\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP4937-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0No. 104073 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a098 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por ORLANDO \u00a0GUEVARA CASTA\u00d1O, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado, contra la SALA \u00a0DE DESCONGESTI\u00d3N No. 1 DE LA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL \u00a0DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. \u00a0Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la \u00a0SALA \u00a0LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN y\/o \u00a0SALA \u00a0QUINTA DE DESCONGESTI\u00d3N LABORAL de \u00a0la \u00a0misma entidad, \u00a0el JUZGADO \u00a02\u00b0 ADJUNTO AL 10\u00b0 LABORAL DEL CIRCUITO de \u00a0la mencionada \u00a0ciudad \u00a0y a todas las partes e intervinientes dentro del proceso laboral \u00a0identificado con radicaci\u00f3n 05 001 31 05 004 2008 00824. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado \u00a0de ORLANDO GUEVARA CASTA\u00d1O indic\u00f3 \u00a0que \u00e9ste cuenta con 78 a\u00f1os de edad, y estuvo \u00a0desde el 27 de junio de 2006 al 15 de enero de 2008 incapacitado por \u00a0diversas enfermedades por parte de la EPS SUSALUD. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el 7 de febrero de 2007 mediante dictamen m\u00e9dico laboral \u00a0se determin\u00f3 que GUEVARA CASTA\u00d1O ten\u00eda una \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral del 62.50% de origen com\u00fan, \u00a0con fecha de estructuraci\u00f3n 29 de junio de 2006. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, solicit\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales (hoy \u00a0Colpensiones) el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de \u00a0invalidez, pero mediante Resoluci\u00f3n 021471 del 3 de septiembre \u00a0de 2007 le fue negada su pretensi\u00f3n al no cumplir con los \u00a0requisitos1. \u00a0Ante esta situaci\u00f3n, elev\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y apelaci\u00f3n, los que fueron resueltos de manera negativa. \u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0present\u00f3 demanda ordinaria laboral en la que ped\u00eda le \u00a0fuera concedida la pensi\u00f3n de invalidez, pero el 31 de enero \u00a0de 2011 el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 \u00a0su solicitud, decisi\u00f3n contra la que present\u00f3 recurso \u00a0de apelaci\u00f3n y la Sala 5\u00aa Laboral de Descongesti\u00f3n \u00a0del Tribunal Superior de la misma ciudad el 30 de abril de 2012, \u00a0confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal situaci\u00f3n, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00a0y mediante sentencia SL342-2018, Rad. 59255 del 3 de octubre de 2018, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00a0resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado, por lo que \u00a0actualmente no cuenta con la pensi\u00f3n de invalidez. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que luego de que GUEVARA CASTA\u00d1O fuera calificado como \u00a0inv\u00e1lido2, \u00a0la EPS SUSALUD continu\u00f3 expidiendo certificados de \u00a0incapacidad, pero neg\u00f3 el pago de los mismos por cuanto ya se \u00a0encontraba pensionado. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que la sentencia de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 el precedente \u00a0de la Corte Constitucional \u2014sentencia \u00a0T-046 de 2019\u2014, \u00a0en el que se orden\u00f3 el pago de una pensi\u00f3n de \u00a0invalidez. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, pide que se protejan sus derechos fundamentales y se \u00a0revoque la sentencia SL4342-2018, Rad. 59255, del 3 de octubre de \u00a02018, y, en su lugar se expida una nueva sentencia en la cual se \u00a0conceda la pensi\u00f3n de invalidez. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0Y RESPUESTA \u00a0<\/p>\n
DE LAS \u00a0AUTORIDADES ACCIONADAS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del \u00a0Instituto de Seguros Sociales indic\u00f3 que al realizar la \u00a0consulta del caso encontr\u00f3 que el proceso de GUEVARA CASTA\u00d1O \u00a0no fue objeto de entrega al PAR ISS, ni se vincul\u00f3 al mismo, \u00a0en atenci\u00f3n a que el objeto de debate en el tr\u00e1mite \u00a0procesal no recae en las obligaciones contempladas en el Contrato de \u00a0Fiducia, toda vez que al ser un asunto que se deriva del r\u00e9gimen \u00a0de prima media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012 es un \u00a0asunto de competencia de la Administradora Colombiana de Pensiones \u00a0\u2014COLPENSIONES\u2014. \u00a0<\/p>\n
