\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5716-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0104312 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 109) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., mayo siete (07) de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por ANTONIO \u00a0ARLEY GRIMALDO CONTRERAS, \u00a0en \u00a0contra del Juzgado \u00a05\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de C\u00facuta y la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de esa misma ciudad, por la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y \u00a0dignidad humana. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de \u00a0tutela y los documentos aportados al plenario la Sala destaca los \u00a0siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que ante el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de C\u00facuta, ANTONIO \u00a0ARLEY GRIMALDO CONTRERAS \u00a0present\u00f3 una solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica \u00a0de penas, la cual fue resuelta por ese estrado judicial a trav\u00e9s \u00a0de auto del 16 de noviembre de 2017, en el sentido de fijar la pena \u00a0de prisi\u00f3n acumulada en 536 meses. \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que habiendo sido objeto de recurso de apelaci\u00f3n, dicha \u00a0decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, mediante prove\u00eddo \u00a0del 22 de junio de 2018. \u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Que seg\u00fan el accionante, las autoridades judiciales demandadas \u00a0incurrieron en un yerro al momento de establecer el quantum \u00a0de las penas acumuladas, toda vez que, en su concepto, la pena m\u00e1xima \u00a0acumulada debe ser de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n porque para su \u00a0caso aplica la Ley 599 de 2000, que as\u00ed lo dispon\u00eda en \u00a0su texto original. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0raz\u00f3n de lo anterior, la parte actora \u00a0acude al Juez de tutela para que, en amparo de sus derechos \u00a0fundamentales invocados, intervenga \u00a0en el proceso penal con radicaci\u00f3n 54001318700520170055801 \u00a0seguido \u00a0en su contra y ordene \u00a0a los despachos judiciales accionados fijar la acumulaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica de penas en un m\u00e1ximo de 40 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del 29 de abril de 2019 esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0aludidos. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar de haber sido notificadas, ninguna de las autoridades \u00a0judiciales demandadas hizo pronunciamiento alguno dentro del t\u00e9rmino \u00a0concedido para tal efecto. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en \u00a0el Decreto 1983 de 2017, modificatorio del Decreto 1069 de 2015, es \u00a0competente esta Sala para conocer de la acci\u00f3n de tutela \u00a0promovida, entre otras, en contra de la Corporaci\u00f3n Judicial \u00a0accionada. \u00a0<\/p>\n
Referente \u00a0a la acci\u00f3n p\u00fablica que nos ocupa, ha de precisarse que \u00a0el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que se trata de un mecanismo concebido para la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten \u00a0amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, \u00a0siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a \u00a0menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo anterior, advierte \u00a0la Sala, prima \u00a0facie, \u00a0que la censura resulta inoportuna, dado que se produce m\u00e1s de \u00a0seis meses despu\u00e9s de la providencia de segundo grado que se \u00a0controvierte. El lapso es excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n (Sentencia \u00a0SU \u2013 961 de 1999, reiterada, entre otras, en la sentencia T \u2013 \u00a0309 de 2013). \u00a0<\/p>\n
Descendiendo \u00a0al caso concreto, encuentra la Sala que no se satisface la exigencia \u00a0que tiene que ver con la \u00a0interposici\u00f3n de la demanda dentro de un t\u00e9rmino \u00a0razonable (inmediatez). \u00a0Ello, en raz\u00f3n a que la parte actora dej\u00f3 transcurrir \u00a0m\u00e1s de diez meses antes de acudir ante el juez constitucional, \u00a0en procura de amparo para sus derechos presuntamente vulnerados con \u00a0las decisiones adoptadas por el Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta y la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de la misma ciudad, sin ofrecer explicaci\u00f3n \u00a0alguna que justificara su inactividad procesal en el interregno \u00a0comprendido entre la expedici\u00f3n de las providencias que \u00a0censura y la interposici\u00f3n de la demanda de amparo, como lo \u00a0exige la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional (Cfr. \u00a0Entre otras sentencias: T-743\/2008; \u00a0T-037\/2013; T-332\/2015). \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0ese derrotero, interesa recordar que este \u00a0mecanismo no es una instancia adicional a las del proceso ordinario \u00a0para continuar una discusi\u00f3n que feneci\u00f3 en los cauces \u00a0correspondientes. Cuando en la demanda de tutela lo \u00fanico que \u00a0se hace es insistir en puntos que fueron resueltos de fondo por otros \u00a0jueces en virtud de sus espec\u00edficas competencias, la acci\u00f3n \u00a0constitucional pierde su car\u00e1cter aut\u00f3nomo procesal y \u00a0se convierte en un recurso ordinario; en ese sentido, la doctrina ha \u00a0expuesto los factores que permiten identificar cu\u00e1ndo una \u00a0demanda de tutela camufla un recurso ordinario: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0pretensi\u00f3n y la resistencia interpuestas en la demanda y en la \u00a0contestaci\u00f3n son las mismas que contin\u00faan en el \u00a0recurso; el actor que pidi\u00f3 la condena del demandado, la \u00a0estimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n, si es el que impugna la \u00a0sentencia de instancia sigue pidiendo en el recurso lo mismo; el \u00a0demandado, que pidi\u00f3 su absoluci\u00f3n, sigue por medio del \u00a0recurso pidiendo lo mismo. Los tres elementos de la pretensi\u00f3n \u00a0(partes, hechos y petici\u00f3n) no cambian cuando se trata de los \u00a0medios de impugnaci\u00f3n en sentido estricto, es decir, de los \u00a0recursos.1 \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0margen de lo anterior y sin mayores elucubraciones al respecto, la \u00a0Sala encuentra que las \u00a0decisiones judiciales objeto de reproche estuvieron precedidas de un \u00a0an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada, lo \u00a0que condujo a declarar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas \u00a0estimando un quantum \u00a0punitivo de 536 meses de prisi\u00f3n, con sujeci\u00f3n a lo \u00a0dispuesto en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 890 de \u00a02004. Ello en raz\u00f3n a que fue bajo esta normativa y no bajo la \u00a0\u00e9gida de la Ley 599 de 2000, que se perpetraron las conductas \u00a0punibles por las cuales fue sentenciado ANTONIO \u00a0ARLEY GRIMALDO CONTRERAS, \u00a0mediante providencias del 6 de noviembre de 2009 y 28 de noviembre de \u00a02016, por hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2007 y 7 de \u00a0diciembre de la misma anualidad, respectivamente. De manera que para \u00a0el caso concreto aplica el m\u00e1ximo de pena de 60 a\u00f1os, \u00a0por tratarse de un concurso de delitos, y no la de 40 a\u00f1os que \u00a0contemplaba la Ley 599 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se negar\u00e1 por improcedente la protecci\u00f3n \u00a0constitucional deprecada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por ANTONIO \u00a0ARLEY GRIMALDO CONTRERAS \u00a0en contra del \u00a0Juzgado \u00a05\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de C\u00facuta y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 30 \u00a0del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada, \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MONTERO AROCA, Juan, El sistema de tutela jurisdiccional de derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales, En: Proceso (civil y penal) y garant\u00eda, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso como garant\u00eda de libertad y responsabilidad, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 475. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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