\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP17321-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108425 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0340 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil diecinueve \u00a0(2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por RODRIGO JAIRO HERNANDO \u00a0MERINO BARRETO contra la sentencia de tutela proferida el 8 de \u00a0noviembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 que neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Consejo \u00a0Seccional de la Judicatura del Tolima. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda, el 10 de enero de 2019 el Juzgado Promiscuo \u00a0de Familia de Fresno resolvi\u00f3 las objeciones propuestas dentro \u00a0del proceso de partici\u00f3n radicado 2018-00093. Inconforme con \u00a0esa decisi\u00f3n, promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y apelaci\u00f3n, tras no reponer la decisi\u00f3n, fue concedida \u00a0la apelaci\u00f3n la cual correspondi\u00f3 a la Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0la demora en la resoluci\u00f3n del recurso, RODRIGO JAIRO HERNANDO \u00a0MERINO BARRETO solicit\u00f3 vigilancia judicial administrativa. \u00a0Sin embargo, en auto del 10 de julio de 2019, el Consejo Seccional de \u00a0la Judicatura del Tolima le inform\u00f3 que no era procedente, \u00a0pues acorde con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, a\u00fan se encontraba dentro del t\u00e9rmino de 6 \u00a0meses para resolver. Contra dicha decisi\u00f3n promovi\u00f3 el \u00a0recurso de reposici\u00f3n, pero fue despachado negativamente en \u00a0Resoluci\u00f3n CSJTOR-19186 del 4 de septiembre de 2019. \u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0tanto, el 16 de agosto de 2019, la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior de Ibagu\u00e9, resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n del \u00a0auto del 10 de enero. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, la decisi\u00f3n del Consejo Seccional de \u00a0la Judicatura del Tolima es arbitraria, estructura una v\u00eda de \u00a0hecho y vulnera su derecho al debido proceso, pues el Magistrado no \u00a0pod\u00eda superar el t\u00e9rmino previsto en la Ley para emitir \u00a0su decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional con el prop\u00f3sito de \u00a0que se deje sin efectos la Resoluci\u00f3n CSJTOR-19186 del 4 de \u00a0septiembre de 2019. En contraste, solicit\u00f3 \u00abse \u00a0emita una decisi\u00f3n acorde con los lineamientos jur\u00eddicos \u00a0legales, se exhorte a la Presidencia del Consejo Seccional de la \u00a0Judicatura para que en tanto se resuelve el tema de la partici\u00f3n \u00a0adicional del causante Guillermo Merino Visbal, ejerza una vigilancia \u00a0de todas las acciones procesales y disciplinarias, para evitar \u00a0dilaciones injustificadas, debiendo informar las acciones ejecutadas \u00a0a esa superioridad y al accionante\u2026\u00bb \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del \u00a029 \u00a0de octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u00a0admiti\u00f3 la acci\u00f3n y corri\u00f3 el traslado \u00a0correspondiente a las autoridades aludidas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima indic\u00f3 \u00a0que no ha vulnerado las garant\u00edas fundamentales invocadas por \u00a0el accionante, pues acat\u00f3 el procedimiento establecido en la \u00a0Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA-8716 de 2011, relativo al tr\u00e1mite \u00a0de vigilancia judicial administrativa. Solicit\u00f3 se niegue la \u00a0demanda. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el \u00a0amparo demandado. Expuso \u00a0que \u00e9ste se torna improcedente para atacar el acto \u00a0administrativo reprochado, dada la existencia de un mecanismo \u00a0judicial ordinario al que puede acudir el accionante. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante impugn\u00f3 el fallo. Insisti\u00f3 en los argumentos \u00a0planteados en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0la segunda instancia, respecto de la sentencia adoptada por el \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n emitida el 10 de julio \u00a0de 2019, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, \u00a0mediante la cual esa autoridad se neg\u00f3 a ejercer la vigilancia \u00a0judicial administrativa en el proceso de partici\u00f3n adicional \u00a0radicado 2018-00093. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, encuentra la Sala que \u00a0esa \u00a0decisi\u00f3n estuvo precedida del an\u00e1lisis serio y \u00a0ponderado de la normativa aplicable, cuyo \u00a0contraste con el caso concreto permite al juez constitucional llegar \u00a0a la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 que con el \u00a0prop\u00f3sito de definir el recurso de apelaci\u00f3n, el 19 de \u00a0febrero de 2019 el asunto fue asignado por reparto al Magistrado Luis \u00a0Enrique Gonz\u00e1lez Trilleras, adscrito a la Sala Civil Familia \u00a0del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. As\u00ed las cosas, acorde \u00a0con el contenido del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso, dentro del t\u00e9rmino de (6) seis meses, contados a \u00a0partir del momento en que ingres\u00f3 al despacho, \u00e9ste \u00a0deb\u00eda resolver el asunto. No obstante, para la fecha en que el \u00a0accionante promovi\u00f3 la solicitud de vigilancia, s\u00f3lo \u00a0hab\u00edan transcurrido (4) cuatro meses. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal raz\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que no se estructur\u00f3 la \u00a0mora judicial puesta de presente por el demandante. En contraste, \u00a0destac\u00f3 que las actuaciones dentro del aludido radicado se \u00a0desarrollaron dentro del t\u00e9rmino otorgado por la norma \u00a0procesal y, por ello, resolvi\u00f3 no aplicar el mecanismo de \u00a0vigilancia judicial administrativa. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la misma oportunidad, le explic\u00f3 al demandante que la \u00a0vigilancia administrativa no otorga competencia jurisdiccional, pues \u00a0se limita a ejercer control y hacer seguimiento a los t\u00e9rminos \u00a0procesales. Por tanto, no es viable revisar y controvertir el \u00a0contenido de las decisiones judiciales y mucho menos las \u00a0interpretaciones efectuadas por el juez natural, pues ello \u00a0desnaturalizar\u00eda la funci\u00f3n de administrar justicia. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto que \u00a0los razonamientos planteados por la autoridad accionada en la \u00a0providencia censurada se \u00a0aprecian razonables y debidamente motivados. En ese orden, no \u00a0estructuran ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas, s\u00f3lo porque el impugnante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos \u00a0pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0todo, advierte la Sala que no \u00a0le compete al juez constitucional emitir juicio respecto de la \u00a0legalidad del acto administrativo proferido 10 de julio de 2019 por \u00a0el Consejo Seccional de la Judicatura, pues para ello el accionante \u00a0est\u00e1 habilitado para concurrir ante la jurisdicci\u00f3n de \u00a0lo contencioso administrativo. \u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0por cuanto tal Resoluci\u00f3n es \u00a0susceptible de controversia a trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb \u00a0de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo-), cuya caducidad es de 4 meses (Art. \u00a0164-2-C). Incluso, dentro de dicho tr\u00e1mite el funcionario \u00a0judicial puede decretar desde el auto admisorio la medida provisional \u00a0de suspensi\u00f3n de los efectos del acto administrativo criticado \u00a0(Art. 230-3). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de un medio de defensa judicial mediante el cual pueden \u00a0exponerse las inconformidades que se han puesto de presente, torna \u00a0improcedente esta solicitud de tutela (numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991), especialmente porque no est\u00e1 \u00a0acreditada, ni lo advierte la Sala, una evidente situaci\u00f3n de \u00a0perjuicio irremediable que haga forzosa la intervenci\u00f3n \u00a0transitoria del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0impone entonces, confirmar la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo de 8 de noviembre de 2019 proferido por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo \u00a0solicitado por \u00a0RODRIGO JAIRO HERNANDO MERINO BARRETO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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