De otro lado, \u00a0inform\u00f3 que de los hechos descritos no se observa vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos del accionante pues goz\u00f3 de todas las \u00a0garant\u00edas en el desarrollo del proceso laboral. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del \u00a0Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, \u00a0concordante con el art\u00edculo 44 del Reglamento General de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta \u00a0Corporaci\u00f3n es competente para pronunciarse sobre la demanda \u00a0de tutela instaurada a trav\u00e9s de apoderado por ORLANDO GUEVARA \u00a0CASTA\u00d1O. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Para el caso, aun cuando el demandante haya cumplido las condiciones \u00a0generales de procedencia de la tutela, no se advierte alg\u00fan \u00a0defecto espec\u00edfico que habilite el amparo invocado. \u00a0Tampoco \u00a0se evidencian arbitrarias las decisiones controvertidas, sino \u00a0razonables y ajustadas a derecho. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, las instancias negaron el reconocimiento y pago de la \u00a0pensi\u00f3n de invalidez, en los t\u00e9rminos pretendidos por \u00a0el demandante, porque no se acredit\u00f3 al interior del proceso \u00a0el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de \u00a0invalidez, lo que imped\u00eda que se accediera a las pretensiones \u00a0formuladas en la demanda ordinaria. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, dijo \u00a0el Juzgado de primer nivel: \u00a0<\/p>\n
\u2026al \u00a0haberse acreditado en el plenario la ausencia de cumplimiento de los \u00a0requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003 y no ser procedente la \u00a0aplicaci\u00f3n de las disposiciones propias del Decreto 758 de \u00a01990, ser\u00e1 necesario ABSOLVER a la entidad accionada de las \u00a0pretensiones incoadas\u20263 \u00a0<\/p>\n
La Sala Laboral \u00a0del Tribunal Superior de Medell\u00edn, se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u2026 concuerda \u00a0la Sala con la decisi\u00f3n de la Juez de primera instancia, en el \u00a0sentido de que no puede en aplicaci\u00f3n del principio de la \u00a0condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, examinarse la situaci\u00f3n \u00a0pensional que se presenta en el sub j\u00fadice, que se consolid\u00f3 \u00a0en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo la preceptiva del Acuerdo 049 \u00a0de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u20264 \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala Laboral de la Corte \u00a0Suprema de Justicia expuso: \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es evidente que la norma que rige la pensi\u00f3n de \u00a0invalidez es la vigente al momento de su estructuraci\u00f3n, esto \u00a0es, el 29 de junio de 2006, de modo que en efecto le \u00a0era aplicable el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, y por \u00a0lo tanto, el se\u00f1or Orlando Guevara Casta\u00f1o deb\u00eda \u00a0acreditar un total de 50 semanas sufragadas en los tres a\u00f1os \u00a0interiores a su estado, \u00a0es decir, entre el 29 de junio de 2003 y ese mismo d\u00eda y mes \u00a0del a\u00f1o 2006; siendo un hecho indiscutido que en ese lapso de \u00a0tiempo solo contaba con 33 semanas. (\u00c9nfasis \u00a0agregado)5. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de la razonabilidad de las decisiones cuestionadas, no es de recibo \u00a0que pretenda el demandante introducir, a trav\u00e9s de la tutela, \u00a0que se realice una nueva valoraci\u00f3n ya hecha por los jueces \u00a0ordinarios en virtud de sus espec\u00edficas competencias. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, los argumentos presentados en la tutela, fueron tenidos en \u00a0cuenta dentro del proceso, tanto as\u00ed que en sede de Casaci\u00f3n \u00a0se dijo: \u00a0<\/p>\n
\u2026 el ad \u00a0quem neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida fundado en la \u00a0insuficiencia de semanas sufragadas requeridas por el art\u00edculo \u00a01\u00b0 de la ley 860 de 2003 y no porque hubiese desconocido el \u00a0aspecto catastr\u00f3fico de su enfermedad, como equivocadamente lo \u00a0entendi\u00f3 el recurrente. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0pues, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela no es una \u00a0sede para que se \u00a0imponga el criterio del demandante a toda costa, menos a\u00fan \u00a0cuando las autoridades accionadas emitieron decisiones acordes a lo \u00a0probado en el proceso, que fueron debidamente motivadas, razonables y \u00a0ajustadas a derecho. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, se debe recordar que los efectos de las providencias que \u00a0profiere la Corte Constitucional en su labor de revisi\u00f3n de \u00a0las decisiones judiciales relacionadas con la acci\u00f3n de \u00a0tutela, son inter \u00a0partes, \u00a0es decir, que solo afectan las situaciones particulares de quienes \u00a0intervienen en el proceso de revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0la finalidad de la acci\u00f3n de tutela no es la de servir de \u00a0tercera instancia a las del tr\u00e1mite que ya feneci\u00f3 y no \u00a0se advierte alguna v\u00eda de hecho que evidencie la afectaci\u00f3n \u00a0de las garant\u00edas fundamentales del accionante, se \u00a0impone negar el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, \u00a0LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 2, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
NEGAR \u00a0la \u00a0acci\u00f3n de tutela presentada a trav\u00e9s de apoderado por \u00a0el se\u00f1or ORLANDO GUEVARA CASTA\u00d1O. \u00a0<\/p>\n
NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a050 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la invalidez, ni la densidad de cotizaci\u00f3n para cumplir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con el requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Diagnostico VIH-SIDA Estadio B3. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CD aportado con los anexos de la demanda a folio 9. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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