n
El \u00a024 de abril de 2019, la Corporaci\u00f3n judicial de primera \u00a0instancia neg\u00f3 \u00a0el amparo. Encontr\u00f3 \u00a0incumplido el presupuesto de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el \u00a0demandante no agot\u00f3 los mecanismos de defesan ordinarios \u00a0dispuestos por el legislador para controvertir los autos adversos a \u00a0sus intereses. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 \u00a0que las \u00a0decisiones censuradas se ofrecen razonables y ajustadas a la \u00a0jurisprudencia y normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
El \u00a026 de abril de 2019 \u00c9DGAR ALEX\u00c1NDER PUERTA S\u00c1NCHEZ \u00a0manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de apelar la decisi\u00f3n, al \u00a0plasmar \u00abimpugno \u00a0fallo\u00bb \u00a0junto a su firma, durante la diligencia de notificaci\u00f3n \u00a0personal cumplida en el \u00a0Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para pronunciarse en segunda instancia respecto de la \u00a0decisi\u00f3n adoptada por un \u00a0tribunal superior de distrito \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, la Corte no encuentra procedente el amparo \u00a0constitucional solicitado respecto del auto del 07 de febrero de \u00a02019, pues el accionante pudo controvertirlo a trav\u00e9s del \u00a0recurso ordinario de apelaci\u00f3n con sustento en argumentos \u00a0similares a los expuestos en la demanda de tutela, pero no lo hizo. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0no agot\u00f3 ese medio de defensa, la solicitud de amparo se torna \u00a0improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que el auto del Juzgado accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
A\u00fan \u00a0si se pasara por alto el incumplimiento del presupuesto se\u00f1alado, \u00a0encuentra la Sala que la decisi\u00f3n cuestionada estuvo precedida \u00a0del an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Juzgado 5\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que el art\u00edculo 1\u00b0 \u00a0de la Ley 750 de 2002, establece que la ejecuci\u00f3n de la pena \u00a0se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia cuando el desempe\u00f1o \u00a0laboral, social, familiar o social del infractor permita a la \u00a0autoridad judicial determinar que no colocar\u00e1 en peligro a la \u00a0comunidad o a las personas que tenga a su cargo. Adicionalmente, el \u00a0legislador excluy\u00f3 de dicho beneficio a quienes registren \u00a0antecedentes penales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, consider\u00f3 que los \u00a0delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado con \u00a0fines de narcotr\u00e1fico y el tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n \u00a0o porte de estupefacientes \u00a0afectan ostensiblemente a la sociedad y, por ello, es claro que ese \u00a0desempe\u00f1o laboral de \u00c9DGAR ALEX\u00c1NDER PUERTA \u00a0S\u00c1NCHEZ permite establecer que la sociedad correr\u00eda un \u00a0riesgo si se concede el beneficio aludido. Adem\u00e1s, el \u00a0demandante registra antecedentes penales, situaci\u00f3n que impide \u00a0la aplicaci\u00f3n de la Ley 750 de 2002. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, la Corte \u00a0observa que los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n \u00a0cuestionada son ajustados a derecho, pues se encuentra fundamentado \u00a0en las disposiciones legales sobre la materia. El contraste de ese \u00a0marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a la Sala alcanzar \u00a0la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, el Juzgado accionado indic\u00f3 que en autos de fecha \u00a012 de abril y 28 de noviembre de 2017 el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, ya hab\u00eda negado la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria solicitada, teniendo en cuenta la \u00a0gravedad de la conducta por la que fue condenado PUERTA S\u00c1NCHEZ \u00a0y las circunstancias personales presentadas por el accionante. \u00a0Decisiones que cobraron ejecutoria y a cuyos razonamientos era viable \u00a0remitirse, en la medida en que las condiciones f\u00e1cticas y \u00a0jur\u00eddicas no cambiaron. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Sala que aunque el acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia constituye un derecho fundamental que implica la \u00a0resoluci\u00f3n de fondo, pronta y oportuna de los asuntos puestos \u00a0a consideraci\u00f3n de los \u00f3rganos jurisdiccionales, tal \u00a0premisa no implica el deber de las autoridades de ejecuci\u00f3n de \u00a0penas y medidas de seguridad de pronunciarse sustancialmente respecto \u00a0de asuntos previamente definidos en providencias ejecutoriadas. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0bajo tal entendimiento, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado \u00a0que es deber de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \u00a0seguridad ce\u00f1irse a lo resuelto en cuestiones previamente \u00a0examinadas, pues no es viable debatir reiteradamente asuntos \u00a0jur\u00eddicamente consolidados, en particular cuando sobre las \u00a0tem\u00e1ticas decididas se insiste sin introducir variante alguna, \u00a0pues ello implicar\u00eda no solamente una limitaci\u00f3n \u00a0injustificada de la seguridad jur\u00eddica sino un desgaste \u00a0inoficioso de la administraci\u00f3n de justicia. (CSJ SPT, 15 de \u00a0julio de 2008, Rad. 37.488, reiterado en STP 14864-2014). \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0es manifiesto que con la decisi\u00f3n del 7 de febrero de 2019 no \u00a0se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental, dado que, como \u00a0se indic\u00f3, los jueces de ejecuci\u00f3n no est\u00e1n \u00a0facultados para retomar el examen de cuestiones ya resueltas de \u00a0fondo. As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n censurada no \u00a0actualiza ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 24 de abril de 2019, mediante la cual la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 \u00a0el amparo solicitado por \u00c9DGAR ALEX\u00c1NDER PUERTA \u00a0S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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