\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP15928-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0106309 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0304 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la impugnaci\u00f3n presentada \u00a0por Hernando \u00a0Enrique y \u00a0Luis \u00a0Alfonso S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, \u00a0frente \u00a0a la sentencia proferida el 9 de octubre de 2019 por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante la cual declar\u00f3 \u00a0improcedente la tutela interpuesta en contra de las Fiscal\u00edas \u00a045 y 221 Seccionales, ambos de esa ciudad, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.1 \u00a0Los hechos y fundamentos de la acci\u00f3n fueron relatados por el \u00a0A \u00a0quo \u00a0de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0En \u00a0la demanda, los promotores manifestaron que el 31 de octubre de 2017, \u00a0denunciaron penalmente a Franklin Aponte y Eulises Arciniegas, \u00a0representante legal y secuestre de la compa\u00f1\u00eda Clave \u00a02000, respectivamente, por la presunta comisi\u00f3n de los delitos \u00a0de hurto calificado y agravado, falsedad material en documento \u00a0p\u00fablico y fraude procesal, por haber realizado el secuestro \u00a0del veh\u00edculo de placas WDG397, sin que existiese alguna \u00a0obligaci\u00f3n econ\u00f3mica pendiente de ser saldada por los \u00a0accionantes o que mediara orden de autoridad judicial, espec\u00edfica \u00a0si todas las delegadas son seccionales, empero, no se les ha recibido \u00a0ampliaci\u00f3n de la denuncia por constantes reasignaciones de las \u00a0diligencias. \u00a0<\/p>\n
Manifestaron \u00a0que han transcurrido \u00abveinte meses sin notificaci\u00f3n\u00bb, \u00a0sin impulso del proceso [n\u00ba. 1100160005201742635]. La \u00a0transgresi\u00f3n a sus derechos fundamentales acaece, seg\u00fan \u00a0la parte actor, debido a que su profesi\u00f3n consiste en ser \u00a0recicladores y que el rodante que se les adjudic\u00f3 a cambio de \u00a0ser entregado tres caballos que utilizaban para el ejercicio de su \u00a0actividad econ\u00f3mica. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, el 22 de febrero de 2019, radicaron una solicitud ante la \u00a0Fiscal\u00eda Cuarenta y Cinco Seccional de Bogot\u00e1 que, \u00a0hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, a\u00fan no ha sido \u00a0resuelta. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo deprecado, en tanto que la fiscal\u00eda \u00a0demandada atendi\u00f3 la solicitud presentada por los accionantes, \u00a0inform\u00e1ndoles que el proceso n.\u00ba 201742635 fue archivado \u00a0el 1\u00ba de febrero de 2019. Adujo que en caso tal de que los \u00a0peticionarios no se encontraran de acuerdo con dicha determinaci\u00f3n, \u00a0pueden acudir ante el representante de la Fiscal\u00eda General de \u00a0la Naci\u00f3n o ante el juez de control de garant\u00edas, y \u00a0solicitar la continuaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0peticionarios insistieron en que la decisi\u00f3n de archivar la \u00a0investigaci\u00f3n por parte del ente acusador transgrede sus \u00a0prerrogativas fundamentales, particularmente porque existen m\u00faltiples \u00a0circunstancias que dan cuenta del proceder il\u00edcito de los \u00a0denunciados. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Conforme a los argumentos de la impugnaci\u00f3n, corresponde a la \u00a0Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho \u00a0al debido proceso de los actores, \u00a0dentro \u00a0de la indagaci\u00f3n en la que ostentan la calidad de denunciantes \u00a0[radicado 1100160005201742635]. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0resolver, previamente verificar\u00e1 si se satisface el principio \u00a0de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, \u00a0estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo extraordinario, \u00a0preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n \u00a0de manera efectiva e inmediata de los garant\u00edas fundamentales, \u00a0ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de \u00a0los particulares, en \u00a0los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con \u00a0otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0su naturaleza se infiere que cuando el ordenamiento jur\u00eddico \u00a0establece otro mecanismo judicial efectivo de protecci\u00f3n, el \u00a0interesado debe acreditar que acudi\u00f3 en forma oportuna a aqu\u00e9l \u00a0para ventilar ante el juez ordinario la posible violaci\u00f3n de \u00a0sus derechos constitucionales. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad, el \u00a0agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de \u00a0defensa judicial1. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0En el presente asunto, se observa que Hernando \u00a0Enrique y \u00a0Luis \u00a0Alfonso S\u00e1nchez Rodr\u00edguez \u00a0se encuentran inconformes con la determinaci\u00f3n mediante la \u00a0Fiscal archiv\u00f3 la indagaci\u00f3n identificada con el n.