\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6558-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0104597 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 122) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el apoderado \u00a0especial de JORGE COBO SALAZAR, \u00a0en procura del amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente \u00a0vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes \u00a0reconocidas al interior del proceso ordinario laboral que ser\u00e1 \u00a0descrito a continuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante promovi\u00f3 \u00a0un proceso ordinario laboral contra el \u00a0Instituto \u00a0de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), y por esa v\u00eda reclam\u00f3 \u00a0la pensi\u00f3n de vejez. \u00a0En concreto, solicit\u00f3 que se declarara que contaba con 1417 \u00a0semanas de cotizaci\u00f3n, as\u00ed como el reconocimiento y \u00a0pago de la pensi\u00f3n de vejez al cumplir los requisitos el \u00a0r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues del tiempo cotizado previo \u00a0al 1\u00ba de abril de 1994, sumaba 936 semanas y a la entrada en \u00a0vigencia de la Ley 100 de 1993, si bien no contaba con 40 a\u00f1os \u00a0de edad, s\u00ed ten\u00eda 15 a\u00f1os de cotizaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0sentencia del 29 de julio de 2011, el Juzgado 17 Laboral del Circuito \u00a0de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la entidad demandada, tras \u00a0establecer que al actor no se le descont\u00f3 suma alguna para \u00a0seguridad social por lo que no efectu\u00f3 cotizaciones a ninguna \u00a0Caja de Previsi\u00f3n Social en el periodo del 20 de diciembre de \u00a01982 al 31 de marzo de 1994, con lo que descart\u00f3 ser \u00a0beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, la apel\u00f3 y la Sala \u00a0Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0la revoc\u00f3 el 14 de diciembre de 2012. Conden\u00f3 a la \u00a0demandada al pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a favor \u00a0del demandante a partir del 2 de septiembre de 2009 en cuant\u00eda \u00a0de $856.337,20 incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre \u00a0junto con los incrementos de ley. La absolvi\u00f3 de las dem\u00e1s \u00a0pretensiones. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo, el apoderado de la entidad demandada recurri\u00f3 \u00a0en casaci\u00f3n y el 7 de noviembre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corte cas\u00f3 la sentencia impugnada y confirm\u00f3 \u00a0la proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo esencial, concluy\u00f3 que si \u00a0el demandante no estaba afiliado a una Caja de Previsi\u00f3n \u00a0Social, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que trata el art. 1\u00ba \u00a0de la Ley 33 de 1985, \u00a0debi\u00f3 ser reclamada a los 55 a\u00f1os de edad al \u00faltimo \u00a0empleador oficial. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 \u00a0en defecto sustantivo y en falta de motivaci\u00f3n, por un lado, \u00a0porque adicion\u00f3 un requisito a los establecidos por la Ley 100 \u00a0de 1993 para ser cobijado por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, \u00a0al requerirle que los aportes deb\u00edan estar cotizados al ISS o \u00a0a una Caja de Previsi\u00f3n Social. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0por el otro, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema \u00a0de Justicia desconoci\u00f3 lo previsto en el Decreto 2527 de 2000 \u00a0que \u00abestablece \u00a0cuando las cajas, fondos o entidades p\u00fablicas deben reconocer \u00a0y \u00a0pagar las pensiones a la entrada en vigencia de la Ley 100 de \u00a01993\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el apoderado del accionante que a su representado le fue reconocida \u00a0por Colpensiones pensi\u00f3n de vejez mediante la Resoluci\u00f3n \u00a0GNR 362241 de 1\u00ba de diciembre de 2016, una vez cumpli\u00f3 \u00a0los 62 a\u00f1os de edad en raz\u00f3n a bono pensional de la \u00a0C.V.C. [Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del \u00a0Cauca]. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela para que se \u00a0protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social \u00abprincipio \u00a0de favorabilidad\u00bb, \u00a0igualdad, al debido proceso y \u00abal \u00a0derecho adquirido del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. \u00a0En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene el reconocimiento y pago \u00a0de la pensi\u00f3n en cuant\u00eda de $856.337,20 junto con los \u00a0intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a013 \u00a0de mayo de 2019 \u00a0esta Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el t\u00e9rmino otorgado las autoridades accionadas y vinculados \u00a0guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 1382 de 2000 y el Acuerdo \u00a0006 de 2002, es competente la Sala para tramitar y decidir la acci\u00f3n \u00a0de tutela, por cuanto el procedimiento involucra a la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
Encuentra \u00a0la Corte que los \u00a0razonamientos planteados en el \u00a0fallo cuestionado \u00a0son \u00a0ajustados a derecho, pues \u00a0tienen soporte en \u00a0las disposiciones legales \u00a0y jurisprudenciales aplicables. \u00a0El contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto \u00a0permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0recurso de casaci\u00f3n presentado por la parte demandada, se \u00a0fund\u00f3 b\u00e1sicamente en i) \u00a0la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art. 36 de la Ley 100 de \u00a01993 en concordancia con los arts. 1\u00ba de la Ley 33 de 1985 y 6\u00ba \u00a0del Decreto 813 de 1994 y la ii) \u00a0aplicaci\u00f3n indebida de las citadas normas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, tras \u00a0la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral advirti\u00f3 que no es objeto de controversia que el \u00a0actor cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el 2 de septiembre de \u00a02009, que labor\u00f3 para la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma \u00a0Regional del Valle del Cauca, desde el 20 de diciembre de 1982 hasta \u00a0el 10 de agosto de 2003 y que era beneficiario del r\u00e9gimen de \u00a0transici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Destac\u00f3 \u00a0que la censura de la entidad demandada frente a la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por el Tribunal radica en que esa entidad no debe responder \u00a0por la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, ya que quien debi\u00f3 \u00a0asumirla a los 55 a\u00f1os de edad del demandante es el empleador \u00a0oficial continuando con las cotizaciones hasta cumplir los requisitos \u00a0de la pensi\u00f3n de vejez, fecha a partir de la cual, queda a \u00a0cargo de este el mayor valor, si lo hubiere. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0resolver si el Tribunal se equivoc\u00f3 en asignar al ISS la \u00a0obligaci\u00f3n de conceder la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00a0del art. 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, estableci\u00f3 que en el \u00a0evento de los servidores p\u00fablicos del nivel territorial \u2013a \u00a0la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1933-, \u00a0conforme al art. 2\u00ba del Decreto 691 de 1994, el demandante es \u00a0beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y re\u00fane \u00a0los requisitos del precitado art. 1\u00ba de la Ley 33. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, explic\u00f3 que la referida norma \u2013art. \u00a01\u00ba de la Ley 33 de 1985-, \u00a0dispone que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abdebe \u00a0estar a cargo de la Caja de Previsi\u00f3n Social y el Instituto de \u00a0Seguros Sociales, no lo es, por lo que no se puede atribuir a esta \u00a0entidad una pensi\u00f3n que la ley ordena debe estar a cargo de \u00a0otra entidad\u00bb, \u00a0de ah\u00ed que, determin\u00f3 que si el demandante no estaba \u00a0afiliado a una Caja de Previsi\u00f3n Social, la prestaci\u00f3n \u00a0debi\u00f3 ser reclamada al \u00faltimo empleador oficial. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0soporte de lo anterior, acudi\u00f3 \u00a0al precedente contenido en la sentencia CSJ SL1502-2018, 9 May. 2018 \u00a0Rad. 54407, mediante la cual se fij\u00f3 la posici\u00f3n de \u00a0dicha Sala Especializada sobre el tema objeto de controversia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto se expuso que: \u00ab\u2026 \u00a0Es \u00a0criterio pac\u00edfico de esta Corte que no \u00a0es dable asimilar al Instituto de Seguros Sociales a una Caja de \u00a0Previsi\u00f3n Social contemplada en la Ley 33 de 1985 y, por ende, \u00a0no puede trasladarse a dicho Instituto la carga del pago de la \u00a0pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en dicha normativa, \u00a0por cuanto este responde por las contingencias legalmente creadas \u00a0para el mismo. As\u00ed se explic\u00f3, por ejemplo, en el fallo \u00a0SL, del 20 de feb. 2007, rad. 29.120, reiterado en las sentencias SL, \u00a0del 24 de may. 2011 y SL, del 13 de feb. 2013, rads. 40.226 y 43.715, \u00a0respectivamente, y SL13640-2014, del 1\u00ba de oct. 2014, rad. \u00a041566\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Observa \u00a0la Sala que en la providencia cuestionada se concluy\u00f3 que no \u00a0le corresponde al Instituto de Seguros Sociales asumir el \u00a0reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00a0reclamada por el aqu\u00ed actor, por tal raz\u00f3n, se sustrajo \u00a0de analizar el segundo cargo y cas\u00f3 la sentencia, confirmando \u00a0la proferida por el Juzgado 17 Laboral de Circuito de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, con lo anterior se establece que la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral, en primer lugar, destac\u00f3 que el accionante es \u00a0beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n \u2013aspecto \u00a0que no fue objeto de controversia-. \u00a0En segundo lugar, dando aplicaci\u00f3n al art. 1\u00b0 de la Ley 33 \u00a0de 1985, concluy\u00f3 que no es posible atribuir al ISS el pago de \u00a0una pensi\u00f3n cuando no el demandante no estaba afiliado a una \u00a0Caja de Previsi\u00f3n Social sino que debe estar a cargo del \u00a0\u00faltimo empleador oficial, conclusi\u00f3n que fue soportada \u00a0con la sentencia CSJ \u00a0SL1502-2018, 9 May. 2018 Rad. 54407. Por tanto, no hay lugar al \u00a0defecto sustantivo1 \u00a0demandado. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, \u00a0el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de \u00a0tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida, que hizo \u00a0tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el accionante no \u00a0la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en \u00a0dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de \u00a0los hechos probados y la normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0la Corte negar\u00e1 la protecci\u00f3n demandada. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por el \u00a0apoderado especial de JORGE COBO SALAZAR \u00a0contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de \u00a0Justicia. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab\u2026cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0absoluta inadvertencia, por su aplicaci\u00f3n indebida, por error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0grave en su interpretaci\u00f3n o por el desconocimiento del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alcance de las sentencias judiciales con efectos erga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0omnes cuyos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pesa la cosa juzgada\u00bb (C.C.S.T-125\/2012).. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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