{"id":48241,"date":"2023-09-14T21:53:18","date_gmt":"2023-09-14T21:53:18","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/14\/stp5462-2019\/"},"modified":"2023-09-14T21:53:18","modified_gmt":"2023-09-14T21:53:18","slug":"stp5462-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/14\/stp5462-2019\/","title":{"rendered":"STP5462-2019"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STP5462-2019 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104254 \u00a0<\/p>\n<p>Acta \u00a0102 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n<p>VISTOS: \u00a0<\/p>\n<p>Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de LA FEDERACI\u00d3N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA contra la \u00a0sentencia proferida el 4 de marzo de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que \u00a0neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0y el Juzgado 7 Laboral del Circuito de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro \u00a0de los procesos descritos en la demanda. \u00a0<\/p>\n<p>FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan \u00a0se extrae de la actuaci\u00f3n, Martha Luc\u00eda Torres Mart\u00ednez \u00a0instaur\u00f3 proceso ordinario contra LA FEDERACI\u00d3N \u00a0NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA con el prop\u00f3sito de que se \u00a0declarara la existencia de un contrato de trabajo y se ordenara el \u00a0pago de acreencias laborales. \u00a0<\/p>\n<p>Mediante \u00a0sentencia del 16 de febrero de 2009, el Juzgado 7 Laboral del \u00a0Circuito de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 a las pretensiones de la \u00a0demanda. Apelada esa \u00a0determinaci\u00f3n por las partes, el 30 de noviembre de 2011, la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 modific\u00f3 \u00a0la decisi\u00f3n de primera instancia, en el sentido de condenar a \u00a0la accionada al reconocimiento de la suma diaria de $79.000 a partir \u00a0del 18 de julio de 2008 y hasta la fecha en que se cancelen las \u00a0prestaciones sociales reconocidas por v\u00eda judicial por \u00a0concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria. \u00a0<\/p>\n<p>Tal \u00a0determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n, pero en fallo \u00a0del 20 de febrero de 2018, la Sala 2 de Descongesti\u00f3n Laboral \u00a0de esta Corte resolvi\u00f3 no casar. En tal virtud, el \u00a029 de junio de 2018, la entidad accionante consign\u00f3 a favor de \u00a0la demandante $178.717.208 por concepto de las condenas impuestas \u00a0entre las cuales se encontraba la suma de $58.697.000 que \u00a0correspond\u00eda a la sanci\u00f3n moratoria. \u00a0<\/p>\n<p>No \u00a0obstante, la demandante promovi\u00f3 proceso ejecutivo laboral y, \u00a0en prove\u00eddo del 13 de junio de 2018, el juzgado de \u00a0conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago y, pese a que la \u00a0entidad proponente present\u00f3 oposici\u00f3n por cuanto \u00abya \u00a0hab\u00eda pagado toda la condena\u00bb, \u00a0el Juzgado de conocimiento no accedi\u00f3 a esa petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Tras \u00a0ser apelada esa decisi\u00f3n, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u00a0como el proceso entraba en la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00a0\u00abes all\u00ed \u00a0donde deb\u00eda resolver si con la consignaci\u00f3n del t\u00edtulo \u00a0judicial, se pag\u00f3 o no totalmente la acreencia judicial que \u00a0aqu\u00ed se ejecuta\u00bb. En \u00a0ese orden, la ejecutante present\u00f3 liquidaci\u00f3n del \u00a0cr\u00e9dito, incluyendo diferentes conceptos que no estaban \u00a0contemplados en la sentencia que prest\u00f3 m\u00e9rito \u00a0ejecutivo y, pese a que fue objetada por la parte actora, en auto de \u00a019 de septiembre de 2018 el Juzgado accionado no accedi\u00f3 a su \u00a0solicitud. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0ende, la apel\u00f3 y el 13 de noviembre de 2018 el Tribunal \u00a0confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. Lo \u00a0anterior, tras argumentar que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00a0se ci\u00f1\u00f3 al mandamiento de pago y al t\u00edtulo \u00a0ejecutivo, \u00ablos \u00a0cuales concordaron en su tenor literal, al indicar sin variaci\u00f3n \u00a0alguna, que la indemnizaci\u00f3n moratoria se causar\u00eda \u00a0desde el 18 de julio de 2008 y hasta el instante en que se cumpliera \u00a0el pago de las condenas por prestaciones legales\u00bb, y, \u00a0por tanto, \u00a0\u00abcualquier inconformidad derivada de una interpretaci\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002, en lo que respecta a la \u00a0interrupci\u00f3n de la citada sanci\u00f3n a partir del mes \u00a0veinticinco contado desde la terminaci\u00f3n del contrato de la \u00a0actora, debi\u00f3 alegarse (\u2026) mediante los recursos \u00a0ordinarios y extraordinarios\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0criterio de la entidad accionante, el Tribunal desconoci\u00f3 el \u00a0art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el cual \u00a0\u00abno deja lugar \u00a0a interpretaci\u00f3n alguna respecto del alcance de la sanci\u00f3n \u00a0moratoria\u00bb y, \u00a0por consiguiente, se deb\u00eda liquidar hasta por 24 meses a \u00a0partir de la terminaci\u00f3n del contrato. \u00a0<\/p>\n<p>Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en