\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP2926-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 103349 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a061 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el apoderado de \u00a0ROSIMARY \u00a0POZ\u00da, contra \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 30 Adjunto al \u00a0Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculada la \u00a0Unidad de Gesti\u00f3n de Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad \u00a0que desde el 2011 asumi\u00f3 las obligaciones a cargo de la Caja \u00a0Nacional de Previsi\u00f3n Social \u2013Cajanal- Liquidada. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n, ROSIMARY POZ\u00da promovi\u00f3 \u00a0demanda ordinaria laboral en \u00a0nombre propio y representaci\u00f3n de su hija menor de edad J.G.P. \u00a0contra \u00a0el extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS- y, por esa v\u00eda, \u00a0solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de \u00a0sobreviviente derivada de la muerte de su esposo Medardo Gonz\u00e1lez \u00a0Vi\u00e1fara, \u00a0acaecida el 2 de agosto de 2004. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el efecto, argument\u00f3 que \u00e9ste cotiz\u00f3 307 semanas \u00a0entre los a\u00f1os 1970 y 1993, esto es, en vigencia del Decreto \u00a0758 de 1990. \u00a0<\/p>\n
Agotado \u00a0el tr\u00e1mite de rigor, el 31 de octubre de 2011 el Juzgado \u00a030 Adjunto al Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de Cali neg\u00f3 \u00a0todas las pretensiones de la demanda. Inconforme con la anterior \u00a0determinaci\u00f3n, la demandante la apel\u00f3 y la Sala de \u00a0Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior \u00a0de esa ciudad la confirm\u00f3 el 29 de junio de 2012. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo, la actora recurri\u00f3 el fallo de segunda instancia \u00a0en casaci\u00f3n. El 23 de mayo de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de esta Corte no cas\u00f3 la sentencia impugnada, al \u00a0considerar que no se cumplieron los requisitos exigidos en la Ley 797 \u00a0de 2003 para adquirir el derecho pensional. \u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0que el asunto no puede dirimirse de cara al art\u00edculo 25 del \u00a0Acuerdo 049 de 1990, pues, debido a la fecha de fallecimiento del \u00a0causante, la norma llamada a zanjar la controversia es la Ley 797 de \u00a02003. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, ROSIMARY POZ\u00da acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de \u00a0tutela con el fin de dejar sin efecto las decisiones judiciales \u00a0adversas a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, pidi\u00f3 que se reconozca a su favor la asignaci\u00f3n \u00a0demandada, en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n \u00a0m\u00e1s beneficiosa y lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990 \u00a0aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o y los art\u00edculos \u00a011, 31 y 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el causante cotiz\u00f3 \u00a0m\u00e1s de 300 semanas en toda su vida laboral. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a025 \u00a0de febrero de 2019, \u00a0esta Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. Mediante \u00a0informe del 26 de febrero siguiente la Secretar\u00eda de la Sala \u00a0inform\u00f3 que notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las \u00a0autoridades involucradas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013UGPP- \u00a0argument\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por \u00a0pasiva y, por tanto, pidi\u00f3 que se le desvincule del presente \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 copia de \u00a0la decisi\u00f3n controvertida, sin hacer deferencia a los \u00a0argumentos expuestos por la accionante. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 1382 de 2000 y el Acuerdo \u00a0006 de 2002, es competente la Sala para tramitar y decidir la acci\u00f3n \u00a0de tutela, por cuanto el procedimiento involucra a la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, la Sala advierte cumplido \u00a0el requisito de inmediatez, pues aunque la sentencia cuestionada fue \u00a0expedida hace m\u00e1s de seis meses, la alegada violaci\u00f3n \u00a0de garant\u00edas fundamentales permanece en el tiempo por cuanto \u00a0la \u00a0pensi\u00f3n de sobrevivientes es un derecho que no prescribe y, \u00a0en consecuencia, la vulneraci\u00f3n relacionada con \u00e9ste \u00a0siempre tendr\u00e1 el \u00a0car\u00e1cter de actual. (Cfr. \u00a0Sentencias T-584 de 2011 y \u00a0T \u2013 255 de 2013). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo lugar, encuentra la Corte que los \u00a0razonamientos planteados en los \u00a0fallos cuestionados \u00a0son \u00a0ajustados a derecho, porque \u00a0tienen soporte en \u00a0las disposiciones legales \u00a0pertinentes y la jurisprudencia aplicable. \u00a0El contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto \u00a0permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, tras \u00a0la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral advirti\u00f3, tal y como lo hicieron en su oportunidad el \u00a0Juzgado accionado y el Tribunal de segunda instancia, que en el caso \u00a0espec\u00edfico no era procedente reconocer la pensi\u00f3n \u00a0reclamada, pues \u00a0cuando \u00a0ocurri\u00f3 la muerte del causante (2 Ago 2004) estaba vigente el \u00a0art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige del afiliado \u00a0cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) \u00faltimos \u00a0a\u00f1os anteriores a su fallecimiento. Requisitos que no se \u00a0cumplen en el caso examinado. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, \u00a0precisaron que su aplicaci\u00f3n no habilita a los funcionarios \u00a0judiciales a realizar un cotejo hist\u00f3rico sobre las normas que \u00a0regulan una determinada materia, ni a escoger discrecionalmente la \u00a0m\u00e1s ben\u00e9vola. Por el contrario, aclararon que \u00e9ste \u00a0pretende garantizar que se aplique la norma anterior frente a la \u00a0nueva cuando se cumplen los requisitos exigidos por la disposici\u00f3n \u00a0derogada. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, concluyeron que no era procedente estudiar el derecho \u00a0prestacional reclamado conforme con las exigencias del Acuerdo 049 de \u00a01990, aprobado con el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, dado que \u00e9sta \u00a0no es la disposici\u00f3n que antecedi\u00f3 la Ley 797 de 2003. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, determinaron que tampoco se encuentran satisfechos los \u00a0presupuestos del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 12 de \u00a0la Ley 797 de 2003, por cuanto el afiliado no cotiz\u00f3 1000 \u00a0semanas en cualquier tiempo, monto m\u00ednimo requerido en el \u00a0r\u00e9gimen de prima media para acceder a la pensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida, que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo \u00a0porque el accionante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con \u00a0criterio razonable a partir de los hechos probados y la normativa \u00a0aplicable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, la Corte negar\u00e1 la protecci\u00f3n demandada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NEGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela presentada por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoderado de ROSIMARY \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0POZ\u00da contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 30 Adjunto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al Juzgado 10\u00ba Laboral del Circuito de Cali de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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