\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP3516-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0103306 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 071) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., marzo diecinueve (19) de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por HERN\u00c1N \u00a0ALBERTO AGUIRRE AVIVI y MAR\u00cdA IN\u00c9S BORJA ROJAS, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala de Penal del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cali, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la \u00a0Fiscal\u00eda 82 Seccional y la Coordinaci\u00f3n de la Unidad de \u00a0Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de esa misma \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
1. Para lo que \u00a0compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela la Sala \u00a0destaca los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que el 20 de junio de 2012, en virtud de contrato de compraventa \u00a0celebrado mediante escritura p\u00fablica con el se\u00f1or LUIS \u00a0FERNANDO L\u00d3PEZ ARIAS, los accionantes HERN\u00c1N \u00a0ALBERTO AGUIRRE AVIVI y MAR\u00cdA IN\u00c9S BORJA ROJAS \u00a0adquirieron un inmueble, tipo local, en el Centro Comercial \u00a0Centenario de la ciudad de Cali. Dicho documento fue protocolizado y \u00a0registrado en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que pese a ejercer la posesi\u00f3n del inmueble y desarrollar \u00a0actividades comerciales en el mismo, el d\u00eda 4 de abril de 2013 \u00a0se presentaron en la administraci\u00f3n del centro comercial tres \u00a0personas adultas, exhibiendo escrituras p\u00fablicas y un \u00a0certificado de libertad, presuntamente falsos, alegando ser los \u00a0nuevos propietarios del bien. \u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Que con ocasi\u00f3n de esos hechos, el 29 de junio de 2013 los \u00a0accionantes formularon denuncia penal por los delitos de fraude \u00a0procesal y falsedad en documento p\u00fablico. Posteriormente, a \u00a0solicitud del apoderado de v\u00edctimas, el 14 de junio de 2016 el \u00a0Juzgado 24 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas decret\u00f3 \u00a0la suspensi\u00f3n del poder dispositivo del bien inmueble. \u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0Que a pesar del tiempo transcurrido y las diferentes solicitudes de \u00a0impulso procesal que han presentado, la fiscal\u00eda no ha \u00a0realizado ninguna gesti\u00f3n, ya sea para formular imputaci\u00f3n \u00a0o para precluir la investigaci\u00f3n, situaci\u00f3n que afecta \u00a0a los aqu\u00ed demandantes, toda vez que la medida cautelar que \u00a0recae sobre el bien les impide adelantar actos de enajenaci\u00f3n, \u00a0lo cual afecta su patrimonio. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En consecuencia, la parte accionante acude al juez constitucional \u00a0para que, en amparo de sus garant\u00edas fundamentales invocadas, \u00a0intervenga \u00a0en la investigaci\u00f3n penal con radicado \u00a0760016000183220121953300 \u00a0y ordene \u00a0a las autoridades judiciales demandadas que procedan a solicitar la \u00a0respectiva audiencia preliminar ante el juez de control de garant\u00edas, \u00a0ya sea para formular imputaci\u00f3n o disponer preclusi\u00f3n \u00a0al interior de esas diligencias. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 24 de enero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Cali admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el respectivo traslado \u00a0a las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal 82 Seccional descorri\u00f3 el traslado del escrito de \u00a0tutela refiriendo que la indagaci\u00f3n a que alude la parte \u00a0actora, le correspondi\u00f3 por reasignaci\u00f3n ordenada el 17 \u00a0de octubre de 2018, junto con 500 carpetas m\u00e1s, las cuales se \u00a0sumaron a las cerca de 1000 que ya ten\u00eda a su cargo. Agreg\u00f3 \u00a0que el 21 de enero del a\u00f1o que avanza, emiti\u00f3 una nueva \u00a0orden a Polic\u00eda Judicial con el prop\u00f3sito de \u00a0identificar e individualizar a quienes suplantaron a los accionantes, \u00a0pues, a pesar de las actividades investigativas adelantadas por la \u00a0anterior fiscal, ello no ha sido posible a\u00fan. Finalmente, \u00a0afirm\u00f3 que el 28 de enero siguiente procedi\u00f3 a radicar \u00a0solicitud de audiencia preliminar para formulaci\u00f3n de \u00a0imputaci\u00f3n del indiciado OSCAR \u00a0NARANJO GRISALES. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0tribunal a \u00a0quo, \u00a0mediante fallo del 5 de febrero de 2019, neg\u00f3 por carencia \u00a0actual de objeto la protecci\u00f3n constitucional deprecada por \u00a0los accionantes, tras establecer que la Fiscal\u00eda 82 Delegada \u00a0el 20 de enero del a\u00f1o que avanza solicit\u00f3 audiencia \u00a0preliminar ante el juez de control de garant\u00edas para \u00a0formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, con lo cual se supera la \u00a0inconformidad de la parte actora frente a la falta de impulso \u00a0procesal. