\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6877-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104615 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0122 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por JOS\u00c9 HERN\u00c1N \u00a0GONZ\u00c1LEZ contra la sentencia de tutela proferida el 3 de abril \u00a0de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales \u00a0presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Medell\u00edn y el Juzgado 9 Laboral del Circuito de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la ARL Colmena S.A. y las partes e \u00a0intervinientes dentro del proceso ordinario laboral 2014-00185. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda, el \u00a017 de octubre de 2013 la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de \u00a0Invalidez, atribuy\u00f3 a JOS\u00c9 \u00a0HERN\u00c1N GONZ\u00c1LEZ \u00a0una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 22%, con fecha de \u00a0estructuraci\u00f3n el 22 de abril de \u00a02009. Sin embargo, en dicha \u00a0oportunidad no tuvo en cuenta para la calificaci\u00f3n \u00abel \u00a0S\u00edndrome de Espalda Fallida, ni tampoco [\u2026] los m\u00e1s \u00a0de tres (3) a\u00f1os que estuvo incapacitado de manera \u00a0ininterrumpida\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Aleg\u00f3 \u00a0que posteriormente, la IPS \u00a0Universitaria de la Universidad de Antioquia, le calific\u00f3 una \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral del 53,51% \u00a0y, \u00a0por ello, \u00a0con \u00a0el prop\u00f3sito de obtener \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0y pago de la pensi\u00f3n de invalidez de origen profesional bajo \u00a0los par\u00e1metros de la Ley 1755 de 2015, promovi\u00f3 \u00a0proceso \u00a0ordinario laboral contra la ARL Colmena S.A. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0sentencia del 1\u00ba de marzo de 2017, el Juzgado 9 Laboral del \u00a0Circuito de Medell\u00edn, absolvi\u00f3 a la demandada de todas \u00a0las pretensiones. Apelada dicha determinaci\u00f3n, el 22 de junio \u00a0de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn \u00a0la confirm\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del demandante, dichas determinaciones desconocen sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y \u00a0\u00abcalidad \u00a0de vida\u00bb. \u00a0Solicit\u00f3 que se ordene a los despachos judiciales que le \u00a0imponga a la ARL COLMENA S.A., el reconocimiento de la pensi\u00f3n \u00a0de invalidez de origen profesional que a su juicio tiene derecho. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 20 de marzo de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
Colmena \u00a0Seguros ARL, indic\u00f3 que las garant\u00edas del accionante \u00a0fueron respetadas adem\u00e1s, al existir dictamen de la Junta \u00a0Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y dos sentencias \u00a0absolutorias en favor de dicha compa\u00f1\u00eda, no hab\u00eda \u00a0incumplimiento por parte de la administradora de reconocimiento de \u00a0pensi\u00f3n alguna, en tanto el ahora accionante, no dispone de \u00a0una p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 50%. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Directora Administrativa y Financiera de la Junta \u00a0Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, expuso que \u00a0con fundamento en los documentos remitidos por parte de la ARL \u00a0Colmena, emiti\u00f3 los dict\u00e1menes 28978 y 37839, el 17 de \u00a0octubre de 2013 y 24 de junio de 2016, respectivamente, mediante los \u00a0que le calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral al \u00a0actor de un 22.09%. Solicit\u00f3 se niegue la demanda \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, las autoridades judiciales accionadas defendieron la \u00a0legalidad de sus decisiones. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Indic\u00f3 que incumple el requisito de \u00a0subsidiariedad, por cuanto el demandante no promovi\u00f3 el \u00a0recurso de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante manifest\u00f3 su inconformidad con la decisi\u00f3n \u00a0impugnada. En esencia, reiter\u00f3 los planteamientos expuestos en \u00a0la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0tramitar y decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, encuentra la \u00a0Sala que pese a que el accionante contaba con un medio id\u00f3neo \u00a0de defensa de sus intereses cu\u00e1l era el recurso extraordinario \u00a0de casaci\u00f3n, omiti\u00f3 proponerlo. Con tal actuaci\u00f3n, \u00a0permiti\u00f3 \u00a0que la sentencia objeto de censura quedara en firme y, adem\u00e1s, \u00a0que la solicitud de amparo se torne improcedente, acorde con el \u00a0contenido del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto \u00a02591 de 1991, CC Sentencia T-1217 de 2003. