\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP6177-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104570 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0115 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por JOS\u00c9 JAVIER \u00a0SU\u00c1VITA AGUILAR, contra la sentencia de tutela proferida el 8 \u00a0de abril de 2019 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales presuntamente vulnerados por la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas la Procuradur\u00eda Delegada para \u00a0la Defensa de los Derechos Humanos, la Sala Disciplinaria de la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y las partes e \u00a0intervinientes reconocidas al interior de la actuaci\u00f3n seguida \u00a0contra el actor. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El \u00a04 de julio de 2005 el teniente JOS\u00c9 JAVIER SU\u00c1VITA y \u00a0los soldados profesionales Marcos Onel Blanco Guti\u00e9rrez y \u00a0Genner Orlando Tocar\u00eda Prada, miembros de la escuadra Coraza 4 \u00a0del Grupo de Caballer\u00eda Mecanizado 16 Gu\u00edas \u00a0del Casanare \u00a0del Ej\u00e9rcito Nacional, reportaron la muerte en un supuesto \u00a0combate con miembros del Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n \u00a0Nacional del ciudadano Albeiro Suesc\u00fan Rinc\u00f3n, hecho \u00a0que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de la correspondiente queja \u00a0disciplinaria por parte de la esposa de este \u00faltimo. \u00a0<\/p>\n
Agotada \u00a0la investigaci\u00f3n disciplinaria, con auto del 17 de junio de \u00a02008 la Procuradur\u00eda Regional del Casanare formul\u00f3 \u00a0cargos a JOS\u00c9 JAVIER SU\u00c1VITA, Marcos Onel Blanco \u00a0Guti\u00e9rrez y Genner Orlando Tocar\u00eda Prada, imput\u00e1ndoles \u00a0la falta prevista en el art\u00edculo 48-1 de la Ley 734 de 2002: \u00a0\u00abRealizar \u00a0objetivamente una descripci\u00f3n t\u00edpica consagrada en la \u00a0ley como delito sancionable a t\u00edtulo de dolo, cuando se cometa \u00a0en raz\u00f3n, con ocasi\u00f3n o como consecuencia de la funci\u00f3n \u00a0o cargo, o abusando del mismo\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, por auto del 30 de septiembre de 2010 la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos vari\u00f3 \u00a0la adecuaci\u00f3n t\u00edpica del pliego de cargos y les \u00a0atribuy\u00f3 la consignada en el art\u00edculo 48-7 de la norma \u00a0en menci\u00f3n: \u00abIncurrir \u00a0en graves violaciones al derecho internacional humanitario\u00bb. El \u00a030 de abril de 2014, la misma Procuradur\u00eda Delegada decret\u00f3 \u00a0la nulidad de dicha providencia, luego de establecer que la acci\u00f3n \u00a0prescribi\u00f3 el 4 de julio de 2010, esto es, antes de su \u00a0emisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo la quejosa apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y \u00a0la Sala Disciplinaria de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0la recov\u00f3 el 6 de noviembre de 2014. En su lugar, orden\u00f3 \u00a0continuar con la investigaci\u00f3n por la falta descrita en el \u00a0art\u00edculo 48-7 de la Ley 734 de 2002, cuyo t\u00e9rmino de \u00a0prescripci\u00f3n es de 12 a\u00f1os. (Art. 69 de la Ley 836 de \u00a02003). \u00a0<\/p>\n
Cumplido \u00a0el tr\u00e1mite pertinente, por sentencia del 28 de junio de 2017 \u00a0la Procuradur\u00eda Delegada Disciplinaria para la Defensa de los \u00a0Derechos Humanos les impuso sanci\u00f3n de destituci\u00f3n e \u00a0inhabilidad general por el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os a los \u00a0disciplinados. Adicionalmente, el 23 de abril de 2018 declar\u00f3 \u00a0la imprescriptibilidad de la acci\u00f3n disciplinaria. \u00a0<\/p>\n
Inconformes, \u00a0los defensores de JOS\u00c9 JAVIER SU\u00c1VITA, Marcos Onel \u00a0Blanco Guti\u00e9rrez y Genner Orlando Tocar\u00eda Prada \u00a0apelaron la sentencia sancionatoria. El 9 de octubre de 2018, la Sala \u00a0Disciplinaria de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n disciplinaria, tras estimar \u00a0que este fen\u00f3meno oper\u00f3 el 4 de julio de 2017. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos solicit\u00f3 \u00a0al Procurador General de la Naci\u00f3n la revocatoria directa de \u00a0esa decisi\u00f3n, requerimiento atendido favorablemente el 16 de \u00a0enero de 2019. En lo esencial, explic\u00f3 que la resoluci\u00f3n \u00a0del caso concreto debe ajustarse al contenido de la Convenci\u00f3n \u00a0sobre imprescriptibilidad de los cr\u00edmenes de guerra y de los \u00a0cr\u00edmenes de lesa humanidad. \u00a0A causa de lo anterior, devolvi\u00f3 el expediente a la Sala \u00a0Disciplinaria con el prop\u00f3sito de que desate los recursos de \u00a0alzada propuestos por los defensores. