\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
STP1841-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 103046 \u00a0<\/p>\n
Acta 49 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve \u00a0(2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por JAIME AUGUSTO GONZ\u00c1LEZ \u00a0GRANADOS en procura del amparo de su \u00a0derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e \u00a0intervinientes reconocidas al interior del proceso penal que ser\u00e1 \u00a0descrito a continuaci\u00f3n, as\u00ed como la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
JAIME AUGUSTO GONZ\u00c1LEZ GRANADOS en febrero \u00a0de 2017 realiz\u00f3 negocio jur\u00eddico con el se\u00f1or \u00a0Alfonso Mora Gonz\u00e1lez con el fin de adquirir el inmueble rural \u00a0de nombre Placitas, parcela \u00a01 ubicado \u00a0en la vereda pradera alta de la jurisdicci\u00f3n municipal de San \u00a0Vicente de Chucur\u00ed. Se pact\u00f3 como forma de pago la \u00a0subrogaci\u00f3n de un cr\u00e9dito que el vendedor ten\u00eda \u00a0en el Banco Agrario. \u00a0<\/p>\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s fallece el se\u00f1or Mora \u00a0Gonz\u00e1lez y la deuda fue cancelada por el seguro de vida -valor \u00a0incluido en la cuota bancaria-. Por tanto, se levant\u00f3 la \u00a0hipoteca y el comprador GONZ\u00c1LEZ GRANADOS se comunic\u00f3 \u00a0con los herederos para suscribir la respectiva escritura, pero no fue \u00a0posible dado que hicieron una exigencia econ\u00f3mica a cambio de \u00a0la obligaci\u00f3n de hacer. \u00a0<\/p>\n
Aunado a lo anterior, se enter\u00f3 que el 25 \u00a0de octubre de 2010, se hab\u00eda realizado escritura de sucesi\u00f3n \u00a0desconociendo sus derechos frente al inmueble mencionado. Por lo \u00a0anterior, denunci\u00f3 penalmente a Marlon Yesid Mora Vega, Gerson \u00a0Fabi\u00e1n Mora Vega y Laddy Paola Mora Vega. \u00a0<\/p>\n
Una vez adelantado el proceso correspondiente, por \u00a0sentencia del 29 de septiembre de 2016 el Juzgado Promiscuo \u00a0del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed \u00a0absolvi\u00f3 a los procesados de los delitos de falsedad \u00a0ideol\u00f3gica en documento privado en concurso con fraude \u00a0procesal. \u00a0<\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n el \u00a0representante de v\u00edctimas la apel\u00f3 y la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Bucaramanga la \u00a0confirm\u00f3 el 19 de septiembre de 2018. \u00a0<\/p>\n
El accionante acudi\u00f3 a la Jurisdicci\u00f3n \u00a0Constitucional en procura de obtener amparo a su derecho fundamental \u00a0al debido proceso. Afirm\u00f3 que las \u00a0decisiones de instancia incurrieron en defecto f\u00e1ctico, porque \u00a0no se valor\u00f3 el acervo probatorio conforme a derecho y de \u00a0acuerdo a los principios de la sana critica, en tanto \u00e9ste \u00a0daba cuenta de la responsabilidad penal de los acusados. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, explic\u00f3 \u00a0que no interpuso recurso de casaci\u00f3n en atenci\u00f3n a su \u00a0situaci\u00f3n econ\u00f3mica, la cual se vio gravemente afectada \u00a0por la actuaci\u00f3n de los denunciados. \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, solicit\u00f3 que se decrete \u00a0la nulidad de las providencias censuradas. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por auto del 11 de \u00a0febrero de 2019, la Sala admiti\u00f3 \u00a0la demanda y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado a los sujetos pasivos aludidos. \u00a0<\/p>\n
La Fiscal\u00eda 10 Seccional de Bucaramanga realiz\u00f3 un \u00a0recuento del tr\u00e1mite adelantado dentro del proceso penal \u00a0objeto de reproche constitucional, al tiempo que coadyuvo las \u00a0pretensiones del accionante. \u00a0<\/p>\n
Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron \u00a0silencio durante el t\u00e9rmino concedido. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 1-2 del Decreto \u00a01382 de 2000, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto \u00a01983 de 2017, la Sala es competente para resolver este asunto en \u00a0primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra un Tribunal \u00a0Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional\u00edsimo cuando se dirige en contra de providencias \u00a0judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de los \u00a0requisitos generales1 \u00a0y espec\u00edficos2, \u00a0que implican una carga para el actor, no s\u00f3lo en su \u00a0planteamiento, sino tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, de entrada advierte la Corte que la \u00a0interpretaci\u00f3n probatoria y normativa efectuada por las \u00a0autoridades judiciales accionadas deb\u00eda controvertirse a \u00a0trav\u00e9s del mecanismo legal previsto para el efecto, esto es, \u00a0el recurso de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s del cual pod\u00eda \u00a0aducir argumentos similares a los expuestos \u00a0en la demanda de tutela. Como omiti\u00f3 hacerlo permiti\u00f3 \u00a0que la sentencia objeto de censura quedara en firme. