\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 \u00a02 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP8148-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104474 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0133 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por JORGE ELI\u00c9CER \u00a0OSPINA AGUIRRE, contra \u00a0el fallo proferido el 11 de marzo de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada en contra de la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0fueron vinculados el Juzgado Segundo Laboral del \u00a0Circuito de esa ciudad y la Administradora de Pensiones \u00a0\u2013Colpensiones- y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica \u00a0del Estado. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, JORGE \u00a0ELI\u00c9CER OSPINA AGUIRRE \u00a0instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la \u00a0Administradora de Pensiones \u2013Colpensiones-, \u00a0con el fin de que se le reconociera y pagara pensi\u00f3n de \u00a0invalidez a partir del 21 de noviembre de 2015, en raz\u00f3n a que \u00a0la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez le otorgo una \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral del 58.80%, dictamen que fue \u00a0confirmado por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0sentencia del 20 \u00a0de junio de 2018 el Juzgado 2\u00b0 Laboral del Circuito de Manizales \u00a0accedi\u00f3 a las pretensiones del accionante y conden\u00f3 a \u00a0la \u00a0entidad demandada a pagarle \u00a0a OSPINA \u00a0AGUIRRE \u00a0la \u00a0pensi\u00f3n de invalidez a partir del 16 de julio de 2017, m\u00e1s \u00a0los intereses moratorios causados desde esa fecha. Expuso que el \u00a0haber recibi\u00f3 una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n \u00a0de vejez, no era \u00f3bice para acceder posteriormente a la \u00a0pensi\u00f3n de invalidez, por cuanto se refieren a riesgos \u00a0distintos. \u00a0<\/p>\n
Apelada \u00a0la anterior determinaci\u00f3n por el extremo pasivo de la demanda, \u00a0en sentencia del 4 de septiembre de 2018 la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior de la misma ciudad revoc\u00f3 el prove\u00eddo de \u00a0primera instancia y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00a0\u201causencia del derecho reclamado \u2013 cobro de lo no debido\u201d. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo con esa providencia el accionante \u00a0acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constituci\u00f3n y acus\u00f3 \u00a0a la autoridad judicial accionada de vulnerar sus derechos \u00a0fundamentales a la vida, al reconocimiento de personalidad jur\u00eddica, \u00a0al libre desarrollo de la personalidad, a no estar sometido a la \u00a0esclavitud y la servidumbre, el trabajo, el debido proceso y al \u00a0derecho de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0su criterio \u00a0omiti\u00f3 valorar en debida forma las pruebas aportadas, y por \u00a0ende, motivar la decisi\u00f3n. Consecuentemente con ello, solicit\u00f3 \u00a0que se revoque el fallo proferido por el Tribunal Superior de \u00a0Manizales y se ordene proferir una a su favor. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 27 de febrero de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte admiti\u00f3 la \u00a0demanda, dispuso notificar la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0los sujetos pasivos. \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0del t\u00e9rmino otorgado, el \u00a0Juzgado 2\u00b0 Laboral del Circuito de Manizales remiti\u00f3, en \u00a0calidad de pr\u00e9stamo, el expediente con radicado 201700316. \u00a0<\/p>\n
La primera \u00a0instancia neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. Indic\u00f3 que \u00a0la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no cumple con el \u00a0requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante no hizo uso del \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de \u00a0segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
