\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP2484-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 103135 \u00a0<\/p>\n
Acta 56 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintiocho (28) de febrero dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por ELI\u00c9CER \u00a0DORIA FERRER en procura del amparo de sus derechos fundamentales, \u00a0presuntamente vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 18 Penal del Circuito \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las \u00a0partes e intervinientes reconocidas al interior del proceso penal \u00a0seguido contra el actor radicado 2015-01672. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la demanda se establece que el 25 de noviembre de 2009 la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n le formul\u00f3 imputaci\u00f3n a \u00a0ELI\u00c9CER DORIA FERRER como presunto determinador de la conducta \u00a0de falsedad en documento privado y fraude procesal, y coautor de \u00a0estafa agravada por la cuant\u00eda. \u00a0<\/p>\n
En escrito de \u00a0acusaci\u00f3n presentado el 23 de diciembre siguiente, la Fiscal\u00eda \u00a0vari\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica y le atribuy\u00f3 \u00a0la comisi\u00f3n de los delitos de \u00a0falsedad en documento privado, falsedad en documento p\u00fablico, \u00a0fraude a resoluci\u00f3n judicial, fraude procesal y peculado por \u00a0apropiaci\u00f3n en condici\u00f3n de determinador. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0fue repartida al Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento. Luego de varios aplazamientos, la \u00a0audiencia de juicio oral se instal\u00f3 el 8 de octubre de 2012, \u00a0sin que a la fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n \u00a0de tutela (12 Feb 2019), se haya podido agotar la pr\u00e1ctica \u00a0probatoria. \u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0el peticionario que durante la vista p\u00fablica convocada para el \u00a04 de agosto de 2017 solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n con \u00a0fundamento en las causales 1\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 332 \u00a0de la Ley 906 de 2004, dado que, en su criterio, la acci\u00f3n \u00a0penal se encuentra prescrita. Mediante providencia de esa fecha el \u00a0funcionario de primera instancia decret\u00f3 la preclusi\u00f3n \u00a0de las conductas de falsedad en documento privado, falsedad en \u00a0documento p\u00fablico, fraude a resoluci\u00f3n judicial y \u00a0fraude procesal. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0ante una nueva petici\u00f3n formulada el 18 de agosto de 2017, el \u00a0funcionario de conocimiento concluy\u00f3 que dicho fen\u00f3meno \u00a0no hab\u00eda operado respecto del punible de peculado por \u00a0apropiaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con tal postura la defensa interpuso los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y apelaci\u00f3n. El Despacho de primera instancia dej\u00f3 en \u00a0firme su decisi\u00f3n el 18 de agosto de 2018 y la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 le imparti\u00f3 \u00a0confirmaci\u00f3n el 13 de septiembre siguiente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de ELI\u00c9CER DORIA FERRER, el \u00a0Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad \u00a0desconocieron que la acci\u00f3n penal por el delito de peculado \u00a0por apropiaci\u00f3n prescribi\u00f3 el 25 de noviembre de 2016, \u00a0en raz\u00f3n a que \u00e9sta debe examinarse en su condici\u00f3n \u00a0de interviniente y no de determinador, como pretende la Fiscal\u00eda. \u00a0Explic\u00f3 que ello obedece a hechos sobrevinientes, como la \u00a0ruptura de la unidad procesal y la expedici\u00f3n de la Ley 1474 \u00a0de 2011. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, acudi\u00f3 ante el juez constitucional y solicit\u00f3 \u00a0que se dejen sin efectos y, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n \u00a0favorable a sus intereses. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a013 \u00a0de febrero de 2019 esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. Mediante \u00a0informe del 21 de febrero siguiente la Secretar\u00eda de la Sala \u00a0inform\u00f3 que notific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n a las \u00a0autoridades involucradas. \u00a0<\/p>\n
