\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP5375-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 103919 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 102 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Sala a pronunciarse acerca de la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00a0por \u00a0BELIA ACOSTA DE LA ROSA Y OTROS, a \u00a0trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el fallo de tutela \u00a0proferido el 22 de febrero de 2019, por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Santa Marta, que les neg\u00f3 el amparo del derecho \u00a0fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la \u00a0Gobernaci\u00f3n del Magdalena, Contralor\u00eda General de la \u00a0Rep\u00fablica, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0Ministerio de Hacienda, Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica \u00a0del Estado, Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y \u00a0Presidencia de la Rep\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la demanda y los dem\u00e1s documentos allegados al plenario, se \u00a0infiere lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0BELIA \u00a0ACOSTA DE LA ROSA \u00a0y otros pensionados de la Industria Licorera del Magdalena, \u00a0solicitaron a ese Departamento el reconocimiento y pago del reajuste \u00a0pensional, seg\u00fan la cl\u00e1usula 2\u00aa de la Convenci\u00f3n \u00a0Colectiva de 1979, suscrita entre la empresa y el sindicato de \u00a0trabajadores, el cual fue negado por v\u00eda administrativa. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Los \u00a0mencionados iniciaron, tramitaron y culminaron procesos ante la \u00a0justicia ordinaria laboral, en la que se reconoci\u00f3 y orden\u00f3 \u00a0cancelar el ajuste pensional al Departamento del Magdalena a su \u00a0favor. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Departamento del Magdalena se encuentra, desde el a\u00f1o 2001 en \u00a0intervenci\u00f3n econ\u00f3mica, circunstancia que los \u00a0imposibilita para iniciar un proceso ejecutivo laboral, por \u00a0consiguiente, presentaron peticiones para el cumplimiento de los \u00a0fallos judiciales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0manifiesta el apoderado de los referidos, que a la fecha de la \u00a0instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no ha recibido \u00a0respuesta frente a sus solicitudes. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, avoc\u00f3 el \u00a0conocimiento \u00a0de la acci\u00f3n constitucional y en consecuencia, orden\u00f3 \u00a0correr traslado de la demanda a las autoridades judiciales accionadas \u00a0y vinculadas, para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0Delegado para el Sector Social de la Contralor\u00eda General de la \u00a0Rep\u00fablica, indic\u00f3 que atendiendo las pretensiones de la \u00a0demanda, las mismas no son de resorte de esa entidad, pues no se \u00a0evidencia omisi\u00f3n alguna de ese \u00f3rgano de control \u00a0fiscal, por lo tanto solicita su desvinculaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Asesora del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico \u00a0indic\u00f3 que no tuvo conocimiento de las peticiones formuladas \u00a0por los accionantes, no obstante, manifest\u00f3 que a trav\u00e9s \u00a0de Resoluci\u00f3n Nro. 1389 de 23 de junio de 2000, la Direcci\u00f3n \u00a0General de Apoyo Fiscal de ese Ministerio, se admiti\u00f3 al \u00a0departamento del Magdalena para la negociaci\u00f3n de un acuerdo \u00a0de restructuraci\u00f3n de pasivos dentro del contexto de la Ley \u00a0550 de 1999, que permitiera convenir las condiciones de pago de las \u00a0acreencias adeudadas por el departamento. \u00a0<\/p>\n
Refiri\u00f3 \u00a0que el citado Acuerdo se suscribi\u00f3 con los acreedores el 23 de \u00a0julio de 2001 y se modific\u00f3 el 30 de septiembre de 2009, \u00a0incluyendo entre otras acreencias, las derivadas del pasivo \u00a0resultante de la reestructuraci\u00f3n institucional del \u00a0departamento y del cierre del proceso de liquidaci\u00f3n de las \u00a0entidades descentralizadas, entre esas, la Licorera del Magdalena, \u00a0por consiguiente, seg\u00fan informaci\u00f3n suministrada por la \u00a0administraci\u00f3n del departamento, a la fecha, la Oficina de \u00a0Pensiones, adelanta los tr\u00e1mites administrativos tendientes a \u00a0dar cumplimiento a la sentencias proferidas a favor de los \u00a0accionantes, cuyas obligaciones fueron asumidas por el departamento \u00a0con ocasi\u00f3n de la supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la \u00a0Licorera, de conformidad con lo establecido en el Decreto 254 de \u00a02000, en los t\u00e9rminos previstos en el par\u00e1grafo 2 del \u00a0art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo \u00a0y de lo Contencioso Administrativo y en las condiciones estipuladas \u00a0en el Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de pasivos que se est\u00e1 \u00a0ejecutando en la entidad territorial. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Un funcionario de la Procuradur\u00eda Regional del Magdalena, \u00a0solicit\u00f3 se desvincule del tr\u00e1mite constitucional por \u00a0falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a las \u00a0pretensiones del libelo. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por su parte, la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Departamento del \u00a0Magdalena, inform\u00f3 que las obligaciones respecto a las \u00a0sentencias judiciales proferidas en favor de los pensionados de la \u00a0extinta industria Licorera del Magdalena fueron asumidas por el \u00a0Departamento en ocasi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n y cierre de la \u00a0empresa conforme a lo estipulado en el Decreto 254 de 2000. