\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP5442-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 104017 \u00a0<\/p>\n
Acta 102 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por JORGE ENRIQUE MARTES \u00a0FAWCET contra el fallo proferido el 25 de febrero del presente a\u00f1o \u00a0por el Tribunal Superior de Cartagena, \u00a0que \u00a0neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por la Vicefiscal General de la Naci\u00f3n y la Oficina \u00a0de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Regional Caribe de la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET \u00a0se encuentra vinculado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0desde el 7 de diciembre de 2006 en el cargo de T\u00e9cnico \u00a0Investigador II de la Direcci\u00f3n Especializada contra las \u00a0Organizaciones Criminales de Cartagena. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0Resoluci\u00f3n 1-0545 del 13 de diciembre de 2018, la Vicefiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n reubic\u00f3 \u00a0varios empleos en la planta de personal de dicha entidad y traslad\u00f3 \u00a0al accionante a la Unidad hom\u00f3loga de Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que su traslado carece de motivaci\u00f3n. As\u00ed mismo, \u00a0inform\u00f3 que las necesidades b\u00e1sicas de su n\u00facleo \u00a0familiar, \u00a0conformado por su esposa e hijos (de 2 meses, 3, 10 y 12 a\u00f1os), \u00a0se sufragan en su mayor\u00eda con su salario. Por ende, expres\u00f3 \u00a0que el cumplimiento de la orden impartida lo obligar\u00eda a \u00a0incurrir en mayores gastos, con lo cual se afectar\u00eda su m\u00ednimo \u00a0vital y el de su familia. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que uno de sus hijos presenta \u201ctrastorno generalizado de \u00a0desarrollo\u201d que demanda tratamiento y acompa\u00f1amiento, \u00a0adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario de vivienda en \u00a0Cartagena y su esposa labora hace m\u00e1s de 6 a\u00f1os en esa \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal raz\u00f3n, \u00a0acudi\u00f3 junto con su esposa CASILDA \u00a0ESTHER PINTO ARAZO \u00a0ante el juez constitucional para reclamar el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales a la unidad familiar, salud y m\u00ednimo vital. En \u00a0consecuencia, solicitaron \u00a0la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo a trav\u00e9s \u00a0del cual se dispone el traslado a Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 11 \u00a0de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado a las \u00a0autoridades judiciales accionadas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Director Ejecutivo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0pidi\u00f3 que se niegue el amparo constitucional demandado. Para \u00a0el efecto, se\u00f1al\u00f3 que el accionante no agot\u00f3 \u00a0todos los medios de defensa dispuestos por el legislador para \u00a0cuestionar su traslado. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, se\u00f1al\u00f3 que la reubicaci\u00f3n laboral \u00a0decretada no afecta gravemente a JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET, \u00a0pues se conserv\u00f3 el nivel del cargo y el monto del salario, \u00a0por tal raz\u00f3n descart\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n censurada obedeci\u00f3 a \u00a0razones del servicio con el fin de implementar las estrategias de \u00a0gesti\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0corporaci\u00f3n judicial de primera instancia neg\u00f3 el \u00a0amparo. \u00a0Expuso que la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n no fue arbitraria o caprichosa sino que obedeci\u00f3 \u00a0a sus facultades especiales. Adem\u00e1s, explic\u00f3 que la \u00a0protecci\u00f3n constitucional se torna improcedente para atacar la \u00a0orden de traslado, porque el accionante si bien interpuso el recurso \u00a0ordinario de reposici\u00f3n contra tal determinaci\u00f3n no \u00a0promovi\u00f3 en su contra los mecanismos jurisdiccionales de que \u00a0dispone. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0consider\u00f3 \u00a0que al no comprobarse la existencia de un perjuicio irremediable, no \u00a0procede la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio de \u00a0protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET \u00a0impugn\u00f3 el fallo, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por un \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
