\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6192-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104522 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0115 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por SILVIA NORA S\u00c1NCHEZ \u00a0ESCUDERO contra la sentencia de tutela proferida el 4 de abril de \u00a02019 por la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Registradur\u00eda \u00a0Nacional del Estado Civil y la Delegaci\u00f3n Departamental de la \u00a0Registradur\u00eda Nacional de Antioquia. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 004 \u00a0del 28 de agosto de 2017 la Registradur\u00eda Nacional del Estado \u00a0Civil sancion\u00f3 a SILVIA NORA S\u00c1NCHEZ ESCUDERO con un \u00a0(1) smlmv, por no haber cumplido su deber constitucional de prestar \u00a0el servicio como jurado de votaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, aleg\u00f3 la peticionaria que es madre cabeza de \u00a0familia, desempleada, ostenta el sisben 1\u00ba y, adem\u00e1s, no \u00a0tiene televisi\u00f3n ni internet para acceder a la informaci\u00f3n. \u00a0Por tal raz\u00f3n, le fue imposible verificar que hab\u00eda \u00a0sido seleccionada como jurado de votaci\u00f3n. Adujo que pese a \u00a0que controvirti\u00f3 la aludida resoluci\u00f3n, mediante los \u00a0recursos de ley, su pretensi\u00f3n fue despachada \u00a0desfavorablemente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n constitucional \u00a0en busca del amparo de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo \u00a0vital y amparo de pobreza, pues est\u00e1 frente a un claro \u00a0perjuicio irremediable. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje \u00a0sin efectos la sanci\u00f3n pecuniaria. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 27 de marzo de 2019, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda \u00a0de tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil a trav\u00e9s de la \u00a0Oficina Jur\u00eddica, indic\u00f3 que la resoluci\u00f3n en \u00a0virtud de la cual se hace la designaci\u00f3n como jurado de \u00a0votaci\u00f3n, as\u00ed como el tr\u00e1mite de la sanci\u00f3n \u00a0impuesta se expidi\u00f3 acorde con lo establecido en el Decreto \u00a01010 de 2000. Destac\u00f3 que en el caso concreto, los facultados \u00a0para ejercer el cobro coactivo son los Delegados del Registrador \u00a0Nacional en el Departamento de Antioquia. Por ende, solicit\u00f3 \u00a0la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, el Delegado Departamental de Antioquia de la Registradur\u00eda \u00a0Nacional del Estado Civil, se\u00f1al\u00f3 las sanciones \u00a0establecidas en el C\u00f3digo Electoral por no aceptar el cargo de \u00a0jurado de votaci\u00f3n. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que la \u00a0notificaci\u00f3n de dicha asignaci\u00f3n se surte con la sola \u00a0publicaci\u00f3n o fijaci\u00f3n en lugar p\u00fablico de la \u00a0lista respectiva que har\u00eda el Registrador del Estado Civil o \u00a0su delegado 10 d\u00edas calendario \u00a0antes de la votaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, expuso que la dicha lista tambi\u00e9n fue divulgada en la \u00a0p\u00e1gina web de la entidad y, aclar\u00f3, que previo a los \u00a0comicios a trav\u00e9s de los medios masivos de comunicaci\u00f3n, \u00a0esto es, radio y televisi\u00f3n, explicaron la posibilidad que \u00a0tienen todos los ciudadanos de ser nombrados como jurados de \u00a0votaci\u00f3n. Por ende, sin excepci\u00f3n deben consultar en \u00a0las Registradur\u00edas de su circunscripci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3, \u00a0que en el caso examinado se incumple el presupuesto de \u00a0subsidiariedad, dado que la peticionaria no ha hecho uso de las \u00a0acciones contencioso administrativas de que dispone para controvertir \u00a0la sanci\u00f3n impuesta. En ese orden, pidi\u00f3 que se niegue \u00a0la solicitud de protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, el \u00a0Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo. Expuso \u00a0que la accionante no ha agotado todos los recursos de que dispone \u00a0para controvertir la legalidad de la determinaci\u00f3n \u00a0administrativa controvertida. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, resalt\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un \u00a0perjuicio irremediable que viabilice la protecci\u00f3n transitoria \u00a0solicitada. \u00a0<\/p>\n
SILVIA \u00a0NORA S\u00c1NCHEZ ESCUDERO impugn\u00f3 el fallo. Insisti\u00f3 \u00a0en los planteamientos de la demanda interpuesta, especialmente en el \u00a0pago de la multa. En su criterio, \u00e9ste constituye un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0la segunda instancia, respecto \u00a0de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0demandante cuestiona la Resoluci\u00f3n 04 del 28 de agosto 2017, \u00a0por medio de la cual se le impuso el pago de una multa de un (1) \u00a0salario m\u00ednimo legal mensual vigente equivalente a $689.455. \u00a0Lo anterior, debido a que incumpli\u00f3 el deber legal de prestar \u00a0el servicio de jurado de votaci\u00f3n en el plebiscito para el \u00a0\u00abRefrendaci\u00f3n \u00a0del Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la \u00a0Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, advierte la Sala que SILVIA \u00a0NORA S\u00c1NCHEZ ESCUDERO \u00a0puede refutar el contenido de la mencionada resoluci\u00f3n a \u00a0trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb \u00a0de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-). Sin embargo, \u00a0la accionante no lo hizo dentro del t\u00e9rmino de caducidad de 4 \u00a0meses (Art. 164-2-D). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0vencimiento de dicho plazo no la habilita a propiciar el debate a \u00a0trav\u00e9s de la acci\u00f3n excepcional de tutela, ni siquiera \u00a0como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa \u00a0modalidad es necesario que la interesada haya hecho uso adecuado de \u00a0todos los medios dispuestos por el legislador -Sentencia SU\u2013111 \u00a0de 1997-. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que el acto administrativo censurado cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, dado que constituye una causa de improcedencia acorde \u00a0con el art\u00edculo 6\u20131 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, afirma la demandante que en el caso examinado la sanci\u00f3n \u00a0impuesta configura en s\u00ed misma un perjuicio irremediable y, \u00a0por ello, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional resulta \u00a0procedente como mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, pese al entendimiento de la accionante, tal afirmaci\u00f3n \u00a0no resulta de recibo para esta Sala, dado que seg\u00fan el \u00a0art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos \u00a0se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la autoridad \u00a0judicial competente. As\u00ed las cosas, se insiste en que s\u00f3lo \u00a0la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo podr\u00e1 \u00a0pronunciarse sobre la validez de la actuaci\u00f3n cuestionada. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, resulta desacertado pretender imprimirle el car\u00e1cter \u00a0de perjuicio irremediable a la sanci\u00f3n impuesta a la \u00a0accionante por parte de la entidad accionada. \u00c9sta constituye \u00a0una correctivo legal. En otras palabras, las consecuencias jur\u00eddicas \u00a0de trasgredir deliberadamente una determinada disposici\u00f3n \u00a0normativa. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 4 de abril de 2019 proferido por la Sala \u00a0Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Medell\u00edn, \u00a0que neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00a0SILVIA NORA S\u00c1NCHEZ ESCUDERO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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