\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP3134-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 103566 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a068 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por \u00c1LVARO CAMPOS GONZ\u00c1LEZ, \u00a0contra la sentencia de tutela proferida el 21 de febrero de 2019 por \u00a0la \u00a0Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo de los \u00a0derechos de las personas de la tercera edad, debido proceso, vida y \u00a0vivienda digna, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por \u00a0la Fiscal\u00eda 28 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y \u00a0la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE). \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
El 5 de junio de \u00a02002, MAR\u00cdA YOLANDA QUINTERO DE CAMPOS celebr\u00f3 contrato \u00a0de compraventa por medio del cual adquiri\u00f3 el bien \u00a0identificado con M.I. 50S-40347717, en el que vive con su c\u00f3nyuge \u00a0\u00c1LVARO \u00a0CAMPOS GONZ\u00c1LEZ. \u00a0<\/p>\n
El 7 de diciembre \u00a0de 2007, la Fiscal\u00eda 28 ED inici\u00f3 tr\u00e1mite de \u00a0extinci\u00f3n de dominio radicado 5698 disponiendo el embargo, \u00a0secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de varios bienes, \u00a0entre los cuales est\u00e1 el aludido inmueble. Destacaron que \u00a0durante el curso de la investigaci\u00f3n se incurrieron en \u00a0diversas irregularidades, pues nunca fueron citados a demostrar la \u00a0procedencia l\u00edcita del dinero con el cual adquirieron el bien. \u00a0<\/p>\n
Afirmaron, que el \u00a017 de diciembre de 2018, se adelant\u00f3 diligencia de desalojo, \u00a0no obstante lograron acordar habitar el inmueble, hasta el 20 de \u00a0febrero de 2019, fecha en que voluntariamente deb\u00edan entregar \u00a0el inmueble a la Sociedad \u00a0de Activos Especiales S.A.E. S.A.S. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, \u00a0debido a su condici\u00f3n de personas de la tercera edad, v\u00edctimas \u00a0del desplazamiento forzado, por raz\u00f3n del conflicto armado, no \u00a0cuentan con recursos para cambiar de residencia ni para subsistir. \u00a0Por ende, acudieron ante la jurisdicci\u00f3n constitucional, en \u00a0busca del amparo de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0requirieron que se suspenda la diligencia de desalojo que est\u00e1 \u00a0pr\u00f3xima a realizarse, con el fin de evitar un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del \u00a012 \u00a0de febrero de 2019, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a las autoridades accionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 28 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0negar la \u00a0protecci\u00f3n constitucional invocada. Tras realizar un recuento \u00a0de la actuaci\u00f3n surtida, indic\u00f3 que el 7 de diciembre \u00a0de 2007 profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n de inicio sobre los bienes \u00a0que figuran en cabeza del grupo familiar y colaboradores de Gener \u00a0Garc\u00eda Molina alias \u201cJhon 40\u201d l\u00edder del \u00a0Frente 43 Rafael Reyes Malag\u00f3n de las FARC EP, en los que est\u00e1 \u00a0incluida la \u00a0M.I. 50S-40347717. \u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0desde el 10 de diciembre siguiente, el referido inmueble fue \u00a0secuestrado y puesto a disposici\u00f3n de la SAE. \u00a0Concret\u00f3, que la Resoluci\u00f3n de inicio fue notificada \u00a0personalmente, al apoderado judicial de los accionantes, quienes son \u00a0los padres de Zully Paola Campos Quintero, compa\u00f1era \u00a0sentimental de \u201cJhon 40\u201d. \u00a0<\/p>\n
A la par, destac\u00f3 \u00a0que en Resoluci\u00f3n del 21 de enero de 2015, abri\u00f3 a \u00a0pruebas el tr\u00e1mite y tuvo en cuenta las documentales aportadas \u00a0por la parte actora el 11 de junio de 2008 y 2 de junio de 2009 y, \u00a0adem\u00e1s, dispuso escuchar las declaraciones solicitadas por \u00a0\u00e9stos. As\u00ed mismo, de oficio orden\u00f3 realizar \u00a0estudio socio econ\u00f3mico, patrimonial, financiero y contable a \u00a0los demandantes. Aclar\u00f3, que el asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite, \u00a0concretamente, en notificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de \u00a0cierre emitida el 4 de febrero de 2019. \u00a0<\/p>\n
