\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b02 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6492-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0104243 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 122) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., mayo veintiuno (21) de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por MARCO \u00a0TULIO BEDOYA S\u00c1NCHEZ, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra \u00a0la sentencia proferida el 18 de enero de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo \u00a0promovido a instancias del prenombrado, en contra de \u00a0la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, igualdad, seguridad social y m\u00ednimo vital. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 5\u00ba Laboral del \u00a0Circuito de Pereira, as\u00ed como las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso ordinario laboral con radicado \u00a066001310500520160033001, \u00a0promovido \u00a0por el actor contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u00a0\u201cColpensiones\u201d y la AFP Porvenir S.A. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de \u00a0tutela la Sala destaca los siguientes hechos jur\u00eddicamente \u00a0relevantes: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que MARCO \u00a0TULIO BEDOYA S\u00c1NCHEZ \u00a0promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Administradora \u00a0Colombiana de Pensiones \u201cColpensiones\u201d y la AFP Porvenir \u00a0S.A., con el \u00a0prop\u00f3sito de que se declarara la nulidad de su \u00a0traslado del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, al \u00a0de prima media con prestaci\u00f3n definida, \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que el conocimiento del proceso correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00ba \u00a0 Laboral del Circuito de Pereira, despacho judicial que a trav\u00e9s \u00a0de sentencia del 19 de mayo de 2017, accedi\u00f3 a las \u00a0pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Que esa decisi\u00f3n fue objeto de alzada y revocada por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Pereira, mediante providencia del 12 \u00a0de junio de 2018, absolviendo a las entidades demandadas de las \u00a0pretensiones formuladas en su contra. \u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0Que la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00a0fue negado por el tribunal con prove\u00eddo del 24 de julio de \u00a02018, por considerar que se trata de pretensiones puramente \u00a0declarativas, no susceptibles de ser cuantificadas. \u00a0<\/p>\n
(v) \u00a0Que en concepto del promotor de la acci\u00f3n, el tribunal \u00a0accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho en su decisi\u00f3n, \u00a0toda vez que no aplic\u00f3 el precedente vinculante del \u00f3rgano \u00a0de cierre, que atiende a condiciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas \u00a0similares a su caso, a lo que se suma que el interrogatorio que se le \u00a0practic\u00f3 en calidad de demandante y otras pruebas \u00a0documentales, no fueron correctamente valoradas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por lo anterior, la parte actora acude ante el Juez Constitucional \u00a0para que proteja sus garant\u00edas fundamentales y, como \u00a0consecuencia de ello, intervenga \u00a0dentro del proceso ordinario laboral con radicado \u00a066001310500520160033001, \u00a0deje \u00a0sin efectos la sentencia de segundo grado proferida el 12 de junio de \u00a02018 y ordene \u00a0a la Corporaci\u00f3n judicial accionada emitir una nueva decisi\u00f3n \u00a0en la que se declare la ineficacia de su traslado de r\u00e9gimen \u00a0pensional. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 14 de diciembre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo a \u00a0las autoridades y entidades mencionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0AFP Porvenir S.A., en respuesta al requerimiento efectuado, manifest\u00f3 \u00a0que la sentencia proferida por el Tribunal de Pereira se encuentra \u00a0conforme a derecho y no se evidencia en la misma alg\u00fan tipo de \u00a0irregularidad, pues se pudo constatar que la afiliaci\u00f3n a esa \u00a0administradora de pensiones se surti\u00f3 con el lleno de los \u00a0requisitos legales y sin ning\u00fan vicio en el consentimiento. \u00a0Agreg\u00f3 que por esta v\u00eda no puede atacarse una sentencia \u00a0en firme que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, de manera que debe \u00a0negarse la protecci\u00f3n invocada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito de Pereira alleg\u00f3 \u00a0copia de la actuaci\u00f3n de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Laboral del tribunal demandado solicit\u00f3 que se niegue la \u00a0prosperidad de la acci\u00f3n, refiriendo que la sentencia \u00a0proferida en segunda instancia estuvo acompa\u00f1ada de un \u00a0an\u00e1lisis profundo y detallado del material probatorio arrimado \u00a0al proceso, as\u00ed como de la observancia de la jurisprudencia \u00a0que sobre el tema de la ineficacia de traslado de r\u00e9gimen \u00a0pensional ha vertido la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, la Administradora