busca del amparo de sus \u00a0derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad. En \u00a0consecuencia, requiri\u00f3 que se declare la nulidad de todo lo \u00a0actuado a partir del auto por medio del cual se aprob\u00f3 la \u00a0liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y, como tal, se tenga cumplida \u00a0la obligaci\u00f3n contenida en el fallo judicial. \u00a0<\/p>\n<p>TR\u00c1MITE \u00a0EN \u00a0PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0auto del \u00a021 \u00a0de febrero de 2019 \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte admiti\u00f3 la demanda \u00a0y dispuso notificar la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a los \u00a0sujetos pasivos de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Las \u00a0autoridades judiciales accionadas defendieron la legalidad de sus \u00a0determinaciones y se opusieron a la prosperidad de la demanda de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n<p>La Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, \u00a0tras considerar que la providencia reprochada es razonable y est\u00e1 \u00a0debidamente sustentada en la normatividad y la jurisprudencia \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0apoderado judicial de la entidad demandante impugn\u00f3 la \u00a0decisi\u00f3n, reiter\u00f3 las razones de su inconformidad \u00a0expuestas en la demanda. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n<p>Conforme \u00a0con lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en armon\u00eda con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 001 de 2002, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal es competente para \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n de la tutela, por cuanto el \u00a0procedimiento involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0el caso bajo estudio, la parte actora aleg\u00f3 que el Tribunal se \u00a0equivoc\u00f3 al aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00a0pues dio un alcance distinto al contenido de la providencia tomada \u00a0como t\u00edtulo ejecutivo y, con ello, desconoci\u00f3 el \u00a0art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. \u00a0<\/p>\n<p>No \u00a0obstante, si \u00a0la entidad accionante estaba \u00a0interesada en reprochar la \u00a0interrupci\u00f3n de la sanci\u00f3n, debi\u00f3 alegarlo al \u00a0interior del proceso ordinario promoviendo \u00a0los \u00a0recursos procedentes respecto del prove\u00eddo emitido el 13 de \u00a0junio de 2018, mediante el cual fue librado el mandamiento de pago, \u00a0aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de \u00a0tutela. Como omiti\u00f3 hacerlo, permiti\u00f3 \u00a0que la sentencia objeto de censura quedara en firme, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que la interesada \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0todo, en el presente asunto, los \u00a0razonamientos planteados en las decisiones cuestionadas se ofrecen \u00a0ajustados a derecho, en \u00a0tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y \u00a0la jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, tras referirse a las normas que regulan los requisitos del \u00a0t\u00edtulo ejecutivo, el Tribunal precis\u00f3 que el \u00a0mandamiento de pago se ajust\u00f3 al contenido literal de las \u00a0sentencias de primera y segunda instancia, en las que se orden\u00f3 \u00a0el pago por indemnizaci\u00f3n moratoria de la suma de $79.000 \u00a0pesos diarios a partir del 18 de julio de 2008 y hasta la fecha en \u00a0que se cancelen las prestaciones legales reconocidas por v\u00eda \u00a0judicial y, por ello, resolvi\u00f3 negar la objeci\u00f3n a la \u00a0liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. \u00a0<\/p>\n<p>A \u00a0la par, aclar\u00f3 que la aludida liquidaci\u00f3n tambi\u00e9n \u00a0se ci\u00f1\u00f3 al contenido del mandamiento de pago y t\u00edtulo \u00a0ejecutivo, los cuales indicaron que la indemnizaci\u00f3n moratoria \u00a0\u00abse \u00a0causar\u00eda desde el 18 de julio de 2008 y hasta el instante en \u00a0que se cumpliera el pago de las condenas por prestaciones legales\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Concluy\u00f3 \u00a0entonces que la causaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n solo se \u00a0detuvo el 29 de junio de 2018, cuando la ejecutada decidi\u00f3 \u00a0constituir un dep\u00f3sito judicial para pagar las sumas \u00a0correspondientes a prestaciones sociales. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0ese orden, la Sala advierte que la decisi\u00f3n censurada se \u00a0aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no actualiza \u00a0ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n<p>Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, se confirmar\u00e1, la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de 4 de marzo de 2019, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela interpuesta por el \u00a0apoderado judicial de LA FEDERACI\u00d3N NACIONAL DE CAFETEROS DE \u00a0COLOMBIA. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0est\u00e1 \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 STP5462-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104254 \u00a0 Acta \u00a0102 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. 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