\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
STP533-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 102342 \u00a0<\/p>\n
Acta 7 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de \u00a0dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por JOS\u00c9 GELBER MANCIPE ROND\u00d3N, en procura \u00a0del amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente \u00a0vulnerado por la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Tunja y los Juzgados 2\u00ba Penal del Circuito de \u00a0Chiquinquir\u00e1 y 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Tunja. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculadas la \u00a0Procuradur\u00eda 172 Judicial II Penal de Tunja y la Defensor\u00eda \u00a0del Pueblo Regional Boyac\u00e1 y la Fiscal\u00eda 22 Seccional \u00a0de Chiquinquir\u00e1. As\u00ed como a las partes e \u00a0intervinientes del proceso penal seguido contra la accionante. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De la actuaci\u00f3n se establece que JOS\u00c9 \u00a0GELBER MANCIPE ROND\u00d3N se encuentra recluido en el \u00a0Establecimiento Penitenciario de C\u00f3mbita, descontando la pena \u00a0de 360 meses de prisi\u00f3n impuesta el 1\u00ba de abril de 2014 \u00a0por el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento, tras encontrarlo penalmente \u00a0responsable de los delitos de acceso carnal abusivo agravado en \u00a0concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os \u00a0agravado, por hechos ocurridos entre los a\u00f1os 2009 y 2010. El \u00a0Despacho no le concedi\u00f3 la \u00a0suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena ni el \u00a0sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0<\/p>\n
La vigilancia de la condena est\u00e1 a cargo \u00a0del Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Tunja, ante el cual, solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n \u00a0de la sanci\u00f3n. En concreto, asegur\u00f3 que el funcionario \u00a0de conocimiento no debi\u00f3 tener en cuenta algunos agravantes al \u00a0momento de la tasaci\u00f3n de la pena. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, su pretensi\u00f3n fue denegada en \u00a0autos de primera y segunda instancia proferidos el 20 de junio y 13 \u00a0de noviembre de 2018 por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de la misma ciudad, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
En criterio del accionante, tales autos no \u00a0contienen un verdadero an\u00e1lisis de las cr\u00edticas \u00a0planteadas respecto de la dosificaci\u00f3n realizada por el juez \u00a0de conocimiento. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, tras considerar vulnerado su \u00a0derecho fundamental al debido proceso acudi\u00f3 a la acci\u00f3n \u00a0de tutela para demandar que se dejen sin efectos las determinaciones \u00a0censuradas. Insiste en que el fallo condenatorio tas\u00f3 \u00a0indebidamente la pena, por lo que reprocha que el Juzgado de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y el Tribunal no hubieran corregido tal \u00a0yerro. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por auto del 14 de diciembre de 2018, la Sala \u00a0admiti\u00f3 la \u00a0demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y el \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad relataron el transcurso de la actuaci\u00f3n y \u00a0se remitieron a los fundamentos de las providencias criticadas. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En primer lugar, encuentra la Sala que el \u00a0demandante pudo controvertir la dosificaci\u00f3n punitiva \u00a0contenida en la sentencia de primera instancia a trav\u00e9s del \u00a0recurso de apelaci\u00f3n, presentando argumentos similares a los \u00a0expuestos en la demanda de tutela. Sin embargo, como advirti\u00f3 \u00a0el Tribunal Superior de Tunja en el auto cuestionado, dicho asunto no \u00a0fue ventilado en el recurso vertical. Inclusive, en caso de obtener \u00a0resultados adversos, habr\u00eda tenido a su alcance el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Como no agot\u00f3 \u00a0adecuadamente esos medios de defensa, la solicitud de amparo se torna \u00a0improcedente \u2013numeral \u00a01\u00ba del \u00a0art\u00edculo \u00a06\u00ba del \u00a0Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia \u00a0T \u2013 1217 de \u00a02003-. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que el descuido \u00a0puesto de presente permiti\u00f3 que la tasaci\u00f3n punitiva \u00a0realizada por el Juzgado 2\u00ba Penal del \u00a0Circuito de Chiquinquir\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s \u00a0de la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo \u00a0transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es \u00a0necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los \u00a0medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 \u00a0111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, se advierte que, contrario a lo \u00a0afirmado en la solicitud de amparo, los autos objeto de reproche \u00a0estuvieron precedidos del an\u00e1lisis serio y ponderado de la \u00a0controversia planteada y de la aplicaci\u00f3n de la normativa \u00a0pertinente, lo que conllev\u00f3 la conclusi\u00f3n sobre la \u00a0imposibilidad de pronunciarse de fondo respecto de la redosificaci\u00f3n \u00a0punitiva pretendida por el demandante. \u00a0<\/p>\n
Sobre el tema en debate, la Corte ha se\u00f1alado \u00a0que conforme las previsiones del art\u00edculo 38 de la Ley 906 de \u00a02004 la funci\u00f3n primordial de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas es adoptar las decisiones relacionadas con el cumplimiento \u00a0de la sentencia en firme. \u00a0<\/p>\n
No obstante, est\u00e1n autorizados a modificar \u00a0el contenido del fallo cuando su decisi\u00f3n estribe sobre la \u00a0aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad debido a una ley \u00a0posterior y hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, \u00a0sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la \u00a0sanci\u00f3n penal o el reconocimiento de la ineficacia de la \u00a0sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido \u00a0declarada inexequible o haya perdido su vigencia, seg\u00fan se \u00a0desprende de los numerales 7\u00ba y 9\u00ba de la disposici\u00f3n \u00a0en cita. (CSJ STP, 05 Jun 2014, Rad. 73884; y CSJ STP, 26 Jun 2014, \u00a0Rad. 74336). \u00a0<\/p>\n
Por tanto, los motivos expuestos para negar la \u00a0modificaci\u00f3n pretendida no se ofrecen caprichosos sino \u00a0ajustados a derecho, fundamentados en las disposiciones legales y la \u00a0jurisprudencia sobre la materia, pues tal como se desprende \u00a0del pronunciamiento en cita, en sede de ejecuci\u00f3n de penas no \u00a0es posible modificar los fallos de instancia, salvo cuando se \u00a0presente un cambio legislativo (por derogaci\u00f3n o \u00a0inconstitucionalidad de la ley), evento que no ocurre en el caso \u00a0examinado. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda \u00a0de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta \u00a0Pol\u00edtica) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias \u00a0como las controvertidas s\u00f3lo porque la impugnante no las \u00a0comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en \u00a0dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de \u00a0los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Admitir en sede de tutela el debate planteado por \u00a0la parte actora, traducir\u00eda entender, equivocadamente desde \u00a0luego, a la acci\u00f3n constitucional como tercera instancia de \u00a0los procedimientos ordinarios. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, por tanto, el amparo \u00a0constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0JOS\u00c9 GELDER MANCIPE ROND\u00d3N contra \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Tunja, los Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 \u00a0y 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Tunja. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De no ser \u00a0impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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