\u00b0 \u00a01100160005201742635. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004, prev\u00e9: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0Archivo \u00a0de las diligencias.\u00a0Cuando \u00a0la Fiscal\u00eda tenga conocimiento de un hecho respecto del cual \u00a0constate que no existen motivos o circunstancias f\u00e1cticas que \u00a0permitan su caracterizaci\u00f3n como delito, o indiquen su posible \u00a0existencia como tal, dispondr\u00e1 el archivo de la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagaci\u00f3n \u00a0se reanudar\u00e1 mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n \u00a0penal. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte Constitucional, en sentencia CC C-1154-2005, al realizar el \u00a0control abstracto de constitucionalidad del referido canon, lo \u00a0declar\u00f3 condicionalmente exequible en el entendido que la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0\u00abmotivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su \u00a0caracterizaci\u00f3n como delito, corresponde a tipicidad objetiva \u00a0y la decisi\u00f3n del fiscal deber\u00e1 ser motivada y \u00a0comunicada al denunciante y al Ministerio P\u00fablico\u00bb. \u00a0Dijo en esa ocasi\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0como \u00a0la decisi\u00f3n de archivo de una diligencia afecta de manera \u00a0directa a las v\u00edctimas, dicha decisi\u00f3n debe ser \u00a0motivada para que \u00e9stas puedan expresar su inconformidad a \u00a0partir de fundamentos objetivos y para que las v\u00edctimas puedan \u00a0conocer dicha decisi\u00f3n. Para garantizar sus derechos la Corte \u00a0encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar \u00a0sujeta a su efectiva comunicaci\u00f3n a las v\u00edctimas, para \u00a0el ejercicio de sus derechos. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0se debe resaltar que las v\u00edctimas tienen la posibilidad de \u00a0solicitar la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de \u00a0aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigaci\u00f3n. \u00a0Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la \u00a0posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y la de las v\u00edctimas, y \u00a0que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se \u00a0comprometen los derechos de las v\u00edctimas, cabe la intervenci\u00f3n \u00a0del juez de garant\u00edas. Se debe aclarar que la Corte no est\u00e1 \u00a0ordenando el control del juez de garant\u00edas para el archivo de \u00a0las diligencias sino se\u00f1alando que cuando exista una \u00a0controversia sobre la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, \u00a0no se excluye que las v\u00edctimas puedan acudir al juez de \u00a0control de garant\u00edas\u201d. \u00a0[Subrayas \u00a0y negrillas fuera del texto]. \u00a0<\/p>\n
Resulta \u00a0claro, entonces, que cuando la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0ordena el archivo de la investigaci\u00f3n, el denunciante puede \u00a0acudir ante el funcionario que as\u00ed lo determin\u00f3 y \u00a0aportar nuevos elementos probatorios para reabrirla, toda vez que \u00a0ello no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, en caso de que el titular del despacho se niegue a continuar la \u00a0actuaci\u00f3n, la parte ofendida est\u00e1 habilitada para \u00a0solicitar el control de garant\u00edas ejercido por el juez penal \u00a0municipal o promiscuo municipal -seg\u00fan el caso- del lugar de \u00a0la comisi\u00f3n de la conducta delictiva, de conformidad con la \u00a0cl\u00e1usula general del art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004. \u00a0Por lo tanto, los actores cuentan con otros medios de defensa id\u00f3neos \u00a0y eficaces para controvertir la decisi\u00f3n que hoy impugna en \u00a0sede de tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, como lo expusiera el A \u00a0quo, no \u00a0es posible desarchivar la referida investigaci\u00f3n, como quiera \u00a0que no han acudido ante el Fiscal del caso, ni ante el juez con \u00a0funci\u00f3n de control de garant\u00edas, quienes son los \u00a0encargados de tomar la determinaci\u00f3n que en derecho \u00a0corresponda. Un pronunciamiento al respecto, mediante el amparo \u00a0constitucional, suplantar\u00eda a la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria, lo cual est\u00e1 totalmente prohibido debido al \u00a0car\u00e1cter eminentemente subsidiario del amparo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, los peticionarios tienen la posibilidad de \u00a0concurrir ante dichas autoridades judiciales y reclamar el respeto de \u00a0las garant\u00edas constitucionales, siendo de esta forma \u00a0inadmisible recurrir para tal fin al presente tr\u00e1mite \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0las anteriores consideraciones se ratificar\u00e1 el fallo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0Humberto Moreno Acero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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