\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP17353-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0No. 108134 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0n.\u00b0 330 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Esteban \u00a0Jim\u00e9nez Mendoza, Fabi\u00e1n Ricardo Tinoco Atencia, \u00a0Francisco Manuel Herrera Caballero y Miriam Dolores Giraldo Zuluaga, \u00a0por \u00a0intermedio de apoderado judicial, \u00a0contra \u00a0el fallo de tutela proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0de la Corte Suprema de Justicia el 25 de septiembre de 2019, \u00a0que \u00a0neg\u00f3 el amparo constitucional invocado contra la Sala \u00a0Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Valledupar, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la presente actuaci\u00f3n se vincul\u00f3 de oficio al Juzgado \u00a0Laboral del Circuito de Chiriguan\u00e1 (Cesar), municipio de La \u00a0Jagua de Ibirico y a las partes e intervinientes en el proceso \u00a0ejecutivo laboral de radicado No. 20178310500120070001000. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0fueron sintetizados en el fallo constitucional de primera instancia1: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Manifestaron, para respaldar su solicitud, que, \u00abentre otros \u00a0docentes\u00bb, presentaron demanda ejecutiva laboral contra el \u00a0municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar; que dicha demanda fue \u00a0asignada por reparto al Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u00a0y dicho despacho la admiti\u00f3 y le imparti\u00f3 tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
Adujeron que, \u00a0no obstante, su apoderada judicial de entonces, \u00abactuando en \u00a0contra de sus intereses y faltando a sus deberes como abogada\u00bb, \u00a0present\u00f3 desistimiento de la demanda y sus pretensiones, \u00a0mediante memorial de fecha 18 de abril de 2017, solicitud que fue \u00a0admitida por el juzgado, mediante auto de fecha 10 de mayo de 2007, \u00a0en el que se admiti\u00f3 el desistimiento total de las \u00a0pretensiones de la demanda y se orden\u00f3 el levantamiento de las \u00a0medidas cautelares ya practicadas dentro del proceso. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1alaron \u00a0que el despacho judicial que admiti\u00f3 el desistimiento \u00abno \u00a0realiz\u00f3 un estudio de fondo y en derecho de la solicitud de \u00a0desistimiento presentada\u00bb y tampoco verific\u00f3 que se \u00a0estructuraran los requisitos previstos en el art\u00edculo 343 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entonces aplicable a la \u00a0materia, especialmente el relativo a las facultades de la apoderada. \u00a0<\/p>\n
Refirieron \u00a0que, a\u00f1os despu\u00e9s, en noviembre de 2015, su nuevo \u00a0apoderado judicial realiz\u00f3 las investigaciones pertinentes y \u00a0estableci\u00f3 que el municipio de La Jagua de Ibirico a\u00fan \u00a0les adeudaba acreencias laborales, motivo por el cual, presentaron un \u00a0incidente de nulidad, en el interior del proceso ejecutivo laboral en \u00a0el que se hab\u00eda aceptado el desistimiento, orientado a que se \u00a0anulara tal actuaci\u00f3n, de fecha 10 de mayo de 2007, y se \u00a0prosiguiera el juicio coercitivo. \u00a0<\/p>\n
Explicaron que \u00a0el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguan\u00e1 rechaz\u00f3 \u00a0el incidente de nulidad, mediante auto de fecha 3 de abril de 2018; \u00a0que presentaron recurso de apelaci\u00f3n contra dicha \u00a0determinaci\u00f3n, pero la misma fue confirmada \u00edntegramente \u00a0por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Valledupar, en prove\u00eddo de 12 de julio de 2019. \u00a0<\/p>\n
Argumentaron \u00a0que el juzgado y el tribunal transgredieron sus garant\u00edas de \u00a0orden superior, al negarles el incidente de nulidad que promovieron, \u00a0debido a que pasaron por alto las normas procesales que regulaban las \u00a0causales de anulaci\u00f3n en los procesos judiciales y su tr\u00e1mite, \u00a0al tiempo que avalaron el auto irregular, proferido once a\u00f1os \u00a0atr\u00e1s, en el que se admiti\u00f3, a su juicio ilegalmente, \u00a0el desistimiento que present\u00f3 su apoderada judicial. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0mediante decisi\u00f3n adoptada el 25 de septiembre del a\u00f1o \u00a0en curso, neg\u00f3 el presente amparo constitucional. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0arribar a tal decisi\u00f3n, el juez colegiado constitucional de \u00a0primer grado se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada no \u00a0result\u00f3 irracional o abiertamente contraria al ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, toda vez que la determinaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00a0en las normas aplicables al caso y devino de una valoraci\u00f3n \u00a0probatoria sobre los elementos de convicci\u00f3n allegados de \u00a0manera oportuna al proceso ejecutivo, raz\u00f3n por la cual, la \u00a0autoridad judicial accionada no incurri\u00f3 en yerros o \u00a0desviaciones que convirtieran lo decidido en ileg\u00edtimo, es \u00a0decir, sus argumentos no fueron arbitrarios o caprichosos, puesto que \u00a0la nulidad propuesta no respetaba el principio de taxatividad y, \u00a0adem\u00e1s la supuesta irregularidad fue convalidada por los \u00a0interesados al haber actuado en etapas posteriores sin haberla \u00a0propuesto. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n, la parte actora la impugn\u00f3, \u00a0con la finalidad que sea revocada y, en su lugar, se acceda al amparo \u00a0de los derechos invocados, en aras de obtener la restauraci\u00f3n \u00a0de las anteriores prerrogativas. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0argumentos de la alzada, la parte recurrente se\u00f1al\u00f3 que \u00a0el juez de primera instancia inobserv\u00f3 que el auto por el cual \u00a0se admiti\u00f3 el desistimiento y se termin\u00f3 el proceso \u00a0ejecutivo en referencia contrar\u00eda la ley, por cuanto los \u00a0poderes otorgados a la profesional del derecho no conten\u00edan de \u00a0manera expresa la facultad de desistir. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual manera, indic\u00f3 que una actuaci\u00f3n ilegal no puede \u00a0ser convalidada por no haberse formulado la nulidad en primer \u00a0momento, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que tal acto de \u00a0postulaci\u00f3n no se encontraba previsto en las causales de \u00a0anulaci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conformidad con lo normado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02\u00ba del Decreto 1983 de 2017 \u2013 modificatorio del art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 \u2013, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 44 del Reglamento General de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interpuesto por Esteban \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jim\u00e9nez Mendoza, Fabi\u00e1n Ricardo Tinoco Atencia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Francisco Manuel Herrera Caballero y Miriam Dolores Giraldo Zuluaga, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0intermedio de apoderado judicial, contra el fallo de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0problemas jur\u00eddicos que convocan a la Sala en esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oportunidad, consiste en establecer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0i) si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el abogado accionante est\u00e1 legitimado para cuestionar el auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de fecha 10 de mayo de 2007 por el que se acept\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desistimiento de las pretensiones de la demanda laboral ejecutiva al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interior del radicado No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 178 31 05 001 2007 00010 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en caso afirmativo, ii) si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0frente a la providencia del 12 de julio de 2019 proferida por la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Judicial de Valledupar, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interpuesto contra el auto del 3 de abril de 2018 por el que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad procesal al interior \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del proceso ejecutivo laboral rese\u00f1ado, en el sentido de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0confirmar la determinaci\u00f3n, se configuran los requisitos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales y por tanto, debe revocarse el fallo de tutela de primer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0grado para en su lugar concederse el amparo constitucional invocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Sobre la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa en acciones de tutela. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0Corresponde recordar que el \u00a0art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n \u00a0de tutela puede ser promovida por la persona afectada en sus derechos \u00a0fundamentales, caso en el cual esta actuar\u00e1 directamente o \u00a0mediante un apoderado, o por un \u00a0agente oficioso. \u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0En cuanto a la procedencia del acto de apoderamiento judicial, la \u00a0jurisprudencia ha se\u00f1alado que este debe ser especial2, \u00a0como fue \u00a0reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia T-664 de 2011: \u00a0<\/p>\n
\u00ab3.2. \u00a0Sobre lo establecido en [el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de \u00a01991] en relaci\u00f3n con el apoderamiento, en la Sentencia \u00a0T-531\/02 la Corte precis\u00f3 que debe entenderse con los \u00a0siguientes elementos normativos: (i) es un acto jur\u00eddico \u00a0formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume \u00a0aut\u00e9ntico; (iii) debe ser especial con el fin de \u00a0interponer una acci\u00f3n de tutela; (iv) es para la \u00a0promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado \u00a0proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoci\u00f3n \u00a0de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento \u00a0tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario \u00a0del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho \u00a0habilitado con tarjeta profesional\u00bb (Textual). \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, dado que el Decreto 2591 de 1991 no trae regulaci\u00f3n \u00a0alguna sobre el poder especial o la representaci\u00f3n judicial, \u00a0debe acudirse a lo previsto en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, en virtud del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto \u00a0306 de 1992 y canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, que reza: \u00a0<\/p>\n
\u00abArt\u00edculo \u00a074. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo \u00a0podr\u00e1n conferirse por escritura p\u00fablica. El poder \u00a0especial para uno o varios procesos podr\u00e1 conferirse por \u00a0documento privado. En los poderes \u00a0especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente \u00a0especificados\u00bb. (Resaltado \u00a0fuera de texto). \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0disposici\u00f3n guarda consonancia con la informaci\u00f3n que \u00a0la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 en la sentencia T-1025 \u00a0de 2006, reiterada en T \u2013 194 de 2012, \u00a0sobre \u00a0que \u00a0debe contener el poder especial: \u00a0<\/p>\n
\u00abEs entonces una exigencia que el \u00a0poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con \u00a0una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y \u00a0expresa:\u00a0(i)\u00a0los nombres y datos de identificaci\u00f3n \u00a0tanto de poderdante como del apoderado;\u00a0(ii)\u00a0la \u00a0persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la \u00a0acci\u00f3n de tutela;\u00a0(iii)\u00a0el acto o \u00a0documento causa del litigio y,\u00a0(iv)\u00a0el derecho \u00a0fundamental\u00a0 que se pretende proteger y garantizar. \u00a0<\/p>\n
Los anteriores elementos permiten \u00a0reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso \u00a0de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones \u00a0cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de \u00a0alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa… \u00bb (\u00c9nfasis \u00a0ajeno al texto de origen). \u00a0<\/p>\n
