\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP2529-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0103191 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 056) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., febrero veintiocho (28) de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por LUIS \u00a0FERNANDO MONTERO CASTRO, \u00a0contra \u00a0la sentencia proferida el 22 de enero de 2019 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 \u00a0el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente \u00a0vulnerado por \u00a0el Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el Centro de Servicios Administrativos \u00a0de los juzgados de esa especialidad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0desprende de la actuaci\u00f3n que el 10 de noviembre de 2018 LUIS \u00a0FERNANDO MONTERO CASTRO \u00a0solicit\u00f3 al Juzgado 2\u00ba accionado, la expedici\u00f3n de \u00a0copias de unas piezas procesales de la actuaci\u00f3n seguida en su \u00a0contra. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0respuesta a su petici\u00f3n, el 28 de noviembre siguiente el \u00a0despacho judicial le notific\u00f3 que acced\u00eda a su \u00a0solicitud, pero que las copias deben ser canceladas a su costa, de su \u00a0familia o de su defensor. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas condiciones, el accionante considera vulnerado su derecho \u00a0fundamental por cuanto no tiene recursos econ\u00f3micos para \u00a0sufragar la reproducci\u00f3n de esos documentos. Por consiguiente, \u00a0acude al juez constitucional para que, en protecci\u00f3n de su \u00a0garant\u00eda invocada, ordene al Juez 2\u00ba Ejecutor expedir las \u00a0copias que requiere y envi\u00e1rselas al sitio de reclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por auto del 18 de diciembre de 2018, el Tribunal a \u00a0quo \u00a0admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 el traslado respectivo a la \u00a0autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La titular del Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas \u00a0de Seguridad de Bucaramanga, descorri\u00f3 el traslado del escrito \u00a0de tutela manifestando que a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 28 \u00a0de noviembre de 2018, se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de \u00a0copias radicada por LUIS \u00a0FERNANDO MONTERO CASTRO, \u00a0en el sentido de autorizarlas, pero aclarando que el sentenciado, su \u00a0familia o el defensor deben asumir el costo de las mismas. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, precis\u00f3 que pronunciamientos de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia han se\u00f1alado \u00a0que el interesado debe asumir las expensas originadas de la \u00a0reproducci\u00f3n de las piezas procesales que integran el \u00a0expediente, de manera que, con fundamento en ello, solicit\u00f3 \u00a0denegar la procedencia del amparo deprecado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por su parte, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga, en respuesta al \u00a0requerimiento efectuado, refiri\u00f3 que al despacho del Juzgado \u00a02\u00ba Ejecutor ingres\u00f3 una solicitud de copias presentada \u00a0por el aqu\u00ed accionante, la cual fue resuelta mediante auto del \u00a028 de noviembre de 2018, autorizando la expedici\u00f3n de las \u00a0mismas, a costa del interesado. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Mediante fallo del 22 de enero de 2019, la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Bucaramanga neg\u00f3 \u00a0el amparo deprecado, tras determinar que la petici\u00f3n del actor \u00a0fue resuelta de fondo por el Juez 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas, autorizando las copias a trav\u00e9s de providencia del 28 \u00a0de noviembre de 2018, sin que se advierta conculcaci\u00f3n de su \u00a0derecho fundamental al imponerle que solvente los gastos que ello \u00a0genere. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El \u00a0fallo de tutela de primera instancia fue comunicado al accionante \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO MONTERO CASTRO, \u00a0seg\u00fan acta de notificaci\u00f3n personal del 31 de enero de \u00a02019 y, como quiera que no estuvo conforme con lo all\u00ed \u00a0resuelto, manifest\u00f3 en el acto su intenci\u00f3n de recurrir \u00a0la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un Tribunal Superior del Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0entrada, advierte la Sala que la solicitud de amparo resulta \u00a0improcedente, como acertadamente consider\u00f3 el Tribunal a \u00a0quo; \u00a0ello en raz\u00f3n a que la naturaleza del principio de gratuidad y \u00a0su regulaci\u00f3n contenida en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de \u00a0la Administraci\u00f3n de Justicia), est\u00e1 encauzada a hacer \u00a0realidad el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en \u00a0condiciones de igualdad, sin que ello implique, como pretende el \u00a0actor, solventarle cualquier cobro en la actuaci\u00f3n procesal o \u00a0con posterioridad a ella, como ser\u00eda en el caso concreto, la \u00a0expedici\u00f3n de copias de un proceso penal en el que ya se \u00a0emiti\u00f3 fallo de condena. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, la Corte Constitucional precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u201cel \u00a0art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 270 de 1996 concordante con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del C. de P. C., se\u00f1ala que: \u2018la \u00a0administraci\u00f3n de justicia ser\u00e1 gratuita y su \u00a0funcionamiento estar\u00e1 a cargo del Estado, sin perjuicio de las \u00a0expensas, agencias en derecho y costos judiciales\u2019. De all\u00ed \u00a0que sea importante observar que si bien el principio de gratuidad \u00a0tiene como fin hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad, \u00a0ello no quiere decir que los gastos que implique el poner en \u00a0funcionamiento el aparato judicial, sean gastos administrativos u \u00a0operativos\u00a0 etc., que por regla general, tengan que someterse \u00a0igualmente al principio de gratuidad. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0entonces, es cierto que el derecho de acci\u00f3n en condiciones de \u00a0igualdad se encuentra regido por el principio de la gratuidad, en el \u00a0sentido de que los costos de la funci\u00f3n p\u00fablica de \u00a0administrar justicia son asumidos por el erario p\u00fablico, pues \u00a0se trata de una funci\u00f3n de inter\u00e9s general en la medida \u00a0en que es el Estado a quien corresponde brindar a los ciudadanos \u00a0reales posibilidades de resoluci\u00f3n de sus conflictos. Otra \u00a0cosa, son los costos que se generen en el tr\u00e1mite de una \u00a0actuaci\u00f3n administrativa o privada de un proceso judicial\u00a0 \u00a0hasta obtener una decisi\u00f3n definitiva, los cuales deben ser \u00a0asumidos por la parte interesada. (Sentencia \u00a0T-356 de 2009). \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0ese derrotero, teniendo en cuenta el criterio reiterado por esta \u00a0Corporaci\u00f3n (CSJ \u00a0STP, 29 may. 2001, rad.9556; CSJ STP2765 \u2013 2016, STP3889-2018), \u00a0la \u00a0Corte encuentra que la respuesta ofrecida por el Juzgado 2\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga no \u00a0resulta contraria a derecho, sino razonable y justificada en el marco \u00a0jur\u00eddico aplicable. En ese orden, no quebranta el \u00a0derecho fundamental invocado en el libelo introductorio, ni cualquier \u00a0otro. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se \u00a0confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia del 22 \u00a0de enero de 2019, \u00a0mediante la cual la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga \u00a0neg\u00f3 \u00a0el amparo invocado por \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO MONTERO CASTRO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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