La Procuradora 268 \u00a0Judicial Penal I de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad de la \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional. Indic\u00f3 que el \u00a0accionante pretende que en sede de tutela se defina un tema que \u00a0corresponde al juez ordinario, a saber, la calidad en que actu\u00f3 \u00a0respecto al delito de peculado por apropiaci\u00f3n que le atribuy\u00f3 \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, su \u00a0argumentaci\u00f3n se encuentra dirigida a obtener la aplicaci\u00f3n \u00a0del t\u00e9rmino prescriptivo previsto para quienes act\u00faan \u00a0en calidad de intervinientes de un hecho penalmente relevante y no, \u00a0como se indic\u00f3 en la acusaci\u00f3n, en condici\u00f3n de \u00a0determinador. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, \u00a0concluy\u00f3 que dicha circunstancia s\u00f3lo puede ser \u00a0dilucidada por el juez de conocimiento, tras valorar las pruebas \u00a0practicadas. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 18 \u00a0Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento relat\u00f3 el transcurso de la actuaci\u00f3n, \u00a0haciendo \u00e9nfasis en las numerosas peticiones formuladas por la \u00a0defensa y el procesado que han impedido agotar el juicio oral y \u00a0propiciado la prescripci\u00f3n de las conductas de falsedad en \u00a0documento privado, falsedad en documento p\u00fablico, fraude a \u00a0resoluci\u00f3n judicial y fraude procesal. \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 \u00a0que los argumentos expuestos por el accionante en torno a la \u00a0prescripci\u00f3n del delito peculado por apropiaci\u00f3n \u00a0escapan de la competencia del juez de tutela, en tanto demandan para \u00a0su definici\u00f3n el examen de su grado de participaci\u00f3n y \u00a0responsabilidad en el referido delito. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Ha sido criterio \u00a0definido y reiterado de la Sala que no es procedente acudir a la \u00a0solicitud de protecci\u00f3n constitucional para intervenir dentro \u00a0de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello desconoce la \u00a0independencia de que est\u00e1n revestidas las autoridades \u00a0judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, \u00a0sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que \u00a0inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual de \u00a0defensa de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
En el presente \u00a0asunto, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y es all\u00ed \u00a0donde debe el accionante presentar las solicitudes encaminadas a \u00a0remediar cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus \u00a0garant\u00edas superiores. Est\u00e1 fuera de lugar, en \u00a0consecuencia, pedirle al juez constitucional que se entrometa en el \u00a0asunto. \u00a0<\/p>\n
Ello, en raz\u00f3n \u00a0a que las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso \u00a0son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver \u00a0con las garant\u00edas del debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Asumir una \u00a0posici\u00f3n como la pretendida por el demandante implicar\u00eda \u00a0desconocer las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten \u00a0las autoridades competentes en el tr\u00e1mite de los procesos \u00a0todav\u00eda en curso, adelantados conforme la normativa aplicable \u00a0en cada caso, m\u00e1xime cuando no est\u00e1 acreditada (ni lo \u00a0avizora la Sala) una evidente situaci\u00f3n de perjuicio \u00a0irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del \u00a0juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Con todo, \u00a0encuentra la Sala que la solicitud de la defensa se sustenta en una \u00a0premisa que no puede ser examinada en esta sede, pues definir si \u00a0actu\u00f3 como determinador o interviniente en la comisi\u00f3n \u00a0del delito de peculado por apropiaci\u00f3n corresponde, de manera \u00a0exclusiva, al juez natural a partir de la valoraci\u00f3n \u00a0probatoria. No hay duda de que aspectos como el grado de \u00a0participaci\u00f3n y responsabilidad solo es posible dilucidarlos a \u00a0partir de los elementos de convicci\u00f3n llevados a juicio. \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0corresponde al juez de tutela abordar la atipicidad de la conducta de \u00a0peculado por apropiaci\u00f3n ni determinar si el accionante ten\u00eda \u00a0o no la condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico para el \u00a0momento de los hechos. Se insiste, concretar estos aspectos es uno de \u00a0los objetivos del debate probatorio que debe darse al interior del \u00a0juicio oral. \u00a0<\/p>\n
En suma, encuentra \u00a0la Sala que tales argumentaciones se asemejan m\u00e1s a un alegato \u00a0de conclusi\u00f3n de juicio oral que a verdaderos planteamientos \u00a0que ameriten la intervenci\u00f3n del juez de tutela a fin de \u00a0salvaguardar garant\u00edas de car\u00e1cter constitucional. \u00a0<\/p>\n
Sumado a lo \u00a0anterior, es manifiesto que la demanda de tutela interpuesta no \u00a0formula ning\u00fan cargo concreto contra las decisiones \u00a0controvertidas que viabilicen la intervenci\u00f3n del juez de \u00a0tutela, pues el demandante pretende constituir esta v\u00eda en una \u00a0tercera instancia, desconociendo con ello su naturaleza excepcional. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, la protecci\u00f3n constitucional \u00a0demandada. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la \u00a0acci\u00f3n de tutela instaurada por ELI\u00c9CER DORIA FERRER \u00a0contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0y el Juzgado 18 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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