\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP16714-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 108122 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0321 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por OSCAR RUB\u00c9N \u00a0ORTIZ PE\u00d1A contra la sentencia de tutela proferida el 6 de \u00a0noviembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales \u00a0presuntamente vulnerados por la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n -Grupo de Sistemas de Informaci\u00f3n Registro de \u00a0Sanciones y Causas de Inhabilidad- \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 1\u00ba Penal del \u00a0Circuito de Chiquinquir\u00e1 y la Registradur\u00eda Nacional \u00a0del Estado Civil. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la demanda y sus anexos, el 19 de julio de 2005 el \u00a0Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 con Funci\u00f3n \u00a0de Conocimiento conden\u00f3 a OSCAR RUB\u00c9N ORTIZ PE\u00d1A \u00a0a la pena principal de 12 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el \u00a0mismo tiempo de la pena principal, tras encontrarlo penalmente \u00a0responsable del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o \u00a0tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El 7 de \u00a0mayo de 2008 esa autoridad judicial declar\u00f3 la extinci\u00f3n \u00a0de la mencionada pena. \u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0el accionante que, solicit\u00f3 a la Procuradur\u00eda General \u00a0de la Naci\u00f3n \u00abrestablecerle \u00a0sus derechos civiles y pol\u00edticos dar contestaci\u00f3n al \u00a0Oficio 393 proferido por el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de \u00a0Chiquinquir\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento\u00bb. \u00a0Sin embargo, no ha obtenido respuesta. Acudi\u00f3 ante el juez \u00a0constitucional con el prop\u00f3sito de que se efect\u00fae la \u00a0actualizaci\u00f3n del certificado de antecedentes especiales, pues \u00a0a\u00fan aparece registrada la inhabilidad que le fue impuesta. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 23 de octubre de 2019, la \u00a0Corporaci\u00f3n judicial de instancia admiti\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las entidades accionadas y vinculadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que \u00a0acorde con las previsiones del art\u00edculo 174 de la Ley 734 de \u00a02002, la certificaci\u00f3n de antecedentes deber\u00e1 contener \u00a0las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco \u00a0a\u00f1os anteriores a su expedici\u00f3n y, en todo caso, \u00a0aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se \u00a0encuentren vigentes en dicho momento. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que el accionante no tiene sanciones registradas ni inhabilidades \u00a0vigentes, dado que la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 est\u00e1 extinguida, as\u00ed \u00a0fue comunicado en oficio del 21 de abril de 2010 y, por ello, dicha \u00a0anotaci\u00f3n no se refleja en el certificado de antecedentes del \u00a0demandante. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, precis\u00f3 que el art\u00edculo 18 del Decreto \u2013 \u00a0Ley 262 de 2000 y el art\u00edculo 6\u00ba de la Resoluci\u00f3n \u00a0461 del 7 de octubre de 2016 establecen y regulan el certificado \u00a0especial de antecedentes, el cual se expide exclusivamente para \u00a0legitimar la ausencia de inhabilidades cuando la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y las leyes lo exijan como requisito para el \u00a0ejercicio de funciones p\u00fablicas o el desempe\u00f1o de \u00a0cargos debidamente regulados por la administraci\u00f3n p\u00fablica. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, adujo que la informaci\u00f3n contenida en dicho \u00a0documento es veraz y vigente. Solicit\u00f3 se niegue la demanda. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n \u00a0del tr\u00e1mite, pues no ha vulnerado las garant\u00edas \u00a0alegadas por el accionante. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 el \u00a0amparo. Indic\u00f3 \u00a0que el accionante no acredit\u00f3 que hubiese promovido petici\u00f3n \u00a0alguna ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante impugn\u00f3 el fallo. Reiter\u00f3 los argumentos \u00a0expuestos en la demanda de tutela y alleg\u00f3 copia de la \u00a0respuesta ofrecida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0la segunda instancia, respecto \u00a0de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia constitucional ha empleado tres argumentos principales \u00a0para justificar la constitucionalidad de las inhabilidades \u00a0intemporales. En primer t\u00e9rmino, ha estimado que el objeto de \u00a0las normas que las consagran no es castigar la conducta de la persona \u00a0que resulta inhabilitada, sino asegurar la prevalencia del inter\u00e9s \u00a0colectivo y la excelencia e idoneidad del servicio p\u00fablico, \u00a0\u00abmediante \u00a0la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya \u00a0de prestarlo\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo lugar, precis\u00f3 que debido a que en la propia \u00a0Constituci\u00f3n est\u00e1n consagradas expresamente algunas \u00a0inhabilidades intemporales, el legislador puede proceder en id\u00e9ntica \u00a0forma a establecer otras de car\u00e1cter legal y, por \u00faltimo, \u00a0destac\u00f3 que el legislador tiene un amplio margen de \u00a0discrecionalidad a la hora de definir el r\u00e9gimen de \u00a0inhabilidades (Cfr. CC S-1016 de 2012). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, explic\u00f3 que las inhabilidades son de dos clases, \u00a0esto es, inhabilidad\u2013sanci\u00f3n e inhabilidad-requisito. \u00a0Las primeras, se refieren a la potestad sancionadora del cual es \u00a0titular el Estado y que se aplican en el campo penal, disciplinario, \u00a0contravencional y de punici\u00f3n por indignidad pol\u00edtica, \u00a0es decir, la sanci\u00f3n principal, -p\u00e9rdida de \u00a0investidura, prisi\u00f3n, destituci\u00f3n, arresto, multa, etc- \u00a0le sobreviene la inhabilidad que el legislador haya previsto, tales \u00a0como, inelegibilidad permanente, prohibici\u00f3n para ejercer \u00a0profesi\u00f3n, inhabilidad para ocupar cargos p\u00fablicos, \u00a0entre otras. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0segundo grupo, est\u00e1 conformado por aquellas que buscan \u00a0proteger el inter\u00e9s general y la realizaci\u00f3n de \u00a0principios, derechos y valores como la idoneidad, probidad, \u00a0imparcialidad, transparencia y moralidad de quien busca ingresar o ya \u00a0hace parte de la funci\u00f3n p\u00fablica. As\u00ed las cosas, \u00a0las inhabilidades que conforman este grupo, no permiten la ejecuci\u00f3n \u00a0de una serie de actividades a ciertas personas ante la posible \u00a0existencia de conflictos de inter\u00e9s que pueden generarse (Cfr. \u00a0CC S-1016 de 2012). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002 contempla el registro de \u00a0sanciones en el Sistema -SIRI-, el cual tiene como funci\u00f3n \u00a0registrar las decisiones ejecutoriadas y notificadas que sean \u00a0remitidas a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en el \u00a0formato preestablecido por las autoridades competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso bajo estudio, est\u00e1 demostrado que mediante oficio CGS \u00a04465 \u00a0del 27 de septiembre de 2019, la \u00a0Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 \u00a0respuesta de fondo, clara y congruente al accionante, la cual fue \u00a0conocida por \u00e9ste, pues durante la impugnaci\u00f3n alleg\u00f3 \u00a0copia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal comunicaci\u00f3n \u00a0le \u00a0explic\u00f3 que en su contra fue registrada la sanci\u00f3n de \u00a0prisi\u00f3n e inhabilidad para el ejercicio de derechos y \u00a0funciones p\u00fablicas, por la comisi\u00f3n del delito de \u00a0fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de \u00a0fuego, accesorios, partes o municiones. \u00a0Inhabilidades que son taxativas, expresas y de interpretaci\u00f3n \u00a0restrictiva y, por ello, no es dable aducir razones para hacerlas \u00a0extensivas a casos no comprendidos por el legislador. \u00a0<\/p>\n
Le \u00a0aclar\u00f3 que, una vez transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino de la \u00a0sanci\u00f3n impuesta y de la vigencia de las anotaciones el \u00a0sistema -SIRI- de manera autom\u00e1tica, inactiv\u00f3 las \u00a0anotaciones en el certificado de antecedentes ordinario y, por ello, \u00a0a la fecha no presenta ning\u00fan registro. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, destac\u00f3 que acorde con el art\u00edculo 6\u00ba \u00a0literal b) de la resoluci\u00f3n 461 de 2016, el certificado de \u00a0antecedentes especial contendr\u00e1 todas las anotaciones o \u00a0antecedentes que registre el demandante, sin consideraci\u00f3n a \u00a0un determinado periodo, lo cual resulta necesario para acreditar \u00a0requisitos en determinados cargos en los que se exige ausencia de \u00a0antecedentes disciplinarios. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, las anotaciones registradas en la base de datos no pueden \u00a0cancelarse o excluirse del registro, salvo que mediante decisi\u00f3n \u00a0judicial o administrativa se deje sin efectos el fallo o la sentencia \u00a0que impuso la sanci\u00f3n. Por \u00a0ende, la registrada a nombre del accionante en el certificado de \u00a0antecedentes especial de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0no puede calificarse de violatoria de sus derechos fundamentales, por \u00a0cuanto est\u00e1 ajustada al mandato de la Ley 734 de 2002. \u00a0<\/p>\n
Claramente \u00a0se advierte, entonces, que en contraste a lo afirmado por el actor, \u00a0la inhabilidad censurada se ajusta a los par\u00e1metros legales ya \u00a0indicados, pues se trata de una consecuencia que se deriva de la \u00a0conducta que despleg\u00f3 y, por ello, no cabe pregonar la \u00a0vulneraci\u00f3n ni amenaza de ning\u00fan derecho fundamental. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0eventos como el presente, la competencia del juez de tutela se agota \u00a0al verificar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales que \u00a0se estimaron violentados. Si ello es as\u00ed, resulta claro que \u00a0durante el tr\u00e1mite de amparo la autoridad involucrada hizo que \u00a0cesara la posible violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales \u00a0que podr\u00eda haber tenido lugar anteriormente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo caso, advierte la Sala que la jurisprudencia constitucional ha \u00a0reiterado que el derecho de petici\u00f3n no implica que el agente \u00a0que recibe la petici\u00f3n se vea obligado a definir \u00a0favorablemente las pretensiones del solicitante, raz\u00f3n por la \u00a0cual no se debe entender vulnerado este derecho cuando la autoridad \u00a0responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea \u00a0negativa (Cfr. CC Sentencia T-146 de 2012). \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, por consiguiente, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia del 6 de noviembre de 2019 mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por OSCAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RUB\u00c9N ORTIZ PE\u00d1A. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. NOTIFICAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prove\u00eddo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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