Colombiana de Pensiones \u00a0\u201cColpensiones\u201d afirm\u00f3 que la acci\u00f3n de \u00a0tutela es improcedente, por cuanto \u00a0no se materializ\u00f3 ninguna \u00a0v\u00eda de hecho en la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0fallo del 18 de enero de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0neg\u00f3 \u00a0el amparo deprecado, tras considerar que la decisi\u00f3n adoptada \u00a0por el tribunal demandado resulta razonable y sustentada en la \u00a0adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al expediente, de \u00a0manera que no puede ser calificada de antojadiza o caprichosa. \u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez fue notificado el fallo de primera instancia, \u00a0el apoderado del \u00a0actor recurri\u00f3 la decisi\u00f3n insistiendo en que la \u00a0providencia objeto de censura no contiene una apreciaci\u00f3n \u00a0correcta de las pruebas, de las cuales se puede establecer que su \u00a0prohijado no recibi\u00f3 una adecuada asesor\u00eda por parte \u00a0del fondo de pensiones y que, debido a ello, adopt\u00f3 una \u00a0decisi\u00f3n de traslado de r\u00e9gimen respecto del cual no \u00a0era plenamente consciente en cuanto a sus implicaciones. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2\u00ba del \u00a0Decreto 1382 de 2000, concordante con el art\u00edculo 44 del \u00a0Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal es competente para resolver la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral. \u00a0<\/p>\n
Referente \u00a0a la acci\u00f3n p\u00fablica que nos ocupa, ha de precisarse que \u00a0el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que se trata de un mecanismo concebido para la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten \u00a0amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, \u00a0siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a \u00a0menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0doctrina constitucional ha sido clara y enf\u00e1tica en se\u00f1alar \u00a0que cuando se trata de providencias judiciales, la acci\u00f3n de \u00a0tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como \u00a0regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los \u00a0funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma \u00a0oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnaci\u00f3n \u00a0instituidos en los c\u00f3digos de procedimiento. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha venido decantando el \u00a0 alcance de tal postulado, dando paso a la procedencia de la acci\u00f3n \u00a0de tutela cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivaci\u00f3n \u00a0o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la \u00a0arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten \u00a0manifiestamente ilegales, de ah\u00ed que, por excepci\u00f3n se \u00a0permitir\u00e1 que el juez de tutela pueda intervenir en orden a \u00a0hacer cesar los efectos nocivos que la v\u00eda de hecho detectada \u00a0puede ocasionar en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la jurisprudencia, se incurre en v\u00eda de hecho \u00a0cuando existe: a) \u00a0un \u00a0defecto org\u00e1nico \u00a0(falta de competencia del funcionario judicial); b) \u00a0un \u00a0defecto procedimental absoluto \u00a0(desconocer el procedimiento legal establecido); c) \u00a0un \u00a0defecto f\u00e1ctico \u00a0(que la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n probatoria); \u00a0d) \u00a0un \u00a0defecto material o sustantivo \u00a0(aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); e) \u00a0un \u00a0error inducido \u00a0(que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado con base en el \u00a0enga\u00f1o de un tercero); f) \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n \u00a0(ausencia de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la \u00a0providencia); g) \u00a0un \u00a0desconocimiento del precedente \u00a0y h) \u00a0la violaci\u00f3n \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Quien \u00a0administra justicia tiene autonom\u00eda para interpretar la norma \u00a0que m\u00e1s se ajuste al caso, para valorar las pruebas y para \u00a0decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y \u00a0constitucionales pertinentes. La labor de interpretaci\u00f3n, como \u00a0consecuencia de la autonom\u00eda judicial que reconoce la Carta \u00a0Pol\u00edtica, permite que la comprensi\u00f3n que se llegue a \u00a0tener de una misma norma por distintos funcionarios judiciales sea \u00a0diversa, pero ello, per \u00a0se, \u00a0no hace procedente la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, as\u00ed se ha reconocido en reiterada jurisprudencia \u00a0constitucional (CC T-780\/06), cuando una disposici\u00f3n o un \u00a0problema jur\u00eddico admiten varias y diferentes interpretaciones \u00a0y soluciones, la selecci\u00f3n que haga el fallador de una de \u00a0ellas, siempre que sea el resultado de un juicio serio, prudente y \u00a0motivado, no puede ser cuestionada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, so pena de afectar la independencia y la autonom\u00eda \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0ese derrotero, se impone recordarle a la parte accionante que