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que tal incuria permiti\u00f3 que el \u00a0fallo del Tribunal accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no \u00a0puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, ni \u00a0siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo \u00a0esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado \u00a0de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, advierte la Sala que en el presente asunto los \u00a0razonamientos planteados en las decisiones cuestionadas se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, tras \u00a0referirse a las consideradas planteadas en primera instancia el \u00a0Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u00a0los dict\u00e1menes emitidos por la Junta \u00a0Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y la Junta Regional de \u00a0 Calificaci\u00f3n de Invalidez del Atl\u00e1ntico eran \u00a0concordantes en cuanto al origen de la p\u00e9rdida de capacidad \u00a0laboral, pues la misma se deriv\u00f3 de una enfermedad de origen \u00a0profesional, hoy denominada de origen laboral. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, concret\u00f3 que pese a que exist\u00edan dos fechas de \u00a0estructuraci\u00f3n de la invalidez 22 de abril de 2009 y 31 de \u00a0octubre de 2011, la norma que reg\u00eda ese caso era la Ley 776 de \u00a02002, por ser la vigente para esas fechas. As\u00ed las cosas, el \u00a0art\u00edculo 9 de tal normativa establec\u00eda como requisito \u00a0para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, contar con una p\u00e9rdida \u00a0de la capacidad laboral en un porcentaje del 50%. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que el dictamen de la IPS Universitaria de la Universidad de \u00a0Antioquia, aportado por el apoderado del accionante, \u00a0carece \u00a0de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos para ser tenido \u00a0en cuenta, pues incumple los preceptos del Decreto 917 de 1999, por \u00a0cuanto no sustent\u00f3 debidamente la forma en que aplic\u00f3 \u00a0las tablas de dicho decreto, no dej\u00f3 en claro cu\u00e1les \u00a0fueron los documentos en que se bas\u00f3 para valorar al actor y, \u00a0adem\u00e1s, asignarle los porcentajes que le otorg\u00f3. \u00a0<\/p>\n
Aclar\u00f3, \u00a0que acorde con los medios de convicci\u00f3n las Juntas de \u00a0Calificaci\u00f3n Regional y Nacional valoraron las patolog\u00edas \u00a0tanto f\u00edsicas como psicol\u00f3gicas del demandante y, por \u00a0ello, enfatizaron en el informe de evaluaci\u00f3n de \u00a0neuropsicolog\u00eda suscrito el 24 y 25 de octubre de 2011. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, estim\u00f3 el Tribunal que el dictamen a evaluar era el de \u00a0la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de 17 de \u00a0octubre de 2013, mediante el cual le fue diagnosticado al actor, una \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 22% de origen profesional, \u00a0con fecha de estructuraci\u00f3n 22 de abril de 2009. En ese orden, \u00a0concluy\u00f3 que no cumple con las exigencias contenidas en el \u00a0art\u00edculo 9 de la Ley 776 de 2002, pues no present\u00f3 una \u00a0disminuci\u00f3n de la capacidad laboral de m\u00e1s de 50%, \u00a0raz\u00f3n por la cual coligi\u00f3 que no ten\u00eda derecho a \u00a0la pensi\u00f3n de invalidez requerida. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto que los anteriores \u00a0argumentos \u00a0se aprecian razonables y debidamente motivados, por lo que no \u00a0estructura ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. En \u00a0tanto el juzgador advirti\u00f3, con claridad los fundamentos \u00a0jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, sobre ausencia de los requisitos \u00a0para acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez de \u00a0origen profesional. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por ende, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 3 de abril de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela interpuesta por JOS\u00c9 HERN\u00c1N GONZ\u00c1LEZ \u00a0DUQUE. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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