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado de la parte accionante impugn\u00f3 el fallo de primera \u00a0instancia, sosteniendo que no puede considerarse que dentro del \u00a0presente asunto se ha verificado la existencia de un hecho superado, \u00a0toda vez que la fiscal\u00eda incurri\u00f3 en mora judicial y \u00a0las v\u00edctimas, aqu\u00ed demandantes, no han sido notificadas \u00a0de la realizaci\u00f3n de audiencia alguna. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para desatar la alzada, por cuanto la decisi\u00f3n \u00a0sobre la que recae fue proferida por un Tribunal Superior de Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el tr\u00e1mite se estableci\u00f3 que el 28 de enero de 2019 la \u00a0Fiscal\u00eda 82 Seccional de Cali radic\u00f3 ante el Centro de \u00a0Servicios Judiciales SPA de esa ciudad, una solicitud \u00a0de audiencia \u00a0preliminar ante el juez de control de garant\u00edas, para \u00a0declaratoria de persona ausente, contumacia, formulaci\u00f3n de \u00a0imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en \u00a0contra de OSCAR \u00a0NARANJO GRISALES, \u00a0cuya fecha a\u00fan se encuentra pendiente de ser fijada por el \u00a0respectivo juez a quien fue repartido el asunto, seg\u00fan pudo \u00a0confirmar la Sala1, \u00a0raz\u00f3n por la cual la parte accionante y su apoderado no han \u00a0sido notificados de fecha programada y que se convierte en una \u00a0circunstancia que escapa a la \u00f3rbita de control de la fiscal \u00a0accionada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0eventos como el presente, la competencia del juez de tutela se agota \u00a0al verificar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales que \u00a0se estimaron violentados y, por consiguiente, \u00a0la existencia de la denominada carencia actual de objeto por hecho \u00a0superado, seg\u00fan consider\u00f3 el tribunal de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, la \u00a0Sala considera necesario recordar que de manera reiterada la \u00a0jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0destacado la funci\u00f3n de garante de los derechos fundamentales \u00a0que se ha atribuido al juez de control de garant\u00edas, en el \u00a0\u00e1mbito del sistema penal acusatorio (Cfr. \u00a0CC \u00a0C-591\/14, CSJ \u00a0STP, 27 de abril de 2009, Rad. 41.704 y CSJ STP1533 \u2013 2017, \u00a0entre otras). \u00a0<\/p>\n
En esas \u00a0circunstancias, como la investigaci\u00f3n penal se adelanta al \u00a0amparo de la Ley 906 de 2004, es posible que HERN\u00c1N \u00a0ALBERTO AGUIRRE AVIVI y MAR\u00cdA IN\u00c9S BORJA ROJAS \u00a0acudan ante el juez de control de garant\u00edas, en caso tal de \u00a0que consideren que la fiscal\u00eda no ha adelantado de forma \u00a0eficiente la investigaci\u00f3n a su cargo. \u00a0<\/p>\n
Aunado a lo \u00a0anterior, los accionantes tambi\u00e9n pueden acudir ante el juez a \u00a0quien fue asignada la realizaci\u00f3n de la audiencia solicitada \u00a0por la Fiscal\u00eda 82 el pasado 28 de enero de 2019, para \u00a0insistir en que se programe una fecha oportuna en aras de evitar una \u00a0potencial prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal. \u00a0<\/p>\n
En todo caso, no \u00a0sobra sugerir que si la inconformidad de los ciudadanos accionantes \u00a0persiste frente a la presunta tardanza injustificada en la que ha \u00a0incurrido la Fiscal\u00eda 82 aqu\u00ed demandada, el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico contempla diversos mecanismos para \u00a0conjurar la hipot\u00e9tica \u00a0mora en la que pueda incurrir un funcionario judicial en la toma de \u00a0sus decisiones, a saber: \u00a0(i) \u00a0la figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n, de conformidad con \u00a0lo dispuesto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley \u00a0906 de 2004, con \u00a0la finalidad de remover del caso al servidor p\u00fablico moroso y \u00a0reasignar la actuaci\u00f3n a otro, para que adopte las \u00a0determinaciones que en derecho correspondan de forma c\u00e9lere; \u00a0(ii) \u00a0la vigilancia judicial administrativa (N\u00fam. \u00a06\u00ba, Art. 101 L.270\/1996), \u00a0o (iii) \u00a0la acci\u00f3n disciplinaria, a las cuales puede acudir la parte \u00a0actora si lo considera pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, en consecuencia, la decisi\u00f3n de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR la \u00a0sentencia del 5 de febrero de \u00a02019, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00a0HERN\u00c1N \u00a0ALBERTO AGUIRRE AVIVI y MAR\u00cdA IN\u00c9S BORJA ROJAS, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver folio 3 Cuaderno de Segunda Instancia. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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