\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP4378-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 103840 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a081 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por V\u00cdCTOR \u00a0ALFONSO CAMACHO TRIANA \u00a0contra \u00a0la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el \u00a0Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que V\u00cdCTOR \u00a0ALFONSO CAMACHO TRIANA \u00a0se \u00a0encuentra recluido en el Complejo Penitenciario y Carcelario de \u00a0Ibagu\u00e9 Picale\u00f1a, descontando la pena acumulada de 372 \u00a0meses de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable del delito de \u00a0secuestro extorsivo, por hechos ocurridos el 13 de marzo de 2007. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0autos de primera y segunda instancia, proferidos el 5 de octubre de \u00a02018 y 21 de febrero de 2019, las autoridades judiciales accionadas \u00a0negaron a CAMACHO TRIANA el \u00a0beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, en atenci\u00f3n \u00a0a la \u00a0exclusi\u00f3n de beneficios de todo tipo consagrada en la Ley 1121 \u00a0de 2006. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0el demandante que las providencias rese\u00f1adas estructuran \u00a0defecto \u00a0material o sustantivo y, por ello, vulneran \u00a0sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y libertad, \u00a0pues \u00a0en su criterio \u00abesa \u00a0ley perdi\u00f3 vigencia\u00bb. \u00a0A la par, destac\u00f3 que otros \u00a0internos en sus mismas condiciones han sido favorecidos con el \u00a0aludido permiso. En consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin \u00a0efectos esas decisiones y se conceda a su favor el beneficio \u00a0reclamado. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a026 \u00a0de marzo de 2019, esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el \u00a0Juzgado 4\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0la misma ciudad se \u00a0opusieron a la prosperidad de la solicitud y defendieron la legalidad \u00a0de los autos emitidos. \u00c9ste \u00faltimo aclar\u00f3 que \u00a0las decisiones criticadas se ajustan a las previsiones del art\u00edculo \u00a0147-5 de la Ley 65 de 1993 y, por tanto, se\u00f1al\u00f3 que no \u00a0existe vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, en raz\u00f3n \u00a0a que los autos criticados fueron proferidos acorde con dicha \u00a0normativa. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto examinado, se observa que los razonamientos planteados en \u00a0las decisiones cuestionadas son ajustados a derecho, pues se \u00a0encuentran fundamentados en las disposiciones legales, los hechos \u00a0probados y la jurisprudencia sobre la materia. El contraste de ese \u00a0marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a la Sala alcanzar \u00a0la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, las autoridades judiciales accionadas explicaron que mediante \u00a0sentencia del 18 de febrero de 2010, el Juzgado 2\u00ba Penal del \u00a0Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 conden\u00f3 a V\u00cdCTOR \u00a0ALFONSO CAMACHO TRIANA \u00a0como \u00a0autor de la conducta de secuestro extorsivo, por hechos ocurridos el \u00a013 de marzo de 2007. Decisi\u00f3n confirmada el 25 de marzo de ese \u00a0mismo a\u00f1o por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0esa \u00e9poca ya hab\u00eda sido proferida la Ley 1121 de 2006, \u00a0cuyo art\u00edculo 26 expresamente estableci\u00f3 que: \u00abCuando \u00a0se trate de delitos de extorsi\u00f3n y conexos, no proceder\u00e1n \u00a0las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, ni \u00a0se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos de \u00a0la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n \u00a0condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la \u00a0pena, o libertad condicional. Tampoco la prisi\u00f3n domiciliaria \u00a0como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar ning\u00fan \u00a0otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo \u00a0los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz\u00bb. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con lo anterior, surge evidente que no \u00a0se configura ning\u00fan defecto material o sustantivo en los autos \u00a0que se discuten ya que, de conformidad con lo establecido en dicho \u00a0precepto cuando se trate de delitos como la extorsi\u00f3n, \u00a0no \u00a0procede ning\u00fan beneficio de reconocimiento jurisdiccional ni \u00a0administrativo, \u00a0salvo \u00a0los eventos de colaboraci\u00f3n efectiva. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la prohibici\u00f3n \u00a0de que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 no \u00a0desapareci\u00f3 ni perdi\u00f3 vigencia con ocasi\u00f3n de la \u00a0promulgaci\u00f3n de la Ley 1709 de 2014 (CSJ \u00a0STP13166-2014, reiterada en CSJ STP, 22 may. 2018, rad. 98541, CSJ \u00a0STP12911-2018 4 oct. rad. 100798). \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, las autoridades judiciales destacaron que \u00a0para acceder al permiso de 72 horas seg\u00fan las previsiones de \u00a0la Ley 65 de 1993 (modificada por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 \u00a0de 1999), el condenado por delitos de competencia de los jueces \u00a0especializados, debe haber descontado el 70% de la pena impuesta. No \u00a0obstante, el accionante lleva 9 a\u00f1os privado de la libertad \u00a0descontando la condena de 31 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por lo \u00a0que es manifiesto que incumple tal requisito. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional -art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica- \u00a0impide al juez constitucional inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas s\u00f3lo porque el demandante no la comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, respecto de la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo \u00a013 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto varias \u00a0personas en condiciones similares fueron favorecidas con el beneficio \u00a0administrativo pretendido, se advierte que la concesi\u00f3n o no \u00a0de \u00e9ste \u00a0depende de las circunstancias particulares \u00a0del \u00a0interesado en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que se sigue en \u00a0su contra. En ese orden, no es acertado, por regla general, demandar \u00a0que la decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a otros reclusos deba \u00a0extenderse a los dem\u00e1s en virtud del principio de igualdad. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, \u00a0ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas \u00a0fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0de Tutelas N\u00b0 \u00a02 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por V\u00cdCTOR \u00a0ALFONSO CAMACHO TRIANA \u00a0contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el \u00a0Juzgado 4\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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