De manera que el \u00a0poder especial es un aspecto determinante para establecer la \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa, como lo resalt\u00f3 la Corte \u00a0Constitucional en esa misma decisi\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
\u00abEn \u00a0efecto, el tema de la especificidad en los poderes toma importancia, \u00a0pues el cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado \u00a0judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su \u00a0poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de \u00a0tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en \u00a0la causa por activa\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Debido a lo anterior, cuando los anteriores requisitos no se cumplen, \u00a0lo procedente es rechazar la acci\u00f3n de tutela, si no se ha \u00a0admitido, o no conceder el amparo invocado, como lo recogi\u00f3 la \u00a0Corte Constitucional en la sentencia T-995 de 2008: \u00a0<\/p>\n
\u00abConfigurados \u00a0los elementos normativos anteriormente se\u00f1alados se \u00a0perfecciona la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y el juez \u00a0de tutela estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de pronunciarse de \u00a0fondo sobre los hechos y las pretensiones relacionadas en el escrito \u00a0de tutela. Si los mismos no se presentan en el caso concreto, el juez \u00a0deber\u00e1 seg\u00fan el caso rechazar de plano la acci\u00f3n \u00a0de tutela o en la sentencia no conceder la tutela de los derechos \u00a0fundamentales de los agenciados\u00bb3 \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Requisitos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judiciales \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de tutela ante los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0garant\u00edas fundamentales, cuando por acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o por particulares en los casos expresamente previstos en la ley, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siempre que no haya otro medio de defensa judicial, o existiendo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la tutela se utilice de forma transitoria para evitar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0materializaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0precisado la Sala que las caracter\u00edsticas de subsidiariedad y \u00a0residualidad que son predicables de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0aparejan como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo \u00a0excepcional de amparo para lograr la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional en procesos en tr\u00e1mite, porque ello a m\u00e1s \u00a0de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como \u00a0la independencia y la autonom\u00eda funcionales que rigen la \u00a0actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en \u00a0el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trat\u00e1ndose de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para cuestionar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones judiciales, salvo que comporten v\u00edas de hecho, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n es improcedente, porque su finalidad no es la de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revivir oportunidades o momentos procesales culminados, reponer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las decisiones, y tampoco constituirse en el escenario donde puedan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectuarse valoraciones probatorias diferentes a la que realiz\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el juez de conocimiento, a quien corresponde hacer esa labor de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo con la competencia que le asigna la ley. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0as\u00ed fuera, \u00a0ha dicho la Corte, el recurso de amparo, instrumento de defensa de \u00a0derechos fundamentales, trocar\u00eda en medio adverso a la \u00a0seguridad jur\u00eddica y a la estabilidad social. Por estas \u00a0razones el juez de tutela debe respetar las competencias regladas \u00a0atribuidas a otras autoridades, sin afectar su autonom\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ha sido recurrentemente recordado por esta Sala, la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ligada al cumplimiento de estrictos requisitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su planteamiento como en su demostraci\u00f3n, como lo ha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expuesto la propia Corte Constitucional.4 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por este motivo, y \u00a0como ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Que la cuesti\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y \u00a0extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona \u00a0afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate \u00a0de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene \u00a0un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y \u00a0que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y \u00a0que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial, \u00a0siempre que esto hubiere sido posible. \u00a0<\/p>\n
f. \u00a0Que la decisi\u00f3n judicial contra la cual se formula la acci\u00f3n \u00a0de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026si \u00a0se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro \u00a0de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, que \u00a0habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una \u00a0vez interpuesta\u00bb \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
En punto de las \u00a0exigencias espec\u00edficas, como fue recogido en la sentencia \u00a0C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuaci\u00f3n se \u00a0relacionan: \u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Defecto \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0competencia para ello. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido.<\/p>\n
3. Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el que se sustenta la decisi\u00f3n.<\/p>\n
4. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n;<\/p>\n
5. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales.<\/p>\n
6. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional.<\/p>\n
7. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[6].<\/p>\n
8. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Textual). \u00a0<\/p>\n
Queda \u00a0entonces claro que en \u00a0atenci\u00f3n a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto \u00a0de la autonom\u00eda judicial, la acci\u00f3n consagrada en el \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando se \u00a0dirige a cuestionar una decisi\u00f3n judicial, tiene car\u00e1cter \u00a0excepcional, y su prosperidad est\u00e1 atada a que se cumplan los \u00a0requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que \u00a0quien acude a ella tiene la carga no s\u00f3lo respecto de su \u00a0planteamiento, sino de su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. An\u00e1lisis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la legitimidad en la causa por activa para cuestionar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia del 10 de mayo de 2007 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presente asunto, a partir de la revisi\u00f3n de la demanda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se observa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el poder allegado por el abogado Rafael \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ricardo Rizo Naranjo fue \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otorgado por los titulares del derecho presuntamente conculcado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para cuestionar la legalidad de la providencia del 12 de julio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02019, por consiguiente, la pretensi\u00f3n incoada por al actor \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dirigida a la declaratoria de nulidad del auto del 10 de mayo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02007 desborda el objeto del mandado judicial, lo que significa que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no se cumple con el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisito de especificidad para promover \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la defensa de los derechos de Esteban \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jim\u00e9nez Mendoza, Fabi\u00e1n Ricardo Tinoco Atencia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Francisco Manuel Herrera Caballero y Miriam Dolores Giraldo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Zuluaga. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tal motivo, y dado que el abogado accionante tampoco demostr\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que s\u00ed cumpl\u00eda con los requisitos de la agencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oficiosa, se evidencia que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente solicitud de amparo adolece de legitimaci\u00f3n en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0causa por activa, raz\u00f3n por la cual, ya que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n de tutela no cumple con el requisito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedente es no conceder el amparo invocado respecto del \u00faltimo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prove\u00eddo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Del auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del 12 de julio de 2019 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0orden a resolver la impugnaci\u00f3n, lo primero que advierte la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala es el cumplimiento de los requisitos gen\u00e9ricos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0caso tiene incuestionable relevancia constitucional, pues lo que es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0objeto de debate es la presunta vulneraci\u00f3n de derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dotados de car\u00e1cter fundamental por la propia Carta Pol\u00edtica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y la jurisprudencia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la providencia objeto de censura, no existe otro medio ordinario de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defensa judicial para cuestionar la validez o legalidad de aquella, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la improcedencia de recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0s\u00faplica constitucional se promovi\u00f3 dentro de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino razonable y proporcional, ya que fue instaurada el 5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de septiembre de 2019, esto es, transcurridos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tan solo un (1) mes y veintitr\u00e9s (23) d\u00edas de haberse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido la providencia cuestionada \u2013 12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de julio de 2019 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv. Identific\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos f\u00e1cticos, las pretensiones, las prerrogativas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que estim\u00f3 quebrantadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, si bien no aleg\u00f3 tal vulneraci\u00f3n ante el juez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0natural, esto obedeci\u00f3 a la no posibilidad de hacerlo, por no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tener herramienta judicial alguna de exponer su disconformidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
v. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se discute por esta v\u00eda una sentencia de tutela. \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, al \u00a0encontrarse superados los par\u00e1metros de procedibilidad, se \u00a0debe entrar a verificar si existe alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0del \u00f3rganos accionados capaz de afectar la vigencia efectiva \u00a0de los derechos fundamentales del accionante y que permitan derivar \u00a0la prosperidad del amparo constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Respecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la providencia objeto de este ac\u00e1pite, de la lectura del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0libelo de tutela y del escrito de impugnaci\u00f3n, se tiene que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el actor se duele de la negativa de la autoridad judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionada para emitir pronunciamiento de fondo sobre la presunta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ilegalidad del auto que acept\u00f3 el desistimiento dentro del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso laboral ejecutivo ya referenciado. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese contexto, valorados los medios de prueba aportados en legal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0forma al expediente, se tiene por probado lo siguiente \u2013 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo que interesa al caso concreto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0auto del 10 de mayo de 2007, el juzgado demandado acept\u00f3 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desistimiento de las pretensiones de la demanda ejecutiva, entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otras determinaciones7. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 de febrero de 2018, la parte actora elev\u00f3 solicitud de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0nulidad procesal contra la anterior decisi\u00f3n, al considerar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que aqu\u00e9l no cumpl\u00eda con los requisitos previstos en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el art\u00edculo 342 y 343 del C.P.C., toda vez que la profesional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del derecho no contaba con la facultad expresa de desistir de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuaci\u00f3n8. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0providencia del 3 de abril de 2018, el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Laboral del Circuito de Chiriguan\u00e1 (Cesar) rechaz\u00f3 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0plano el incidente de nulidad propuesto, ya que aquella fue \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0convalidada por el apoderado judicial, el proceso ya finaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y dicha causal no tiene consagraci\u00f3n expresa en la norma9. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Determinaci\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n10. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 de julio del presente a\u00f1o, el Tribunal accionado desat\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el recurso vertical, en el sentido de confirmar la decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recurrida, cuyo fundamento consisti\u00f3 en que el r\u00e9gimen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0normativo aplicable es el C\u00f3digo de Procedimiento Civil ya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el proceso hab\u00eda finalizado en el a\u00f1o 2007, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consiguiente, a la luz de los art\u00edculos 142, 143 y 144 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dicho cuerpo normativo, concluy\u00f3 que la oportunidad para la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0postulaci\u00f3n de invalidez hab\u00eda preclu\u00eddo por la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0finalizaci\u00f3n del proceso, adem\u00e1s de la convalidaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o saneamiento de la irregularidad denunciada por haberse actuado con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posterioridad sin haberse alegado11. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0panorama anterior, esta Sala no advierte incorrecci\u00f3n o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dislate alguno por parte de la autoridad judicial accionada, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0comoquiera que no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se incurri\u00f3 en vulneraciones de derechos fundamentales, ya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que ello no fue demostrado por el gestor constitucional, antes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bien, dada la oportunidad procesal en que fue impetrada la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0nulidad, con posterioridad a la terminaci\u00f3n anormal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso ejecutivo por desistimiento, la misma resultaba inoportuna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a voces del art\u00edculo 142 del C.P.C., adem\u00e1s que, una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0petici\u00f3n como la formulada, que apunta a obtener la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revocatoria de una decisi\u00f3n judicial (la que acept\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el desistimiento de la demanda), no est\u00e1 autorizada por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ordenamiento jur\u00eddico para ser tramitada como incidente, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, no respeta el criterio de taxatividad propio de la figura \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal en comento. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, resulta ajustada al ordenamiento procesal civil, aplicable \u00a0al asunto por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 145 del CPT \u00a0y SS, \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n de rechazar de plano el incidente de nulidad \u00a0propuesto, cuyo consecuente jur\u00eddico es que la autoridad \u00a0judicial quede relevada de abordar de fondo la presunta irregularidad \u00a0planteada, es decir, no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n legal \u00a0decidir sobre la prosperidad de la pretensi\u00f3n de invalidez, \u00a0tesis que incluso se apoya en la jurisprudencia de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil de esta Corte al sostener que: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Dentro \u00a0del gobierno legal de las causales de nulidad, dispone el inciso 4\u00ba \u00a0del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que \u00a0juez \u201crechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se \u00a0funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo \u00a0[art\u00edculo 140 ib\u00eddem], en hechos que pudieron alegarse \u00a0en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro \u00a0incidente de nulidad, o que se proponga despu\u00e9s de saneada\u201d, \u00a0regla \u00a0que permite al juzgador controlar ab initio que las anomal\u00edas \u00a0del proceso se denuncien de manera oportuna e impide la apertura de \u00a0tr\u00e1mites inanes, tard\u00edos o con fundamento en hechos \u00a0at\u00edpicos. \u00a0(Se resalta) (CSJ AC, 14 de abr. de 2008, Exp. No. \u00a008001-3103-004-2000-00175-01). \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, resalta la Sala que el criterio del juez colegiado \u00a0accionado respeta la hermen\u00e9utica jur\u00eddica encaminada a \u00a0pregonar que las \u00a0nulidades procesales no pueden ser alegadas en el momento que se \u00a0quiera, dado que es asunto reglado, en aplicaci\u00f3n precisamente \u00a0de los principios procesales de eventualidad y preclusi\u00f3n y \u00a0adem\u00e1s, de respetar los postulados de convalidaci\u00f3n y \u00a0taxatividad que gobiernan el instrumento judicial de invalidez en \u00a0cita. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consecuencia, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0razonamiento del funcionario judicial que resolvi\u00f3 este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ileg\u00edtimo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o irrazonable, como se quiere hacer ver, pues sus conclusiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0resultan sensatas y conforme con la ley y jurisprudencia propia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la materia, y si ello es as\u00ed, no puede utilizarse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0v\u00e1lidamente el mecanismo de amparo constitucional, bajo el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pretexto de v\u00edas de hecho inexistentes, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0s\u00f3lo porque el accionante discrepa de la conclusi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se obtuvo frente a su pedimento, la cual en esta sede \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional no tiene posibilidades de prosperar seg\u00fan lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expuesto. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0entonces, \u00a0se reitera que la decisi\u00f3n objeto de reproche constitucional \u00a0lejos de resultar \u00a0arbitraria, caprichosa o constitutiva de alg\u00fan hecho \u00a0vulnerador de la garant\u00eda que reclama el actor, resulta \u00a0debidamente sustentada en el ordenamiento jur\u00eddico y los \u00a0supuestos f\u00e1cticos de la causa, lo que imposibilita la \u00a0intromisi\u00f3n del juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0m\u00e1s consideraciones, comoquiera \u00a0que en el \u00a0presente asunto no se configur\u00f3 ninguno de los requisitos \u00a0especiales de prosperidad del amparo, \u00a0la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones \u00a0anotadas a lo largo de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N\u00ba 1, \u00a0administrando \u00a0justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00ba \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia proferida el \u00a025 de septiembre de 2019 \u00a0por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0por las razones \u00a0expuestas en la parte considerativa de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba \u00a0REMITIR el proceso a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de \u00a0conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a026 y 27, cuaderno No. 2 de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed por ejemplo, en la sentencia T-975 de 2005 la Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional reiter\u00f3 la posici\u00f3n adoptada en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia T-530 de 1998, seg\u00fan la cual el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0poder para actuar en el proceso del penal no habilita para ejercitar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-493 de 2007. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T-573 de 2001, T-765 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2009, T-020 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y T-303 de 2016. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SCP STP12139-2017, 08 ago 2017, rad. 93385; STP4707-2018, 10 Abr \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02018, Rad. 97586; STP7399-2018, 05 jun 2018, rad. 98503; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP8503-2018, 26 jun 2018, rad. 98846; STP1928-2019, 19 feb 2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 102602; STP3432-2019, 18 mar 2019, rad. 103585. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab Cfr. Sentencias T-462 de 2003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02000 y T-1031 de 2001. \u00bb \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 21, cuaderno No. 1 de primera instancia \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 28 a 33, cuaderno No. 1 de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 34 y 35, cuaderno No. 1 de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 36 a 42. Cuaderno No. 1 de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 43 a 48, cuaderno No. 1 de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP17353-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0No. 108134 \u00a0 Acta \u00a0n.\u00b0 330 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0 Decide \u00a0la Sala el recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por Esteban \u00a0Jim\u00e9nez Mendoza, Fabi\u00e1n Ricardo Tinoco Atencia, \u00a0Francisco Manuel Herrera Caballero y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-47072","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}