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, la \u00faltima providencia rese\u00f1ada \u00a0desconoci\u00f3 que la imprescriptibilidad descrita en los \u00a0instrumentos internacionales aludidos se refiere a la acci\u00f3n \u00a0penal, no disciplinaria. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efectos las decisiones \u00a0sancionatorias y se decrete la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0disciplinaria dentro del radicado IUS-2010-46603. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 27 de marzo de 2019, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda \u00a0de tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n rese\u00f1\u00f3 el trascurso de la actuaci\u00f3n, \u00a0defendi\u00f3 su legalidad y la de las decisiones controvertidas y, \u00a0adem\u00e1s, se opuso a la prosperidad del amparo pretendido. \u00a0Expuso que desde el a\u00f1o 2018 se viene aplicando la \u00a0imprescriptibilidad de las acciones disciplinarias adelantadas con \u00a0ocasi\u00f3n de conductas constitutivas de graves infracciones al \u00a0DIH. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, se\u00f1al\u00f3 que el fallo sancionatorio de primera \u00a0instancia fue proferido el 28 de junio de 2017, antes del supuesto \u00a0acaecimiento del t\u00e9rmino prescriptivo. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el \u00a0amparo. Expuso que la protecci\u00f3n constitucional se torna \u00a0improcedente porque la actuaci\u00f3n se encuentra todav\u00eda \u00a0en curso. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que de obtener una decisi\u00f3n \u00a0adversa a sus intereses en segunda instancia, el peticionario puede \u00a0solicitar la nulidad del acto sancionatorio ante la jurisdicci\u00f3n \u00a0de lo contencioso administrativo. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo dem\u00e1s, consider\u00f3 que al no acreditarse la existencia \u00a0de un perjuicio irremediable, no procede la acci\u00f3n de tutela \u00a0como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte actora impugn\u00f3 el fallo. Reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un tribunal superior del distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0sido criterio definido y reiterado de la Sala que no es procedente \u00a0acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional para \u00a0intervenir dentro de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello \u00a0desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las \u00a0autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su \u00a0competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda \u00a0que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual \u00a0de defensa de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite \u00a0y es all\u00ed donde debe el accionante presentar las solicitudes \u00a0encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime \u00a0desconocedora de sus garant\u00edas superiores. Est\u00e1 fuera \u00a0de lugar, en consecuencia, pedirle al juez constitucional que se \u00a0entrometa en el asunto. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0en raz\u00f3n a que las etapas, recursos y procedimientos que \u00a0conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de \u00a0los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que \u00a0tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Asumir \u00a0una posici\u00f3n como la pretendida por el demandante implicar\u00eda \u00a0desconocer las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten \u00a0las autoridades competentes en el tr\u00e1mite de los procesos \u00a0todav\u00eda en curso, adelantados conforme la normativa aplicable \u00a0en cada caso, m\u00e1xime cuando no est\u00e1 acreditada (ni lo \u00a0avizora la Sala) una evidente situaci\u00f3n de perjuicio \u00a0irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del \u00a0juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, advierte la Sala que los \u00a0fallos sancionatorios disciplinarios son \u00a0actos administrativos susceptibles de ser controvertidos a trav\u00e9s \u00a0del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo \u2013). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, a\u00fan en el evento de obtener una decisi\u00f3n adversa, \u00a0es manifiesto que JOS\u00c9 JAVIER SU\u00c1VITA cuenta con otro \u00a0medio de defensa ordinario e id\u00f3neo para refutar la legalidad \u00a0de las providencias proferidas en su contra por parte del Ministerio \u00a0P\u00fablico y sus delegados. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 8 de abril de 2019 proferido por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00a0JOS\u00c9 \u00a0JAVIER SU\u00c1VITA AGUILAR. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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