\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP16526-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0107788 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No.321) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por JAIRO ALBERTO G\u00d3MEZ \u00a0PIMENTEL, contra \u00a0la sentencia de tutela proferida el 10 de octubre de 2019 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Buga, que neg\u00f3 el amparo de sus \u00a0derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el partido \u00a0pol\u00edtico Alianza Verde. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda, JAIRO ALBERTO G\u00d3MEZ PIMENTEL se \u00a0inscribi\u00f3 como candidato al Consejo Municipal de Palmira el 27 \u00a0de julio de 2019, con el aval del Partido Verde. No obstante, el 30 \u00a0de agosto del a\u00f1o que avanza, ese movimiento le comunic\u00f3 \u00a0la negativa del aval por tener en su contra una condena de 12 meses \u00a0de prisi\u00f3n por el delito de inasistencia alimentaria. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo y en raz\u00f3n a que en el certificado de antecedentes \u00a0judiciales no figura la sentencia referida, mediante derecho de \u00a0petici\u00f3n solicit\u00f3 claridad respecto de la situaci\u00f3n. \u00a0Sin embargo, la entidad accionada le ratific\u00f3 la negativa del \u00a0aval por el mismo motivo que le hab\u00eda sido indicado. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que todo es producto de un \u201cmal entendido\u201d, ya que \u00a0siempre ha respondido por sus hijos y, en todo caso, el 8 de marzo de \u00a02005 la madre de los \u00a0menores solucion\u00f3 ese asunto ante el \u00a0Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0 de Palmira, por lo que se encuentra a paz y salvo frente a ese \u00a0compromiso penal. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n constitucional \u00a0en busca del amparo de su derecho fundamental a ser elegido. \u00a0Consecuente con ello, solicit\u00f3 se tenga en cuenta y se ordene \u00a0a la demandada otorgarle el aval pol\u00edtico m\u00e1xime cuando \u00a0en la Resoluci\u00f3n 4572 del 3 de septiembre de 2019 del Consejo \u00a0Nacional Electoral, no aparece como persona inhabilitada para las \u00a0elecciones del 27 de octubre del a\u00f1o en curso. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0medida provisional pidi\u00f3 ordenar al Juzgado 1\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira levantar \u00a0el \u201cGRAVAMEN\u201d \u00a0que le afecta el ejercicio de su derecho a ser elegido. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0la remisi\u00f3n efectuada por el Juzgado 3\u00ba Penal del \u00a0Circuito de Palmira \u2013 Valle, con auto del 19 de septiembre de \u00a02019 el Tribunal avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n y \u00a0corri\u00f3 el respectivo traslado a la entidad demandada. A la \u00a0par, neg\u00f3 la medida provisional por no cumplir los requisitos \u00a0contemplados en el art. 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Trascurrido \u00a0el t\u00e9rmino del traslado, la accionada guard\u00f3 silencio. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0establecer el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, el \u00a0Tribunal \u00a0Superior de Buga neg\u00f3 el amparo. \u00a0Explic\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por el partido \u00a0pol\u00edtico Alianza Verde es susceptible de controversia ante la \u00a0jurisdicci\u00f3n ordinaria seg\u00fan el procedimiento \u00a0establecido en el art. 7 de la Ley 130 \u00a0de 1994. \u00a0<\/p>\n
Advirti\u00f3 \u00a0que la decisi\u00f3n de la entidad demandada no se advierte \u00a0caprichosa, toda vez que la inhabilidad establecida en el numeral 1\u00ba \u00a0del art. 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, \u00a0es intemporal y contra el actor efectivamente en el a\u00f1o 2000 \u00a0fue proferida una condena por el delito de inasistencia alimentaria. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante impugn\u00f3 \u00a0el fallo sin exponer los motivos de su inconformidad. No obstante, en \u00a0escrito posterior solicit\u00f3 al Tribunal la nulidad de la \u00a0providencia, por cuanto \u201cla \u00a0tutela \u00a0instaurada \u00a0resulta contraria a la autonom\u00eda Constitucionalmente otorgada \u00a0a las colectividades pol\u00edticas porque sus atribuciones y \u00a0decisiones est\u00e1n amparadas bajo su discrecionalidad, pues a la \u00a0colectividad pol\u00edtica en el marco de la din\u00e1mica de la \u00a0democracia, a quien le corresponde evaluar sobre el otorgamiento de \u00a0la revocatoria de un aval; por tanto, corresponde al CONSEJO \u00a0NACIONAL ELECTORAL\u201d. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por el Tribunal Superior de Buga. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, advierte la Sala que la \u00a0decisi\u00f3n del \u00a028 de agosto de 2019 \u2013notificada \u00a0el 30 de ese mismo mes- \u00a0es \u00a0un acto administrativo que puede ser controvertido a trav\u00e9s \u00a0del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de \u00a02011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo \u00a0Contencioso Administrativo \u2013), \u00a0cuya caducidad es de 4 meses (Art. 164-2-C) o en su defecto a la \u00a0acci\u00f3n de simple nulidad (Art. 137), la cual puede ser \u00a0promovida en cualquier tiempo. \u00a0<\/p>\n
Incluso, \u00a0dentro de dicho tr\u00e1mite, el funcionario judicial cuenta con la \u00a0posibilidad de decretar como medida provisional desde el auto \u00a0admisorio, la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de la \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a00217 emitida el 8 de febrero de 2018, la cual es objeto de \u00a0controversia \u00a0(Art. 230-3). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0dicho escenario el demandante podr\u00e1 formular todos los \u00a0reproches aqu\u00ed expuestos en torno a la legalidad del acto \u00a0administrativo a trav\u00e9s del cual el partido pol\u00edtico \u00a0Alianza Verde le revoc\u00f3 el \u00a0aval para participar por esa colectividad como \u00a0candidato al consejo \u00a0de Palmira \u2013 Valle en las elecciones del 27 de octubre de 2019. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de un medio de defensa judicial mediante el cual pueden \u00a0exponerse las inconformidades que se han puesto de presente, torna \u00a0improcedente esta solicitud de tutela (numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991), especialmente porque no est\u00e1 \u00a0acreditada, ni lo advierte la Sala, una evidente situaci\u00f3n de \u00a0perjuicio actual \u00a0e inminente \u00a0que habilite la intervenci\u00f3n transitoria del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la par, resalta la Corte la \u00a0improcedencia del amparo demandando, \u00a0pues las elecciones para los aspirantes a los consejos municipales \u00a0tuvieron lugar el 27 de octubre del a\u00f1o que avanza. En ese \u00a0orden, se trata de un hecho consumado, por cuanto el perjuicio que \u00a0pretend\u00eda evitarse ces\u00f3 con la finalizaci\u00f3n de \u00a0la jornada de votaci\u00f3n. En tal escenario, el objeto de la \u00a0acci\u00f3n constitucional desaparece, al carecer de sentido un \u00a0amparo respecto de una situaci\u00f3n consolidada que es imposible \u00a0remediar (Cfr. CC Sentencia 358 de 2014). \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, acorde con las previsiones del art\u00edculo \u00a06\u00ba, numeral 4\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, que ante la \u00a0carencia actual de objeto por hecho consumado, la acci\u00f3n de \u00a0tutela es improcedente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, la Corte confirmar\u00e1 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo proferido el 10 de octubre de 2019 por \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga \u00a0que \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado por JAIRO \u00a0ALBERTO G\u00d3MEZ PIMENTEL. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo \u00a0conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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