El accionante \u00a0impugn\u00f3 el fallo y reiter\u00f3 los argumentos de la demanda \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, en armon\u00eda con el canon 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, el \u00a0accionante pudo \u00a0controvertir el fallo del Tribunal \u00a0Superior de Manizales, \u00a0a trav\u00e9s \u00a0del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0aduciendo \u00a0argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela. No \u00a0obstante, opt\u00f3 por renunciar a ese mecanismo y acudir a esta \u00a0v\u00eda excepcional. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha \u00a0reconocido la Corte Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de \u00a02003-. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, \u00a0resulta evidente que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la decisi\u00f3n de segunda instancia cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, la Corte advierte que la providencia emitida por el Tribunal \u00a0Superior de Manizales, que revoc\u00f3 la dictada en primera \u00a0instancia, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis serio y ponderado del \u00a0asunto puesto a su consideraci\u00f3n, lo que descarta la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la autoridad judicial accionada, \u00a0luego de estudiar las pruebas allegadas y la jurisprudencia aplicable \u00a0al asunto, determin\u00f3 \u00a0que el aquo \u00a0aplic\u00f3 en forma incorrecta una regla de derecho. Al respecto \u00a0indic\u00f3 lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00abno \u00a0es procedente declarar la \u00a0existencia del derecho a la pensi\u00f3n de invalidez teniendo en \u00a0cuenta las cotizaciones efectuadas despu\u00e9s de haberse \u00a0solicitado y recibido la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, toda vez \u00a0que una l\u00f3gica en sentido contrario introducir\u00eda \u201cun \u00a0desequilibrio en el sistema, si se admitiera como lo pretende el \u00a0actor, que ese fondo pensional sea una cuenta de la que se puedan \u00a0retirar a voluntad los recursos para luego reintegrarlos, y menos \u00a0obtener las prestaciones sin devolver esas sumas\u201d. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0pues, si bien no existe discusi\u00f3n que mediante Resoluci\u00f3n \u00a0103189 del 13 de septiembre de 2010 al demandante se le reconoci\u00f3 \u00a0la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez \u00a0con base en 109 semanas cotizadas, \u00a0previa \u00a0declaraci\u00f3n de la imposibilidad de seguir cotizando para el \u00a0r\u00e9gimen de pensiones, tambi\u00e9n \u00a0es cierto que posteriormente, \u00a0a partir del mes de julio del a\u00f1o 2011 reanud\u00f3 \u00a0el pago de \u00a0aportes pensionales hasta el 28 de febrero de 2017, raz\u00f3n \u00a0suficiente para concluir que los per\u00edodos de cotizaci\u00f3n \u00a0posteriores a dicho reconocimiento, no puedan ser tenidos en cuenta \u00a0al momento de analizar el nuevo riesgo pensional de invalidez que \u00a0aqueja al demandante\u00bb. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se concluy\u00f3 que el demandante no cumpli\u00f3 los \u00a0requisitos previstos en el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, \u00a0modificada por la Ley 860 de 2003, puesto que si las semanas a \u00a0considerar para reconocerle la prestaci\u00f3n son las cotizadas \u00a0entre el 21 de noviembre de 2012 y ese mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o \u00a02015 (fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez), es evidente \u00a0que ninguna de estas se encuentran comprendidas dentro de aquellas \u00a0que fueron tenidas en cuenta por la entidad de seguridad social para \u00a0el c\u00e1lculo de la prestaci\u00f3n pensional establecida en el \u00a0art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993, cuyo reconocimiento data \u00a0del 13 de septiembre de 2010. \u00a0<\/p>\n
Aunado \u00a0a ello, examin\u00f3 que el accionante no ten\u00eda derecho a \u00a0que se le reconociera la pensi\u00f3n de invalidez bajo los \u00a0presupuestos del principio de condici\u00f3n m\u00e1s \u00a0beneficiosa, por cuanto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fij\u00f3 \u00a0un l\u00edmite temporal de 3 a\u00f1os, en el entendido que ese \u00a0fue el plazo otorgado por la Ley 860 de 2003 para que los afiliados \u00a0reunieran las 50 semanas de cotizaci\u00f3n a que hace alusi\u00f3n \u00a0la norma vigente, y teniendo en cuenta que la invalidez en este caso \u00a0se produjo el 21 de noviembre de 2015 incumple dicho \u00a0condicionamiento. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, \u00a0el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), impide al juez de \u00a0tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida s\u00f3lo \u00a0porque el impugnante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con \u00a0criterio razonable a partir de los hechos probados y la \u00a0interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 11 de marzo de 2019, \u00a0proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema \u00a0de Justicia, a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 \u00a0el amparo invocado por \u00a0el ciudadano JORGE \u00a0ELI\u00c9CER OSPINA AGUIRRE. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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