siendo \u00a0la tutela un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0\u201cciertos \u00a0y rigurosos requisitos de procedibilidad\u201d \u00a0(CC \u00a0C-590\/05 y T-332\/06) que implican \u00a0una carga para ella no \u00a0solamente en su planteamiento, sino tambi\u00e9n en su \u00a0demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la propia Corte \u00a0Constitucional, pues las sentencias que hacen tr\u00e1nsito a cosa \u00a0juzgada, gozan de la triple presunci\u00f3n de acierto, legalidad y \u00a0constitucionalidad, que brindan seguridad jur\u00eddica a las \u00a0decisiones judiciales, necesaria para la consolidaci\u00f3n del \u00a0Estado de Derecho. Solo por vulneraciones constitucionales, relativas \u00a0a los derechos fundamentales, mediante acciones reflejadas en los \u00a0hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se puede \u00a0desvirtuar esta triple presunci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Descendiendo \u00a0al caso bajo estudio, MARCO \u00a0TULIO BEDOYA S\u00c1NCHEZ \u00a0no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos citados en \u00a0precedencia, que estructuren la denominada v\u00eda de hecho, es \u00a0decir, no acredit\u00f3 que la providencia reprobada est\u00e9 \u00a0fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, \u00a0que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este \u00a0excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales \u00a0invocados. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0examinar el contenido de la sentencia de segundo grado proferida el \u00a0 12 de junio de 2018, emerge claro que la Corporaci\u00f3n judicial \u00a0accionada adelant\u00f3 un minucioso y ponderado estudio de las \u00a0pruebas aportadas al expediente, en especial el interrogatorio de \u00a0parte vertido por el actor, del cual se extrae que s\u00ed recibi\u00f3 \u00a0asesor\u00eda por parte de la AFP Porvenir S.A., al punto que no \u00a0solamente estuvo afiliado a esta administradora de pensiones, sino \u00a0tambi\u00e9n a Colpatria, ING y Horizonte, por lo que se presume \u00a0que conoc\u00eda bien las caracter\u00edsticas del r\u00e9gimen \u00a0de ahorro individual. Adem\u00e1s, consider\u00f3 la Sala Laboral \u00a0que, mientras la AFP convocada a juicio logr\u00f3 desvirtuar la \u00a0falta de asesor\u00eda, el demandante no alleg\u00f3 pruebas \u00a0s\u00f3lidas y contundentes de que la informaci\u00f3n recibida \u00a0hubiese sido deficiente o que lo indujo a error. \u00a0<\/p>\n
Corolario \u00a0de lo expuesto, la demanda de tutela lejos estar\u00eda, como \u00a0sucede en el sub \u00a0judice, \u00a0de cumplir con los requisitos de habilitaci\u00f3n, cuando gira \u00a0\u00fanicamente en torno a cuestionar la valoraci\u00f3n de unas \u00a0pruebas que, m\u00e1s all\u00e1 de las respetables \u00a0consideraciones personales del accionante, no alcanzan a plantear un \u00a0asunto de estricto contenido constitucional con la capacidad de \u00a0derruir la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que a tal \u00a0decisi\u00f3n es inherente, pretendiendo continuar el debate en \u00a0sede constitucional como si la acci\u00f3n de tutela fuera una \u00a0instancia m\u00e1s del proceso. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0precisa entonces que las discrepancias frente a la apreciaci\u00f3n \u00a0de pruebas no son violatorias, per \u00a0se, \u00a0de derechos fundamentales, y en esa medida la acci\u00f3n de tutela \u00a0no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto \u00a0afectado simplemente no coincide con la posici\u00f3n judicial, \u00a0pues las v\u00edas de hecho son defectos graves en el ejercicio de \u00a0la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la \u00a0integridad del ordenamiento jur\u00eddico, categor\u00eda en la \u00a0que no encajan las divergencias hermen\u00e9uticas y de valoraci\u00f3n \u00a0probatoria. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, al no aparecer acreditada con certeza una actuaci\u00f3n \u00a0arbitraria por parte de la autoridad demandada, no es posible acceder \u00a0a la \u00a0protecci\u00f3n reclamada, tal y como concluy\u00f3 la primera \u00a0instancia, habida \u00a0cuenta que la decisi\u00f3n acusada no denota \u00a0proceder ileg\u00edtimo que le permita actuar al mecanismo \u00a0excepcional escogido, como que lo resuelto por el tribunal accionado \u00a0obedeci\u00f3 a una labor de hermen\u00e9utica y apreciaci\u00f3n \u00a0probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez \u00a0de tutela, dado que tiene raigambre constitucional (arts. 228 y 230 \u00a0de la C.P.), salvo que se aprecie, como se acot\u00f3, la \u00a0materializaci\u00f3n de una inequ\u00edvoca v\u00eda de hecho \u00a0que, por sus connotaciones y consecuencias, es de suyo excepcional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se \u00a0confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 18 de enero de 2019, \u00a0proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema \u00a0de Justicia, a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 \u00a0el amparo invocado por \u00a0el ciudadano MARCO \u00a0TULIO BEDOYA S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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