Por su parte, la \u00a0Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u00a0 \u00a0 \u00a0-SAE- afirm\u00f3 que no \u00a0conculc\u00f3 el debido proceso que asiste a la parte actora, sino \u00a0que se limit\u00f3 a cumplir con las funciones de polic\u00eda \u00a0administrativa delegadas mediante Resoluci\u00f3n 0616 de 28 de \u00a0octubre de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho. \u00a0<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que act\u00fao en cumplimiento de un mandato legal, toda vez que el \u00a0bien ostenta limitaci\u00f3n al derecho de dominio, en tanto se \u00a0encuentra inmerso en un proceso extintivo. Por lo cual, solicit\u00f3 \u00a0negar por improcedentes las pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia neg\u00f3 el amparo. Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que las autoridades convocadas \u00a0en todo momento han respetado la normativa que rige el tr\u00e1mite \u00a0de extinci\u00f3n de dominio, al interior del cual debe surtirse la \u00a0presente controversia, en lugar de proponerse en sede constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0CAMPOS GONZ\u00c1LEZ impugn\u00f3 el fallo y reiter\u00f3 los \u00a0argumentos de la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo normado en el numeral \u00a05\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, \u00a0modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, \u00a0la Sala es competente para resolver la segunda instancia, respecto \u00a0de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0casos similares al expuesto, la Sala ha establecido que la \u00a0controversia no puede ser resuelta mediante la acci\u00f3n de \u00a0constitucional, \u00a0en atenci\u00f3n a su car\u00e1cter residual y subsidiario, dado \u00a0que los reproches expuestos en la demanda de tutela corresponden a \u00a0aspectos que deben alegarse y definirse dentro del proceso de \u00a0extinci\u00f3n de dominio, mediante la aplicaci\u00f3n e \u00a0interpretaci\u00f3n normativa por parte del funcionario natural. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0es procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional para intervenir dentro de procesos \u00a0en curso, \u00a0no s\u00f3lo porque ello desconoce la independencia y autonom\u00eda \u00a0de que est\u00e1n revestidas las autoridades judiciales para \u00a0tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal \u00a0proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la \u00a0acci\u00f3n de tutela, como mecanismo residual de protecci\u00f3n \u00a0de los derechos superiores, mas no para obtener su declaraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite, \u00a0precisamente en notificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de cierre \u00a0de la investigaci\u00f3n extintiva, la cual fue emitida el 4 de \u00a0febrero de 2019, una vez cumplido el t\u00e9rmino y ejecutoriada en \u00a0secretar\u00eda, pasar\u00e1 a turno para decidir lo que en \u00a0derecho corresponda respecto del bien propiedad de los accionantes. \u00a0(Art. 28 de la Ley 1849 de 2017). \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, resulta palmario que es en ese escenario procesal, ante \u00a0el funcionario natural, donde \u00a0los interesados deben presentar \u00a0las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que \u00a0estimen desconocedora de sus garant\u00edas y, de obtener una \u00a0decisi\u00f3n desfavorable a sus intereses, promover los recursos \u00a0legalmente previstos. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el asunto \u00a0sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada \u00a0se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos por el \u00a0art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991(Corte \u00a0Constitucional, Sentencia T \u2013 418 de 2003), m\u00e1xime \u00a0cuando no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos \u00a0por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un \u00a0perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la \u00a0gravedad y la impostergabilidad que \u00a0haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En efecto, m\u00e1s \u00a0all\u00e1 de la afirmaci\u00f3n planteada por los accionantes \u00a0respecto de su insolvencia econ\u00f3mica, no advierte la Sala que \u00a0el \u00a0m\u00ednimo de condiciones de vida digna como lo son la \u00a0alimentaci\u00f3n, salud, vestido, recreaci\u00f3n, e incluso, la \u00a0vivienda se vean afectados a tal grado que resulten ineficaces los \u00a0medios de defensa judicial dispuestos dentro del proceso de extinci\u00f3n \u00a0de dominio. \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0se acredit\u00f3 la incapacidad econ\u00f3mica de los \u00a0peticionarios para acceder a otro inmueble o suscribir un contrato de \u00a0arrendamiento con la SAE S.A. Sumado a ello, n\u00f3tese que en la \u00a0diligencia de desalojo del 17 de diciembre de 2018, \u00e9stos \u00a0suscribieron un acuerdo de entrega voluntaria del predio identificado \u00a0con M.I. 50S-40347717. Por ende, no pueden pretender por la v\u00eda \u00a0constitucional habilitar el incumplimiento de dicho pacto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la actuaci\u00f3n conforme a la ley de los \u00a0funcionarios demandados, se negar\u00e1 la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 21 de febrero de 2018, mediante la cual la Sala \u00a0de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado por \u00c1LVARO \u00a0CAMPOS GONZ\u00c1LEZ y \u00a0MAR\u00cdA \u00a0YOLANDA QUINTERO DE CAMPOS. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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