Dispone \u00a0el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y \u00a0as\u00ed lo reitera el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto en cita, \u00a0que la \u00a0acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando sean \u00a0amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las \u00a0autoridades p\u00fablicas o de los particulares. \u00a0<\/p>\n
Se caracteriza por \u00a0ser un tr\u00e1mite subsidiario e informal que tiene lugar ante la \u00a0ausencia de otro medio de defensa o su falta de idoneidad, o \u00a0excepcionalmente para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto objeto de estudio, JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET y CASILDA ESTHER PINTO ARAZO \u00a0censuraron la Resoluci\u00f3n \u00a01-0545 del 13 de diciembre de 2018, \u00a0a trav\u00e9s de la cual la \u00a0Vicefiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n traslad\u00f3 \u00a0al accionante a la Direcci\u00f3n Especializada contra las \u00a0Organizaciones Criminales de Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se trata de un acto administrativo, es \u00a0manifiesto que la determinaci\u00f3n reprochada es susceptible de \u00a0controversia a trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-), cuya caducidad es de 4 meses (Art. \u00a0164-2-C). \u00a0<\/p>\n
Incluso, dentro de \u00a0dicho tr\u00e1mite el funcionario judicial puede decretar como \u00a0medida provisional, desde el auto admisorio, la suspensi\u00f3n de \u00a0los efectos del acto administrativo criticado (Art. 230-3). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de un medio de defensa judicial mediante el cual pueden \u00a0exponerse las inconformidades que se han puesto de presente, torna \u00a0improcedente esta solicitud de tutela (numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991), especialmente porque no est\u00e1 \u00a0acreditada, ni lo advierte la Sala, una evidente situaci\u00f3n de \u00a0perjuicio irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n \u00a0transitoria del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del \u00a0derecho a la salud, la Sala advierte que el actor no refiri\u00f3 \u00a0ninguna omisi\u00f3n o acci\u00f3n atribuible a la autoridad \u00a0accionada que permita inferir la vulneraci\u00f3n de tal garant\u00eda, \u00a0ni tampoco demostr\u00f3 la incompatibilidad de su traslado con su \u00a0estado cl\u00ednico ni el de sus familiares cercanos. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas fundamentales \u00a0del actor, no procede la protecci\u00f3n constitucional que \u00a0reclama. \u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, no puede la Sala olvidar la \u00a0facultad especial con que cuenta la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n para modificar las condiciones de modo, lugar, cantidad \u00a0o tiempo en que sus funcionarios prestan sus servicios personales y \u00a0profesionales. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0lo ha reconocido la \u00a0Corte Constitucional, al determinar que \u00e9sta cuenta con una \u00a0planta de car\u00e1cter global y flexible que facilita los \u00a0movimientos de personal con miras a garantizar el cumplimiento de los \u00a0fines del Estado y optimizar la prestaci\u00f3n del servicio. \u00a0Potestad que, en s\u00ed misma, no vulnera los derechos \u00a0fundamentales de los empleados, como parece entender el actor. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0otras palabras, \u00a0quienes se encuentran vinculados a entidades p\u00fablicas con \u00a0planta global tienen una menor estabilidad territorial, pues existen \u00a0motivos de inter\u00e9s general, como aumentar la eficiencia de la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, que justifican un tratamiento \u00a0diferente. (CC sentencia T-468 de 2002). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la Sala no advierte que los \u00a0movimientos de personal adoptados recientemente por la Vicefiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n tengan la virtualidad de vulnerar o \u00a0amenazar los derechos fundamentales del accionante, ya que \u00a0obedecieron a las demandas del servicio y respetaron las garant\u00edas \u00a0m\u00ednimas de JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET, \u00a0pues conserv\u00f3 su cargo y salario. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0se confirmar\u00e1 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00ba 2, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema \u00a0de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 25 de febrero de 2019 proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Cartagena, que neg\u00f3 el amparo solicitado \u00a0por \u00a0JORGE \u00a0ENRIQUE MARTES FAWCET y CASILDA ESTHER PINTO ARAZO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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