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente \u00a0\u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 \u00a0de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u00a0\u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Con el fin de justificar su incuria el accionante \u00a0hizo a alusi\u00f3n a la imposibilidad \u00a0econ\u00f3mica de contratar los servicios de un profesional del \u00a0derecho que interpusiera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; \u00a0sin embargo, resulta evidente que pod\u00eda acudir al instituto \u00a0del amparo de pobreza durante el desarrollo de las instancias \u00a0(art\u00edculo 21 de la Ley 24 de 1992) o, en su defecto, solicitar \u00a0el servicio de Defensor\u00eda P\u00fablica en materia penal, \u00a0pero no lo hizo. Por lo tanto, dicho argumento no justifica de manera \u00a0suficiente su omisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente \u00a0permiti\u00f3 que el fallo del Tribunal accionado cobrara firmeza, \u00a0situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
Al margen de lo se\u00f1alado, es del caso \u00a0anotar que las sentencias proferidas en \u00a0primera y segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del \u00a0Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed y la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga son razonables \u00a0y est\u00e1n debidamente sustentadas, sin \u00a0que se vislumbre capricho o contradicci\u00f3n con el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
Contrario \u00a0a lo afirmado por el accionante, las autoridades judiciales s\u00ed \u00a0realizaron \u00a0una valoraci\u00f3n integral de las pruebas practicadas durante el \u00a0juicio, \u00a0pero consideraron que ellas no daban cuenta de la materialidad de las \u00a0conductas penales objeto de acusaci\u00f3n, \u00a0cosa distinta es que el actor no comparta el an\u00e1lisis \u00a0efectuado. \u00a0<\/p>\n
Explicaron que los hechos puestos en conocimientos \u00a0tienen incidencia en el \u00e1mbito civil, pero no se evidenci\u00f3 \u00a0por parte de los procesados una maniobra fraudulenta encaminada a \u00a0inducir a error a los funcionarios judiciales que adelantaron el \u00a0proceso reivindicatorio o el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n. De \u00a0ah\u00ed que se advierta la atipicidad de las conductas, pues no \u00a0est\u00e1n estructurados los elementos \u00a0objetivos y subjetivos de los tipos penales de \u00a0falsedad ideol\u00f3gica en documento privado y fraude procesal. \u00a0Por tanto, concluyeron que deb\u00eda proferirse \u00a0sentencia absolutoria. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (Art. 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez \u00a0de tutela inmiscuirse en providencias como la discutida, s\u00f3lo \u00a0porque el actor no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa \u00a0a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con criterio \u00a0razonable en los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la \u00a0legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de \u00a0Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0JAIME AUGUSTO GONZ\u00c1LEZ GRANADOS contra \u00a0el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed \u00a0y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con el \u00a0art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De no ser \u00a0impugnada esta determinaci\u00f3n, REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Requisitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0generales: La\u00a0relevancia constitucional,\u00a0el agotamiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la\u00a0inmediatez,\u00a0identificar de manera razonable tanto los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso judicial\u00a0siempre que esto hubiere sido posible.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Requisitos espec\u00edficos: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto org\u00e1nico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto procedimental absoluto; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto f\u00e1ctico; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto material o sustantivo; (v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0error inducido; (vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desconocimiento del precedente; y (viii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-590 de 2005). \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0 LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 STP1841-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 103046 \u00a0 Acta 49 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve \u00a0(2019) \u00a0 VISTOS: \u00a0 Resuelve la Sala la acci\u00f3n de tutela \u00a0instaurada por JAIME AUGUSTO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-47194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}