\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5717-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0104051 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 109) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., siete \u00a0(07) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por JONNATHAN SU\u00c1REZ S\u00c1NCHEZ, \u00a0contra la sentencia de tutela proferida el 11 de marzo de 2019, por \u00a0la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Cali que \u00a0neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad del mismo distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que JONNATHAN \u00a0SU\u00c1REZ S\u00c1NCHEZ \u00a0se encuentra privado de la libertad en cumplimiento de la condena de \u00a0248 meses de prisi\u00f3n impuesta el 20 de marzo de 2012, por el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali, por los \u00a0delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y \u00a0porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado, pena que \u00a0vigila el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el marco de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, en criterio del \u00a0accionante, se cumplen los presupuestos para acceder al beneficio \u00a0administrativo de salida hasta por 72 horas, no obstante, el Juzgado \u00a01\u00ba Ejecutor, se lo neg\u00f3 con lo que considera afectados su \u00a0derechos fundamentales, dado que tiene un hijo menor que necesita de \u00a0su presencia en el su n\u00facleo familiar. Por tanto, solicit\u00f3 \u00a0su amparo. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 26 \u00a0de febrero de 2019, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el traslado correspondiente a la autoridad judicial accionada. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 1\u00ba \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, \u00a0manifest\u00f3 que el 28 de septiembre de 2018 neg\u00f3 al \u00a0accionante el permiso administrativo de hasta 72 horas, por cuanto no \u00a0ha cumplido con el 70% de la pena impuesta conforme lo exige el \u00a0art\u00edculo 147, numeral 5 de la Ley 65 de 1993 \u2013modificado \u00a0por el art. 29 de la Ley 504 de 1999-. Decisi\u00f3n contra la cual \u00a0no se interpusieron los recursos que el accionante tuvo a su alcance. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia \u00a0neg\u00f3 \u00a0el amparo. Consider\u00f3 que no se cumplen los presupuestos \u00a0jurisprudenciales de procedencia de la acci\u00f3n constitucional \u00a0contra providencias, ni el requisito de subsidiariedad. Encontr\u00f3 \u00a0la decisi\u00f3n cuestionada ajustada a la realidad jur\u00eddica. \u00a0<\/p>\n
JONNATHAN \u00a0SU\u00c1REZ S\u00c1NCHEZ, en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n \u00a0personal, impugn\u00f3 \u00a0el fallo, sin exponer los argumentos de su inconformidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme al \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Corte es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, se advierte que el \u00a0accionante pudo controvertir la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 \u00a0el beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas a trav\u00e9s \u00a0de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, indicando \u00a0las razones de su inconformidad con la providencia, \u00a0pero no lo hizo. Como \u00a0no agot\u00f3 esos medios de defensa, la solicitud de amparo se \u00a0torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la providencia del Juzgado accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que la interesada \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, a\u00fan si se pasara por alto el \u00a0incumplimiento de dicho presupuesto, encuentra la Sala que \u00a0los razonamientos planteados en el auto emitido el 28 de septiembre \u00a0de 2018 no \u00a0se muestran arbitrarios o caprichosos, por el contrario, est\u00e1n \u00a0debidamente fundamentados en los hechos probados \u00a0y la normativa aplicable, \u00a0lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Juzgado \u00a01\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, \u00a0tras brindar \u00a0una amplia explicaci\u00f3n sobre las condiciones requeridas para \u00a0acceder al permiso administrativo de salida sin vigilancia hasta de \u00a072 horas seg\u00fan las previsiones del art. 147 de la \u00a0Ley 65 de \u00a01993, destac\u00f3 que dicha normativa demanda para su autorizaci\u00f3n \u00a0que el condenado haya descontado el 70% de la pena impuesta, exigido \u00a0en el numeral 5 del citado art. 147, modificado \u00a0por el art\u00edculo\u00a029\u00a0\u00a0de \u00a0la Ley 504 de 1999, \u00a0aplicable al asunto dado que el actor fue sentenciado por el Juzgado \u00a04\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso en concreto, el Juzgado Ejecutor determin\u00f3 que el 70% \u00a0de los 248 meses de prisi\u00f3n corresponde a 173 meses y 18 d\u00edas \u00a0y JONNATHAN SU\u00c1REZ S\u00c1NCHEZ ha descontado 84 meses y 26 \u00a0d\u00edas, con lo que hall\u00f3 incumplido tal presupuesto. \u00a0<\/p>\n
Valga \u00a0precisar que, lo anterior \u00a0no es obst\u00e1culo para que una vez el actor cumpla el 70% de la \u00a0condena el actor solicite \u00a0nuevamente el beneficio aludido. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional -Art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica- impide al juez constitucional inmiscuirse en \u00a0providencias como la controvertida, s\u00f3lo porque el demandante \u00a0no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, respecto de las \u00a0manifestaciones efectuadas por el accionante sobre su hijo menor de \u00a0edad y el derecho que le asiste a estar cerca de su padre, no se \u00a0aport\u00f3 a la presente tutela elemento de prueba alguno que \u00a0permita emitir pronunciamiento sobre el particular. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
Se confirmar\u00e1, \u00a0por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de tutela proferida el 11 de marzo de 2019 por la Sala de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Cali, que neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a JONNATHAN \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SU\u00c1REZ S\u00c1NCHEZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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