\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N \u00a0DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP1711-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 102950 \u00a0<\/p>\n
Acta 38 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por \u00a0el apoderado especial de MARTHA \u00a0CECILIA PATI\u00d1O VARGAS, \u00a0contra \u00a0la sentencia de tutela proferida el 28 de noviembre de 2018 por la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que \u00a0neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente \u00a0vulnerados por \u00a0la \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali \u00a0y \u00a0el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0CECILIA PATI\u00d1O VARGAS \u00a0promovi\u00f3 \u00a0demanda ordinaria laboral contra Bancolombia \u00a0S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de indemnizaci\u00f3n \u00a0por despido injusto, toda vez que prest\u00f3 sus servicios a la \u00a0entidad bancaria mencionada en virtud de un contrato de trabajo a \u00a0t\u00e9rmino indefinido, durante el per\u00edodo comprendido \u00a0entre el 26 de marzo de 1996 y el 3 de noviembre de 2016, fecha en la \u00a0que su empleadora dio por terminado el v\u00ednculo contractual, \u00a0sin que mediara justa causa. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Octavo \u00a0Laboral del Circuito de Cali, despacho que, mediante sentencia del 27 \u00a0de septiembre de 2017, absolvi\u00f3 a la convocada a juicio de sus \u00a0pretensiones. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n la peticionaria apel\u00f3 y \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali la confirm\u00f3 \u00a0\u00edntegramente el 28 \u00a0de junio de 2018. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0desacuerdo, su apoderado judicial recurri\u00f3 \u00a0en casaci\u00f3n, pero el \u00a011 de septiembre de 2018 el Tribunal encontr\u00f3 que carec\u00eda \u00a0de inter\u00e9s jur\u00eddico para presentar el recurso \u00a0extraordinario. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que las autoridades judiciales que conforman el extremo pasivo de \u00a0esta acci\u00f3n transgredieron su derecho fundamental al debido \u00a0proceso, al negarle el pago de la indemnizaci\u00f3n por despido \u00a0injusto, debido a que no realizaron una correcta apreciaci\u00f3n \u00a0de las pruebas y le \u00abdieron \u00a0un \u00fanico sentido a las mismas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Pidi\u00f3, por \u00a0consiguiente, que se protegieran sus garant\u00edas superiores y \u00a0que, como medida urgente, encaminada a restablecerlas, se ordenara al \u00a0Tribunal proferir una decisi\u00f3n de reemplazo, favorable a sus \u00a0aspiraciones. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 20 de noviembre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0admiti\u00f3 la demanda de tutela y corri\u00f3 el traslado \u00a0correspondiente a los sujetos pasivos aludidos. Fueron \u00a0vinculados al tr\u00e1mite las \u00a0partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral que origin\u00f3 \u00a0la queja constitucional. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali se limit\u00f3 a \u00a0remitir copia de la decisi\u00f3n que \u00a0emiti\u00f3 en primera instancia \u00a0dentro del proceso ordinario laboral n\u00famero \u00a076001310500820170006500. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Representante Legal de Bancolombia S.A., solicit\u00f3 \u00a0negar el amparo invocado. En sustento, se\u00f1al\u00f3 que la \u00a0tutela carece de todo soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico, pues \u00a0es notorio el incumplimiento de los requisitos expuestos por la \u00a0jurisprudencia constitucional para dejar sin efectos una decisi\u00f3n \u00a0judicial adoptada dentro del marco de un proceso ordinario laboral \u00a0donde se garantiz\u00f3 a todas las partes el debido proceso. \u00a0<\/p>\n
Los dem\u00e1s \u00a0vinculados guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino concedido. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Encontr\u00f3 que las providencias reprochadas eran razonables, \u00a0estaban justificadas y ofrecieron una interpretaci\u00f3n admisible \u00a0sobre la normativa aplicable \u00a0y los hechos probados. \u00a0<\/p>\n
El apoderado \u00a0judicial de la accionante impugn\u00f3 el fallo. En esencia, \u00a0reiter\u00f3 los planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, \u00a0en armon\u00eda con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta en contra de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional\u00edsimo cuando se dirige en contra de providencias \u00a0judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de los \u00a0requisitos generales y espec\u00edficos, que implican una carga \u00a0para el actor, no s\u00f3lo en su planteamiento, sino tambi\u00e9n \u00a0en su demostraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0no \u00a0tiene connotaci\u00f3n alternativa o supletoria, es decir, que su \u00a0ejercicio no puede darse en forma paralela a los medios de defensa \u00a0judiciales comunes, ni tampoco se instituy\u00f3 como \u00faltimo \u00a0recurso al cual se pueda acudir cuando aquellos no se ejercitan, o \u00a0habi\u00e9ndolo hecho, resultan desfavorables al interesado. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, de entrada advierte la Corte que la parte accionante no \u00a0cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de acreditar que \u00a0efectivamente se produjo un \u00a0defecto espec\u00edfico que haga procedente el amparo invocado1, \u00a0en tanto su intervenci\u00f3n se limit\u00f3 a poner de presente \u00a0una inconformidad con la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Octavo Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior de la misma ciudad, \u00a0sin acreditar de qu\u00e9 forma las providencias que acusa como \u00a0transgresoras de sus garant\u00edas se apartan del ordenamiento \u00a0jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0contraste \u00a0con lo anterior y, al margen de que se compartan o no, \u00a0los \u00a0razonamientos planteados en las decisiones judiciales cuestionadas, \u00a0no \u00a0se muestran arbitrarios o caprichosos, por el contrario, est\u00e1n \u00a0debidamente fundamentados en los hechos probados \u00a0y la normativa aplicable, \u00a0lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, a partir de la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables \u00a0y de las pruebas allegadas, en especial, el contrato \u00a0de trabajo incorporado al expediente, el reglamento interno de la \u00a0entidad bancaria y la declaraci\u00f3n de Viviana Le\u00f3n \u00a0Satiz\u00e1bal, las autoridades judiciales explicaron \u00a0que dentro de las obligaciones propias \u00a0del cargo de coordinadora que ostentaba MARTHA \u00a0CECILIA PATI\u00d1O VARGAS \u00a0en Bancolombia \u00a0S.A., \u00a0se encontraban la de realizar el arqueo de la Oficina Roosevelt, \u00a0controlar el manejo del efectivo y el cupo de la sucursal durante el \u00a0horario extendido. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0advirtieron que al liquidar la oficina mencionada, la demandante \u00a0hab\u00eda reportado un balance inferior a la suma de dinero \u00a0entregada y, al ser interrogada por dicha inconsistencia, no \u00a0suministr\u00f3 justificaci\u00f3n v\u00e1lida, pero adem\u00e1s, \u00a0tampoco hab\u00eda informado la raz\u00f3n de la diferencia \u00a0existente, con lo cual, hab\u00eda quebrantado las obligaciones que \u00a0le incumb\u00edan, hab\u00eda puesto en peligro los recursos de \u00a0terceros sometidos a custodia del banco y hab\u00eda incurrido en \u00a0una falta grave, consagrada como tal en el reglamento interno de \u00a0trabajo. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo anterior, los despachos judiciales concluyeron la \u00a0existencia de una justa causa para finalizar la relaci\u00f3n \u00a0laboral conforme a lo previsto en los art\u00edculos 62 y 64 del \u00a0C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. Por tanto, se\u00f1alaron que \u00a0no hab\u00eda lugar a la indemnizaci\u00f3n por despido injusto \u00a0demandada por la se\u00f1ora PATI\u00d1O \u00a0VARGAS. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, para la Sala las providencias adoptadas no \u00a0comportan defectos susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del \u00a0amparo constitucional, toda vez que lo que se extracta a partir de \u00a0las piezas procesales obrantes, no es otra cosa que en la referida \u00a0actuaci\u00f3n la parte demandada no logr\u00f3 acreditar sus \u00a0pretensiones y, por ello, se definieron en forma adversa. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional -art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica- impide al juez constitucional inmiscuirse en \u00a0providencias como las controvertidas, s\u00f3lo \u00a0porque la demandante no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0sentencia de \u00a028 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00a0el apoderado especial de MARTHA \u00a0CECILIA PATI\u00d1O VARGAS. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Estos son: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto org\u00e1nico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto procedimental absoluto; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto f\u00e1ctico; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defecto material o sustantivo; (v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0error inducido; (vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desconocimiento del precedente; y (viii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-590 de 2005). \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N \u00a0DE TUTELAS N.\u00b0 2 \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 STP1711-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 102950 \u00a0 Acta 38 \u00a0 Bogot\u00e1, D. \u00a0C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) \u00a0 VISTOS: \u00a0 Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por \u00a0el apoderado especial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-46956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46956"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46956\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}