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso particular, refiri\u00f3 que la funci\u00f3n \u00a0administrativa ha surtido los tr\u00e1mites antes las distintas \u00a0dependencias a fin de darle cumplimiento a la sentencia, resaltando \u00a0que las solicitudes instauradas se encuentran en tr\u00e1mite, \u00a0teniendo en cuenta la complejidad de las mismas, por lo que se hizo \u00a0necesario realizar estudios jur\u00eddicos por parte de la Oficina \u00a0de Pensiones del Departamento. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de lo anterior, alleg\u00f3 copia de: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Resoluci\u00f3n Nro. 0148 de 2019 por medio de la cual se ordena \u00a0dar cumplimiento a una sentencia judicial que reconoce reajuste de la \u00a0Ley 4 de 1976 a favor de la se\u00f1ora Ligia de Vega Benavides- \u00a0notificada personalmente el 13 de febrero de 2019. \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0CDP1 \u00a0Nro. 124 con fecha de emisi\u00f3n de 28 de enero de 2019, \u00a0correspondiente a Eduardo Rodr\u00edguez Orozco. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Resoluci\u00f3n Nro. 0092 de 2019, a trav\u00e9s de la que se \u00a0ordena dar cumplimiento a una sentencia judicial que reconoce el \u00a0reajuste de la Ley 4\u00aa de 1976 a favor del se\u00f1or Edilberto \u00a0Rafael Rada L\u00f3pez- notificada el 29 de enero de 2019. \u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Planilla de Pago Nro. 00082 de 7 de febrero de 2019 a nombre del \u00a0se\u00f1or Alfredo Jos\u00e9 Sanabria de Luque, cancelada con \u00a0fecha de 15 de febrero de 2019, por un valor de $71.090.557. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0CDP Nro. 174 de 14 de febrero de 2019 en favor de la se\u00f1ora \u00a0Santos Ernestina Reyes Mart\u00ednez. \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0CDP Nro. 170 de 12 de febrero de 2019 en favor de Belia Rosa Acosta \u00a0de la Rosa, a trav\u00e9s de apoderado judicial. \u00a0<\/p>\n
Reiter\u00f3 \u00a0que frente a las dem\u00e1s solicitudes se encuentra en el t\u00e9rmino \u00a0previsto parta dar cumplimiento a las condenas judiciales impuestas. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La Jefe de la Oficina de Pensiones del Departamento del Magdalena, \u00a0se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a014 de la Ley 1437 de 2011, las peticiones deben resolverse dentro de \u00a0los 15 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n, empero cuando \u00a0una norma especial fija un plazo diferente para resolver de fondo un \u00a0asunto, prima este, tal como acontece con el pago de sentencias \u00a0judiciales, al tenor del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a los tr\u00e1mites otorgados a la petici\u00f3n, indic\u00f3 \u00a0que no ha sido negligente, en tanto \u00abtodas \u00a0ellas llevan un grado de avance\u00bb \u00a0y \u00a0si bien no se han concluido la totalidad de los tr\u00e1mites a \u00a0efectos de atender y evacuar todas las solicitudes, la administraci\u00f3n \u00a0realiza actividades encaminadas a darle cumplimiento. \u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, el \u00a022 de febrero de 2019, negando el amparo del derecho fundamental \u00a0invocado, al evidenciar una carencia actual de objeto por hecho \u00a0superado, toda vez que a la fecha ya fueron resueltas las \u00a0pretensiones de los accionantes, por parte del Departamento del \u00a0Magdalena. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, en relaci\u00f3n con el plazo para resolver solicitudes \u00a0para el pago de sentencias, indic\u00f3 la Sala que, en virtud de \u00a0la naturaleza jur\u00eddica de los Departamentos, estas entidades \u00a0tienen un t\u00e9rmino de 10 meses para solucionar seg\u00fan lo \u00a0estipulado en la Ley 1437 de 2011. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la decisi\u00f3n emitida, el apoderado judicial la impugn\u00f3 \u00a0e insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, \u00a0teniendo en cuenta la manera aleatoria en que se han dado \u00a0cumplimiento a los fallos judiciales, sin justificaci\u00f3n para \u00a0ello, lo que a su juicio genera desigualdad entre los solicitantes. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesto por \u00a0BELIA ACOSTA DE LA ROSA Y OTROS, \u00a0mediante \u00a0apoderado judicial, \u00a0contra la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Corresponde \u00a0a la Corte verificar si las autoridades demandadas vulneraron el \u00a0derecho fundamental de petici\u00f3n alegado por los accionantes. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n de tutela constituye un mecanismo de orden \u00a0constitucional que tiene por objeto la protecci\u00f3n inmediata de \u00a0los derechos constitucionales fundamentales de la persona, cuando \u00a0quiera que estos resulten vulnerados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0de cualquier autoridad p\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal sentido, la Sala ha comprendido que la protecci\u00f3n cabe \u00a0predicarla respecto de cualquier persona, natural o jur\u00eddica, \u00a0as\u00ed como en frente de providencias judiciales, cuando \u00a0constituyan verdaderas v\u00edas de hecho, por ser incuestionable \u00a0que tanto para su forma como para su contenido el juez debe acatar el \u00a0orden jur\u00eddico en su conjunto, y servirse, de ser necesario, \u00a0de los criterios auxiliares previstos en la normativa constitucional \u00a0o en cada una de las particulares disciplinas del derecho. \u00a0<\/p>\n
