\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP4430-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 103773 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a081 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por los apoderados \u00a0judiciales de DIOMAR EMIRO PARRA SEP\u00daLVEDA en procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de C\u00facuta con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma \u00a0ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e \u00a0intervinientes reconocidos al interior del proceso penal 2016-80012 \u00a0seguido contra el actor. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda, contra DIOMAR EMIRO PARRA SEP\u00daLVEDA \u00a0se adelanta un proceso penal como presunto autor de los delitos de \u00a0homicidio agravado en concurso con homicidio tentado, por hechos \u00a0acaecidos el 9 de julio de 2016 en el corregimiento La Curva, \u00a0jurisdicci\u00f3n del municipio de Sardinata (Norte de Santander). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0audiencia p\u00fablica celebrada el 22 de agosto de 2018, el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de C\u00facuta con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento accedi\u00f3 a la pr\u00e1ctica de las pruebas \u00a0solicitadas por la Fiscal\u00eda, espec\u00edficamente el \u00e1lbum \u00a0y diligencia de reconocimiento fotogr\u00e1fico, tras considerar \u00a0que, contrario a lo argumentado por la defensa, fueron obtenidos \u00a0l\u00edcitamente. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n la defensa la apel\u00f3 y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta la confirm\u00f3 \u00a0el 11 de septiembre de 2018. \u00a0<\/p>\n
Argument\u00f3 \u00a0la parte demandante que la decisi\u00f3n de segunda instancia \u00a0desconoci\u00f3 sus derechos fundamentales a la intimidad y debido \u00a0proceso, porque las im\u00e1genes utilizadas para la elaboraci\u00f3n \u00a0del \u00e1lbum fotogr\u00e1fico de reconocimiento fueron \u00a0obtenidas de la base de datos de la Registradur\u00eda Nacional del \u00a0Estado Civil sin la autorizaci\u00f3n previa del juez de control de \u00a0garant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, que no se adelant\u00f3 diligencia de reconocimiento \u00a0el fila de personas, tal y como prev\u00e9 el art\u00edculo 252 \u00a0de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin efectos el auto de \u00a0segunda instancia y, en su lugar, se rechace la pr\u00e1ctica de \u00a0las pruebas obtenidas il\u00edcitamente, as\u00ed como de \u00a0aquellas derivadas de \u00e9sta. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del 20 de marzo de 2019 esta Sala asumi\u00f3 el conocimiento \u00a0de la demanda y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos \u00a0pasivos aludidos. \u00a0Mediante \u00a0informe del 26 de marzo siguiente la Secretar\u00eda de la Sala \u00a0inform\u00f3 que notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las \u00a0autoridades demandadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta remiti\u00f3 \u00a0copia de la determinaci\u00f3n controvertida, sin referirse a los \u00a0fundamentos de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de C\u00facuta con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento relat\u00f3 el transcurso de la \u00a0actuaci\u00f3n y remiti\u00f3 copia del auto proferido el 22 de \u00a0agosto de 2018. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de C\u00facuta dio a \u00a0conocer que corri\u00f3 traslado de la presente demanda de tutela a \u00a0la Fiscal\u00eda 11 de la Unidad de Vida y Lesiones Personales de \u00a0esa capital por competencia. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0sido criterio definido y reiterado de la Sala que no es procedente \u00a0acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional para \u00a0intervenir dentro de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello \u00a0desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las \u00a0autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su \u00a0competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda \u00a0que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual \u00a0de defensa de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite \u00a0y es all\u00ed donde debe el accionante presentar las solicitudes \u00a0encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime \u00a0desconocedora de sus garant\u00edas superiores. Est\u00e1 fuera \u00a0de lugar, en consecuencia, pedirle al juez constitucional que se \u00a0entrometa en el asunto. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0en raz\u00f3n a que las etapas, recursos y procedimientos que \u00a0conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de \u00a0los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que \u00a0tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Asumir \u00a0una posici\u00f3n como la pretendida por el demandante implicar\u00eda \u00a0desconocer las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten \u00a0las autoridades competentes en el tr\u00e1mite de los procesos \u00a0todav\u00eda en curso, adelantados conforme la normativa aplicable \u00a0en cada caso, m\u00e1xime cuando no est\u00e1 acreditada (ni lo \u00a0avizora la Sala) una evidente situaci\u00f3n de perjuicio \u00a0irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del \u00a0juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, advierte la Corte que contrario a lo afirmado por el \u00a0accionante, el Despacho examin\u00f3 las solicitudes probatorias de \u00a0la Fiscal\u00eda de cara a los art\u00edculos 23 y 360 de la Ley \u00a0906 de 2004 y concluy\u00f3 que la parte interesada en la exclusi\u00f3n \u00a0de pruebas incumpli\u00f3 con la carga argumentativa que exige la \u00a0ley procesal vigente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, advirti\u00f3 que no acredit\u00f3 que efectivamente \u00a0las fotograf\u00edas utilizadas corresponden a las custodiadas por \u00a0la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. As\u00ed, su \u00a0planteamiento no trascendi\u00f3 del plano enunciativo y, por ende, \u00a0no logr\u00f3 desvirtuar la legalidad de la postulaci\u00f3n \u00a0probatoria de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0en aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia de la Sala, el Tribunal \u00a0Superior de C\u00facuta explic\u00f3 que la individualizaci\u00f3n \u00a0e identificaci\u00f3n del acusado no constituye una prueba \u00a0propiamente dicha, sino el cumplimiento y materializaci\u00f3n del \u00a0deber de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, \u00a0atribuido constitucionalmente a la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, precis\u00f3, no requiere \u00a0autorizaci\u00f3n judicial previa. (CSJ SP, 1\u00ba Jul 2009, Rad. \u00a028935). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, la determinaci\u00f3n censurada est\u00e1 debidamente \u00a0sustentada y fundamentada en las normas vigentes y la jurisprudencia \u00a0aplicable, \u00a0sin \u00a0que se vislumbre capricho o contradicci\u00f3n con el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0se dispone incorporar copia de la presente decisi\u00f3n al proceso \u00a0penal radicado 2016-80012, a trav\u00e9s del Juzgado 4\u00ba Penal \u00a0del Circuito de C\u00facuta con Funci\u00f3n de Conocimiento. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela presentada por los apoderados judiciales \u00a0de DIOMAR EMIRO PARRA SEP\u00daLVEDA \u00a0contra \u00a0el \u00a0Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de C\u00facuta con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0trav\u00e9s del al Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de C\u00facuta \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento, INCORP\u00d3RESE \u00a0copia de la presente decisi\u00f3n al proceso penal radicado \u00a02016-80012. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada esta decisi\u00f3n REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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