{"id":47394,"date":"2023-09-14T21:52:39","date_gmt":"2023-09-14T21:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/14\/stp2474-2019\/"},"modified":"2023-09-14T21:52:39","modified_gmt":"2023-09-14T21:52:39","slug":"stp2474-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/14\/stp2474-2019\/","title":{"rendered":"STP2474-2019"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n<p>STP2474-2019 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n.\u00b0 103286 \u00a0<\/p>\n<p>Acta 56 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero dos mil diecinueve \u00a0(2019) \u00a0<\/p>\n<p>VISTOS: \u00a0<\/p>\n<p>Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por el apoderado judicial de DANIEL FERNANDO HERN\u00c1NDEZ \u00a0AGREDO en procura del amparo de su derecho \u00a0fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Popay\u00e1n y la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n. \u00a0<\/p>\n<p>FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n<p>De la actuaci\u00f3n se establece que el 15 de \u00a0febrero de 2015 DANIEL FERNANDO HERN\u00c1NDEZ AGREDO fue capturado \u00a0portando un arma de defensa personal sin el permiso requerido. \u00a0<\/p>\n<p>Por tales acontecimientos, durante la diligencia \u00a0preliminar celebrada el al d\u00eda siguiente ante el Juzgado 2\u00ba \u00a0Penal Municipal de Popay\u00e1n Ambulante con Funci\u00f3n de \u00a0Control de Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0le formul\u00f3 imputaci\u00f3n como autor del delito de \u00a0fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de \u00a0fuego, accesorios, partes o municiones, cargo que fue aceptado por el \u00a0imputado. \u00a0<\/p>\n<p>Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 15 de marzo \u00a0de 2016 el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Popay\u00e1n con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento conden\u00f3 a DANIEL FERNANDO \u00a0HERN\u00c1NDEZ AGREDO a la pena de 94 meses y 15 d\u00edas de \u00a0prisi\u00f3n, tras reconocerle una rebaja punitiva del 12.5%, por \u00a0virtud de la aceptaci\u00f3n de cargos, en aplicaci\u00f3n del \u00a0par\u00e1grafo del art\u00edculo 301 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n<p>El Despacho no le \u00a0concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n \u00a0de la pena ni el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0Por tal motivo, el 22 de julio de 2017 fue capturado en cumplimiento \u00a0de la orden de encarcelaci\u00f3n librada por el Despacho de \u00a0conocimiento. \u00a0<\/p>\n<p>La vigilancia de la pena est\u00e1 a cargo del \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Popay\u00e1n, ante el cual, por escrito del 28 de agosto de \u00a02018, solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n \u00a0impuesta. En concreto, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n por \u00a0favorabilidad de la Ley 1826 de 2017, conforme con la cual, debe \u00a0reconocerse a su favor una rebaja del 50%. \u00a0<\/p>\n<p>Mediante auto del 13 de septiembre de 2018, el \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Popay\u00e1n se estuvo a lo resuelto en auto del 26 de abril \u00a0anterior, por cuyo medio se pronunci\u00f3 de manera adversa frente \u00a0a la redosificaci\u00f3n pretendida. Expuso que no encontr\u00f3 \u00a0argumentos novedosos que ameritaran un nuevo pronunciamiento. \u00a0<\/p>\n<p>Inconforme \u00a0con tal postura, el peticionario interpuso el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0y la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n \u00a0la confirm\u00f3 el 19 de diciembre de 2018. Encontr\u00f3 que no \u00a0se puede dar aplicabilidad al principio de favorabilidad, por cuanto \u00a0el delito de porte ilegal de armas por el cual fue condenado el actor \u00a0no se encuentra enlistado en el art\u00edculo 534 de la Ley 1826 de \u00a02017, resultando improcedente aplicar la rebaja del 50% requerida. \u00a0<\/p>\n<p>En criterio del accionante, los autos rese\u00f1ados \u00a0parten de una errada interpretaci\u00f3n de la Ley 1826 de 2017, \u00a0pues no hay duda de que cumple los presupuestos para que le sea \u00a0otorgado el beneficio punitivo aludido por aplicaci\u00f3n del \u00a0principio de favorabilidad, en raz\u00f3n a que fue capturado en \u00a0flagrancia y, adem\u00e1s, se allan\u00f3 a cargos durante la \u00a0audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, afirm\u00f3 que dichas \u00a0providencias desconocen el precedente contenido en la sentencia de \u00a0tutela CSJ STP14140-2018, por cuyo medio se ampar\u00f3 el derecho \u00a0al debido proceso de un ciudadano condenado por el mismo delito, \u00a0luego de establecer que la mayor rebaja resultaba favorable a sus \u00a0intereses. \u00a0<\/p>\n<p>En consecuencia, tras considerar vulnerados sus \u00a0derechos fundamentales, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela \u00a0para demandar que se dejen sin efectos las determinaciones censuradas \u00a0y, en su lugar, se redosifique la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n<p>TR\u00c1MITE DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n<p>Por auto del 20 de febrero de 2019, la Sala \u00a0admiti\u00f3 la \u00a0demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0Mediante informe del 25 de febrero siguiente la \u00a0Secretar\u00eda de la Sala inform\u00f3 que notific\u00f3 dicha \u00a0determinaci\u00f3n a las autoridades involucradas. \u00a0<\/p>\n<p>La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n \u00a0remiti\u00f3 copia del auto de segunda instancia controvertido y, \u00a0en su defensa, se remiti\u00f3 a los argumentos all\u00ed \u00a0consignados. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n<p>Al tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n<p>Advierte la Sala que en providencia CSJ AP, 05 Dic \u00a02018, Rad. 52535, se modularon los razonamientos contenidos en la \u00a0sentencia de tutela CSJ STP, 31 Oct 2018, Rad. 101256, cuya \u00a0aplicaci\u00f3n pretende el accionante, precisando que la mayor \u00a0rebaja conferida a quienes sean capturados en flagrancia y acepten \u00a0cargos durante la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, s\u00f3lo \u00a0resulta aplicable para las conductas enlistadas en el art\u00edculo \u00a0534 de la Ley 906 de 2004, dentro de las cuales no se encuentra el \u00a0delito de porte ilegal de armas de defensa personal por el que fue \u00a0condenado DANIEL FERNANDO HERN\u00c1NDEZ \u00a0AGREDO. \u00a0<\/p>\n<p>M\u00edrese que dicha normativa restringe su \u00a0\u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a las siguientes conductas: \u00a0<\/p>\n<p>\u00abLesiones personales a las que hacen \u00a0referencia los art\u00edculos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y \u00a0120 del C\u00f3digo Penal; Actos de Discriminaci\u00f3n (C. P. \u00a0Art\u00edculo 134A), Hostigamiento (C. P. Art\u00edculo 134B), \u00a0Actos de Discriminaci\u00f3n u Hostigamiento Agravados (C. P. \u00a0Art\u00edculo 134C), inasistencia alimentaria (C. P. art\u00edculo \u00a0233) hurto (C. P. art\u00edculo 239); hurto calificado (C. P. \u00a0art\u00edculo 240); hurto agravado (C. P. art\u00edculo 241), \u00a0numerales del 1 al 10; estafa (C. P. art\u00edculo 246); abuso de \u00a0confianza (C. P. art\u00edculo 249); corrupci\u00f3n privada (C. \u00a0P. art\u00edculo 250A); administraci\u00f3n desleal (C. P. \u00a0art\u00edculo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. P. \u00a0art\u00edculo 251); utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n \u00a0privilegiada en particulares (C. P. art\u00edculo 258); los delitos \u00a0contenidos en el T\u00edtulo VII Bis, para la protecci\u00f3n de \u00a0la informaci\u00f3n y los datos, excepto los casos en los que la \u00a0conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violaci\u00f3n \u00a0de derechos morales de autor (C. P. art\u00edculo 270); violaci\u00f3n \u00a0de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C. P. art\u00edculo \u00a0271); violaci\u00f3n a los mecanismos de protecci\u00f3n de \u00a0derechos de autor (C. P. art\u00edculo 272); falsedad en documento \u00a0privado (C. P. art\u00edculos 289 y 290); usurpaci\u00f3n de \u00a0derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de \u00a0variedades vegetales (C. P. art\u00edculo 306); uso ileg\u00edtimo \u00a0de patentes (C. P. art\u00edculo 307); violaci\u00f3n de reserva \u00a0industrial y comercial (C. P. art\u00edculo 308); ejercicio il\u00edcito \u00a0de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico (C. \u00a0P. art\u00edculo 312).\u00bb \u00a0<\/p>\n<p>En esa oportunidad, se examin\u00f3, adem\u00e1s, \u00a0la posibilidad de extender dicho beneficio a conductas diversas a las \u00a0taxativamente referidas en la norma transcrita y se concluy\u00f3 \u00a0que ello resultaba improcedente, en esencia, por las siguientes \u00a0razones: \u00a0<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) el procedimiento abreviado \u00a0previsto en la Ley 1826 de 2017 fue dise\u00f1ado excepcionalmente \u00a0para servir de regulador a la investigaci\u00f3n y juzgamiento, de \u00a0las conductas punibles expresamente consagradas en art\u00edculo \u00a05\u00b0, que requieren querella para promover la acci\u00f3n penal y \u00a0las adicionadas en el art\u00edculo 10 (534 de la Ley 906 de 2004), \u00a0determinando expresamente que rige aun \u201cpara todos los casos de \u00a0flagrancia de los delitos contemplados en el presente art\u00edculo\u201d, \u00a0como lo indica el par\u00e1grafo de la norma. Por tanto, no es \u00a0correcto sostener que preceptos legales coexistentes, en concreto el \u00a0art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de 2011 y la Ley 1826 de 2017, \u00a0regulan los mismos supuestos de hecho, pues, al contrario, es \u00a0inequ\u00edvoco que en esta \u00faltima, fue voluntad del \u00a0legislador extraer del plexo normativo un listado de conductas \u00a0punibles que consider\u00f3 menos lesivas de los bienes jur\u00eddicos, \u00a0para darles un tratamiento razonablemente preferente, diferente del \u00a0que se mantuvo para delitos de mayor gravedad (\u2026). \u00a0<\/p>\n<p>Por tanto, los motivos expuestos para negar la \u00a0modificaci\u00f3n pretendida respecto de la pena impuesta no se \u00a0ofrecen caprichosos sino ajustados a derecho, fundamentados en las \u00a0disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia, cuyo \u00a0contraste con el caso concreto solamente permite al juez \u00a0constitucional arribar a la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda \u00a0de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta \u00a0Pol\u00edtica) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias \u00a0como las controvertidas s\u00f3lo porque la impugnante no las \u00a0comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en \u00a0dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de \u00a0los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>Se negar\u00e1, por tanto, el amparo \u00a0constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0DANIEL FERNANDO HERN\u00c1NDEZ AGREDO \u00a0contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y el \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De no ser \u00a0impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0 LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 STP2474-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 103286 \u00a0 Acta 56 \u00a0 Bogot\u00e1, D. 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