Ahora, frente al \u00a0caso en concreto, la demanda de tutela se fundament\u00f3 en el \u00a0presunto desconocimiento al derecho de petici\u00f3n por parte del \u00a0Departamento del Magdalena, en consideraci\u00f3n en que, a la \u00a0fecha de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, \u00a0la entidad accionada no hab\u00eda dado respuesta a las \u00a0solicitudes, las que se presentaron por parte de los accionantes en \u00a0diferentes fechas, con una \u00fanica pretensi\u00f3n: \u00absolicitar \u00a0al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA se le d\u00e9 cumplimiento al fallo \u00a0de segunda instancia proferido por el HONORABLE TRIBUNAL JUDICIAL DE \u00a0SANTA MARTA-SALA LABORAL2\u00bb \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, el \u00a0juez constitucional al advertir que los requerimientos fueron \u00a0atendidos por el accionado, declar\u00f3 improcedente la tutela \u00a0atendiendo la carencia actual del objeto por hecho superado, pues si \u00a0bien los fallos no hab\u00edan sido cumplidos en su totalidad, la \u00a0administraci\u00f3n departamental estaba gestionando los tr\u00e1mites \u00a0correspondientes, respuesta que fue otorgada de manera clara, concisa \u00a0y congruente en el desarrollo de la actuaci\u00f3n, resaltando que \u00a0no existe vulneraci\u00f3n al derecho de pensi\u00f3n, por cuanto \u00a0los accionantes perciben normalmente su mesada, adem\u00e1s que los \u00a0requerimientos han sido resueltos paulatinamente, en tanto debido a \u00a0la multiplicidad de estos \u00a0en algunos casos los plazos o t\u00e9rminos \u00a0no se han llegado a cumplir, no obstante con relaci\u00f3n a los \u00a0aqu\u00ed accionantes, el cumplimiento del fallo se encuentra en \u00a0tr\u00e1mite, se\u00f1al\u00e1ndose en la contestaci\u00f3n \u00a0la gesti\u00f3n realizada en cada caso particular. \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, \u00a0esa \u00a0situaci\u00f3n da lugar al fen\u00f3meno jur\u00eddico definido \u00a0en la jurisprudencia constitucional, como hecho superado, tal como lo \u00a0advirtiera el juez de primera instancia, el cual ocurre cuando: \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 se \u00a0encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda \u00a0dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, ha \u00a0cesado, desapareciendo as\u00ed toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o \u00a0a los derechos fundamentales. De este modo, se entiende por hecho \u00a0superado la situaci\u00f3n que se presenta cuando, durante el \u00a0tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela o de su revisi\u00f3n \u00a0en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que \u00a0la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, en principio, \u00a0informada a trav\u00e9s de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, ha cesado.\u201d3 \u00a0<\/p>\n
Ahora, la \u00a0inconformidad del recurrente va dirigida espec\u00edficamente a que \u00a0se respondieron las solicitudes de manera aleatoria y no se \u00a0respetaron, a su parecer, \u00a0los turnos para la debida contestaci\u00f3n, \u00a0motivaciones que para esta Sala no resultan de relevancia tal que \u00a0conlleve a la conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales, pues \u00a0como se determin\u00f3 la entidad accionada explic\u00f3 la \u00a0complejidad de los asuntos en relaci\u00f3n a las m\u00faltiples \u00a0solicitudes y la manera como estas han sido satisfechas, resaltando \u00a0adem\u00e1s que se encuentra en el t\u00e9rmino para su \u00a0cumplimiento seg\u00fan lo contenido en la Ley 1437 de 2011, que \u00a0establece diez meses para el cumplimiento de las sentencias \u00a0judiciales por parte de las entidades p\u00fablicas. \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior y \u00a0sin consideraciones adicionales, esta \u00a0Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n emitida por el a \u00a0quo, \u00a0al evidenciar que no se conculc\u00f3 derecho fundamental alguno de \u00a0los demandantes, \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de las Corte Suprema de Justicia, en \u00a0Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1, administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar \u00a0el fallo impugnado, conforme las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0a \u00a0las partes de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, una vez en \u00a0firme el presente prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Certificado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Disponibilidad Presupuestal. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 25, 39, 58, 73, entre otros. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencia T-146 de 2012 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 EUGENIO FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP5375-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 103919 \u00a0 Acta \u00a0No. 102 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 ASUNTO \u00a0 Procede \u00a0la Sala a pronunciarse acerca de la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00a0por \u00a0BELIA ACOSTA DE LA ROSA Y OTROS, a \u00a0trav\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-48198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}