\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5658-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104370 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0109 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., siete (07) de mayo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de MANUEL JOS\u00c9 REBOLLEDO RIVAS, contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 27 de febrero de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y \u00a0el Juzgado 5 Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Distrito \u00a0Tur\u00edstico, Cultural e Hist\u00f3rico de Santa Marta. Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del \u00a0proceso descrito a continuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El \u00a017 de septiembre de 2007, el Juzgado 1\u00ba Administrativo de Santa \u00a0Marta, conden\u00f3 al Distrito de Santa Marta al reintegro y pago \u00a0de los emolumentos dejados de percibir, hasta la fecha en que se \u00a0diera cumplimiento al fallo, de un grupo de trabajadores, entre \u00a0estos, MANUEL JOS\u00c9 REBOLLEDO RIVAS, quienes en virtud de un \u00a0Acuerdo de reestructuraci\u00f3n fueron despedidos del cargo que \u00a0ven\u00edan desempe\u00f1ando. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0efectos de obtener el cumplimiento de la aludida orden judicial, los \u00a0afectados instauraron acci\u00f3n de tutela la cual fue negada en \u00a0primera instancia. No obstante, el 2 de abril de 2009 la Sala 1\u00aa \u00a0del Consejo de Estado, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su \u00a0lugar, orden\u00f3 al Alcalde del Distrito Tur\u00edstico, \u00a0Cultural e Hist\u00f3rico de Santa Marta, dar cumplimiento a la \u00a0sentencia del 17 de septiembre de 2007, \u00aben \u00a0el sentido de reintegrar a los demandantes a los cargos que ocupaban \u00a0antes de su desvinculaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0al momento en que fue despedido el accionante se encontraba vigente \u00a0la Convenci\u00f3n Colectiva, firmada entre el Distrito Tur\u00edstico \u00a0e Hist\u00f3rico de Santa Marta y el Sindicato de Trabajadores, en \u00a0la que se estableci\u00f3 el derecho de los trabajadores oficiales \u00a0a obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, el actor promovi\u00f3 \u00a0demanda ordinaria laboral a fin de que se ordenara el reconocimiento \u00a0y pago de la pensi\u00f3n convencional, a partir del 1\u00ba de \u00a0septiembre de 2009. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0sentencia del 16 de febrero de 2016, el Juzgado 1\u00ba Laboral del \u00a0Circuito de Santa Marta, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, \u00a0decisi\u00f3n confirmada el 24 de noviembre de 2017, por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, dichas determinaciones, desconocieron \u00a0sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital e igualdad. Lo \u00a0anterior, por cuanto \u00abpor \u00a0la simple orden de reintegro, corre en favor del trabajador la \u00a0causaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales durante todo el \u00a0tiempo en que est\u00e9 pendiente la materializaci\u00f3n del \u00a0reintegro\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, en firme la orden judicial de reintegro, \u00abse \u00a0restablecen los efectos jur\u00eddicos del contrato, en las mismas \u00a0condiciones, que se dar\u00edan si el contrato se estuviera \u00a0ejecutando materialmente, a pesar de no haberse hecho efectivo el \u00a0reintegro, y precisamente mientras el mismo pende, pues a partir de \u00a0la materializaci\u00f3n del mismo, se siguen produciendo efectos \u00a0pero ya con la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene a la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dejar sin \u00a0efectos la sentencia del 24 de noviembre de 2017 y, en su lugar, \u00a0profiera una nueva decisi\u00f3n en la que se reconozca la \u00a0prestaci\u00f3n econ\u00f3mica solicitada. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 15 de febrero de 2019, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de Santa Marta rese\u00f1\u00f3 el tr\u00e1mite \u00a0de la actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Indic\u00f3 que no cumple el requisito \u00a0de subsidiariedad porque el demandante no interpuso el recurso de \u00a0casaci\u00f3n, con lo que permiti\u00f3 que la providencia \u00a0cobrara firmeza. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial del accionante manifest\u00f3 su inconformidad \u00a0con la decisi\u00f3n de primera instancia. En esencia, reiter\u00f3 \u00a0los planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0tramitar y decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0advierte, en primer lugar, que la censura se produce m\u00e1s de un \u00a0a\u00f1o y dos meses despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la \u00a0\u00faltima providencia reprochada, lapso excesivo y \u00a0desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n urgente. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, si \u00a0el accionante estaba \u00a0interesado en reprochar el quebranto de los derechos fundamentales \u00a0supuestamente irrespetados, tuvo \u00a0la posibilidad de instaurar el recurso de casaci\u00f3n, \u00a0aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de \u00a0tutela. Como omiti\u00f3 hacerlo permiti\u00f3 \u00a0que la sentencia objeto de censura quedara en firme. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente \u2013numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal \u00a0como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u00a0 \u00a0 -Sentencia T \u2013 \u00a01217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que el fallo del Tribunal accionado cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador -Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997-. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, en el presente asunto, los \u00a0razonamientos planteados en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, acorde \u00a0con los pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de \u00a0esta Corporaci\u00f3n judicial, se\u00f1al\u00f3 que para \u00a0acceder a la pensi\u00f3n convencional, es necesario cumplir con \u00a0los requisitos de edad y tiempo de servicio, pues al no observarse \u00a0unos de estos no se causa el derecho. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, estableci\u00f3 que el lapso comprendido entre el \u00a01\u00ba de mayo de 2001 hasta el 30 de agosto de 2009, no puede \u00a0computarse como tiempo de servicio para el reconocimiento de la \u00a0pensi\u00f3n convencional. Lo anterior, por cuanto nunca se \u00a0materializ\u00f3 el reintegro y, como tal, se incumplieron los \u00a0requisitos establecidos en la convenci\u00f3n colectiva vigente al \u00a030 de abril de 2001, la cual establece que se \u00a0reconocer\u00e1 dicho beneficio \u00aba \u00a0los trabajadores oficiales que cumplan 20 a\u00f1os de servicio \u00a0continuos o discontinuos, a los 50 a\u00f1os de edad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, concret\u00f3 que acorde con los medios de convicci\u00f3n \u00a0allegados al tr\u00e1mite, REBOLLEDO RIVAS naci\u00f3 el 28 de \u00a0abril de 1953, por tanto los 50 a\u00f1os los cumpli\u00f3 en el \u00a0a\u00f1o 2003. Sin embargo, el contrato finaliz\u00f3 el 30 de \u00a0abril de 2001, es decir, cuando contaba con 48 a\u00f1os de edad. \u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3, \u00a0que la parte actora cumpli\u00f3 \u00a0el requisito de edad, cuando hab\u00eda cesado la prestaci\u00f3n \u00a0personal del servicio. No obstante, resalt\u00f3 que la aludida \u00a0prestaci\u00f3n se reconoce al trabajador activo que cumpla con los \u00a0requisitos enunciados con anterioridad, acorde con lo establecido en \u00a0el precedente CSJ SL17982-2017. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por ende, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 27 de febrero de 2019 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela interpuesta por MANUEL JOS\u00c9 REBOLLEDO RIVAS. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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